María de Jesús Bringelo está enfadada. Brasileña de 68 años, madre de nueve hijos, vive en el noreste de su país, una zona también llamada la última frontera de la agricultura a gran escala. No obstante, parece que pronto dejará de serlo para convertirse en una de las mayores granjas del mundo. Maranhão, Piaui, Tocantins y Bahía son los Estados que conforman esta sabana de más extensión que Francia, hogar de María de Jesús y de otras 300.000 mujeres que, como ella, viven de trabajar el coco de forma tradicional. Son las 'quebradeiras'. Hasta que otro coco, pero de esos que pueblan los malos sueños, lo permita: ante la crisis que azota la nación, el Gobierno brasileño planea abrir la zona a inversores extranjeros para que compren o alquilen terrenos que destinarán al cultivo de materias primas de exportación para biocombustibles y alimentación. Bringelo y el resto de pobladores no son en su mayoría propietarios oficiales de estas tierras indígenas y ancestrales, pero el Banco Mundial apunta que la Constitución de Brasil reconoce su derecho a ocuparlas. Si las venden o alquilan, es probable que los echen y su modo de vida quede truncado. Se acaba así, además, un trabajo femenino que resulta "un modelo de sostenibilidad y una forma de proteger los bosques amenazados de la región", explica Jurandir Santos de Novaes, profesor de la Universidad Estatal de Maranhão. "Muchas veces las grandes multinacionales les aseguran que invertirán en la zona, que construirán hospitales y escuelas, pero lo cierto es que se hace poco de todo eso", explica Henk Hobbelink, director de Grain, organización internacional no gubernamental que promueve la agricultura sostenible y en biodiversidad. "Además", añade, "en bastantes ocasiones los pobladores se enteran de lo que sucede cuando llegan los tractores. Hasta ese momento no saben nada". En este caso el fenómeno recibe el nombre de 'land grabbing': el 'leasing' (alquiler) o la compra de tierras sin el consentimiento previo, libre e informado de quienes las habitan, y que a menudo les deja sin sustento de vida ni techo. Así lo describe la Declaración de Tirana de 2011, firmada por la Coalición Internacional de la Tierra, de la que forman parte 116 organizaciones y grupos como el propio Banco Mundial, y que refleja la preocupación sobre el tema. El fenómeno del 'land grabbing' asomó por primera vez a los medios de comunicación en 2008, coincidiendo con la crisis mundial y el aumento del precio de los alimentos. Esto hizo que el mundo desarrollado temiera por su seguridad alimentaria a largo plazo, sobre todo los países árabes, indica el Banco Mundial. El 'land grabbing' atrajo a inversores y especuladores para producir materias como biocombustibles y comida. Hoy en día Emiratos Árabes Unidos se sitúa a la cabeza de este tipo de transacciones, pues realiza el 12% de las adquisiciones y 'leasing' de tierras en el mundo: Sudán y Etiopía se han convertido en su granero. Le sigue Egipto, con el 6%, y Arabia Saudí (4%). En 2008 Oxfam estimaba en más de 81 millones de hectáreas (España tiene 50) las compradas o alquiladas en el mundo, muchas de ellas bajo esta técnica. En cualquier caso, las cifras son aproximadas, dado el secretismo con el que se llevan a cabo las transacciones "de este nuevo colonialismo", como lo llama Grain, que afectan fundamentalmente a "poblaciones indígenas y a mujeres". María de Jesús reúne los dos requisitos. "Con la excusa de que se trata de tierras de baja fertilidad, o de titularidad territorial, los gobiernos y los inversores llegan a acuerdos", explica Hobbelink. Globalmente, el país del mundo que más comercia con sus tierras es Brasil (11%), seguido de Sudán (10%), Madagascar, Filipinas y Etiopía (8%), Mozambique (7%) e Indonesia (6%). El África subsahariana aglutina el 70% del 'land grabbing', según Stop Africa Land Grab. "El impacto en las mujeres de allí supera lo económico", explica Tinyade Kachika, abogada y consultora de Malaui experta en desarrollo social. En Ghana "ellas representan el 52% de la mano de obra en la agricultura, producen el 70% de las cosechas para la subsistencia y se encargan de las ventas en un 90% de los casos", subraya. Lo mismo ocurre en países como Malí, Senegal, Sudán o Etiopía. Las mujeres son responsables de cultivar y proveer a sus familias, y si se les desposee de la tierra pierden esa capacidad; se ha comprobado que en las zonas afectadas por 'land grabbing' ha aumentado la prostitución femenina. Las economías de los países que venden su corteza para que otros se la coman acaban sufriendo las consecuencias, por mucho que los gobiernos afirmen que aporta riqueza. "Sudán y Etiopía se han convertido en el granero de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí" Cuando el maíz de un país se desvía para la producción de etanol, un biocombustible, inmediatamente hay menos para consumo en el mercado local, y su precio sube. Además, también se resta terreno para el cultivo de alimentos, y el precio de estos, por lo tanto, se dispara", añade Kachika. Las grandes corporaciones argumentan que la adquisición de tierras de cultivo garantiza el empleo de los miembros de la comunidad, pero la abogada y consultora pone en duda que la población femenina se beneficie en igual medida: "Por ejemplo, en Mozambique el empleo formal es para los hombres, lo que excluiría a las mujeres. Además, su menor formación podría dejarlas fuera de la selección o hacer que no las considerasen para trabajos más cualificados. Así, sus ingresos serían menores e insuficientes para alimentar a sus familias. Conforme los inversores mecanizan sus cultivos, ellas quedan ajenas al sistema". Incluso "en los países en los que vemos a muchas trabajando en granjas para biocombustibles, donde parece que se benefician de ello, no es cierto. Puede que estén faenando en el campo, pero sus pocos ingresos los controlan los hombres, pues son ellos quienes toman las decisiones sobre la tierra", señala la abogada, que añade: "Un estudio llevado a cabo en Ghana concluía que aunque aumentó la presencia de mujeres trabajando en el campo, su situación socio-económica no había mejorado. [...] Pierden sus fuentes específicas de ingresos". Además, la agricultura industrial emplea a tres veces menos personas que la tradicional. "Con el 'land grabbing' la población queda expuesta a situaciones precarias y hambrunas, dependiente de ayudas del gobierno que no siempre llegan", agrega Hobbelik. "En las zonas afectadas por el 'land grabbing' aumenta la prostitución femenina" María de Jesús y sus compañeras no se han quedado de brazos cruzados. Hace años que el Movimiento Interestatal de Quebradeiras lucha por que se les garantice el derecho a acceder a los terrenos donde crece el coco del que viven. Lo han conseguido en tres Estados, y esperan que la ley se haga extensiva a todo el país. No tiene miedo de las consecuencias: ya quemaron su casa en 1979, cuando lideró una campaña de protesta contra los granjeros que forzaban a los locales a abandonar la tierra. También en África se están registrando movimientos de mujeres contra el 'land grabbing'. Tras el cese de su guerra civil, Mozambique es uno de los países que más tierras ha alquilado en los últimos años. El territorio es de propiedad estatal, y el Gobierno realiza concesiones a empresas extranjeras por periodos de 50 años, explica Via Campesina. Las grandes explotaciones agrícolas así surgidas producen cosechas de soja, maíz y azúcar de caña destinadas a la exportación en lugar de a cubrir las necesidades de la población. Su agricultura podría verse pronto dominada por grandes corporaciones extranjeras, su población desplazada y desposeída de su medio de vida. Pero la Unión de Agricultores de Mozambique ( UNAC) está intentando plantarle cara. Uno de sus miembros, la Organización de Productoras de Fresas de Namaacha (APMONA), se ha organizado para dividir la tierra en parcelas individuales y colectivas, donde se diversifican los cultivos utilizando siempre fertilizantes orgánicos. Otra organización de mujeres recolecta semillas nativas. Con modelos como este, la agricultura es más inclusiva, sostenible, equitativa y estable. Fuente: El Mundo