Argentina regula los nuevas tecnologías de manipulación genética

En los últimos años han emergido una serie de nuevas tecnologías de manipulación genética, las que permitirán a las empresas biotecnológicas y productoras de agrotóxicos, un mayor control sobre las semillas y el sistema agro-productivo mundial.

Argentina se convierte en el primer país en regularlas, como sucedió hace dos décadas, cuando fue uno de las primeras naciones en regular los cultivos transgénicos.

Recordemos que en Argentina los cultivos transgénicos fueron regulados por un Decreto, no por Ley, es decir que no pasó el escrutinio del parlamento, y a través de esta norma, al momento hay más de 23 millones de hectáreas de estos cultivos en el país. Si estas nuevas tecnologías logran ocupar una posición en el mercado internacional, Argentina tendría ya la herramienta legal para adoptarlas masivamente.

A través de la Resolución Núm. 173/151 de la Secretaría de Agricultura, se regula las llamadas NBT (Nuevas Técnicas de Fitomejoramiento), cubriendo los cultivos que son obtenidos por técnicas moleculares, que no caen en la categoría de OGM (cisgénesis, intragénesis, biología sintética, Técnicas SDN-1 SDN-2, mejoramiento reverso, modificación epigenética, por ejemplo metilación del ADN. Quien hace la solicitud para usar alguna de estas nuevas tecnologías debe hacer una solicitud que es examinada por la autoridad competente, y tiene 60 días para responder. En ese tiempo, se analiza si hay nuevas combinaciones genéticas, si el material genético nuevo es estable, y si se ha insertado uno o más genes o secuencias de ADN.

Hay tres cuestiones de extrema gravedad en esta nueva normativa:

Una de ellas es que esta nueva norma, al igual que ocurrió en los años 90 con los transgénicos, es una simple resolución ministerial y no ha sido sometida al debate público ni parlamentario.

El segundo hecho grave es que la encargada de realizar esta evaluación es la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) el mismo organismo que se creó en los 90 para “asesorar” en materia de transgénicos. La CONABIA es un oscuro organismo que posee 47 integrantes de los cuales más de la mitad (27) pertenecen a las empresas o tienen clara vinculación con las mismas firmas que deben evaluar2. No hay duda de que partido tomará esta Comisión a la hora de “evaluar” estos nuevos organismos.

Finalmente y quizás lo más grave de todo, es que la norma establece que la CONABIA debe realizar “un análisis científico previo caso por caso a los fines de determinar si los mismos se encuentran comprendidos en la regulación aplicable a los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) o por el contrario, no se encuentran alcanzados por la misma”. Esto significa que en el caso de no se encuadren en la definición de OVGM dichos organismos podrán ser cultivados libremente sin ningún tipo de evaluación de sus posibles impactos ambientales, genéticos, sociales o económicos.

Lo que preocupa de este proceso es que la normativa Argentina sirvió en el pasado como modelo en muchos países de América Latina para regular los transgénicos, y ahora puede suceder lo mismo con estas nuevas tecnologías. 

1 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246978/norma.htm

2 Transgénicos en la Argentina: Un negocio atendido por sus dueños, http://www.darioaranda.com.ar/2015/01/transgenicos-en-la-argentina-un-negocio-atendido-por-sus-duenos/

 

Ley de Semillas en Venezuela, Victoria del pueblo legislador

Movimiento Popular por la Nueva Ley de Semillas

El 22 de diciembre 2015, con la aprobación por la Asamblea Nacional de la nueva Ley de Semillas, cerramos el ciclo legislativo de debate popular constituyente y construcción colectiva que iniciamos hace mas de 2 años. El producto de nuestra lucha es una ley inédita en el mundo tanto por su contenido emancipador, como por cómo la escribimos: a través de la participación protagónica del Pueblo Legislador.

Nuestra ley esta hecha de los muchos puños que dibujaron sus letras.

Hoy tenemos una ley que prohíbe y sanciona el cultivo, la multiplicación y la comercialización de transgénicos, y prohíbe y sanciona las formas perversas de privatización de las semillas; de las patentes y certificados de obtentor a la biopiratería y bioprospección. Este esfuerzo colectivo pone un freno magistral a las estrategias neoliberales hegemónicas que se vienen implementando con mayor fuerza en los países de Nuestramérica en los últimos 5 años.

Nuestra ley, resultado de luchas ancestrales, no sólo se alza contra el sistema de producción y reproducción alienante y destructor que pretende imponernos el capitalismo, sino que construye y delimita un sistema alternativo y múltiple para su cuidado, reconociendo e impulsando de forma diferenciada la selección y producción de las semillas de las ciencias agronómicas convencionales —con sus sistemas de certificación formal— y los métodos de los sistemas de conocimientos campesinos indígenas y afrodescendientes, que han manejado de generación en generación una amplia diversidad de semillas.

Esta diversidad incluye semillas tales como: papas, frijoles, auyama, apio, ocumo, ñame, los llamados maíces criollos, cacao y café de sombra, ají, cebollín, cilantro, y cientos más, que nos permiten producir alimentos estratégicos de consumo nacional para poblaciones vulnerables (enfermos, niños y ancianos) y cultivos de importancia para exportación. Estas y muchísimas más semillas están en manos del pueblo y no de la agroindustria, y por ello, esta ley hace del Poder Popular el responsable de su custodia y manejo.

A más de dos años de debates organizados desde el Poder Popular Constituyente, como motor de la transformación social bajo el modelo democrático participativo en Venezuela, pudimos trascender las llamadas “consultas públicas” de las democracias representativas, hechas de concertaciones y deliberaciones no vinculantes, para encarnar al Pueblo Legislador que convocó nuestro comandante Chávez, y asumirnos en el ejercicio directo del poder como protagonistas en la construcción de nuestras leyes.

Juntándonos desde una multiplicidad de experiencias concretas de producción de semillas, ferias y mercados agroecológicos, trueques, educación popular, luchas estudiantiles, rescates de tierras del latifundio, investigaciones e innovaciones, nacimos como colectivo organizado y articulado con muchos otros frentes de lucha popular. Hemos echado a andar junto a medios comunitarios y colectivos de comunicación popular, colectivos feministas y sexo-género diversos, movimientos de software y conocimiento libre, diversos movimientos de la ciudad, y movimientos campesinos internacionales. Nuestro saludo y agradecimiento a todos ellos, en particular al Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, MPA, y a la brigada de la Vía Campesina Internacional en Venezuela, la Campaña Sin Maíz no hay País de México, movimientos por la soberanía alimentaria en Estados Unidos, GRAIN y ETC en Argentina y México.

Esta amplia plataforma popular contó también con aliados institucionales que asumieron de forma militante esta lucha tales como la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, la cual bajo la dirección de la Diputada Blanca Eeckout acordó el debate popular constituyente como mecanismo de construcción de esta ley; la Defensoría del Pueblo que abrió el debate de los transgénicos desde la perspectiva de los derechos humanos; el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria Ciencia y Tecnología; el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas que participó activamente en la construcción de la ley y en el consenso entre los poderes ejecutivo, legislativo y popular; el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Corporación de Desarrollo Científico Tecnológico, quienes acompañaron a la comunidad de Gavidia en la elaboración de la declaratoria de patrimonio de las papas negras del páramo y sus guardianes, única en el país, y horizonte para nuestras futuras luchas.

Hemos ganado una batalla en el terreno normativo legal, pero las batallas que comienzan hoy —con la promulgación y materialización de esta ley— requieren el desarrollo organizado de nuestro Plan Popular de Semillas y de la activación de todas las instancias de organización del poder popular en materia de semillas que hemos definido en este texto legislativo. Por eso nos mantenemos en pie de lucha. 

 

¡SEMILLAS LIBRES PARA UN PUEBLO LIBRE!

No al paquetazo agrario y la modernización conservadora del campo ecuatoriano

La ley de tierras rurales y territorios ancestrales es una política anticampesina,

que sólo beneficia al agronegocio

Denunciamos los puntos críticos del Segundo Informe de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

El 17 de diciembre de 2015 se convocó la sesión 362 del Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Ante la inminente aprobación de la normativa, las organizaciones firmantes, declaramos que en tiempos de “Revolución Ciudadana”, el proyecto de Ley de Tierras consolida la alianza entre los sectores de las élites agroindustriales y el Estado nacional, pues forma parte del proceso de modernización capitalista de carácter conservador impulsado desde el 2008 por el gobierno de Alianza País, bajo el discurso de “Revolución Agraria”.

El proyecto de Ley de Tierras se suma a otros cuerpos normativos y políticas públicas que atentan contra la autonomía de las organizaciones campesinas, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y el derecho a la alimentación, como lo hace ya la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Semillas, el Acuerdo Ministerial núm. 299 y su instructivo para Agrocalidad, la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera y la permisividad para el ingreso y uso de semillas transgénicas y su posible tratamiento en el próximo paquete de enmiendas constitucionales.

Las organizaciones firmantes, denunciamos que el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es parte del “paquetazo agrario” del actual gobierno, que deja intacta la estructura desigual del campo ecuatoriano, debido a que:

* Parte del concepto de la tierra como una mercancía y no como un derecho humano.

* Niega la concentración actual de la tierra en pocas manos, causal de la pobreza en el campo, y en su lugar, promueve la productividad de la tierra como único mecanismo de superación de la pobreza (maximiza la explotación de los suelos).

* Deja intactas las condiciones de desigualdad en al acceso a la tierra como parte de su alianza con el capital agroindustrial y del agronegocio.

* Es demagógico porque anuncia la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, pero no estipula límites o mecanismos claros y concretos para desconcentrar tierra o limitar el latifundio.

* Entiende la soberanía alimentaria como un simple acto de producción de alimentos de las agriculturas familiares, desconociendo el sentido político del campesinado al luchar históricamente por la tierra y el territorio.

* Incentiva un mercado de tierras que el Estado no puede controlar, y sobre el cual sólo se limita a administrar, burocratizándolo y generando una política clientelar de tierra.

* Impulsa el control y el disciplinamiento del sector campesino a través del mercado de tierras, el crédito para la compra de tierras y los proyectos productivos.

* La fórmula de distribución de la tierra que propone este proyecto de ley es la compra y venta de predios a precios de mercado, lo que hace imposible el acceso a la tierra de pequeños campesinos.

* La propuesta de desarrollo agropecuario tiene la visión del Estado del capital y los sectores agroindustriales, y no admite la participación de las organizaciones campesinas.

* Excluye al campesinado como sujeto importante de la dinámica económica, social y política del agro nacional, y lo presenta como un sujeto atrasado y empobrecido que debe ser intervenido por el Estado y modernizado por el capital.

* La Autoridad Agraria Nacional se constituye en la Autoridad Única de la Tierra al no generar mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones.

* Burocratiza el desarrollo rural, dejando en manos de la tecnocracia agraria el desarrollo de planes y proyectos, generación de información y criterios para medir la productividad.

* Promueve la descampesinización del agro y permite el avance de la agroindustria y el agronegocio sobre las tierras de pequeños y medianos campesinos.

* Abre las puertas a la inversión extranjera en el campo promoviendo mayores niveles de desigualdad.

* Acaba con las posibilidades de una reforma agraria integral propuesta por los sectores sociales, campesinos, pueblos y nacionalidades.

* Restringe el principio de plurinacionalidad a un simple reconocimiento cultural y deja de lado el carácter político territorial, sin generar mecanismo alguno para la reconstitución de los territorios ancestrales.

* No crea ningún mecanismo jurídico institucional que viabilice el ejercicio de los derechos colectivos ni define el rol del Estado respecto de éstos.

* En definitiva el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios ancestrales deja de lado a los sistemas comunitarios y privilegia a la agroindustria como principal sujeto de la economía agraria.

Finalmente, reprobamos la actitud cómplice de aquellas organizaciones campesinas que cayendo en la política clientelar del actual régimen, han declarado al proyecto de Ley de Tierras como “revolucionario”, posicionándolo como una normativa que favorece a los sectores empobrecidos del campo y aceptándolo como pago de la deuda agraria. 

¡Contra la modernización conservadora

del capitalismo en el campo!

¡Contra el despojo, la exclusión

y la explotación de los y las campesinas!

¡Rumbo a la Cumbre Agraria!

Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc). Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.(MICC) Pueblo Kitu Kara. Asamblea de los Pueblos del Sur. Comisión Nacional de Agroecología. Red Agroecológica del Austro (RAA). Tierra y Vida. Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral Fecaol. Plataforma por la Salud y la Vida

 

Injusticia de plomo para los afectados ambientales en México

Andrés Barreda* y Raymundo Espinoza**. Los impactos sobre el ambiente y la salud de la población en México no han formado parte del debate público nacional en torno al apagón analógico, como tampoco lo han sido las violaciones a los derechos a la información y a la participación social en la conducción de asuntos públicos en materia ambiental. Se trata de graves omisiones que abonan al desamparo institucional y a la impunidad que caracterizan a la justicia socioambiental mexicana.

El riesgo de daño ambiental es real. Según información oficial y científica procesada por Vías Verdes, AC (proyectoecovia.com), se estima que paulatinamente se convertirán en residuos electrónicos más de 34 millones de televisores analógicos. Los residuos en cuestión, particularmente el cinescopio de cada aparato, contienen retardantes de flama bromados y óxido de plomo (en cantidades que varían entre uno a 9 kilogramos, dependiendo del modelo, pero que en promedio alcanzan casi los 2 kilos). El desensamble o destrucción del televisor es una operación necesaria para extraer un preciado anillo de cobre que también forma parte de sus elementos constitutivos. Más de 90 por ciento del peso de cada aparato corresponde a sustancias tóxicas. Lo anterior supone la liberación de cerca de 67 mil 319 toneladas de tóxicos, que se volatizan y dispersan pudiendo contaminar cuerpos de agua, suelos, aire, flora y fauna.

Por lo anterior, los componentes de los televisores deben considerarse como residuos peligrosos y gestionarse como tales. Su manejo adecuado, con miras a garantizar los derechos constitucionales a un medio ambiente sano y a la salud, requiere de normas, infraestructuras y capacitación especiales. Sin embargo, las acciones manifiestas del Estado mexicano no satisfacen las necesidades que demanda la atención responsable del problema.

El 11 de junio de 2013 fue publicado el Decreto de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones. El decreto fue omiso en relación con el manejo de los televisores que entrarían en desuso, así como en referencia a un plan de manejo postconsumo para los novedosos televisores digitales. Lo que sucede es que originalmente el plan no era sustituir aparatos analógicos con aparatos digitales, sino mantener en uso estos últimos complementándolos con antenas y decodificadores de señal. Esta doble omisión violenta los derechos fundamentales de la población y se basa en la emisión en mayo de 2014 de un Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que viola las disposiciones transitorias del propio decreto de reformas a la Constitución. Si consideramos que México es el primer productor mundial de televisores digitales, entenderemos que tal cambio de planes, arbitrario y sin sustento jurídico, busca solventar con recursos públicos la sobreproducción actual de los novedosos aparatos.

La población afectada o en riesgo de afectación se encuentra indefensa al carecer de la información mínima necesaria para afrontar el problema; tampoco tiene información suficiente sobre los medios jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, exigir sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los daños causados por su actuar negligente. El proceso de transición tecnológica ha sido gestionado de manera unilateral y de espaldas a la población, no obstante que se trata de un asunto público que impacta o impactaría en el medio ambiente y la salud de las personas expuestas o en riesgo de exposición.

Con el propósito de denunciar públicamente el actuar negligente del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil, científicos y ambientalistas han depositado una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del TLCAN (http: //goo.gl/3Rcs19). Voces como las de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se han manifestado al respecto (afectados ambientales.org). La defensa del medio ambiente, la protección de la salud y la exigibilidad de los derechos a la información y a la participación social en la conducción de asuntos públicos, deben abrirse paso por el camino de la organización social y la autogestión popular, así como por la vía legal creativa a través de amparos, acciones colectivas, denuncias penales o populares y quejas de derechos humanos. 

* Coordinador del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en temas ambientales.

** Abogado y politólogo. Asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Especialista en derecho constitucional, agrario y ambiental.

Tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/15/opinion/025a1eco

 

Declaración de Santa Úrsula Xitla

En defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía

29 de octubre, 2015

Reunidos los días 28 y 29 de octubre de 2015, representantes de comunidades y organizaciones, pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, ikood, mixteco, chatino, tzeltal, lacandón, tzotzil, purhépecha, nahua, rarámuri, y maya peninsular, más organizaciones campesinas y colectivos de catorce estados del país, reflexionamos en torno a la crisis climática y los territorios indígenas y campesinos y llegamos a varias conclusiones.

1. Las comunidades y ejidos ocupan más de la mitad de la superficie del país. Nuestros territorios indígenas y campesinos cumplen un papel muy importante en la captación de agua para la recarga de los acuíferos, en la captura de carbono, en la conservación de la biodiversidad y adquieren cada vez más importancia frente a  la crisis climática. Más del 60 por ciento de los bosques de la nación son propiedad de los pueblos indígenas y de los campesinos, de ahí que su cuidado es un beneficio a la sociedad que resulta de nuestro trabajo. 

2. En 2014, el gobierno promulgó una reforma energética que definió como de interés social y utilidad pública las actividades energéticas y extractivas  como la minería, la explotación de petróleo y gas (y su extracción vía fractura hidráulica), la construcción de presas y mini hídricas, la producción de energía eólica, y les adjudicó prioridad sobre cualquier otra actividad en el territorio. Estas leyes obligan a los dueños de la tierra a llegar a acuerdos para su establecimiento y en caso de negativa, las empresas pueden imponer de manera forzosa servidumbres  o contratos de ocupación temporal.

3. El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se realiza por decreto y en ningún caso han obtenido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas a los que han invadido. Al establecer una ANP el gobierno enajena el control y las decisiones sobre el territorio a las comunidades dueñas e impone muchas limitaciones a su uso. Hay comunidades donde más del 70 por ciento de su territorio está dedicado a la conservación.

4. En las comunidades con bosques y selvas, el gobierno promueve los programas REDD+, una vuelta adicional de los servicios ambientales en su fase comercial, con penalizaciones si no se cumple con los compromisos, y buscando que esas tierras se mantengan en conservación sin volver a usarse para otros fines aunque haya terminado el periodo de pago. REDD+ debilita a las autoridades comunitarias pues incluye instancias distintas y restringe el uso del territorio, y las decisiones que la comunidad puede tomar al respecto. REDD+ es un mecanismo que pone un precio a la conservación que los pueblos han hecho de su territorio, estableciendo un pago, siempre insuficiente, con el que las empresas contaminantes pueden seguir contaminando en otro lugar, y pueden lucrar de la comercialización de los certificados o bonos.

5. Las Áreas Naturales Protegidas,  los condicionamientos de los programas de pagos por servicios ambientales y los ordenamientos territoriales comunitarios oficiales secuestran las decisiones sobre el  territorio a sus poseedores, y las ceden a instancias ajenas como instituciones de gobierno, empresas privadas, asociaciones de conservación, etcétera.

6. La ley del agua, actualmente suspendida, está orientada a su privatización para ponerla a disposición de las empresas y megaproyectos. Priorizar el consumo del agua para la agroindustria, la industria manufacturera y extractiva —y sin regulaciones sanitarias—, ha provocado que en distintas regiones exista un agotamiento de las aguas jóvenes y muchas poblaciones tengan que tomar agua contaminada con arsénico y fluoruro, lo que aumenta las enfermedades crónicas. En otras comunidades los ríos están envenenados por industrias y ciudades que vierten sus deshechos y han terminado con la vida acuática; es imposible utilizar el agua para consumo humano o animal, o para uso doméstico, pues lo han convertido en un drenaje. Pese a las varias iniciativas de privatización del agua, las comunidades nos estamos organizando y promoviendo que operen las estructuras de los comités comunitarios de agua, que en muchas regiones han detenido los intentos de su privatización.

7. Actualmente el Estado está impulsando un modelo de simulación de consulta orientado a conseguir  la aceptación de los pueblos indígenas, dueños de bosques y selvas, e impedir que posteriormente puedan demandar y echar atrás el proyecto por no haber sido consultados. Esta consulta favorece sus intereses y los de las empresas, cooptando y comprando líderes, permitiendo la participación de gente ajena a las comunidades indígenas, escalando la violencia y represión contra los opositores. En varios de los casos los opositores han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos.

8. En esos lugares no se respetan los derechos colectivos indígenas, ni los agrarios, tampoco los derechos humanos, ni al ambiente sano. En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos.

9. Las comunidades indígenas y campesinas rechazamos los proyectos extractivos y energéticos que quieren acaparar y ocupar nuestros territorios, y que además depredan los bienes comunes, contaminan los ríos, el agua, la tierra, el aire, en perjuicio de la salud y el ambiente, expulsan a poblaciones enteras y en síntesis nos roban nuestra vida en aras de compensaciones nimias y unos cuantos empleos temporales.

10. Las leyes energéticas favorecen los proyectos de muerte impuestos por el Estado y las transnacionales. Estamos ante un despojo y una devastación generalizada que rompe el tejido de las comunidades, privatiza, contamina o agota sus bienes comunes y las posibilidades de vida, sustento y continuidad de los pueblos. Algunas comunidades demandaron sin éxito jurídico al gobierno mexicano por aprobar las leyes de reforma energética que son inconstitucionales.

11. El Estado y las corporaciones buscan imponer su modelo de monocultivos agroindustriales y transgénicos, de producción de alimentos procesados, que utilizan enormes cantidades de agrotóxicos y  dañan la salud y el ambiente, en contra de nuestro propio proyecto de un futuro digno, basado en nuestra producción campesina, nuestra visión comunitaria, nuestras tradiciones, nuestra responsabilidad con el futuro de nuestras comunidades y pueblos, nuestro compromiso de cuidado de la naturaleza.

Por todo lo anterior, nos comprometemos a defender nuestros territorios, organizándonos en los distintos niveles, reivindicando nuestras estructuras comunitarias, nuestras asambleas y nuestros propios instrumentos y normas. 

Seguiremos exigiendo y ejerciendo en los hecho la autonomía y la libre determinación sobre nuestros territorios, que incluye nuestros bienes comunes, nuestros sistemas normativos, nuestras instituciones comunitarias y nuestros saberes y cultura.

Continuaremos reivindicando la propiedad social, el carácter colectivo de nuestras tierras y el respeto hacia nuestros territorios.

 Nos comprometemos también a abandonar  paulatinamente los insumos agrícolas industriales, fertilizantes y plaguicidas,  que nos envenenan el aire y la vida. Queremos cuidar nuestros suelos y promover nuestra agricultura campesina tradicional y agroecológica, para buscar la soberanía alimentaria y tener mayor independencia de las instancias de gobierno y de las corporaciones.

Defenderemos nuestras semillas nativas contra su privatización, e impediremos las siembras transgénicas y el empleo de los agrotóxicos asociados, por ser nocivas para nuestra producción de maíz y miel, para la salud y el ambiente —como es el caso de la afectación que sufren las comunidades de la Península de Yucatán, la Huasteca y Chiapas, por la soya transgénica.

No permitiremos la invasión transgénica del maíz ni de ningún otro cultivo (sea experimental, piloto o comercial) y defenderemos la suspensión jurídica que hoy está vigente.

Así las cosas le exigimos al gobierno:

1.El respeto a la integridad de nuestros territorios y a nuestras decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.

2. Detener la manipulación de los  procesos de consulta (que no son de buena fe ni culturalmente accesibles) y la violación al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

3. Poner un alto a la violencia (al hostigamiento, los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones) contra las comunidades y contra los y las luchadoras sociales. Detener la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta de los dueños de la tierras y territorios, y de todas las personas y colectivos que se oponen al despojo y la devastación.

4. Libertad a los presos y presas políticos, todos ellos injustamente encarcelados por defender sus territorios y comunidades

5. Abrogar las leyes energéticas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros.

6. Detener  la promulgación de la iniciativa de la ley de aguas que se orienta a su privatización y atenta al derecho al agua como un derecho humano.

Invitamos a los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos a reflexionar sobre cuál es nuestro proyecto y cómo podemos sumar más esfuerzos. 

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes:

Campeche: comunidad de Calakmul, Organización Koolel kab. Colima: Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Chiapas: Bienes Comunales Zona Lacandona, Instituto de Formación y Capacitación Campesina, DESMI, Cooperativa Lago de Colores, Unorca-Chiapas, ARIC Unión de Uniones Historicas, Enlace, Comunicación y Capacitación-Comitán. Chihuahua: Consultoría Técnica Campesina (Contec), CECADDHI. Guanajuato: Cedesa. Guerrero: CDHM Tlachinollan, Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Región Montaña y Costa Chica de Guerrero; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlapa; Radio Comunitaria Naxme, San Miguel del Progreso, Guerrero. Jalisco: comunidad de Mezcala, comunidad de La Ciénega, comunidad de El Limón, Colectivo por la Autonomía, Un Salto de Vida. Michoacán: comunidad de San Francisco Pichátaro, comunidad indigena de Cherán, comunidad de Ostula. Oaxaca: comunidades de Santiago Tlatepusco, Santa María Huazolotitlán, Concepción Buena Vista, Chikava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc, San Juan Bosco Chuxnabán, Ejido El Tortuguero, Santiago Tutla, Yerba Santa, Coatlán, Cuauhtémoco Tayata, Independencia, Santa Cruz itundujia, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco-Radio, Asamblea Totopo de Juchitán de Zaragoza, Organización de Agricultores Orgánicos (ORAB), Tequio Jurídico; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlaxiaco; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. Puebla: Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Quintana Roo: Educe, Much’Kanan l’inaj Colectivo de Semillas, Kabi Habin. Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. Veracruz: Consejo Comunitario Nahua de Zaragoza, Fomento Cultural y Educativo AC-Veracruz, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Unión de Comunidades Independientes de los Pueblos Popolucas (UCIPP), CREO. Yucatán: Indignación. Organizaciones nacionales: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), Red en Defensa del Maíz, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Organizaciones internacionales: Grupo ETC, GRAIN, La Vía Campesina.

 

El Acuerdo de París:

Cinco puntos clave para comprender esta farsa

Carlos A. Vicente (GRAIN y Acción por la Biodiversidad). El 13 de diciembre los grandes medios periodísticos publicitaron el “Histórico Acuerdo de París” producido el día anterior en una frenética jornada. Mientras tanto los comunicados de la mayor parte de la sociedad civil tildaron el mismo Acuerdo como una farsa y de absolutamente decepcionante.

“El Acuerdo está lleno de declaraciones de buenas intenciones (se mencionan 19 ‘deberían’ en sus 40 páginas) pero casi ningún compromiso firme que avance hacia las respuestas que los pueblos necesitan con urgencia”.

Mucha personas quedaron desconcertadas ante lecturas tan diferentes de la realidad. En las siguientes líneas trataremos de explicar las razones para esta última perspectiva partiendo de los objetivos que debería cumplir un Acuerdo de estas dimensiones: enfrentar realmente las causas de la Crisis Climática que ya ha llamado a las puertas de nuestros territorios.

Los cinco ejes principales de la crítica al Acuerdo pueden sintetizarse en:

1. En primer lugar el Acuerdo se ha planteado como “Legalmente Vinculante”, lo que hace parecer que los países adquieren compromisos firmes y obligatorios en la reducción de las emisiones. Sin embargo esto no es así. Los objetivos de reducción de emisiones de cada país serán voluntarios y sólo pasarán por “contribuciones” nacionales a partir de la presentación de planes de reducción de sus emisiones que de ninguna manera garantizan la supuesta intención de no ir más allá de los 2 °C en el aumento de la temperatura a nivel global y muchos menos los 1,5 ° C “sugeridos” como ideales.

2. El Acuerdo no cuestiona la principal causa de las emisiones de gases con efecto de invernadero que es la quema de combustibles fósiles y por lo tanto no da ningún paso para la “descarbonización” de nuestras sociedades, ni en la transición hacia una sociedad en la que se disminuya el consumo de energía, se logre una justicia energética y se reemplacen los combustibles fósiles por energías renovables. La meta propuesta por la Sociedad Civil de dejar el 80 % de los hidrocarburos bajo tierra ni siquiera fue considerada.

3. El Acuerdo no cuestiona ni replantea el modelo agrícola industrial que es el responsable de por lo menos el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la incidencia de toda la cadena de producción industrial de alimentos. Frenar este cadena de destrucción climática es imprescindible si se quieren tener verdaderas soluciones. Avanzar en una transición hacia un modelo agroecológico campesino centrado en la protección de los suelos y la biodiversidad, en mercados locales y cadenas cortas de comercialización, es la única alternativa posible. Esta problemática no tuvo una sola mención en las 40 páginas del acuerdo.

4. El Acuerdo plantea un “equilibrio” entre las emisiones y la capacidad de absorber esos gases, principalmente el dióxido de carbono. Este último punto abre la puerta de forma clara a los mecanismos de secuestro y almacenamiento de carbono, una vía que defienden los países petroleros para no cortar ya con los combustibles fósiles. De esta manera se habilita a que algunos países sigan contaminando mientras en otros se apliquen los mecanismos de mercado (bonos de Carbono, REDD++) que se han ido imponiendo en la última década y que solo han profundizado la destrucción y privatización de los territorios.

5. El Acuerdo sigue abriendo las puertas a las falsas soluciones tales como la geoingeniería (Captura y Almacenamiento de Carbono, CCS, por sus siglas en inglés), que supuestamente capturará las emisiones de CO2 y las “almacenará de forma segura” en profundas formaciones geológicas. Estas propuestas generarán nuevos problemas socioambientales sin hacer ningún aporte a las soluciones reales que nuestra sociedad necesita.

Como lo han venido planteando los movimientos sociales en París, que valientemente tomaron las calles de la ciudad a pesar de las muchas restricciones que encontraron: ¡la respuesta es cambiar el sistema y no el clima! 

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/El_Acuerdo_de_Paris_Cinco_puntos_clave_para_comprender_esta_farsa

 

La certificación de semillas vuelve a la discusión en Costa Rica

Silvia Rodríguez Cervantes, enero de 2016. La ley de certificación de semillas en Costa Rica fue aprobada desde 1978 siguiendo orientaciones de la FAO y del Banco Mundial. En 1999, 2002, 2007 y 2010 se introdujeron proyectos de reforma integral de dicha ley para ponerla a tono con las exigencias de la naciente Organización Mundial del Comercio. Ninguno de ellos llegó a ser ley de la república siendo la intervención directa y decidida de la Red de Coordinación en Biodiversidad en los proyectos del 2007 y 2010 la que frenó su aprobación. Sin embargo, sus proponentes no cejaron en la idea y en agosto de 2015 presentaron ante la comisión de asuntos agropecuarios exactamente el mismo proyecto de años anteriores. Allí se incluían los siguientes aspectos que afectaban directamente la producción campesina e indígena:

1. Sólo las semillas certificadas podrían ser comercializadas.

2. Para registrar y certificar semillas, éstas deberían cumplir con ciertos estándares. Algunos exactamente iguales a los exigidos por la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), para otorgar derechos de obtentor a saber, ser semillas distintas, uniformes y estables, requisitos que no llenan las semillas campesinas.

3. Una de las cosas más graves y delicadas es que en las últimas propuestas se hacía alusión especial a la inscripción de variedades modificadas genéticamente con el solo requisito adicional de una autorización del Servicio Fitosanitario del Estado, ignorando otras leyes como la de Biodiversidad.

4. En la definición de comercialización, se exceptuaba sólo la “cesión o intercambio entre agricultores” pero no el comercio de variedades locales tradicionales y criollas.

5. A la Oficina Nacional de Semillas (Ofinase), antes dependiente del Ministerio de Agricultura, se le confería personalidad jurídica propia, e independencia administrativa, funcional y financiera, ampliándose además sus poderes y atribuciones. Se autorizaba la tercerización de sus funciones mediante la contratación de servicios especiales, y en su Junta Directiva había gran  participación del sector privado y escasa representación campesina y ecologista.

6. La “privatización” de la Ofinase se justifica en la Introducción de la propuesta de ley señalando que es porque: “...Se tiende a una menor participación del Estado en los procesos productivos y se incrementa la del sector privado en aspectos de investigación agrícola, producción y comercio de semillas, limitando al Estado a un papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista.

El esfuerzo conjunto de los sectores campesino y ecologista para detener y modificar la ley. Así como en el 2008 y 2010 logramos parar el camino vertiginoso que el proyecto de ley llevaba hacia su aprobación, en el 2015 en cuanto nos enteramos de su existencia por enésima vez de manera no oficial, nos pusimos a trabajar algunos legisladores y legisladoras consecuentes, grupos del sector campesino y la Red de Coordinación en Biodiversidad, para imprimir un viraje sustancial al contenido de esta ley. El punto focal era impedir que se lesionaran los derechos históricos de los agricultores a sembrar, intercambiar, mejorar, guardar y comercializar sus semillas.

Entre los cambios principales que logramos introducir son:

1. La obligación de contar con un título de certificación previo a la comercialización de semillas será sólo para aquellas semillas producidas en el sector agro industrial y no para las semillas tradicionales o criollas.

2. La Ofinase seguirá dependiendo del Ministerio de Agricultura y se le prohíbe aceptar análisis o estudios pagados por los propios interesados para certificar sus semillas.

3. Se elimina la alusión específica sobre la certificación de semillas transgénicas en el contexto de esta ley.

4. La Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos contará con representación de campesinos y ecologistas para poder conocer e influir, entre otras cosas, en las posiciones de la Ofinase, punto focal del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.

5. Se establecerán castigos a quienes vendan semillas certificadas que no respondan a las características especificadas en sacos y papelería.

La nueva propuesta ya fue aprobada por la comisión de asuntos agropecuarios en noviembre y aguarda ser sancionada en el plenario legislativo. 

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