El control del agua: ¿globalización de dramas o de esperanzas?

El acceso al agua, base de la vida e indispensable para todas las formas de sociabilidad y desarrollo económico, siempre ha estado en el centro de las preocupaciones humanas. Con el avance del capitalismo, la destrucción acelerada de la biodiversidad y la mercantilización de formas de vida, los ciclos y regímenes hidráulicos cambiaron drásticamente. Hoy, el control del acceso al agua se ha convertido en un elemento geopolítico y un arma de guerra, que requiere acciones articuladas y cohesionadas por parte de las personas, en defensa de la vida.

Las crisis que implican migraciones forzadas y los riesgos de guerras por el agua ya amenazan a un 40% de la población mundial.[1] Se afirma que para 2050, dos tercios del planeta experimentarán una dramática escasez de agua y potencialmente agravarán los conflictos que ya se producen de manera dispersa, patrocinados por corporaciones transnacionales interesadas en su control y mercantilización.[2] El pueblo es la víctima.

El calentamiento global, el mal uso y la aceleración de procesos que conducen a la contaminación de las reservas de agua disponibles en la superficie y bajo tierra resultan de actitudes que responden a intereses ajenos a los dramas sociales que, como resultado, se acumulan, pues el capitalismo en su fase actual hace de todo para ampliar la extracción y apropiación de bienes comunes.

Existe consenso científico en que la escasez de agua potable responde a la suma de efectos que incluyen el calentamiento global, cambios en los ciclos del agua, contaminación, mal uso (por ejemplo, para lavar minerales) y desperdicios. Pero poco se habla de la enorme desproporcionalidad del acceso y uso entre los distintos grupos sociales, las actividades que realizan y sus formas de consumo.

Las empresas que enriquecen a grupos concentradores de ingresos, privilegios y poder desarrollan mecanismos de extracción desproporcionados en relación con la capacidad de reposición natural de los embalses, además de utilizar tecnologías responsables de su contaminación.

Es cierto que la urbanización acelerada, con concentración de elementos contaminantes, involucra a todos los habitantes del planeta. Sin embargo, es fundamental recordar que existen motivos para el vaciamiento forzoso de los territorios rurales. En todos los países latinoamericanos avanza un modelo de agricultura industrial, que representa un 70% del consumo y la degradación del agua dulce mundial (en particular, a través de la deforestación, la desertificación y la dispersión de fertilizantes y agrotóxicos). Datos del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Sisagua), entre 2014 y 2017, mostraron que entre 75 y 92% de las muestras de agua recolectadas en varios estados brasileños mostraron la presencia de hasta 27 de los agrotóxicos analizados.[3]

Los exponentes del agronegocio depredador no respetan fronteras y tratan de homogeneizar a nuestros pueblos y territorios, relegándonos a la condición de proveedores de mercancías a costa de nuestra sangre, historia, biodiversidad y culturas.

Frente a esta realidad, las soluciones ofrecidas por los piratas modernos y sus asociados no son nada nuevas y sólo implican un resurgimiento del expolio colonialista. Se reducen a mecanismos de privatización y control del suministro/acceso al agua. Para ello, se induce a los gobiernos a pedir préstamos y a realizar inversiones costosas y excluyentes, como proyectos de desalinización (de aguas salobres o de océanos), que aceleran la privatización de las redes de distribución, con un aumento desproporcionado de los precios al consumo (que reflejan el “costo real del suministro”), agravando las injusticias y la discriminación, especialmente dramática para los pueblos tradicionales y las poblaciones urbanas desfavorecidas por el racismo socioambiental.

Considerando, además, que gran parte de los acuíferos y cuencas hidrográficas tienen cobertura plurinacional, es posible suponer que los conflictos relacionados con el agua tenderán a incrementarse entre los países ubicados aguas abajo de las zonas de captación y flujo, ya que la continuidad del flujo dependerá del uso de aguas arriba.

En Brasil, el control del territorio y de los manantiales, así como la privatización de los servicios de abastecimiento de agua, ya es una realidad en varias regiones y tiende a avanzar.[4]

Una preocupación es el Acuífero Guarani. Con una extensión de 1,2 millones de km2, (equivalente a la suma de los territorios de Italia, Francia y España), este acuífero es compartido por Brasil (70%), Argentina (19%), Uruguay (6%) y Paraguay (5 %), y tiene sus principales zonas de recarga en áreas dominadas por la agroindustria.[5] En este sentido, es posible afirmar que esta reserva hídrica está amenazada no sólo por el agotamiento debido a la extracción, que ya hace inviable el acceso a través de pozos poco profundos, sino principalmente por la contaminación por el uso desenfrenado de fertilizantes y agrotóxicos,[6] y por los residuos de cría concentrada de cerdos y aves[7] en los estados del Sur de Brasil. Su sobreexplotación en sistemas de captación de pozos profundos, en particular para el riego de monocultivos, ya reduce significativamente su capacidad para satisfacer las necesidades del consumo humano, con pozos de agua poco profundos cada vez más inviables debido a la bajada del nivel del agua. En 2009, evaluaciones realizadas en la región de Ribeirão Preto (São Paulo) identificaron que la tasa de retirada superaba en 30 veces el volumen de recarga.[8]

¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar este riesgo? Corresponde a los Estados definir las formas de su uso múltiple, racional y sostenible, lo que requiere medidas que eviten la asimetría, donde la explotación irregular en un país determinado causa daño a otros. Y corresponde al pueblo, concertadamente, exigir medidas en esta dirección. Por tanto, es necesario alertar a la población sobre el riesgo de que el uso del acuífero por parte de un determinado sector de una determinada economía nacional incumpla su obligación de no causar daños a sus vecinos. Y esto ya está sucediendo, mientras la producción, la comercialización y el uso de insumos y técnicas que contaminan y agotan esa reserva avanzan, sin el debido seguimiento y la necesaria contención/sanción a los responsables.

Los éxitos electorales, e incluso la creación de leyes protectoras aquí y allá, han resultado insuficientes. E incluso si no lo fueran, no provocarían la descontaminación de las aguas compartidas. Es necesario contener los procesos de degradación en curso. Necesitaremos acuerdos internacionales guiados por otro tipo de intereses, donde las culturas, la tradición y la calidad de vida de las personas prevalezcan sobre los intereses financieros de los grupos que controlan el planeta. Al tratarse de un fenómeno generalizado en América Latina, debemos considerar la necesidad de buscar alternativas a través de la fuerza y la acción popular articulada de nuestro pueblo.

Las tragedias relacionadas con las amenazas de guerra y el sufrimiento de las generaciones venideras, así como sus repercusiones en el acceso al agua (pero no sólo), dependerán de la reanudación de alianzas y acciones coordinadas, con un enfoque en una verdadera globalización de la esperanza. •