Honduras: Un modelo extractivista que necesita el agua de los pueblos

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 26% de la población mundial (unos 2 mil millones) no disponen de agua potable y 46% (unos 3 mil 600 millones) carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura.

El informe de la ONU-Agua, de marzo de 2023 señalaba que: “Entre 2 mil y 3 mil millones de personas sufren escasez de agua durante al menos un mes al año, lo que supone graves riesgos para sus medios de subsistencia, en particular la seguridad alimentaria y el acceso a la electricidad. Se prevé que la población urbana mundial que sufre escasez de agua se duplique, pasando de 930 millones en 2016 a 1700-2400 millones de personas en 2050. La creciente incidencia de sequías extremas y prolongadas también está estresando los ecosistemas, con consecuencias nefastas para las especies vegetales y animales.”[1]

Según el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS) en el caso de Honduras, “La disponibilidad hídrica por persona es de 9.772 m³/persona/año. El agua superficial del país es captada por 24 cuencas hidrográficas y es drenado en un 87% en el Mar Caribe y el 13% restante en el Océano Pacífico con una descarga promedio de 92.813 km³/año de agua lluvia. El agua subterránea no tiene una evaluación precisa, sin embargo se ha determinado que es abundante en las tierras bajas de la zona norte y sur del país.”[2]

Los hondureños que viven en zonas urbanas cuentan con mayores tasas de acceso a fuentes de agua entubada al hogar, mientras que quienes viven en zonas rurales enfrentan dificultades. El 61% de los hogares urbanos hondureños cuentan con agua entubada al hogar mientras que sólo 27% tienen en los hogares rurales. Más de 96% de los hogares con mayores ingresos cuentan con agua entubada mientras que sólo 73% de los hogares con menores ingresos cuenta con este servicio. [3]

Honduras está catalogado como un país de bajo estrés hídrico, sin embargo existen suficientes datos para aseverar que existen altos riesgos por la deforestación, las quemas e incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola y el uso inapropiado del suelo, sobrepastoreo y la construcción inadecuada de caminos rurales y carreteras. Se señala que en las zonas costeras de alta densidad poblacional, la mayoría de los pozos inmediatos a los manglares y las playas sufren del fenómeno de la intrusión salina, a causa de la sobreexplotación del manto freático de agua dulce.[4]

La Constitución de la República de Honduras declara “…el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano.”[5] Derivado de esta norma constitucional existe un marco normativo que regula el manejo, uso y destino del agua en Honduras.[6] Desde 2013 se constituyó una Política Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento de Honduras. Ésta se proyectó al año 2038, para ser consecuente con el denominado Plan de Nación y Visión de País. La Visión de esta política era la siguiente:

Esta política pretende alcanzar la universalidad del acceso a servicios de agua potable y saneamiento con enfoque de inclusión social, tomando en cuenta las prioridades y condiciones específicas de las diferentes categorías de localidades.

No obstante, la realidad es distinta. Este instrumento, que lleva más de diez años, y otras políticas, acuerdos ministeriales y leyes nacionales parecen haberse impulsado por la buena voluntad de promover el derecho al agua, mismo que está contemplado en la ley primaria de Honduras, sin embargo, en lo concreto los distintos gobiernos han promovido y/o acompañado estrategias de “desarrollo” que más bien parecen ir contra la satisfacción del Derecho al Agua de las comunidades, sus territorios y sus poblaciones.

Lo cierto es que durante las últimas dos décadas se ha puesto en riesgo la mayor parte de las fuentes de agua del país, los ríos se sometieron a un proceso de contrata de aguas, mediante éstas se otorgaron en usufructo para provecho de empresas, nacionales y sobre todo internacionales, que buscaban hacer negocio con la generación eléctrica mediante las modalidades de acumulación de agua o de paso de agua.[8] Muchos ríos han sido desviados de sus cursos naturales para que contribuyan a la fuerza hidráulica que necesitan algunos represamientos de generación eléctrica lejanos, dejando a poblaciones a miles de metros de la disponibilidad de agua más cercana, cuando antes tenían el agua frente a sus comunidades.

Uno de esos casos, de los que ya no se habla, es el de varias comunidades del municipio de San José, en el departamento de La Paz. Un proyecto hidroeléctrico, cuya empresa en ese momento pertenecía a una diputada del Congreso de la República, dejó sin agua a por lo menos cuatro comunidades, al desviar el cauce del río hasta casi tres kilómetros de su curso natural. Esto hizo que la población se viera forzada a caminar unos seis kilómetros para obtener agua del mismo río. Cuando las poblaciones afectadas reclamaron, los empresarios y las autoridades les prometieron que llevarían acueductos domiciliarios a las comunidades. Han pasado quince años desde entonces y la gente sigue caminando varios kilómetros en búsqueda de agua. [9]

Otra situación, no menos grave, es que la gran mayoría de las comunidades rurales, y muchas no rurales, se abastecen de agua desde los nacientes de los ríos, de sus vertientes y desde muchos sectores de sus cauces. Muchas de las empresas, al adquirir derechos de explotación por las contratas de agua se niegan a seguir otorgando los permisos a las comunidades, o ponen obstáculos para el normal abastecimiento de aguas de las comunidad.

Las comunidades rurales sufren el impacto de la actividad minera a cielo abierto, en especial la minería de óxido de hierro y de oro. La actividad minera contamina los ríos con metales pesados, los convierte en ríos color chocolate: antes corrían ríos cristalinos con los que se podía calmar la sed directamente, ahora no es así.

El uso de las aguas para la actividad minera es demasiado agresiva. Donde la minería a cielo abierto se ha instalado para explotar cualquier metal los ríos terminan muriendo. Es emblemático el caso del Valle de Siria, en el centro del país, donde la minera Entremares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, explotó oro durante ocho años. En ese tiempo se secaron 17 de los 21 riachuelos. De los restantes cuatro, tres quedaron contaminados con metales pesados.

Los ríos San Pedro y Guapinol, en el norteño municipio de Tocoa, son claros ejemplos de la soberbia de las empresas y de la colusión de las autoridades para favorecer a la industria minera y conculcar los bienes de las comunidades. En este sector una de las familias más poderosas de Honduras,[10] se apropió de 200 hectáreas de un área protegida, incluida gran parte de su zona núcleo, para establecer una explotación de óxido de hierro. Éste fue un hecho escandaloso que dio lugar a un proceso de resistencia que todavía sigue en pie, a pesar de que ocho dirigentes de la oposición estuvieron injustamente presos durante más de un año.

Han pasado casi quince años desde que la ANAFAE advertía a las comunidades que: “La institucionalidad y las leyes están siendo favorables a las corporaciones extractivas, la única opción que contribuirá a la defensa de los bienes naturales y medios de vida de las comunidades será su defensa desde los territorios, porque el derecho que no se defiende se pierde.”[11]

Desde inicios de los años noventa del siglo pasado, todo lo público empezó a privatizarse, pero en ese entonces no teníamos idea de que el agua de los bosques, de los ríos, subterránea, y en cualquier otra forma también se convertiría en mercancía. Cuando finalmente las empresas extractivas comenzaron a apropiarse del agua, de los bosques, de las áreas protegidas y de todos los bienes naturales y comunes, la gente comenzó a organizarse para su defensa.

Algunas comunidades han intentado denunciar a las empresas extractivas y a las autoridades que hacen poco o nada para protegerles de los abusos de las empresas, pero poco a poco se han ido cansando, especialmente cuando las autoridades se han coludido con las empresas, por efecto de influencias, sobornos, racismo en el caso indígena, o sencillamente por órdenes superiores.

Muchas organizaciones de campesinos y campesinas, indígenas, iglesias, comités ambientales, pescadoras y pescadores, juntas de agua, de mujeres, patronatos y de muchas otras formas, buscaron y encontraron maneras para luchar por la recuperación del agua y demás bienes naturales y comunes, mismos que las corporaciones nacionales e internacionales, en contubernio con los gobiernos les habían arrebatado.

Se aplicaron mecanismos de lucha ciudadana, tales como la Autoconsultas y el Cabildo Abierto, para exigir que las autoridades municipales se opusieran al saqueo de los pueblos, se hizo uso de los espacios legales que la ley permite. En algunos casos se tuvo logros parciales con los recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Pero en una sociedad permeada por la corrupción, las empresas extractivas siempre encuentran la forma de revertir las conquistas de los pueblos.

Más de 80 de los 298 municipios de Honduras se declararon libres de minería y de hidroeléctricas, fundamentalmente para proteger el agua de sus pueblos, el agua de sus ríos, montañas y zonas boscosas.

La rebeldía ciudadana se extendió hasta las ciudades principales y la capital, campesinos, campesinas, indígenas y sus organizaciones marcharon a Tegucigalpa en múltiples ocasiones, exigiendo que las compañías extractivas apartaran sus intereses económicos sobre el agua y demás bienes naturales y comunes de sus territorios.

Muchas juntas de agua, sobre todo en la zona Atlántica o Caribe, comenzaron la gestión comunitaria del agua en cada municipio. Se trataba de una forma de defensa que incluyó diseñar e implementar una política municipal del agua que se fundamentara en los Derechos de los Pueblos.[12]

Muchos defensores y defensoras de los ríos, bosques y áreas protegidas han quedado en el camino, asesinados por los cuerpos de seguridad de las empresas y por sicarios pagados por éstas. La compañera Berta Cáceres es la más emblemática, pero junto a ella perdieron la vida por la defensa de los bienes naturales y comunes no menos de cien personas en los últimos treinta años.

El nuevo gobierno parece avanzar, pero con mucha cautela. El gobierno que inició el 27 de enero de 2022 prometió, durante su campaña electoral, revertir todo el proceso de desmantelamiento del Estado por parte de las corporaciones internacionales que se han apropiado de los bienes naturales y comunes. Dos años después vemos algunos esfuerzos importantes pero insuficientes. Hace poco el secretario de Recursos Naturales y Ambiente informaba que “en el marco de la reforma energética se ha cancelado la concesión vitalicia de 14 subcuencas y sus correspondientes ríos” que se habían otorgado a un grupo de la banca privada.[13] Existen esfuerzos por blindar las 93 áreas protegidas que cosechan agua en abundancia para las comunidades. Existen avances a nivel normativo, la acción práctica requerirá mayores esfuerzos. El Instituto de Conservación Forestal está intentando recuperar las zonas de bosques, que en gran parte fueron cooptadas por los señores de la droga.

Existen algunos tímidos avances. La gente espera que el Estado profundice la recuperación de muchos territorios y zonas productoras de agua. Las luchas continúan, si los gobiernos no las hacen, los pueblos seguirán luchando porque igual da morir que quedarse sin agua. •