La reforma agraria y la tenencia de la tierra en Colombia

-Gino Gonzáles, La tenencia de la tierra.

La tenencia de la tierra es un tema fundamental en cualquier país, y Colombia no es una excepción. La forma en que se regula y gestiona históricamente la propiedad de la tierra tiene un impacto profundo en la economía del país y las distintas formas de ejercer la vida digna en las distintas formas de territorio.

En Colombia se ha intentado durante décadas impulsar estrategias de reforma agraria que permitan, entre otras tantas cosas, la equitativa distribución de la tierra e incluso devolverle la tierra a las personas que se tuvieron que desplazar de sus territorios a causa de la violencia.

Actualmente, la distribución de la tierra en Colombia es producto de un contexto histórico de las relaciones de trabajo que se han forjado en torno al desarrollo de un modelo económico para la extracción y la acumulación, las condiciones político-económicas que posee el territorio, que hoy día responden a las décadas de proyecciones extractivistas del agronegocio y la vinculación del mismo en el aparataje burocrático del Estado a nivel nacional.

Colombia ha sido un país marcado por los constantes conflictos por la tierra. A lo largo de la historia el uso y tenencia de la misma ha sufrido diferentes transformaciones a partir de la evolución del capitalismo agrario que ha cambiado constantemente las formas productivas y el uso de los medios para producir que determinan una economía de acumulación; favoreciendo a los sectores más ricos de la sociedad que a su vez han influido en la estructura gubernamental para que ésta funcione en pro de sus intereses.

La formación del campesinado se dio en torno a la continua restricción del acceso a la tierra a los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y el campesinado mestizo. El dominio, posesión y control de la tierra a lo largo de la historia mantienen sometida a mucha gente.

Desde la Colonia se empezó a establecer un ordenamiento territorial con base a la acumulación de las riquezas. Las formas de producción en Latinoamérica correspondían a atender las principales demandas de los mercados internacionales.[1] Las formas de tenencia de la tierra y su distribución fueron controladas por quienes ejercían el poder en la época.

Bajo el escenario anterior, las tierras de más fácil acceso y mejores condiciones para la producción agrícola y la fundación de centros poblados fueron tomadas por la lógica del latifundio, mientras las tierras más distantes y difícil acceso fueron ocupadas por las comunidades en resistencia. Así se fue configurando el campesinado en función de las continuas luchas por el derecho a la tierra y el establecimiento de su propia labor y su propia economía.

Son varias las formas de resistencia en los territorios que persisten hoy en día. En el caso del campesinado colombiano las formas mas frecuentes consisten en el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), existen 64, unas reconocidas, otras en trámite o proyectadas), que ya tienen una base legal que permite fortalecer los territorios con organización para trabajar colectivamente la tierra y lograr poder de decisión sobre la planeación de cuencas y microcuencas hidrográficas.[2]

Otra forma de autodeterminación territorial, consiste en la lucha que mantienen varias organizaciones campesinas implicadas en establecer territorios campesinos agroalimentarios, lo que permite el ejercicio de la autodeterminación desde el campesinado. Existen también formas de organización de los territorios desde las comunidades originarias (Resguardos Indígenas) y las comunidades afro (organizadas territorialmente como quilombos, cumbes, rochelas o palenques). Todas éstas son formas que desarrollan estrategias de control territorial desde las comunidades.

Sin embargo, las formas de organización territorial mencionadas no son suficientes frente a una constante desproporcionalidad en la posesión de la tierra. La mayoría de las comunidades rurales no tienen tierra y las que la tienen no le es suficiente para atender las necesidades económicas de las familias.

Bajo esta realidad el campesinado colombiano produce más del 80% de los alimentos que requiere el país.[3] Sin embargo, la concentración de la propiedad rural en Colombia es un problema que no se ha solucionado y que se refleja en que actualmente el 80% de la tierra pertenece a sólo el 1% de la población.[4] Es decir, pese a que el campesinado representa el 31.8% de la población total del país, se encargan de alimentar, con poca tierra, a colombianos y colombianas.[5]

La población rural la constituye un 48.2% de mujeres y 25.5% de jóvenes entre 18 y 25 años.[6] Las mujeres en la mayoría de los casos asumen trabajos no remunerados concernientes a la economía del cuidado y sólo disponen del 36.6% de la propiedad de la tierra.[7]

Estas cifras, obligaron a generar cambios estructurales en los últimos años, por la agudización de la economía producto de la pandemia. A partir del nuevo gobierno posesionado en 2022, se ha impulsado la construcción de reformas constitucionales de importancia referentes a la tenencia de la tierra.

El gobierno ha planteado un proyecto de reforma agraria que pretende darle a los campesinos más de 60 mil hectáreas en dos años, todo un desafío que ha iniciado con el acuerdo de Támesis en el 2022, un espacio en el que se entregó las primeras tierras de la reforma agraria, 600 hectáreas que eran de la mafia y fueron entregadas a 50 familias que hacen parte de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).[8] Desde ese entonces se han entregado títulos de propiedad y comodatos a campesinos y campesinas en todo el país.

A partir de lo anterior se presentan desafíos adicionales correspondientes a las formas de tenencia de la tierra por parte del campesinado, a la consolidación de formas organizativas para el trabajo en los predios entregados, el establecimiento de unas propuestas productivas basadas en la agroecología para el impulso de la soberanía alimentaria en el país y así garantizar las condiciones de vida digna en el campo.

Es necesario tener presente que el abandono del campo colombiano durante décadas ha promovido la puesta en marcha de acciones desde organizaciones campesinas, indígenas y afro para que el gobierno impulse acciones que atiendan las problemáticas de servicios básicos en los territorios, que genere estrategias educativas que no promuevan el desplazamiento de la juventud y niñez campesina, que se mejore y desprivatice el sistema de salud, se mejoren las vías terciarias, se establezcan nuevas formas de comercialización de productos agrícolas que consoliden un sistema de economía campesina más resiliente. Dentro de los planes de reforma agraria está contemplada la necesidad de consolidar una reforma laboral que ampare la garantía de derechos al campesinado. Sumado a ello se ha planteado el cambio de estrategia frente al rol que cumple la asistencia técnica agropecuaria.

Dentro de las acciones importantes que se han impulsado desde las organizaciones campesinas y el gobierno colombiano actual, se considera una de especial importancia en el contexto latinoamericano: la que corresponde al reconocimiento del campesinado como sujetos de derecho y especial protección, modificando con esto el articulo 64 de la Constitución de Colombia.[9] Esta herramienta legislativa brinda las condiciones para el reconocimiento de la declaración de los derechos campesinos y otras personas del campo según la ONU. Además se están estableciendo estrategias para consolidar una política pública en agroecología y la radicación en el congreso de proyectos de ley de agroecología y soberanía alimentaria.

Por todo lo mencionado será un aporte a la cuestión agraria en Latinoamérica hacer seguimiento al desarrollo del momento que vive Colombia en cuanto a reforma agraria y todo lo que se desarrollará en los próximos años, en medio de una coyuntura global particular. Cada intento de reforma agraria que se desarrolla desde las bases campesinas en cada país, abre un abanico de posibilidades para garantizar las condiciones de vida digna en el campo desde la biodiversidad que se genera con las distintas formas de ser comunidades del campo.