Tribunal Permanente de los Pueblos Dictamen Preaudiencia Políticas de exterminio contra el Pueblo Maya Eje: Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía Táan U Xu’Ulsaj K-Kuxtal Maní, Yucatán 9 y 10 de noviembre de 2013 Conmovidos por las dimensiones que ha cobrado el despojo en todo el territorio de la península de Yucatán y el impacto que está teniendo sobre el pueblo Maya y al mismo tiempo admirados por su resistencia y espíritu sostenidos durante 521 años, emitimos este Dictamen en solidaridad y compromiso con sus luchas. Los ocho casos y los diez testimonios presentados dan cuenta y son una muestra apenas, de un proceso mucho más amplio de acaparamiento de tierras y bienes comunes, de destrucción socioambiental y territorial y de aniquilamiento de los tejidos sociales que forma parte de un plan orquestado para el desplazamiento y vaciamiento de los territorios. El desplazamiento de sus tierras de las comunidades de San Antonio Ebulá, Campeche; de los ejidatarios de Hopelchén, Campeche; de Chablekal, Yucatán; de Bacalar, Quintana Roo; de Ich Ek y de los campesinos y campesinas que habitan X-kix; da testimonio de un proceso brutal que utilizando la violencia, la corrupción, la complicidad de funcionarios públicos con los intereses privados y la negación de los derechos de los pueblos está llevando a situaciones sin salida. También compartimos la resistencia a la instalación del mega proyecto comercial Dragon Mart en Quintana Roo, que impulsado por el mismo gobierno estatal da cuenta de distintas violaciones de derechos humanos y un panorama futuro de devastación ambiental. La lucha de las comunidades apícolas mayas de la Península de Yucatán resistiendo la implantación sin consulta de monocultivos de soya transgénica resistente al glifosato, que amenaza contaminar y destruir su producción ancestral, dio prueba de la importancia de la organización y la articulación en los caminos de lucha. La resistencia contra la invasión con semillas transgénicas se visibiliza en experiencias concretas, tal como la del Comité de Defensa de Semillas, que está conformado por diez comunidades del sur de Yucatán, que llevan más de diez años asegurando el rescate de la semilla para solo depender de lo suyo, única manera de seguir viviendo como mayas. La movilidad humana en la región peninsular está marcada por la migración centroamericana, que también es población maya, que se dirige a los Estados Unidos. Todos sus derechos son violentados, en todo su recorrido, por el crimen organizado aliado a las instituciones de gobierno. Por otra parte se encuentran los flujos migratorios internos de personas que son expulsadas de Yucatán y Campeche hacia los grandes centros turísticos de la Riviera Maya, donde el pueblo indígena trabaja en la construcción, en los servicios o es víctima de la explotación sexual. Esta zona es el paraíso de los tratantes de personas. Toda esta violencia tiene su reflejo en la permanente amenaza y persecución de los migrantes y sus defensores. La participación de las mujeres no fue meramente estratégica, sino también inscripta en su identidad. Defensoras genuinas de la naturaleza, ellas mostraron cómo su presencia en estos espacios políticos y su participación protagónica potencia la causa de los pueblos indígenas al enriquecerla con la impronta de su género. También compartieron sus luchas contra el sistema patriarcal y de violencia dominante y encarnado en las instituciones públicas. Todos los casos presentados son formas de resistencia alimentadas y construidas sobre la revitalización de su cultura y éste es un campo rico en formas creativas de resistencia a la explotación, el despojo y la depredación del planeta. Esta revitalización se contrapone con los sistemas educativos y de salud oficiales que también son parte del sistema de opresión y genocidio que opera en la actualidad. En el campo de la tierra y el territorio los casos presentados evidencian un despojo sistemático. En algunas ocasiones, como en el caso de Ebulá, el despojo ha revestido características violentas. En otros casos, se realiza a través de mecanismos de enajenación cubiertos de ropaje local. Otros más, provocando y alentando el proceso de empobrecimiento hasta empujar a las comunidades a la venta de sus tierras. Las actuales embestidas del sistema capitalista depredador en crisis y descomposición se hacen principalmente a través de este despojo. En los casos visados hoy aparece el despojo territorial, pero no sólo de las tierras físicas, sino del espacio en que los pueblos desarrollan su cultura, espacio para seguir siendo pueblos y manejar sus asuntos como ellos quieren a través de la autonomía. En todos los casos funciona una alianza entre gobierno y empresas privadas. Algunos casos, como el despojo contra el ejido de Chablekal, desnudan la postración de las autoridades frente a los poderes económicos: para permitir y alentar un desarrollo inmobiliario de lujo, el gobierno implementó mecanismos legales facilitadores (PROCEDE) por los cuales pudo comprar las tierras a los campesinos y venderlas en condiciones extremadamente favorables a empresas. El proceso de despojo también pasa por un mecanismo de destrucción del tejido comunitario de los pueblos indígenas. No se trata solamente de la ausencia de mecanismos de consultas que respondan a los estándares del convenio 169 de la OIT. Lo que se busca es fomentar la división comunitaria y la cooptación de los líderes. Constatamos que se impone la desregulación ambiental, sin que medie la intervención eficaz de ninguna de las autoridades involucradas: CONAFOR, RAN, tribunales agrarios, etc. A veces cómplice y otras protagonista, es casi imposible encontrar una línea que divida los intereses del Estado y de los empresarios nacionales o extranjeros que desean el territorio. El despojo se concreta a partir de que el propio Estado, garante del modelo político y económico dominante niega la existencia de los pueblos indios y despliega una política encaminada a su desaparición por exterminio planificado. La venta de tierras es promovida por instituciones de gobierno que funcionan como intermediarios en beneficio de los inversionistas, mientras se promueven proyectos que dividen a las comunidades, rompen el tejido comunitario e individualizan las decisiones de los ejidatarios, como en Ich Ek, en la Biosfera de Calakmul. Este caso es especialmente grave por sus contradicciones ya que la expropiación se realizó en nombre de la creación de una “Reserva de la Biosfera”. Se ignora el derecho a la consulta, y se imponen políticas públicas para condicionar el uso de suelo de los ejidos, violentando las relaciones comunitarias y su vinculación con la Madre Tierra. Los Tribunales y autoridades agrarias retrasan las resolución de los juicios de tal manera que las comunidades terminan cansándose y abandonando los procesos; en contraste, las resoluciones en favor de los empresarios que promueven proyectos encuentran soluciones inmediatas, como en el caso de Dragon Mart, en Cancún. Esta preaudiencia nos ha dado la oportunidad de situar los casos de despojo de tierras y territorios en un proyecto geopolítico más amplio para todo América Latina que incluye la dominación y control de la producción de alimentos, la promoción de cultivos transgénicos, la pérdida de la soberanía alimentaria y un extractivismo impúdico de los bienes naturales convertidos en mercancía. Se está imponiendo un sistema agrícola industrializado que implica la deforestación de la región peninsular con la consecuente destrucción de la biodiversidad y provoca el desplazamiento de los sistemas agrícolas tradicionales e inundaciones como consecuencia de la mecanización de los sistemas agrícolas. La introducción de los organismos transgénicos en los territorios, que suele presentarse como una técnica producto de la curiosidad individual y manifestación de la omnipotencia humana de dominación de lo natural, constituye una apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y se convierte en un instrumento de control territorial, político y cultural. Esta nueva etapa neocolonial impone tecnologías que deben satisfacer la organización global del capitalismo sustituyendo los modos tradicionales de mejoramiento agrícola. La implementación de modelos productivos extractivos impiden profundizar las democracias de los pueblos, tiende a fragilizar los lazos comunitarios del pueblo maya al ser forzados por la convergencia de gobiernos y capital corporativo a entregar sus riquezas a través de la apropiación por despojo del territorio, de sus actividades productivas y de su cultura. Por eso el extractivismo es una pieza fundamental de esta etapa del modelo neocolonial. Esa neocolonialidad es una construcción política adoptada para Latinoamérica como mecanismo de saqueo de los bienes comunes y de la identidad cultural y configura una verdadera guerra sostenida con tecnologías complejas de alto impacto y difícil reversión que usan nuestros territorios como campos experimentales. Son construcciones políticas ejecutadas por factores de poder político-económicos que habilitan la penetración soberana y disponen el diseño estratégico de la sociedad. El control del territorio se materializa en reducción de autonomía al servicio de la mayor concentración y transnacionalización. Es un sistema de saqueo e inequidad que no contempla el bien común o la felicidad de los pueblos, que destruye vida, naturaleza y autonomía y genera mas hambre y exclusión. El negocio globalizado de alimentos agota recursos no renovables por cuenta y necesidad de un modelo depredador que necesita el control de toda la cadena para ejercer hegemonía y asegurar la rentabilidad. Ante la demostración, cada vez más inquietante, del impacto ambiental sobre el suelo, flora y fauna de los agrotóxicos, ligados indisolublemente al paquete tecnológico transgénico, se agregan los efectos indeseados sobre la salud de la población, y más recientemente, las limitaciones de la seguridad biológica implícitas en el propio procedimiento tecnológico. Asoma una sombra aun más ominosa: el potencial agravamiento de la situación en los países productores con la llegada al mercado de las nuevas semillas, donde se «apilan» modificaciones genéticas que suman nuevos tipos de herbicidas para compensar el progresivo fracaso de los transgénicos por resistencia de las malezas y descenso del rendimiento por agotamiento de los suelos entre otros. Estas tensiones modelan un mercado internacional cuyos rumbos futuros son inciertos, pero al mismo tiempo reclaman un urgente y postergado debate sobre la autonomía en los países periféricos. El pueblo originario Maya asentado en la península de Yucatán pertenece a una cultura de sabidurías, valores y principios milenarios, que contribuye a un proceso de construcción comunitaria ofreciendo un legado histórico que la humanidad conoce. Desde la concepción del mundo Maya el mundo material es uno de los componentes de la madre naturaleza y para que se convierta en la plenitud o la vida es necesario que se complemente con el mundo de lo espiritual. Es decir que la vida para el mundo Maya es una construcción permanente en interrelación entre todos los elementos vitales, la comunidad humana y la comunidad natural. Por lo tanto la naturaleza desde la concepción Maya es un sujeto actuante y no un objeto como lo considera el mundo occidental. Desde esta lógica tierra y territorio constituyen un espacio vital de la Madre Naturaleza con derechos, al igual que los seres humanos. La tierra y territorio para el pueblo Maya es la madre generadora de vida de todas las existencias. En esta cosmovisión la tierra no se vende ni se compra. Tierra y territorios son la base fundamental de la identidad de los pueblos originarios donde se construye y se reconstruye la vida y el sentido comunitario; es el espacio donde se articula lo espiritual y lo material, donde se cultivan de los valores. La tierra es la casa común donde caben todos y todas, donde se comparte y se alimenta la memoria histórica de los pueblos, tejiendo en armonía el presente con el pasado para transformar el futuro. Recomendaciones - Recuperamos de los casos expuestos el camino de la reconstrucción de los tejidos comunitarios, de los vínculos basados en los valores de solidaridad, respeto mutuo, complementariedad y autonomía; como esenciales para poder sostener las resistencias y avanzar en los procesos propios de autonomía de las comunidades. - En acuerdo con la cosmovisión del pueblo maya, los territorios no tienen precio y son patrimonio colectivo de los pueblos que no deben ser introducidos en las leyes de mercado ni en los mecanismos convencionales de las regulaciones nacionales o internacionales. Por ello el dinero, las compensaciones materiales o el reparto de beneficios que signifique la entrega de los territorios y la concreción definitiva del despojo deben ser rechazados. - En todos los casos resulta un reclamo indeclinable y urgente la restitución de la totalidad de las tierras despojadas y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades. - La justicia para todos los atropellos cometidos también resulta otra de las demandas fundamentales de las comunidades que deben ser atendidas y puestas en marcha sin dilación. - Condenamos y rechazamos los intentos de introducir el maíz transgénico en México condenándolo a su contaminación en su centro de origen, a la pérdida de diversidad y atentando contra los pueblos que se han reconocido a si mismos como hijos del maíz. - Consideramos imprescindible no dilatar la prohibición de los cultivos transgénicos y la declaración de la Península de Yucatán, junto a todo México, como Libre de Transgénicos; propuesta que ya está en la agenda de lucha de las comunidades apícolas mayas. - Condenamos las políticas públicas del Estado mexicano que se ponen al servicio de los capitales especulativos para consumar los despojos territoriales traicionando el mandato de los pueblos a los que deberían servir. - Hacemos nuestras las palabras de la Demanda General de esta Preaudiencia DENUNCIANDO que las políticas del estado mexicano, en la Península de Yucatán, están diseñadas para acabar con el pueblo maya, así como para acabar con todos los pueblos indígenas del país y latinoamérica y DENUNCIANDO el genocidio que está ocurriendo en tierras mayas, como continuidad del sistemático genocidio que ya lleva 521 años. Por este motivo solicitamos que el jurado de la Audiencia de Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía condene al Estado mexicano y le exija que se respete y se creen las condiciones jurídicas y efectivas, para la reconstitución del pueblo maya y los derechos para la autonomía y la autodeterminación. “Buscamos el amanecer de nuestros pueblos” Ernestina López Bac Sara López, Sylvia Marcos Gloria Muñoz Andrés Carrasco Raúl Lugo Luis Macas Carlos Vicente Fuente: Red en defensa del Maiz