El negocio de los cultivos transgénicos en América Latina Download PDF Herramientas para este documento

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Autor(a): Biodiversidad
Fecha: 16 enero 2004
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Biodiversidad | 16 enero 2004 | Biodiversidad - Ene 2004

Latina

Por Biodiversidad

En el último año, en el marco de crecientes evidencias de los riesgos derivados de los impactos negativos de los cultivos y los alimentos transgénicos (Ho y Ching, 2003; Bravo, 2002), la presión de las corporaciones transnacionales -en connivencia con los organismos multilaterales, las agencias de cooperación y las fundaciones privadas- para su adopción en la producción y el consumo, ha sido creciente. Basta para ello mirar lo que ha pasado en el escenario latinoamericano.

La necesidad de la realización de esta mercancía la tecnología transgénica en la agricultura y alimentos, no escapa a la lógica del sistema, la necesidad compulsiva del incremento de la tasa de ganancia empresarial, bajo las leyes de la competencia y la concentración del capital. Para lograr ese objetivo principal, el incremento de ganancias privadas corporativas, todas las formas y vías son utilizadas. Los aparatos científicos fundamentan que todo está bajo control, que los riesgos son parte de los costos del avance del conocimiento humano y quienes se oponen están en contra de la ciencia y el progreso (Beck, 1998). Los medios masivos de comunicación, actúan como verdaderos departamentos de ideología de las clases dominantes internacionales y nacionales, para la defensa de esos intereses corporativos. Paralelamente se impulsa el andamiaje legal internacional y nacional que garantiza que nadie podrá oponerse ni resistirse, y si lo hace será "ilegal", porque el uso de esta tecnología, los derechos de propiedad de la misma y hasta la socialización de los impactos, han sido "democráticamente" decididos: leyes y políticas de bioseguridad, de propiedad intelectual, de semillas y de privatización irrestricta de recursos naturales. Para la imposición de esta tecnología también se utilizan estrategias complementarias, pero no por ello de menor importancia, entre ellas contrabando y distribución de cuotas de poder y sobornos de todo tipo a gobiernos y funcionarios tanto en los países centrales como en los más vulnerables estados latinoamericanos. Por último, pero siempre presente, el uso de los aparatos represivos para hacer cumplir con las leyes que garanticen el uso y las ganancias derivadas de las tecnologías transgénicas. Todas estas vías cobran, en la actual coyuntura latinoamericana centralidad, con la fuerza y crudeza del más desembozado ejercicio del poder de las corporaciones, encarnadas en forma principal por la empresa Monsanto.

El mercado mundial agrícola es el espejo de las luchas intestinas de estas corporaciones propietarias de las biotecnologías, en torno a quienes controlan mayores espacios del mercado global del sector. Las actuales políticas liberalizadoras, centradas en incrementar las exportaciones agropecuarias, están al servicio de la ampliación de los espacios de control de estos monopolios comerciales. Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) favoreciendo ambos el poder monopólico de las agroempresas multinacionales en la dura competencia por los mercados de terceros países, han recurrido a la retórica del libre comercio y establecido un sistema de institucionalización del dumping. Los subsidios en la UE y EEUU, que representan actualmente un 40% y un 25% del valor de la producción, respectivamente, han profundizado la dependencia de las agriculturas de los países centrales a las exportaciones masivas de commodities, entre ellos los productos derivados de los cultivos transgénicos. Perpetuando así, basados en el apoyo a las grandes empresas agrícolas, el espiral de baja de precios de los productos agropecuarios más importantes por debajo de sus reales costos de producción (Bello, 2003; Vía Campesina, 2003).

Los cultivos transgénicos más importantes a escala mundial, maíz y soja, tanto por superficie que ocupan como por los volúmenes de producción, han sido producto de, e integran en forma privilegiada, este modelo de agricultura de commodities, sólo apta para la competencia entre grandes empresas agrícolas que mantienen sus márgenes de ganancia con base en sus economías de escala tanto en las economías centrales como en los países del sur. Favoreciendo además el dominio y control de las corporaciones financieras y agroindustriales transnacionales de los núcleos de poder en las cadenas agroindustriales de las semillas, los agroquímicos y la comercialización. "Quien controla la semilla controla todo el proceso alimentario. Hoy en día 10 empresas controlan 43% del mercado mundial de semillas, siendo 5 de ellas (Monsanto, Cargill, Dupont, Bunge y Bayer) responsables del 99% de las transgénicas. Solamente Monsanto, cuyo facturamiento en el 2002 fue de 4,8 billones de dólares, produjo el 95% de las semillas modificadas del mundo" (Mooney, 2003).

Todo lo anterior tiene ejemplos en las sociedades latinoamericanas, a las cuales se pretende convertir en mercado y "laboratorio" de la experiencia agrícola más grande a campo de una tecnología incierta, riesgosa e impuesta: los cultivos y alimentos transgénicos. De esta forma, expolian, saquean y destruyen aún más la pequeña agricultura familiar, campesina e indígena que ha preservado la biodiversidad y ha tenido el rol de abastecer de alimentos básicos los mercados locales, regionales y nacionales.

Como continuación de la información y análisis que hemos ido brindando a través de los últimos números de Biodiversidad, en particular el artículo presentado en el número 36 (1), retomamos en este artículo los procesos que recientemente se han desarrollado en México, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Abordamos tanto los impactos negativos que está teniendo esta tecnología, así como también rescatamos la resistencia y lucha de los pueblos a favor de su soberanía alimentaria y derecho a decidir frente a esta tecnología.

(1) Respuestas de la sociedad civil de América Latina a los cultivos transgénicos, por Biodiversidad.

 

México después del TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EEUU, Canadá y México tenía como uno de los principales objetivos la ampliación del mercado del maíz subsidiado norteamericano (Nadal, 2000).

En México al igual que en Brasil, se aplicó la política de hechos consumados sobre la "legalidad existente". La contaminación del maíz nativo con transgenes patentados comercialmente por las corporaciones agrobiotecnológicas es el resultado de la siembra de maíz transgénico importado de EEUU. Contaminación transgénica del maíz nativo que ocurrió aun cuando desde 1999 México, por ser centro de origen, diversidad y domesticación del maíz y por tener presencia endémica de sus parientes silvestres, mantenía una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico. No le puede salvar la inocencia a ninguno: gobierno mexicano, gobierno norteamericano, y menos a las empresas biotecnológicas. ¿Acaso podía esperarse que importando maíz transgénico norteamericano para consumo esto no iba a suceder? Además, también "frontera permeable" como la brasileña, también en México "la mano invisible" de las empresas no es descartable. La posible contaminación transgenica del maíz en México fue ampliamente advertida y denunciada por diversas organizaciones integrantes de la sociedad civil mexicana, mucho antes de que se publicasen los primeros estudios que constataron el hecho.

No sólo el gobierno mexicano no ha dado ninguna respuesta seria a la contaminación transgénica del maíz nativo, sino que además, atendiendo a las presiones de industria agrobiotecnológica anunció el pasado 4 de noviembre, a través de la Comisión Intersectorial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibogem), que levantaría la moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico (Ceccam, 2003). Además, para completar la entrega de la soberanía alimentaria se agregan dos hechos. Aparece la iniciativa de ley de Bioseguridad, propuesta de ley favorable a los intereses de la industria biotecnológica, que al diluir el principio de precaución debilitará la protección a los cultivos nativos convencionales y orgánicos. Iniciativa que tiene ya la aprobación por la cámara de Senadores y que busca ser aprobada en la cámara de diputados (Nadal, 2003). Y por otro lado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura (Segarpa), acaba de firmar un acuerdo con EEUU y Canadá que permite librar a estos países, y a las empresas, de responsabilidades por posibles contaminaciones transgénicas. Dicho acuerdo va en contra del Protocolo de Bioseguridad que entró en vigencia el 11 de setiembre del 2003 del cual Canadá y EE.UU. no son firmantes. Demasiadas coincidencias. El acuerdo establece, por ejemplo, que un cargamento no será considerado transgénico si contiene hasta un 5% de estos materiales; además, incluye un apartado que libera de culpas ante la presencia de transgénicos en los cargamentos, si esto no fue intencional (Ribeiro, 2003). Todo parece indicar que esto es un paraguas para lo que podría ser una ofensiva de los diversos movimientos sociales y organizaciones campesinas para impulsar los juicios por contaminación a las corporaciones y funcionarios de los gobiernos genuflexos.

El movimiento mexicano en defensa del maíz logró en el mes de noviembre una protesta internacional masiva con el apoyo de más de 300 organizaciones de 56 países del mundo, quienes firmaron una carta abierta a las autoridades mexicanas y organismos internacionales exigiendo que se tomen acciones para detener la contaminación transgénica de centro del origen del maíz, y demandando además que los organismos internacionales con responsabilidades directas sobre el tema asuman su responsabilidad para hacer cumplir el principio precautorio.

Carta al Gobierno Mexicano y a la comunidad internacional

Estoy profundamente preocupado por la contaminación en México de maíz campesino con ADN de maíz manipulado genéticamente. Ni los gobiernos ni las instituciones internacionales han tomado acciones para detener la contaminación transgénica y proteger las formas de vida de los indígenas y campesinos. La contaminación significa riesgos potenciales al medio ambiente, la salud y las formas de vida de los campesinos. Es un tema que nos concierne a todos, porque México es el reservorio de la diversidad genética del maíz, de la cual todos dependemos.

Apoyo las demandas de los organizaciones campesinas, indígenas y civiles de México, y me uno al exhorto al Gobierno Mexicano y al H. Congreso de la Unión de México a:

  • Mantener la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México;
  • Detener inmediatamente las importaciones de maíz transgénico o no segregado, probablemente la fuente principal de la contaminación;
  • Descartar la defectuosa iniciativa de Ley sobre Bioseguridad actualmente en discusión en la Cámara de Diputados;
  • Realizar estudios sobre la extensión de la contaminación transgénica en México; y
  • Presentar el tema de la contaminación en centros de origen en la Primera Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (MOP 1).

Exhorto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), al Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), al Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y al Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad a:

  • Incorporar estos temas en su agenda inmediatamente y emprender acciones que aseguren la aplica ción del Principio de Precaución para prevenir mayor contaminación transgénica;
  • Llamar a una moratoria inmediata a la liberación de organismos genéticamente modificados, semillas o granos para procesamiento en alimentos o piensos, en los países y regiones que forman parte de los centros de origen y/o diversidad de los cultivos;
  • Declarar que no se permitirá ningún reclamo de infracción de propiedad intelectual contra las víctimas de la contaminación transgénica, y que se hará responsables a las compañías por la contaminación;
  • La FAO y el CGIAR deben adoptar una estrategia y procedimientos específicos para asegurar que las accesiones en los bancos genéticos están protegidas de la contaminación. Se debe mantener la integridad de las variedades campesinas, con tolerancia cero para la contaminación;
  • Se debe revisar el Acuerdo de Fideicomiso de la FAO-CGIAR para asegurar la integridad del germo- plasma bajo su resguardo y que no existan reclamos de propiedad intelectual sobre este germoplasma ni ninguno de sus componentes.

Atentamente,

Para enviar la carta, o por mayor información, contactarse con:

Centro de estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), Vito Alessio Robles Nº 76-7, Col. Florida San Angel, C.P. 01030, México D.F. Tel (52) (55) 56-61-19-25 www.ceccam.org.mx


Argentina después de la soja

En la zafra 2002/03 se sembraron en Argentina más de 12 millones de hectáreas con sojas transgénicas RR resistentes al herbicida glifosato (se estima que menos del 5% es soja convencional); se produjeron 35 millones de toneladas de grano lo que representa la mitad del volumen total de producción del país con un valor aproximado de 7 mil millones de dólares (Lapolla, 2003). En la zafra 2003/04 el área sembrada de es de casi 14 millones de hectáreas.

En Argentina la liberación de maíces genéticamente modificados para el cultivo ha sido más restringida que la soja. Uno de los factores explicativos es la determinación ministerial de 1999 de liberar sólo eventos que hayan sido aprobados por la UE y presenten ventajas agronómicas. Las estimaciones actuales pronostican para la zafra 2003/04 unos dos millones de hectáreas de maíz (Boy, 2003). Se estima que en la zafra 2002/03 unas 800 mil hectáreas (35% a 40% del total) fueron plantadas con maíces transgénicos Bt resistentes al barrenador del tallo Diatraea sacharalis (De León, 2003).

El país, otrora granero del mundo, exportador de trigo, maíz y carne para el consumo humano, a partir de la soja transgénica ha pasado a ser un país productor y exportador de aceite y forraje para la producción cárnica en Europa y Asia (Pengue, 2001).

Desde fines de la década del 70, con la instauración de las políticas neoliberales en la agricultura, profundizadas desde la década del 90 y agudizadas desde 1996 con el crecimiento exponencial del área de monocultivo con soja transgénica se han producido importantes impactos estructurales en la agricultura Argentina. Entre 1991 y 2001 esta estrategia de desarrollo rural excluyente _en la cual la soja RR para el mercado externo ha sido el factor fundamental_ ha provocado en Argentina la desaparición 150 mil productores familiares, una mayor concentración de la tierra (6 mil empresas poseen cerca del 50% de la tierra productiva) y su control por capitales extranjeros (16 millones de hectáreas) (Laplace, 2003).

Como estrategia empresarial monopólica, la multinacional Monsanto y el distribuidor de sus se millas, la empresa Nidera, permitieron a los empresarios la libre reproducción de semillas de soja transgénica de un año para otro no cobrando royalties y de esta forma favorecieron la competencia al equiparar el precio al de la semilla convencional (Morales, 2002). Una vez adoptada en forma generalizada la soja RR, desaparecida del mercado la semilla de soja convencional, Nidera Semillas hace valer sus dobles derechos de propiedad intelectual: los derechos de obtentor y la Ley de Patentes. De esta forma las semillas que el empresario sojero le compra a Nidera siguen siendo de su propiedad; si el empresario quiere volver a utilizar semillas que el mismo produjo, puede hacerlo siempre y cuando le pague a la empresa por concepto de "regalía extendida" (Vicente, 2003).

El monocultivo de soja transgénica, junto a la siembra directa y uso de glifosato está teniendo profundos impactos negativos en la Región Pampeana, una de las regiones potencialmente más agroprodutivas del mundo. Durante varios años fueron muy pocas las voces, como el Grupo de Reflexión Rural, que advertían sobre los riesgos de este modelo agrícola. Hoy, ante los graves problemas que comienzan a evidenciarse, algunos técnicos y medios de comunicación, tímidamente comienzan a cuestionar esta tecnología. Más claras quizás han sido las voces que se han opuesto a que se distribuya soja RR a los comedores populares.

 

Brasil: "o mais grande..." (y codiciado)

Desde fines de la década de los 90, Monsanto a través de sus empresas comercializadoras, su vinculación con los grandes empresarios agrícolas y con la complicidad de las autoridades argentinas promovió la introducción de semillas de soja transgénica de contrabando en el mercado semillerista del sur de Brasil, donde su cultivo estaba prohibido. Indudablemente el copamiento del mercado de semillas brasileño era desde un principio un objetivo de primer orden. Luego de dominado el mercado de semillas de Argentina, por la vía de los hechos consumados invade el mercado potencial más grande de América del Sur. Datos de consultoras internacionales estiman que para la zafra 2003/04 la soja brasileña _con casi 21 millones de hectáreas_ ocupará el 36% de las ventas mundiales del grano, estimándose el descenso de Estados Unidos del 52% del año pasado al 40%.

A pesar de haberse declarado contrario a una liberación sin criterios de precaución durante la campaña electoral, cediendo a las presiones empresariales, una de las primeras acciones del gobierno de Lula fue la autorización a comercializar la soja transgénica plantada ilegalmente en Río Grande del Sur en la zafra 2002/03 (MST, 2003). La medida provisoria, transformada posteriormente en Ley Federal, autoriza la venta de esa zafra dentro y fuera del país. Existían, como señalan varias organizaciones sociales, otros caminos para responder a la situación de hecho planteada; principalmente el criterio político debería haber sido que pagasen los costos del contrabando ilegal las empresas dueñas de la tecnología y los organismos que habiendo tenido que controlar no lo hicieron, y no toda la sociedad brasileña. La ley abre ahora un camino más fácil, al sentar un precedente, para que una postura de mayor apertura a esta tecnología en la agricultura sea impulsada desde los sectores empresariales nacionales y extranjeros que tienen intereses económicos vinculados a este sector de la industria. La medida además pasó por encima de una decisión judicial del Tribunal Federal que prohíbe la comercialización de OGMs. Por un lado el gobierno contrarió esa decisión con una medida provisoria y posterior ley, y por otro cumplió la exigencia de varias organizaciones sociales en cuanto al etiquetado, con el decreto de abril de 2003, que obliga a los productos con más del 1% de ingredientes transgénicos a presentar esa información en el embalaje (Silva, 2003).

Preparándose para la nueva situación, en junio la empresa Monsanto divulgó la noticia que cobrará royalties a las empresas exportadoras que comercialicen soja transgénica.

A partir de julio de este año las empresas que exporten soja transgénica brasileña deberán obtener una licencia de la empresa Monsanto reconociendo sus derechos de propiedad intelectual. El esquema es válido para las exportaciones de Brasil a países donde la tecnología RR está patentada: EEUU, Canadá, Japón y la UE (Milanes, 2003).

Desde el mes de diciembre, en Brasil Monsanto ha iniciado una fuerte ofensiva publicitaria por televisión y radio dirigida principalmente a las amas de casa, alegando las "bondades" de la soja transgénica frente a la soja convencional derivadas de su producción con menos agrotóxicos. El Foro Nacional de entidades Civiles en Defensa del consumidor, entidad que congrega a 21organizaciones de 14 estados de brasileños y otras organizaciones están denunciando esta agresiva y mentirosa campaña publicitaria (Adital, 2003).

La existencia en Brasil, principalmente en el sur, de un fuerte movimiento social, con larga historia de lucha en contra de estos cultivos, que abarca al MST, junto a Vía Campesina, Contag, Fetraf y diversas y numerosas organizaciones no gubernamentales ambientalistas, de derechos humanos y de consumidores junto a las pastorales sociales son una garantía para la larga batalla. La capacidad de propuestas alternativas que hoy esta levantando el movimiento social en el campo y las ciudades en torno a la soberanía alimentaria, la conservación de las semillas locales y la producción agroecológica y el desarrollo de mercados locales es de gran importancia para enfrentar este malón transnacional transgénico conjutamente con sus aliados empresariales locales (MST, 2003).

Un último "detalle": Aunque los grandes empresarios brasileños sojeros afirman que el uso de soja transgénica disminuye los costos por la reducción de mano de obra y el número de aplicaciones de herbicida, la realidad está demostrando lo que era previsible: en áreas con mayor tiempo de cultivo de soja transgénica ha surgido una hierba resistente al glifosato llamada "corda de viola" obligando al aumento de la dosis y número de aplicaciones del herbicida e incrementando, consecuentemente, los costos de producción.

 

Colombia y Uruguay: las dos caras de la justicia

Mientras en Colombia un fallo judicial hizo lugar a una Acción Popular contra el Ministerio de Ambiente y la empresa Monsanto, en Uruguay la justicia falló a favor del ingreso al país del maíz insecticida Mon 810 Bt de la empresa Monsanto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Colombia, falló días atrás la primera Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Monsanto, por no tramitarse una Licencia Ambiental para la introducción al país del biopesticida algodón Bt. La sentencia ordena proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salud pública, la libertad de consumo, a la participación de la comunidad en las decisiones que la afectan y a la moralidad administrativa. Al mismo tiempo ordena suspender la autorización dada para la importación y siembra del algodón transgénico en Colombia y también ordena al Ministerio de Ambiente, exigir a la Sociedad Monsanto Colombiana el trámite de licencia ambiental previa a la importación y siembra de la semilla de algodón Bt. Adicionalmente, envió el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que se realicen las investigaciones disciplinarias sobre los procedimientos administrativos utilizados en la aprobación de la siembra del algodón Bt en el país.

Esta reciente sentencia es de trascendental importancia, puesto que por primera vez una instancia judicial se pronuncia sobre la introducción de cultivos transgénicos en Colombia, creando jurisprudencia sobre este polémico tema.

En Uruguay mientras tanto, la justicia denegó la recusación presentada por la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) en nombre del movimiento "Defender el Uruguay Natural", al primer fallo judicial que desestimaba la acción de amparo presentada contra el decreto del Poder Ejecutivo que habilita el ingreso al país del maíz insecticida Bt de la empresa Monsanto.

Sorprendentemente o quizás no tanto en el mismo momento, en el mismo instante, en el mismo minuto que se daba a conocer el fallo por parte del ministerio de justicia a APODU se firmaba en las dependencias del Ministerio de Agricultura, la admisión para el ingreso de los camiones con maíz transgénico de Argentina. ¡Qué celeridad de la justicia!

Es grande la experiencia acumulada en este año de intensa movilización contra el maíz Bt. Además de estar en su contra más de 30 organizaciones, inclusive organizaciones representantes del sector ganadero entre ellas, existe un informe técnico desfavorable por parte de la Facultad de Agronomía, y la interpelación al ministro de Ganadería sobre los fundamentos del decreto de admisión al cultivo de maíz transgénico, evento Mon 810, terminó, luego de una larga discusión en la cámara de diputados, con una votación empatada. Todo esto alienta a la búsqueda de nuevos caminos para la lucha a llevarse adelante este año.

En Uruguay se cultiva soja transgénica ilegalmente desde 1996, y legalmente, desde 1997. Al igual que en Brasil, en un inicio se contrabandeó semilla de soja transgénica desde Argentina. En la zafra 2002/03 se plantaron 79 mil hectáreas (Améndola, 2003); las actuales estimaciones del Ministerio de Ganadería prevén gran incremento del área, que se ubicaría en torno a las 260 mil hectáreas debido al "boom" que incluye arrendamiento y compra de campos por parte grandes empresarios argentinos. De esta forma, desde la Patagonia al Amazonas se está extendiendo el imperio de las corporaciones sojeras y transgénicas con el sello Monsanto.

 

Lo que vendrá

¿Qué es de esperarse durante los próximos meses en el escenario latinamericano sobre las estrategias corporativas transgénicas? Una mayor ofensiva por todos los medios: los acuerdos bilaterales; los acuerdos multilaterales que aunque maltrechos coyunturalmente, están vivos; la ofensiva sobre el tema que se impulsará en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP7) a realizarse en Kuala Lumpur en febrero de 2004; y emprendimientos menores como la realización del Congreso de la Industria Biotecnología a realizarse dentro de pocos meses en Chile.

A todo esto tendrán que responder los movimientos sociales y organizaciones latinoamericanas, en su estrategia de alianzas continentales y globales con los pueblos indígenas, los campesinos y productores familiares, rescatando saberes y experiencias y difundiéndolas para fortalecer la capacidad de propuestas desde el campo popular desde lo rural a lo urbano, por soberanía alimentaría y el derecho también soberano de los pueblos a decidir presente y futuro l

 

Referencias

Acción por la Biodiversidad. 2003. Sección noticias en www.biodiversidadla.org

Adital, 2003. "Entidades de defensa do consumidor se pronunciam contra Monsanto". Agencia de Informaçâo Frei Tito para a América Latina. www.adital.org.br

Améndola, C. 2003. Estrategias de las corporaciones y políticas nacionales asociadas en la agricultura y mercado alimentario en América Latina. Estudio Nacional- Uruguay. Convenio Dpto. Ciencias sociales de la Facultad de Agronomía, UDELAR y Redes Amigos de la tierra Uruguay.

Beck, U. 1998. La sociedad del riesgo. Hacía una nueva modernidad. Ed. Paidos Ibérica, Buenos Aires.

Bello, W. 2003. El acuerdo sobre agricultura: la institucionalización del dumping en el mercado mundial. Focus on the global South. En: "Los nuevos conquistadores: de cómo la OMC y la agroindustria nos roban soberanía alimentaria". Redes, Amigos de la Tierra.

Bravo, E. 2002. Impacto ambiental de las tecnologías agrícolas. El caso del maíz transgénico. Acción Ecológica. Quito, Ecuador.

Boy, A. 2003. El Maíz en Argentina. En imprenta.

Ceccam, 2003. En defensa del maíz II. Convocatoria al Foro, 5 de diciembre. Centro de estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Ciudad de México.

De Léon, l. 2003. UITAA- Regional, com. pers.

Ho, M-W., Ching, L-L. 2003. En defensa de un mundo sustentable sin transgéncios. Grupo de Ciencia Independiente. Publicado por el Instituto de Ciencia y Sociedad y Red del Tercer Mundo, Londres. Trad. Raquel Núñez, pp 1-47.

Lapolla, A. 2003. Soja transgénica:¿Gran negocio o política de dominación? De "La Tierrasinmal". www.eco21.com.ar

Mooney, P. 2003. Declaraciones a la Revista Caros Amigos, noviembre de 2003.

 

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