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Autor(a): Biodiversidad
Fecha: 13 agosto 2015
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Biodiversidad | 13 agosto 2015 | Biodiversidad 85 / 2015-3


Documento Constitutivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

19 junio, 2015

En homenaje póstumo al doctor Andrés Carrasco (1946-2014)

Presidente Honorario Permanente

Vivimos una crisis civilizatoria global sin precedentes en todas las esferas de las actividades humanas a la que nos ha llevado el capitalismo y modelos similares que fragmentan al ser humano de la naturaleza. Sus principales manifestaciones son una inequidad socioeconómica que no cesa de profundizarse, el creciente ejercicio del poder mediante la violencia, el avasallamiento de la diversidad biológica y cultural, y un sinnúmero de desajustes ambientales. En América Latina, la expansión del extractivismo y el agronegocio han abonado esta crisis sometiendo a nuestros territorios y sus habitantes a un incesante despojo y extinción.

Desde el discurso dominante, se la asignan a las soluciones científico-tecnológicas un rol cada vez más preponderante en la resolución de las crisis, desplazando la discusión ético-política de fondo.

Sin embargo, la generación y uso del conocimiento científico tecnológico están cada vez más comprometidos con dar respuesta a las demandas de las corporaciones que impulsan el modelo que nos ha llevado a esta crisis y cada vez menos al servicio de los pueblos. La creciente tendencia a la privatización del conocimiento en desmedro de su uso público va en consonancia con una ciencia cada vez más funcional a los intereses del corporativismo capitalista (o gran capital), tendencia reflejada en el estímulo al patentamiento del conocimiento a nivel académico y en la creciente tendencia a la privatización de entidades públicas de investigación y educación superior.

Son las comunidades locales, los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas, los recolectores y recolectoras, los habitantes de las periferias de las ciudades, quienes se están enfrentando a la destrucción de sus sistemas de vida, a la ruptura de sus redes comunitarias y al acaparamiento de sus territorios, siendo ellos, al mismo tiempo, quienes con sus luchas, sus saberes ancestrales, sus ejemplos convivenciales y su concepción del buen vivir y su organización, quienes siembran semillas emancipadoras para reconstruir los paradigmas necesarios para enfrentar estas crisis.

Frente a este panorama los abajo firmantes (investigadores, profesores y estudiantes, dedicados a labores de investigación y enseñanza superior), hemos decidido conformar la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) con el objeto de:

1. Propiciar una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos.

2. Promover la discusión sobre el papel y responsabilidad de los estudiantes, científicos y académicos en el desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones.

3. Generar conocimientos con base en la investigación contextualizada, con el auxilio de nuestras disciplinas, en un espacio epidisciplinario de debate, orientado a apoyar, acompañar y fortalecer los procesos sociales y las luchas en defensa de las comunidades y la naturaleza.

El conocimiento científico y tecnológico, en particular aquel desarrollado en un contexto reduccionista, sin el debido control social, ha contribuido a crear problemas ambientales y de salud, con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles o, si tienen solución, ésta suele ser difícil y costosa.

En forma creciente, la ciencia y la tecnología son puestas al servicio de la acumulación del capital y del ejercicio ilegítimo del poder, incluyendo el desarrollo de tecnologías con inmensa capacidad destructiva.

Es necesario que las sociedades de los países de nuestra región puedan decidir sobre las políticas de ciencia y tecnología. En estas decisiones deben participar no sólo los científicos de diversos campos del saber, sino las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes legítimos de los diferentes grupos sociales.

Resulta imperativo aplicar los principios de precaución y de prevención. Empero, en vez de respetar estos principios éticos, con frecuencia los intereses políticos o económicos conducen a la explotación prematura de tecnologías cuya seguridad e inocuidad no están garantizadas o son probadamente dañinas.

Uno de los ejemplos más dramáticos es el desarrollo de cultivos transgénicos que claramente describió Andrés Carrasco en su último documento público conocido después de su desaparición física: “La transgénesis altera directa o indirectamente el estado funcional de todo el genoma como lo demuestra la labilidad de la respuesta fenotípica de un mismo genotipo frente al medio ambiente. En la ignorancia de la complejidad biológica (hoy hablamos de desarrollo embrionario, evolución y ecología como un sistema inseparable) se percibe la presencia de un insumo esencial: la dimensión ontológica del gen. No reconsiderar este concepto clásico del gen como unidad fundamental del genoma rígido concebido como un ‘mecano’, una máquina predecible a partir de la secuencia (clasificación) de los genes y sus productos que pueden ser manipulados sin consecuencias, expresa el fracaso y la crisis teórica del pensamiento reduccionista de 200 años”.[i]

Ante estos y otros problemas similares, manifestamos nuestra convicción de que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y la naturaleza, privilegiando los principios de sustentabilidad, equidad, democracia participativa, justicia socio-ambiental y diversidad cultural. Asumimos la necesidad de replantearnos los mecanismos de generación de conocimientos de los modelos científicos vigentes buscando nuevos paradigmas que contemplen la complejidad, la diversidad y la incertidumbre, a la vez que el beneficio para las grandes mayorías.

Finalmente, la investigación científica y tecnológica puede y debe ser conducida sobre un pluralismo de estrategias, rechazando las que se encuadran en un abordaje descontextualizado, y acudiendo a las que permiten investigaciones que integran y articulan las dimensiones ecológicas, sociales y culturales de los pueblos.[ii]

Por lo anterior hacemos la siguiente

Declaración

El conocimiento científico y tecnológico es siempre parte de un proceso social, atravesado por tensiones, conflictos e intereses. Nunca es absoluto y definitivo, siempre es susceptible de cambios, revisiones y está sujeto permanentemente al debate.

La realidad es compleja así como los fenómenos que subyacen en la crisis civilizatorias del mundo actual. Por ello es necesario fortalecer las instituciones e iniciativas enfocadas en el estudio de sistemas complejos desde una perspectiva holística, abriendo las ciencias a los métodos epi-disciplinarios, así como al diálogo de las ciencias con otros saberes. No debemos olvidar que la humanidad desarrolló durante miles de años un sinnúmero de saberes, prácticas y conocimientos diversos que son la base sobre la que se han edificado todos los conocimientos actuales, y que éstos son una fuente imprescindible para enfrentar los desafíos que como humanidad tenemos por delante.

En virtud de que los sistemas científico-tecnológicos son también generadores de amenazas sociales y ambientales, es imprescindible desarrollar análisis integrales y críticos de sus procesos y aplicaciones. Al respecto debe enfatizarse el imperativo ético de aplicar los principios de prevención y precaución en las situaciones y contextos pertinentes.

Debe promoverse los análisis desde la filosofía y las ciencias sociales acerca de los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad y en la naturaleza.

Debe analizarse de manera crítica las teorías y prácticas científicas para modificar las relaciones de poder en su seno. Rechazamos las ideologías que fomentan actitudes y tendencias mercantilistas, mecanicistas, reduccionistas, sexistas, racistas y elitistas, muchas de las cuales permean los lenguajes, códigos de comunicación y conceptos que subyacen en las teorías y prácticas científicas.

Es necesario generar espacios permanentes para el debate social acerca de para qué y para quién es la ciencia y la tecnología que se desea promover, y decidir colectivamente los temas y modalidades de producción científica y tecnológica que se desarrollarán en función de las necesidades sociales que se prioriza atender y el tipo de sociedad que se desea construir y valorar y dialogar apropiadamente con los conocimientos tradicionales que muchas veces son producto de prácticas milenarias.

Es imprescindible que todo proceso de generación y aplicación de tecnologías en la sociedad sea convalidado por la licencia social y ambiental correspondiente, fruto de legítimos procesos participativos que tengan como eje el respeto por las culturas, los territorios, los mecanismos de decisión y los sistemas sociales locales.

Compromisos para una Agenda Común

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina se plantea los siguientes compromisos y estrategias:

1. Analizar desde perspectivas epidisciplinares los conocimientos científicos ya existentes, recientes o en proceso de establecerse, sus aplicaciones y riesgos para la sociedad y la naturaleza en su conjunto.

2. Abrir los debates de la ciencia y la tecnología hacia un diálogo de saberes propiciando la mayor participación pública posible.

3. Apoyar, acompañar y fortalecer a los trabajadores de la educación y la salud, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y comunidades locales en sus procesos de resistencia contra el saqueo, la contaminación en sus territorios y destrucción de los ecosistemas.

4. Analizar crítica y propositivamente las políticas públicas y el papel de las corporaciones, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina, así como la forma en que se realiza, legitima y evalúa el trabajo científico y los métodos, contenidos y propósitos con que se forman los nuevos investigadores.

5. Promover la formación de nuevos científicos con conciencia de sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades críticas y autocríticas, abiertos al trabajo epidisciplinario, respetuosos de otras prácticas cognitivas y abiertos al diálogo de saberes.

6. Contribuir a la discusión y asimilación crítica de nuevos paradigmas y de valores éticos dentro de las prácticas científicas y tecnológicas.

7. Construir un acervo de estudios críticos acerca del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

8. Producir informes científicos alternativos a aquellos elaborados desde la ciencia hegemónica, especialmente cuando estos invisibilizan un problema socioambiental en el proceso de toma de decisiones, a la opinión pública y la sociedad en general.

9. Promover el diálogo con otros saberes, como las artes, las cuales nos plantean la búsqueda del conocimiento desde otras concepciones filosóficas y metodologías insustituibles para alcanzar una comprensión holística de la realidad.

a. Participar activamente en las investigaciones contextualizadas en función de las demandas y necesidades de la sociedad.

b. Promover la articulación entre diferentes grupos de científicos, académicos y movimientos sociales que comparten las preocupaciones y los compromisos anteriores en América Latina y el mundo.

En suma, nosotros, los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico, tecnológico y social nos comprometemos a contribuir a la aplicación social, creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre la naturaleza y la sociedad que la modernidad basada en la ciencia reduccionista está generando. Se trata de un compromiso ético para fomentar una práctica científica transparente y autocrítica.

Propuestas

1. Frente a los transgénicos, hacemos nuestras una vez más las palabras del doctor Andrés Carrasco: “Es una tecnología que ya no forma parte del estado del arte de la ciencia actual, porque está basada en supuestos falaces y anacrónicos que reducen y simplifican la lógica científica que los defiende, al punto de no ser ya válida. Los transgénicos han quedado al margen de la ciencia más rigurosa. Al mismo tiempo, es la razón por la cual los transgénicos incluyen la necesidad de destruir las matrices complejas, como la de los pueblos originarios. Un verdadero plan de exterminio de saberes, culturas y pueblos. La tecnología transgénica es el instrumento de la decisión geopolítica para la dominación colonial de estos tiempos”. Y su propuesta: “Por lo antedicho la activación del principio precautorio ambiental, biológico y alimentario y la no aceptación de la equivalencia sustancial, debe ser inmediata. Pero más aún, debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de sus defensores, es urgente la prohibición absoluta de todo Organismo Genéticamente Modificado en el territorio Latinoamericano”[iii].

2. Frente al uso de agrotóxicos ligado al modelo de monocultivos agrícolas extractivistas impuestos por el agronegocio, el cultivo de semillas transgénicas y la expansión de una agricultura basada en los monocultivos destinados a la agro-exportación y la agroindustria, y ante las evidencias sociales, médicas, científicas y agronómicas que demuestran los riesgos e incertidumbres que implican para la salud de los trabajadores rurales, campesinos y campesinas, habitantes de zonas rurales y consumidores, es que proponemos su prohibición total y una transición hacia un modelo de producción agroecológica.

3. En relación al extractivimo minero e hidrocarburífero, que producen impactos negativos sociales y ambientales, así como locales y globales en todas sus fases (prospección, extracción, transporte, transformación y consumo), incluyendo el desplazamiento de comunidades locales, destrucción de ecosistemas naturales, cambio climático, etcétera, planteamos avanzar hacia una sociedad post-extractivista, con una generación y distribución de energía descentralizada, limpia, sustentable, que no cree dependencias a la población.

4. Nos comprometemos también a abordar otras problemáticas socio-ambientales, como el avance de la deforestación, la erosión y la desertificación de los suelos, la sobre-pesca, la producción industrial de animales, el impacto de los monocultivos forestales, los impactos de grandes obras de infraestructura (represas hidroeléctricas, centrales nucleares, etcétera) la emergencia de nuevas tecnologías que atentan contra la sociedad y la naturaleza.

5. Teniendo en cuenta el modelo extractivista y la demanda de agua como insumo principal y como medio receptor de la contaminación derivada, proponemos generar acciones orientadas a garantizar el acceso al agua segura de manera igualitaria para todos los pueblos de América Latina, esencial para el desarrollo de una vida sana y, conjuntamente promover su declaración como un Derecho Humano.

6. Frente al avance de la resistencia microbiana, respuesta natural de los microorganismos, acelerada por el uso masivo e indiscriminado de antibióticos, cuyos efectos sobre el continuum seres humanos-naturaleza son imprevisibles, pues los microbios están en la base de los procesos biogeoquímicos del planeta, sostenemos que urge suplantar la metáfora de la guerra en la relación seres humanos-gérmenes por “una metáfora más ecológicamente fundamentada, que incluya el punto de vista de los gérmenes sobre la infección”[iv]. En este marco, nos comprometemos a investigar el fenómeno global de la resistencia bacteriana a los antibióticos desde la perspectiva dela salud socioambiental, a generar herramientas para la participación comunitaria e implementar soluciones integrales para restablecer la salud de los ecosistemas y promover equidad.

7. Reafirmamos nuestro respeto a la vida en todas sus formas, por lo que nos oponemos a su mercantilización, ya sea a través su patentamiento u otras formas de derechos de propiedad intelectual, la venta de servicios ambientales, su financiarización y otras formas similares que promueven la privatización de la naturaleza. 

Rosario, Argentina, junio de 2015

Primeras firmas

Jaime. E. García, Red Coordinación Biodiversidad, Costa Rica. Alejandro Espinosa Calderón, UCCS-México. Gerardo Segovia, La crimpo salud. Mov. Salud de los Pueblos, Argentina. Margarita Tadeo Robledo, UNAM, México. Miriam Mora, UDA, Ecuador. Arturo Quizhpe, ReAct L.A, Ecuador. Jose Orozco D., Universidad Nacional Colombia, Colombia. Hernán Sacoto, Universidad del Azuay, Ecuador. Cristina Arnulphi, Universidad en Defensa de los Bienes Comunes, Argentina. Rubens O. Nodari, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Eduardo Espinoza, Ministerio de Salud, El Salvador. Delia Aiassa, UNRC, Argentina. Armando Cassinera, Conicet, Argentina. Marcela Bobatto MSP-LA, Mov. Mundial Salud Pueblos, Argentina. Pablo Galeano, Univ. de la República, Uruguay. Luis Enrique Olarte, Foro Latinoamericano Salud Rural, Argentina. M. del Carmen Seveso, Red de Salud Carrillo, Argentina. Damián Verzeñassi, Instituto Salud Socioambiental FEM, Argentina. Elizabeth Bravo, RALLT, UPS, Ecuador. Carlos A. Vicente, GRAIN-Acción por la Biodiversidad, Argentina. Alicia Massarini, UBA/Conicet, Argentina. Adolfo Maldonado, Clínica Ambiental, Ecuador. Jorge Parra, React. Latinoamericana, Ecuador. Damián Marino, UNLP, Conicet, Argentina. Tomás M. MacLoughlin, UNLP, Argentina. Inti E. Sabanes R. UNLP, Argentina. Lucas Leonel Alonso, UNLP, Argentina. Camila Stimbraun, UNLP / Argentina. M. Lucrecia Orofino, UNLP, Argentina. Esperanza Holguin, React LA, Colombia. Santiago Vittori, UNLP,Argentina. Giovana Bonisoli, UNRC, Argentina.

 

Notas

[i] Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna – Por la prohibición de los transgénicos en Latinoamérica, Andrés Carrasco, 16-6-2014, http://www.biodiversidadla.org...

[ii] Esta es la reivindicación del pluralismo metodológico propuesto por el filósofo Hugh Lacey.

[iii] Ídem

[iv] Joshua Lederberg, Infectious history. Science Magazine: http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/p8475/readings/lederberg.pdf

[v] Declaración sobre resistencia a los antibióticos. Ginebra, 2014. 15 pp., http://uccsnal.org/?p=18

 

Tribunales de arbitraje: el TTIP y la privatización de la justicia

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

De entre todos los aspectos jurídicos cuestionables que incluye el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), muchos de ellos complicados de analizar y de ser comprendidos por la opinión pública, el que ha tenido una mayor trascendencia ha sido, precisamente, el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado —conocido como ISDS, por sus siglas en inglés— que incluye la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales de arbitraje. En la América Latina de ochenta y noventa, mecanismos similares dieron lugar a decenas de demandas de las multinacionales contra Estados que querían modificar condiciones de los contratos, lo que promueve opacidad en las negociaciones y falta de legitimidad democrática, convergencia reguladora y armonización normativa a la baja, desregulación de obligaciones y re-regulación de derechos.

De hecho, cuando hace unos meses la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública sobre la inclusión de mecanismos ISDS en el TTIP y en otros tratados de “libre comercio”, el 97% de la ciudadanía europea manifestó estar en contra de este sistema de arbitraje. Y es que no parece difícil asumir que la creación de estos tribunales privados, que se sitúan por encima de los propios Estados y permiten a las empresas transnacionales denunciarlos cuando sus negocios puedan verse afectados, supone un ataque frontal a la soberanía de las personas y pueblos de Europa y les impide, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre sus propios destinos.

Lex mercatoria. La existencia de este tipo de tribunales arbitrales es uno de los elementos característicos de la lex mercatoria. Así, en el nuevo Derecho Corporativo Global, mientras las obligaciones de las empresas transnacionales se remiten a unos ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una responsabilidad social corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica (derecho blando o soft law), sus derechos se protegen mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en reglas de comercio e inversiones —los contratos firmados por las grandes corporaciones; las normas y disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los citados tribunales de arbitraje— de carácter imperativo, coercitivo y ejecutivo (derecho duro). Dicho de otro modo: para las multinacionales, la fortaleza de la lex mercatoria; para las personas y los pueblos afectados por ellas, la debilidad de la “ética empresarial” y la “responsabilidad social”.

Seguridad jurídica”. Los tribunales internacionales de arbitraje tienen una función fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Éste es el concepto dominante de “seguridad jurídica”, basado en las normas de inversiones y los acuerdos de comercio bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde la OMC, el FMI y el Banco Mundial, que tienen como único fundamento la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las grandes compañías. De esta manera, mientras se deja de lado lo que debiera ser la verdadera seguridad jurídica —la que sitúa el derecho internacional de los derechos humanos por encima de la lex mercatoria— y no existen instrumentos efectivos a nivel internacional para el control de las empresas transnacionales, los laudos de los tribunales arbitrales sí que dan lugar a mecanismos coercitivos y son “sentencias” de obligado cumplimiento, ya que sus implicaciones económicas resultan muy difíciles de sostener para los países periféricos.

Privatización de la justicia. La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. En esta justicia privatizada, son las transnacionales las que demandan a los Estados —nunca al revés— y eligen la jurisdicción, sin necesidad de agotar los recursos internos a nivel nacional. Es más, pueden ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral. Y además, como afirma Luis Rico, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, “los árbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, como árbitros. Pueden ser jueces y parte”.

Soberanía y nuestras empresas”. El hecho de que el TTIP incluya el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversionistas y los Estados representa, sin duda, una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales. Como, en el mismo sentido, lo fue para la América Latina de los años ochenta y noventa la imposición del Consenso de Washington, que llevó a la mayoría de los Estados de la región a firmar múltiples tratados comerciales y acuerdos de protección de inversiones con los países centrales, permitiendo —cuando alguno de los gobiernos latinoamericanos, obedeciendo a la voluntad popular, ha querido modificar las condiciones de los contratos— la interposición de decenas de demandas ante el CIADI por parte de las empresas transnacionales europeas y estadounidenses. En la Unión Europea estamos sufriendo ahora los mismos planes de ajuste estructural, austeridad y disciplina fiscal que se impusieron en América Latina en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Hoy con el TTIP se restringe nuestra soberanía económica en la misma medida en que la soberanía latinoamericana se vio afectada por la llegada de “nuestras empresas” hace dos décadas.

Armadura jurídica. “El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los tratados de protección y promoción de las inversiones, en tratados de libre comercio y en otros similares”. Según Alejandro Teitelbaum, abogado y experto en Derecho Internacional, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales”. Así, frente a la armadura jurídica del capitalismo, se hace necesario restablecer esta competencia de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Junto a ello, en el marco internacional, es urgente establecer una normativa vinculante que contrarreste la fuerte asimetría que existe entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto es, que anteponga los derechos de las personas y de los pueblos a los intereses privados de las grandes corporaciones.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) [email protected] 

La Marea, 26 de junio, 2015 http://www.lamarea.com/2015/06/26/tribunales-de-arbitraje-el-ttip-y-la-privatizacion-de-la-justicia/

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