Ecuador, historias del modo de operar de varias instancias gubernamentales Download PDF Document Tools

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Author: Fernanda Vallejos
Date: 25 April 2018
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Fernanda Vallejos | 25 April 2018 | Biodiversidad 96 / 2018-2


En este mosaico de historias, surge el relato de situaciones donde las comunidades estaban intentando resolver problemas y emprender proyectos para mejorar sus modos de vida, y el Estado lo impidió mediante reglas de operación que son, por decir lo menos, deshabilitadoras de los esfuerzos individuales y colectivos.

Llevan más de diez años administrando su banquito comunitario.  Algún proyecto de desarrollo les entregó un fondo no reembolsable que ellas decidieron continuar.  Ellas se pusieron las reglas y las aprobaron en asamblea. Como es difícil aportar voluntariamente dinero (ese bien escaso en las comunidades), acordaron ponerse un interés más alto —así el fondo se incrementaría. Llevan más de una década autogenerando micro-inversiones familiares: cuyes, borregos, gallinas, chanchos, frutales, chancheras, cuyeras, gallineros, lo que hiciera falta para que sus crianzas y producciones les generaran ingresos. Nadie más haría algo así por ellas, no son sujetos de crédito, no tienen títulos de propiedad, muchas ni saben leer. Cada mes en asamblea se producían los pagos y para entonces, ya estaban en lista de espera las nuevas beneficiarias. El dinero servía para lo que tenía que servir, circulaba, no cabía depósito en instituciones financieras, pues rotaba. Bastaba que la directiva administrara y alguna compañera que supiera llevar las cuentas.  Así llegaron a juntar 20 mil dólares que se movían sin parar, permitiendo que las mujeres hicieran mejoras, resolvieran situaciones críticas como gastos funerarios o escolares. Como este banco, cientos se conformaron a lo largo de las comunas andinas, todos regentados por organizaciones de mujeres. Un día, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lanzó un concurso en el que se premiaría al grupo de mujeres por el mejor banquito comunitario. Este grupo se presentó y ganó. Como premio recibieron 3 mil dólares para incrementar al fondo. Hubo fotos, abrazos con la ministra, palabras de agradecimiento. Poco más de un mes más tarde, un equipo de auditores se presentó en la casa comunal pidiendo cuentas al grupo, informándoles que la ley les obliga a tener un/a contador/a registrado y formalmente contratado (es decir con afiliación al Seguro Social); que todos los bancos comunitarios deben registrarse ante el Estado y aquellos, como el suyo, cuyo monto es más alto deben presentar balances anuales y contar con el respaldo de una entidad financiera formal; es más, no pueden cobrar ese interés pues serán acusadas del delito de usura. Si no hacen lo  que está en la ley incurren en delito.  El premio resultó muy caro.

Son las 6:30 de la mañana. Hay enorme revuelo entre las comunidades de Toacazo. El único autobús de esa hora se accidentó: hay muertos y heridos. Todos son niños y jóvenes de edad escolar que deben tomar ese único turno para llegar a la Unidad Educativa del Milenio en el centro parroquial, pues sus escuelas interculturales fueron cerradas y por ley deben asistir allá. También por ley está prohibido el transporte comunitario. La principal causa de muerte en el país son los accidentes de tránsito. Muchos involucran transportes colectivos; sin embargo, tienen licencia para circular. A las comunidades van las unidades más viejas y deterioradas. Para el Estado, las camionetas comunitarias son las peligrosas, aun cuando quienes las conducen son padres, tíos, hermanos, amigos de quienes transportan, aun cuando presentaron propuestas de adecuación de sus vehículos para mejorar las condiciones de seguridad.  El transporte comunitario es ilegal. 
 
La quinoa forma parte del policultivo de la chacra. Generación tras generación las familias andinas han sembrado quinoa junto al maíz, el fréjol, el zambo y el chocho, o junto a la papa las arvejas, la oca y el melloco. Hace casi dos décadas, gracias a los contactos y gestiones de una ONG de la región,  las comunidades encontraron mercado en el exterior para su quinoa. La querían así, orgánica y campesina. Por casi dos décadas, como hace mucho tiempo no ocurría, el producto fue el mejor pagado en el mercado, más que la papa, lo que es mucho decir. El buen precio trajo consigo una tendencia a desplazar la producción diversa por el monocultivo de quinoa en minifundio, lo que con el paso del tiempo implicó  la aparición de enfermedades, la desnutrición de los suelos en esos pequeños lotes y el consecuente descenso productivo.  A despecho de esto seguía siendo un producto “exitoso”. Tanto que los expertos lo notaron. En una reunión de presentación de su plan y metas anuales, técnicos del Ministerio de Agricultura mostraban con orgullo sus constataciones y estrategias: la baja producción de la quinoa se  debe al uso de semillas no certificadas (semillas libres),  mediante nuestros técnicos extensionistas llegaremos hasta la última chacra, de modo que en dos años no quede familia sin variedades mejoradas.
Rosario es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano; mes a mes tiene que acercarse a un banco privado a retirar su dinero. Para simplificarles el proceso, les entregan una tarjeta de débito.  Este bono le será retirado si se comprueba que no mandó a sus hijos a la escuela, si no asistió con ellos a las citas en el centro de salud y, curiosamente, si no compró comida nutritiva que debe adquirir con su tarjeta de débito en una de las cadenas nacionales de supermercados.

María es una empleada privada de clase media, sus ingresos familiares la colocan en el grupo que cumple la base imponible del Impuesto a la Renta.  Para beneficiarse de las exenciones por el rubro de alimentación, debe acopiar facturas de comida.  Desde entonces ya no compra más en el mercado, ni a la casera, ni en la tienda.  Facturas sólo tienen las cadenas de supermercados.

Romero es dirigente de un sistema de riego, su organización recauda fondos entre los usuarios para el mantenimiento de la infraestructura. La recaudación permite colocar recursos para la inversión productiva, pero la ley no se lo permite. Para el Estado los regantes no son productores, ni son financieras; si quieren serlo tienen que formalizarse conformando organizaciones para cada caso, con las complicaciones burocráticas respectivas y con la obligación de vinculación al sistema financiero formal.

Es más, para la ley no hay productores diversificados,  para cada rubro de producción debe conformarse una organización.  De este modo, un regante que produce frutillas y tomates de árbol y requiere crédito para hacerlo, debe ser socio de cuatro organizaciones. Por si fuera poco, la ley le prohíbe comercializar (como lo han hecho sus padres y él hasta ahora) en canastas de carrizo, debe empacarlas en bandejas de polietileno y láminas plásticas, lo contrario es ilegal.  El coste adicional no se incluye en el precio final.

Luz hace quesillo en su casa, como lo hacían sus padres, y lo vende cada semana en las ferias locales. Su producción no supera la docena de unidades por semana. Según la ley esto está prohibido. El reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura indica claramente el tipo de equipamiento que debe adquirir para la manipulación de lácteos, envases de acero quirúrgico o inoxidable, agua hervida, paredes con aislantes de humedad, rotulación etcétera, etcétera. El manual es una transcripción de requerimientos para la industria láctea, traído de otros lados. Luz no hace más que doce quesillos a la semana.  Sin certificación de BPM no puede vender, hacerlo es un delito. De la noche a la mañana lo que siempre fue un trabajo honrado, devino en delito.
La Junta de Regantes lleva cuarenta años gestionando su sistema con autonomía. Fueron comuneros y comuneras quienes lo construyeron a punta de mingas, lloraron la muerte de compañeros, porque traer el agua de lejos por desfiladeros y cañadas tiene sus riesgos. Jamás el Estado puso un centavo, ni asesoró, ni acompañó nada. Un día, recibieron una carta del Gobierno Provincial, exigiéndoles la presentación de balances, documentos que acrediten la contratación de un administrador, planes anuales; según rezaba la carta, esta documentación les permitiría evaluar si existe una adecuada administración del sistema, caso contrario, ellos tomarían control de la Junta pues la ley así lo permite.

Según la Ley, las semillas son patrimonio de las comunidades campesinas, pero la información genética es patrimonio del Estado. El Estado asume la tutela sobre las semillas y los saberes comunitarios que amorosamente los gestaron.

Todas estas historias nos hablan de estrategias de deshabilitación. El capitalismo, sus corporaciones y cadenas de supermercados no han sido capaces por sí solas de implementar un sistema de eficacia semejante a los del campesinado, de modo que su opción mercantil radica en torcer las reglas para impedir procesos autónomos de  producción de alimento propio y para la humanidad como hasta ahora lo hacen. Las corporaciones necesitan del saber indígena y campesino, pero sujeto y condicionado.

El Estado, coludido con las corporaciones privadas, ha desarrollado un acabadísimo sistema técnocrático-jurídico, para desarticular lo comunitario. El Estado se hace cargo de imponer un mercado por toda la capilaridad de la sociedad. Que no quede un rincón no capitalista, ni una sola comunidad en pie. Las organizaciones propusieron Buen Vivir pero los políticos decidieron Buen Consumir.

Tal vez por eso, ahora que el bienestar de obsolescencia programada se termina, hay un retorno muy fuerte de las golpeadas organizaciones nacionales, hacia sus comunidades.

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