Las plantaciones de árboles a gran escala se están extendiendo en prácticamente todos los países de la región. Estas plantaciones, ya sean para celulosa, madera, aceite, combustible u otros objetivos están implicando una serie de graves impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades locales. El tipo de plantación que es un creciente problema está caracterizado por ser un monocultivo, por su gran escala y su uniformidad: decenas o centenares de miles de hectáreas de una sola especie plantadas en bloques homogéneos de la misma edad. En nuestra región se dan fundamentalmente tres tipos de tales monocultivos: de pinos, de eucaliptos y de palma aceitera, que por sus características se pueden agrupar en dos: plantaciones madereras y aceiteras. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) Plantaciones madereras Están basadas en una sola especie (usualmente eucalipto o pino), seleccionadas por su rápido crecimiento, uniformidad y alto rendimiento de madera. Consistentes en bloques de la misma edad, requieren una preparación intensiva del suelo, fertilización, espaciamiento regular, selección genética, clonación, eliminación de plantas competidoras mediante métodos mecánicos o químicos, uso de agrotóxicos y cosecha mecanizada en rotaciones cortas. Estos monocultivos a gran escala se están promoviendo en toda América Latina, donde el rápido crecimiento de los árboles, el bajo precio de la tierra y de la mano de obra se combinan para que la madera resulte especialmente barata. A medida que los bosques, praderas y suelos agrícolas son invadidos por estas extensas plantaciones, los resultados se traducen, país tras país, en empobrecimiento, expulsión rural, degradación ambiental (suelo, agua, flora, fauna, paisaje) y creciente oposición a nivel local. Como hecho agravante adicional, se ha constatado que las plantaciones impactan desproporcionadamente la vida de las mujeres (ver más información sobre impactos en el cuadernillo adjunto). Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles. La actual expansión de los monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como “bosques” y desde entonces dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus destructivos monocultivos bajo el ropaje verde de la “plantación de bosques”. En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, fmi, bid, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo. Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación. Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual que el gran impulso a la “forestación” tuviera lugar en Chile durante la dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar de los sesenta. Nuevos mecanismos de promoción. Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la “forestación” a gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” se constituye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles. A su vez, el nuevo negocio de los agro-combustibles constituye otro aliciente para la promoción de la “forestación” a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile. La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas: el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil (Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en el uso de las palabra “floresta” o “forest” (bosque) en los propios nombres de los esquemas, incluido el término “forestación”. Es decir, que para estos esquemas de certificación las plantaciones son “bosques”. A partir de esa y otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el carácter destructivo de las mismas. Plantaciones de palma aceitera Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera —también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos. Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona. Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca. Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Es común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, como se constatado en particular en Colombia. En casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante. Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma. Explotación y contaminación industrial. A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los trabajadores (muchas veces mujeres). Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento. Los motores del avance de la palma. Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial —nacional o extranjero— que invierte en esa actividad. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte. Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector. A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos, jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de plantaciones. El necesario maquillaje verde. Las reiteradas denuncias de los graves impactos sociales y ambientales de este cultivo —y el resultante cuestionamiento de los consumidores— forzaron a la industria a iniciar un proceso denominado Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable (Roundtable on Sustainable Palm Oil-RSPO). La RSPO cuenta entre sus miembros a empresas muy conocidas, normalmente asociadas a impactos sociales y ambientales negativos, como Cargill, Unilever, Cognis, Corporación Financiera Internacional, British Petroleum, Syngenta, Bayer. El proceso de la RSPO ha sido duramente rechazado por organizaciones de todo el mundo como “otro intento más de ‘lavado verde’ de la agroindustria”, ya que no es posible que un modelo de monocultivos a gran escala, que destruye los medios de vida de las poblaciones locales —llegando incluso a su expulsión y represión— y que tiene graves impactos en aguas, suelos, flora y fauna pueda recibir un sello que certifique su “sustentabilidad”. El crecimiento de la resistencia El destructivo avance de los monocultivos de árboles ha hecho inevitable el surgimiento de procesos de resistencia. Es así que en Brasil, país que cuenta con al menos 6 millones de hectáreas plantadas (principalmente con eucaliptos) ha surgido una red llamada Alerta Contra el Desierto Verde, que agrupa a una amplia gama de organizaciones indígenas, de afrodescendientes, campesinas, de agricultores sin tierra, sindicatos, académicos, ambientalistas, etcétera. Más recientemente, en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul en particular) ha surgido un fuerte movimiento (MoGDeMA) contra el avance de los monocultivos. En el caso de Chile (con más de dos millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptos), el movimiento opositor ha tenido como principal protagonista al pueblo mapuche, gran parte de cuyo territorio fue violentamente usurpado por las empresas plantadoras. En Uruguay (con 1 millón de hectáreas plantadas) se creó una Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación. En Ecuador existe un fuerte movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes, aliado a organizaciones ambientalistas, que se opone al avance plantador, tanto de pinos y eucaliptos como de palma africana. En Colombia y Venezuela hay una larga historia de luchas, en particular contra las plantaciones madereras de la empresa Smurfit Kappa Cartón, de capitales irlandeses y holandeses. A su vez, Colombia ha sido el escenario de atroces matanzas y migraciones forzadas vinculadas a la palma aceitera y de la heroica lucha actual de comunidades locales para recuperar sus territorios. Costa Rica también cuenta con una larga tradición en materia de luchas contra los monocultivos de árboles. En otros países la oposición organizada es aún incipiente, tal como en los casos de Argentina, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de los países de Mesoamérica, pero en todos los casos ya existen organizaciones trabajando para evitar la instalación o expansión de plantaciones y coordinando actividades con los demás países de la región. Uno de los mecanismos para dicha coordinación es la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), que incluye a organizaciones de todos los países de la región.