Acaparamiento de tierras, financiamiento ilícito y delitos corporativos: una actualización

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Author: GRAIN
Date: 11 December 2018
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GRAIN | 11 December 2018 | Reports, Land

 

Foto: CBS Local Media

Actualmente, el acaparamiento de tierras es considerado un crimen contra la humanidad. Sin embargo, pocos acaparadores terminan en la cárcel. En cambio, si uno busca en el sitio especializado farmlandgrab.org  información sobre demandas legales, procedimientos judiciales, sentencias o encarcelamientos relacionados con temas agrarios, lo que se encontrará, sobre todo, son informes sobre comunidades locales acusadas de hechos punibles por defender sus propios territorios contra poderosas compañías. Pero los nexos entre el delito, la corrupción y quienes están involucrados en negocios que acaparan tierras agrícolas son reales.

En 2013, en el anexo a un informe sobre acaparamiento de tierras en el norte de Senegal que involucraba inversionistas italianos sospechosos de lavado de dinero, GRAIN publicó un resumen de otros casos a nivel mundial donde se estaban firmando grandes acuerdos sobre tierras que potencialmente tenían el fin de mover dineros ilícitos.

Recientemente hemos sabido que varios de esos casos fueron procesados judicialmente o las autoridades nacionales decidieron intervenir en sus asuntos, razón por las cual hemos decidido recopilar una pequeña actualización sobre esos eventos.  La buena noticia es que, en algunos casos, los delitos se frenaron.  La mala noticia es que se confirma aún más la tendencia general a usar los acuerdos sobre tierras de cultivo para el enriquecimiento ilícito de empresarios y políticos corruptos y que esta tendencia se repite en otros sectores agrícolas como el maderero.  Desde que realizamos la recopilación de nuestra lista en el 2013, otros numerosos casos han salido a la luz, de los que destacamos los mejor documentados más abajo.

Bárcenas: actualmente en prisión

En 2013, informamos que el ex-tesorero del partido gobernante de España —el Partido Popular— era sospechoso de lavar dinero a través de una plantación de limoneros de 3 mil hectáreas en el norte de Argentina, propiedad de una empresa llamada La Moraleja SA.

Foto: El País

Vínculos profundos

La Moraleja  tiene  pésima fama en Argentina.  Esta compañía fue creada en 1978, durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, por el secretario de Onganía y una empresa panameña llamada RedWood Finance and Investment Corp.  A su vez, a Redwood la representaba Ángel Sanchís Perales, tesorero del  Partido Popular español durante el gobierno de Manuel Fraga Iribarne y, actualmente, el hijo mayor de Sanchís es el  presidente de dicha empresa.  Durante los pasados cuarenta años, La Moraleja ha mantenido fuertes vínculos con conocidos represores, funcionarios de la dictadura argentina.  Esto se hizo evidente en febrero de 2018, cuando la empresa envió condolencias al funeral de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los generales y genocidas más importantes de Argentina.  En ese momento, el público supo que el hijo de ese general, Martín Horacio Menéndez, era el gerente general de La Moraleja.

En 2018, las cortes de justicia concluyeron que Bárcenas  efectivamente había “confeccionado” contratos ilegales y facturas falsas, y las había presentado con el fin de apropiarse de parte de los fondos del partido, buena parte del cual derivó a Suiza.  De allí, los fondos fueron transferidos a Argentina  a la Hacienda La Moraleja bajo la administración de Ángel Sanchís y su hijo, ambos socios de Bárcenas.  La hacienda produjo millones que fueron ingresados de vuelta a cuentas personales en España, a veces en la forma de “transferencias disfrazadas”  como pagos por contratos de servicios no realizados entre Bárcenas y Ángel Sanchís.

Foto: Última Hora

Los tribunales verificaron que tales transacciones tuvieron lugar.  Sanchís y su hijo fueron encontrados culpables de lavado de dinero por 3 millones de euros a través de esta figura y condenados a 1 año de prisión cada uno.  Bárcenas también fue condenado a cumplir una pena de 33 años de prisión. Como resultado de este caso, el presidente español Mariano Rajoy fue sujeto de una moción de censura el 2 de junio de 2018 y removido de su cargo.

Y mientras los tribunales españoles realizaban su investigación, Greenpeace Argentina descubrió que la tierra de cultivo de La Moraleja, alguna vez un área protegida, había sido comprada y desmontada contraviniendo las leyes forestales argentinas. De su superficie total, 3 mil hectáreas de especies de gran valor maderero fueron arrasadas y plantadas con limoneros, lo que viola la Ley para la Protección del Bosque Nativo de Argentina. La cosecha anual de limones fue a parar, en parte, a la Coca-Cola Co. para producir Sprite y, el resto, e exportó a Europa. Otras 15 mil hectáreas se destinaron al cultivo de soya transgénica. Los propietarios alegan que las autoridades locales les otorgaron la exención para reconvertir las tierras forestales, lo que convertiría en cómplices a esas autoridades; de hecho, el gobierno provincial les dio su apoyo al declarar que el proyecto de plantación de la empresa era de “interés provincial”. De momento, la hacienda ha perdido su certificación de “agricultura sustentable” y el contrato con Coca-Cola. Los dueños declararon que reforestarán las 3 mil hectáreas y destinarán 7 mil hectáreas del cultivo de soya a la producción de limones. ¿Quizás cuando salgan de la cárcel?

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Adquisiciones chinas de viñedos en Francia: fincas incautadas

Foto: Fotolia

GRAIN informó que TRACFIN, un grupo dedicado a combatir crímenes fiscales en Francia, estaba investigando los flujos de financiamiento extranjero hacia el sector vitivinícola francés, monitoreando un posible lavado de dinero sucio proveniente de Ucrania, Rusia y China a través de inversiones en tierras de cultivo. En junio de 2018, la policía francesa incautó 10 viñas propiedad del conglomerado chino Haichang, por un probable fraude tributario y falsificación. La policía cree que los viñedos fueron comprados para lavar fondos mal habidos del gobierno chino.

Haichang es un enorme conglomerado relacionado con  negocios inmobiliarios, petroleros, turismo y trasporte de carga controlado por el hombre de negocios Naijie Qu, de 56 años de edad.  En los últimos años, ha gastado 55 millones de euros en la compra de 24 viñas en Francia. La empresa intenta apelar.

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Camboya: posiblemente ante la CPI

Imagen: Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)

Es significativo que el 15 de septiembre de 2016, la Corte Penal Internacional de la Haya anunció que de ahora en adelante consideraría materia de su competencia el acaparamiento de tierras. Ello significa que los casos de acaparamiento de tierras que son sistemáticos y suficientemente serios en su impacto pueden ser  enjuiciados como “crímenes contra la humanidad”. Por ello, se presentó un comunicado en nombre de las víctimas contra el gobierno de Camboya que cubre los antecedentes señalados en 2013, pero la Corte Penal Internacional aún no decide si lo examinará o no.

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Rumania: Rabobank es acusado de trabajar con criminales

Ilustración: Gijs Kast para De Correspondent.

El banco agrícola crediticio holandés, Rabobank, creó un fondo multimillonario llamado RaboFarm para canalizar capitales hacia tierras de cultivo rumanas y conseguir beneficios para sus inversionistas. Desde el 2011, el fondo ha acumulado 21 mil hectáreas desperdigadas en 51 comunidades rumanas. Y, entre los participantes más entusiastas se encuentran los fondos de pensiones europeos. Sin embargo, el fondo puede ser parte de una serie de estafas. Desde 2013, varios intermediarios de las operaciones de RaboFarm fueron condenados por la agencia anticorrupción del país, con sentencias suspendidas,  por  robos, sobornos y fraudes. Según los investigadores, estos no son hechos aislados sino que responden a un patrón de comportamiento del fondo que “compra tierras cuya propiedad esté impugnada” en un país donde el acaparamiento de tierras es rampante.  Rabobank reclama no tener conexión con ninguno de estos delitos.

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Indonesia: elecciones manipuladas y sobornos ligados al acaparamiento de tierras

Gráfico: Leo Plunkett y Sandy Watt para Mongabay.

En Indonesia, durante 2013, las autoridades anticorrupción arrestaron al presidente de la Corte Suprema Akil Mochtar y dos de sus socios por su participación en un escándalo de soborno masivo que apoyaba el proceso electoral indonesio. Mochtar  y su cohorte fueron condenados y encarcelados por  manipulación de votos, siendo la sociedad civil quien siguió investigando en profundidad.  Así, se descubrió que la mayoría del dinero recaudado por el juez provino de una compleja operación que involucraba a políticos locales que crearon empresas ficticias a nombre de otras personas con licencias falsas emitidas por el juez.  Luego, estas empresas de papel y sus falsos permisos fueron vendidas a la compañía malaya de aceite de palma, CBIP, quien deforestó la tierra y la convirtió en plantaciones de palma aceitera.

Este tipo de práctica, ampliamente difundida en Indonesia, se basa en robar tierras y medios de subsistencia a comunidades indígenas locales y, sin embargo, los perpetradores rara vez son capturados. Por el momento en que Mochtar fue arrestado, las autoridades anticorrupción sentenciaron también al ex alcalde del distrito de Buol en Célebes Central, Amram Batalipu, a 7y medio años de prisión por recibir sobornos de Hardaya Inti Plantations, propiedad de Siti Hartati Murdaya. A cambio de los sobornos les entregó 22 mil hectáreas de tierras  y bosques consuetudinarios sin el conocimiento ni el consentimiento de la comunidad, para crear una gran plantación de palma aceitera. Hartati proviene de una de las familias más ricas y poderosas de Indonesia; no es sorprendente, entonces, que ella haya sido condenada a 3 años de prisión (la mitad del tiempo que el alcalde distrital) y Hardaya Inti Plantations continúe en operación.

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Brasil: Ejecutivo de la FIFA utilizó finca para lavar dinero

Foto: Folha de São Paulo.

Ricardo Teixeira, ex director de la federación brasileña de fútbol, es actor principal en el gran escándalo de corrupción que recientemente envolvió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).  Teixeira, quien fue miembro del comité ejecutivo de FIFA, tiene una orden internacional de arresto de la justicia estadounidense  por su papel en el escándalo de corrupción por 200 millones de dólares y que involucra a varios ejecutivos de FIFA. Los fiscales brasileños y estadounidenses han identificado, también, un depósito de 22 millones de dólares realizado por una empresa qatarí a una cuenta que Teixeira tiene en el banco Pasche de Mónaco, una subsidiaria del grupo bancario francés Crédit Mutuel. El pago fue realizado poco después que la FIFA designara a Qatar como sede de la Copa del Mundo 2022.

En junio de 2018, la Corte Nacional española inició un juicio contra el anterior presidente del Barcelona FC, Sandro Rosell  por un mecanismo de lavado de dinero que habría orquestado con Teixeira en relación al equipo de fútbol brasileño. Parte de este mecanismo involucraba  pagos corruptos a través de una compañía brasileña, VSV Agropecuaria, que registraba domicilio en la hacienda Santa Rosa, de  mil 500 ha, propiedad de Teixeira, en el estado de Río de Janeiro, como también pagos de arriendos realizados, supuestamente, por el uso de una porción de su propiedad agrícola.

En junio de 2017, 350 familias del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil, ocuparon la hacienda Santa Rosa de Teixeira.  Esta acción fue realizada para hacer notar cómo la corrupción y el lavado de dinero son utilizadas por Teixeira y otras élites brasileñas para adquirir grandes propiedades agrícolas en el país.

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