El conflicto del maíz entre Estados Unidos y México: un juego de espejos

A finales de 2020, el gobierno mexicano emitió un decreto con una supuesta prohibición del uso del glifosato y del maíz GM. De inmediato fue impugnado por organizaciones nacionales como un mero “memorándum” interno donde en ningún lado parece estar prohibiendo algo. Varios abogados opinaron que ese decreto “tiene fundamentos jurídicos muy endebles y que su proporcionalidad jurídica es muy desventajosa en relación con las normativas aplicables”, pues las leyes que en México priman en la materia tienen mucha disposición hacia la aceptación de los OGM, la convivencia de los maíces GM con los maíces nativos y la privatización de las semillas.

Esto sin contar con la cauda interminable de precisiones y normativas contenidas en el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En particular el Capítulo 3 relativo a la agricultura y productos biotecnológicos que puntualiza que México no puede sino aceptar la biotecnología agrícola y fluir en el otorgamiento de permisos para su uso. O el capítulo relativo a Buenas Prácticas Regulatorias cuyas precisiones prácticamente fuerzan a México a no establecer ninguna restricción a lo que Estados Unidos plantee.

Si en su momento organizaciones mexicanas como la Red en Defensa del Maíz, calificaron de tibio el decreto, las autoridades estadunidenses comenzaron a amagar con demandar a México según las reglas establecidas por el TLCAN renovado o T-MEC.

Para Estados Unidos, el decreto de 2020 fue suficiente para activar las alarmas y cuestionar que México prohíba, aun de modo paulatino, la importación de maíz GM y el uso del glifosato. Después de todo, Estados Unidos es la fuente principal de las importaciones mexicana de maíz (y 90% de la producción maicera estadounidense es GM).

A principios de 2023 México emitió un segundo decreto donde reduce sus exigencias casi al mínimo, pero poco después la representante comercial de EUA, Katherine Tai, anunció que “la Casa Blanca se muestra impaciente en torno a la disputa comercial que sostiene con México sobre el maíz GM” y anunció consultas de “resolución” apegadas a las reglas del T-MEC.

En este nuevo decreto, México afirma que no se trata de prohibir el maíz transgénico para uso industrial que se ha venido importando hace años y que de algún modo está en el centro de la disputa. Ahora, la fecha de cerrar las importaciones está abierta a cuando haya la disponibilidad de que ese maíz industrial pueda producirse internamente.

Desde 2021, el secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, afirmó en una reunión con su contraparte estadounidense, Tom Vilsack: “seguiremos requiriendo y exigiendo maíz de Estados Unidos. México no limitará las importaciones de maíz GM procedentes de Estados Unidos”. Tras la publicación del segundo decreto, Villalobos apuntó: “siempre estuvimos pugnando porque hubiera acceso al maíz (amarillo) con fines de alimentación animal, porque claramente no tenemos la capacidad de producirlo y toda esta industria se vería afectada... pero afortunadamente esto no quedó en el Decreto, o sea, que hay un libre acceso de las 17 millones de toneladas que importamos, en tanto no seamos autosuficientes”.

Ahora el gobierno reconoce que México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano (algo que se ha insistido durante muchos años y que nunca antes se aceptó).

El decreto del 2023 dice que “de conformidad con la normativa aplicable, se revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en México de semillas de maíz genéticamente modificado, y se revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentación humana”. (Si bien se negaron algunos permisos para maíz, algodón, soya y canola, ya se comienzan a aprobar permisos de nuevo). En todo caso el maíz GM estaba frenado desde 2013 gracias a una acción colectiva que interpusieron varios grupos de la sociedad civil y que de algún modo sigue vigente, pues la primera sala de la Suprema Corte de Justicia negó por unanimidad y sin discusión cuatro amparos que empresas transnacionales interpusieron contra la decisión judicial que les impide sembrar maíz transgénico en el país.

A inicios de 2023, la secretaría de Economía en un comunicado afirmó: “El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos”.

Para efectos prácticos, se distingue de un modo muy ambiguo entre ese maíz blanco para la elaboración de tortillas (el alimento fundamental de la población mexicana en el campo y en la ciudad) a partir de masa (una pasta con cal o ceniza, proceso conocido como “nixtamalización” que abre la cutícula del grano y lo hace más nutritivo y comestible), y el maíz industrial para muchos usos, incluida la alimentación humana. Esto crea confusiones. Aunque terminan aclarando que sus usos industriales tendrán otros destinos diferentes de la alimentación, hay muchos comestibles procesados que lo contienen.

Y se abren preguntas. La más obvia es ¿quién va a vigilar y constatar que las más de 110 mil tortillerías que hay en el país utilicen el maíz tradicional o los maíces mexicanos comerciales no transgénicos que se dice utilizan? ¿La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a quien le han asignado la realización de investigaciones científicas en torno a los posibles impactos del maíz GM en la salud de las personas?

Según datos de la industria, de ese universo de tortillerías 30% usa masa nixtamalizada con su fórmula tradicional, y el 20% utiliza harina de maíz, que aunque nixtamalizada se le agregan vitaminas y aditivos. El 50% restante mezcla la masa tradicional con la harina (deshidratada y empacada).

En teoría, no tendrían por qué contener maíz transgénico si se utiliza solamente maíz comercial mexicano. Pero un estudio del 2017 realizado por un equipo de investigación de varias universidades encontró que “de las tortillas analizadas, 90.4% contenían secuencias transgénicas”. Y por supuesto en los alimentos procesados con componentes de maíz industrial, por lo menos 82% estaban contaminados. Como contrapunto, en ese mismo estudio las tortillas de las comunidades elaboradas con maíz nativo, o de los nichos de mercado de maíz gourmet, resultaron casi sin contaminación.

Esto pone una carga muy grande a la Cofepris para el análisis de datos de supervisión y vigilancia de las más de 110 mil tortillerías. Además, ni molineras ni molineros son necesariamente responsables de que su tortillería tenga o no maíz GM.

El hecho de que Cargill, como principal comercializadora en México, mantenga instalaciones donde se almacena cualquier cantidad de maíces, complica mucho la separación del maíz importado (de por sí indiferenciado) del maíz nacional comercial, limpio de OGM. Pero la ambigüedad continúa, porque México acaba de reinstaurar un arancel del 50% a las importaciones de maíz blanco, un arancel que se había suprimido en enero. Al reinstaurarlo, México parece insistir en que protegerá que el maíz que se venda como tortillas esté limpio de OGM. El arancel de 50% parece una medida con mucho peso. Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) en conversación con GRAIN abre la dificultosa situación de los maiceros comerciales nacionales: “en realidad el arancel va para que los productores de Sinaloa, Sonora y Baja California dejen de quejarse porque no se está comprando su maíz local por haberle quitado aranceles a las importadoras. El presidente parece decirles: no se preocupen, el mercado está cerrado. Pero está cerrado hasta donde se puede cerrar. El arancel parece parte de su juego de espejos”. No afecta a quienes participan del T-MEC, pero si aparenta apoyar la comercialización de la producción local.

Desde EUA se insiste mucho en la supuesta falta de pruebas que demuestren que el maíz transgénico es nocivo para el consumo humano.

La Biotechnology Innovation Organization, enfatiza que EUA debe someter a México mediante acciones del acuerdo trilateral para que apruebe rasgos de modificación genética en maíces para consumo humano, pues para ellos no deben existir barreras a productos fabricados con edición genética.

Invocando el capítulo 3 del T-MEC, donde algunos pasajes son tan ambiguos que una y otra parte lo esgrimen como razón para su postura anti o pro transgénicos, el lobby estadounidense insiste en que debe ser automática la aprobación de sus productos, como hizo Tom Vilsack desde sus primeras declaraciones.

Preocupa también su insistencia en que México no ha mostrado evidencias de que los OGM ocasionen efectos nocivos a la salud aunque existan archivos inmensos de evidencias que México ha puesto a disposición. Y aunque México haya convocado a un Foro para evaluar los efectos de los OGM sobre la salud humana justo en mayo pasado, con una presencia internacional impresionante, esto no conmueve al lobby científico estadounidense y /o mundial. La tecno-ciencia corporativa tiene literalmente controlada a la academia, a las revistas científicas y a los medios que no permiten un debate respetuoso. En México hay fuerzas grandes de su lado, como el propio secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, antiguo colaborador de Monsanto.

Entonces, el diferendo está empantanado pese a que las consultas avancen implacables. Tal vez todo es ese juego de espejos. Y es obvio que el tratado excluye a las comunidades originarias de ésta y otras doctas discusiones.

Si México ya suavizó su postura al punto de que el nuevo decreto realmente no prohíbe las importaciones del maíz transgénico para uso industrial, es muy extraño que el gobierno estadounidense continúe amenazando a México con una disputa legal a todo vuelo bajo las reglas del T-MEC. Parecería que lo que busca es amenazar con tal de conseguir aún más ventajas en la relación comercial con México y con Canadá. En este escenario, que Canadá se sume a la queja estadounidense habla más de la presión de EUA que de una querella real canadiense.

Desde que David Quist e Ignacio Chapela dieron a conocer la contaminación transgénica del maíz nativo en la Sierra Norte de Oaxaca en México a finales de 2001, la población mexicana emprendió una defensa radical y razonada de sus semillas nativas. Muy pronto, la Red en Defensa del Maíz declaró que el maíz no es una cosa ni sólo un producto. Así, la única forma de defenderlo es reconocer el tramado de relaciones que durante casi 10 mil años han mantenido comunidades humanas y maíz (y su comunidad de cultivos asociados: eso que conocemos como milpa). Así, la defensa del maíz pasa por defender la autonomía de los pueblos y comunidades que son aún los núcleos guardianes que mantienen la vigencia y diversidad de tal relación. Como medida concreta la Red decidió impedir la entrada de maíces extraños, ajenos, en todas las comunidades que se reconocen en ella. No lo hicieron mediante declaraciones de moratoria, para minimizar la persecución que podía desatarse (o los intentos clandestinos de contaminación), pero a lo largo de casi 22 años el nivel de contaminación ha continuado bajo control a comparación de muchos países de Latinoamérica y del mundo.

Que no sea todavía tan grave la contaminación no puede ser pretexto para no insistir en impedirla. Tan sólo con la importación legalizada de maíz para uso industrial transgénico, hay un grave daño al centro de origen de un cultivo tan dúctil, tan compañero, compañera, hijo, hija, madre maíz como lo consideran las comunidades originarias que le hablan en su idioma por la intimidad del cuidado mutuo ancestral en toda América.

Ante los diferendos de la cúpula política provocados por sus tratados de libre comercio, y siendo la perjudicación tan clara, volvemos a lo que lo reivindica la Red en Defensa del Maíz: «Reconfirmamos que defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento o comercialización de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo)»