ComunicadoUn nuevo informe revela cómo algunos fondos de pensiones, inversiones e instituciones internacionales están destruyendo el futuro de las comunidades rurales del noreste de Brasil.El avance de la agroindustria en la región de MATOPIBA (un área de alrededor de 73 millones de hectáreas que se expande por los estados brasileños de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía), respaldado por capital internacional, está socavando los medios de subsistencia de las comunidades rurales y la biodiversidad local de una manera importante.La región de MATOPIBA está situada en la parte norte del Cerrado, un área que alberga el 5% de la biodiversidad del planeta Tierra. Aunque esta región es menos conocido que la Amazonia, es igual de vital para la ecología del país y del planeta. Las comunidades indígenas y tradicionales que allí residen han desarrollado estrategias de supervivencia y convivencia con el ecosistema, y sus prácticas y conocimientos son indispensables para la supervivencia del Cerrado. Con la expansión de la actividad financiera y de la agricultura industrial, particularmente la soja, en esta región ecológica se está alcanzando unas tasas de deforestación extremadamente altas.Graves consecuencias para la gente de la zonaLas comunidades que habitan en la región MATOPIBA son desplazadas de sus tierras y se enfrentan a la contaminación generalizada del suelo, el agua y el ganado por agroquímicos. La violencia contra los líderes de las comunidades continúa en aumento, al igual que las disputas sobre el agua. "Los responsables del acaparamiento de tierras son principalmente agentes locales, pero estos están respaldados por dinero proveniente del exterior. La falsificación o adulteración de títulos de propiedad es un componente fundamental de este negocio, como una forma de simular la propiedad de un terreno que ha sido adquirido ilegalmente", explica Isolete Wichinieski de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), una organización brasileña que trabaja en estrecha colaboración con las comunidades rurales. "La población local rara vez posee títulos de propiedad formales, pero la legislación brasileña reconoce los derechos que han adquirido al ocupar y usar sus tierras durante generaciones"."La región de MATOPIBA está presenciando la transformación de la tierra en un activo financiero como resultado del poder y la influencia creciente de las finanzas internacionales y sus operaciones, en un proceso conocido como 'financiarización', declara Fábio Pitta de la Red Social Brasileña por la Justicia y los Derechos Humanos. Durante mucho tiempo el gobierno brasileño ha promovido la expansión de la agroindustria a través de importantes subvenciones. Los grandes monocultivos de soja llegaron a la región de MATOPIBA en la década de 2000."El capital internacional viene financiado la producción agroindustrial en Brasil desde hace mucho tiempo. Lo que ha cambiado después de la crisis financiera de 2007-2008 es que el suelo en sí se ha convertido en un objetivo para los actores financieros y un negocio por sí mismo, independientemente del financiamiento de la producción agroindustrial o el comercio de productos. Sus llamadas 'inversiones' son especulativas porque pretenden aumentar el valor de sus carteras a través del aumento de los precios de la tierra ", agrega Pitta. Esta nueva forma de acaparamiento de tierras ha exacerbado la intensidad, la escala, la velocidad y la complejidad de los impactos estructurales que recibe la población de la zona.Los fondos de pensiones internacionales entre bastidoresEn el caso de MATOPIBA, los fondos de pensiones de EE.UU. y Europa desempeñan un papel crucial, ya que son cientos de millones de dólares los que invierten en el negocio de las tierras. A través de dos fondos locales, TIAA (EE.UU.), Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (Alemania), ABP (Países Bajos) y el Segundo Fondo Nacional Sueco de Pensiones (AP2) poseen casi 300,000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil. "Puede ser que estos fondos no estén directamente vinculados con el desplazamiento de la población local, pero sí que representan un componente esencial del modelo de negocio destructivo implementado en la región. Y además saben en qué tipo de negocios están involucrados", señala Philip Seufert de FIAN International. Los fondos de pensiones implicados alimentan la especulación de las tierras y se benefician directamente del aumento de los precios de las mismas.Los Estados en los que estos fondos de pensiones tienen sus sedes no han logrado establecer una regulación efectiva con la que se pueda garantizar que las actividades transnacionales de estos actores cumplen con los derechos humanos y respetan el medioambiente. Los Estados confían en la autorregulación voluntaria de los agentes empresariales, incluso cuando se trata de proporcionar reparaciones justas a aquellas personas afectadas por sus operaciones. "Este método concede el papel de árbitro a los mismos actores que están involucrados en abusos graves. Esto va en contra de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y no puede garantizar la justicia. Cuando se trata de fondos de pensiones, los Estados tienen derecho a supervisar los aspectos financieros de los mismos. En cualquier caso, las pensiones de la cuidadanía de Estados Unidos y Europa no pueden depender de la destrucción de la vida de las comunidades rurales de Brasil ", declara Seufert.Notas para los equipos editorialesEl informe "El costo social y ambiental del negocio de las tierras. El Caso de MATOPIBA, Brasil” fue publicado por FIAN Internacional, la Red Social para la Justicia y los Derechos Humanos y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). La investigación y redacción del informe ha sido un trabajo colectivo en el que han participado más de 30 movimientos sociales, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones de desarrollo y académicas.El informe se basa en dos misiones de investigación realizados en septiembre de 2017 y enero de 2018:La primera misión, nombrada #CaravanaMatopiba, tuvo lugar en septiembre de 2017. Esta misión fue organizada por FIAN Internacional y la Red Social para la Justicia y los Derechos Humanos, FIAN Brasil y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) Piauí, con la participación de: Action Aid International y Brasil, Aidenvironment; Cáritas Regional de Piauí; CPT Nacional; Escola de Formação Paulo de Tarso (EFPT - PI); Federação dos Agricultores Familiares (FAF); Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura (FETAG-PI); GRAIN; HEKS / EPER Instituto Internacional de Estudios Sociales; La Vía Campesina Internacional y CLOC-La Vía Campesina Brasil, Maryknoll, Parróquia de Santa Filomena, Instituto Comradio do Brasil; Obra Kolping Piauí; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Filomena; Vara e Procuradoria Agrária - PI, PROGEIA (Santa Filomena), así como las secciones de FIAN International en Alemania, Países Bajos y Suecia.Una segunda misión para investigar los vínculos del caso con Europa visitó los Países Bajos, Alemania, Suecia y Bruselas, bajo la coordinación de FIAN International y sus secciones en los Países Bajos, Suecia y Alemania.Descargar el informe (disponible en inglés)Puede seguir las actualizaciones en el caso a través de #CaravanaMatopiba y #BrazilLandGrabLos medios de comunicación pueden ponerse en contacto con [email protected]Fuente: FIAN Internacional