De un vistazo y muchas aristas Reunimos varios fragmentos de testimonios, análisis, documentos y crónicas de lo que significa la minería en varios países, y del rechazo y la resistencia que se levanta para impedir la explotación y la devastación que acompaña extraer minerales en gran escala. Un grupo de activistas opositores a la Minera San Xavier (msx) participó el 17 de junio en la asamblea general de accionistas de Metallica Resources —propietaria de la mina— en Toronto, Canadá para denunciar ante sus inversionistas que su empresa ubicada en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí en México, es ilegal y peligrosa para el ambiente. Su presencia causó estupefacción en el potosino Jorge Mendizábal Acebo, empleado y vocero de los canadienses que nunca se imaginó reencontrar a sus rivales en esas latitudes. El hidrólogo Mario Martínez les preguntó a los accionistas si estaban enterados que su empresa tenía problemas legales para su operación, y les distribuyó un copia del reciente fallo del Juzgado xi de Distrito que coloca a la minera en su fase terminal. Desde octubre de 2005 la corte ordenaba la nulidad del permiso de funcionamiento que el Instituto Nacional de Ecología le otorgó a la transnacional en 1999. En ese fallo msx perdía su autorización para operar, pero tramposamente y en desacato a la resolución judicial se le concedió un nuevo permiso con menos condicionantes que el anterior, que les dio justificación para operar. Desde que los canadienses empezaron a operar en esa localidad sabían del riesgo que representaba invertir en un área protegida, con un inmensurable valor histórico y cultural, defendida desde diferentes trincheras por un puñado de ambientalistas desdeñados y maltratados por los administradores de la empresa y los funcionarios gubernamentales. La prepotencia y el hecho de sentirse protegidos por los gobiernos panistas, les hizo creer a estos administradores que la minera trabajaría sobre lo que fuera, incluso gastando “millones de dólares” en su defensa jurídica, dinero del cual hay una enorme cantidad en sobornos para “ablandar” a corruptas autoridades y comprar espacios publicitarios. Los días de msx están contados. Notario Eduardo Martínez Benavente, junio de 2008 Hace unas semanas resucitó el permiso de la Mina Crucitas en Cutris de San Carlos, Costa Rica (anulado hace tres años por la Suprema Corte de Justicia) para instalarse a sólo 3 kilómetros del Río San Juan (limítrofe con Nicaragua), una zona ambiental y políticamente frágil. Será un desastre en esta zona y ocasionará conflictos de grandes proporciones (destruirá la capa vegetal, contaminará mantos acuíferos, desertificará los suelos, matará la biodiversidad por venenos o sedimentos, alterará la tierra y el paisaje, gastará y contaminará el agua, dañará la salud de las personas—problemas visuales, respiratorios, mortales a largo plazo— y afectará la sociedad —dividiendo a los pueblos y debilitando la pesca y el turismo. Así ocurrió con Miramar (única mina de oro a cielo abierto en el país, desastrosa en todos sentidos y cuya empresa se declaró sin fondos para no reparar los daños que ha causado, por lo que el gobierno nicaragüense está por impulsar una demanda contra Costa Rica. Proyecto tras proyecto, las compañías demuestran que su imagen corporativa de progreso no se concreta. Y el gobierno, defensor del desarrollo minero, no es competente en la supervisión: en el mismo permiso de Crucitas se consignó que sería la empresa la que va a capacitar al personal que les va a fiscalizar, ¿la empresa juez y parte? Y mientras nuestros campesinos sufren sequías, el gobierno, con dicha mina permite explotar más de 30 mil litros de agua por hora. Los años nos concedieron la razón cuando a fines de los ochenta —¿será coincidencia que teníamos el mismo presidente?—, la población de San Carlos supimos defender nuestros recursos de Eurospec, que pretendía explotar el territorio que hoy conocemos como Parque del Agua Juan Castro Blanco. Y seguiremos. Heidy Murillo Quesada, presidenta de la Federación de Organizaciones Conservacionistas (Fecon) Las perforaciones exploratorias de un grupo de geólogos argentinos, contratados por una empresa canadiense, revelaron que la Puna en la provincia de Salta sería un importante reservorio de agua. Ahora, pretenden exportar el agua a la minera La Escondida, en Chile, la mayor extractora de cobre del mundo. La polémica no tardó en encender la zona. La gente de Tolar Grande, pueblo ubicado en el Altiplano salteño, a más de 3500 metros de altura, siente que le están extrayendo un recurso vital. El diario El Tribuno, de Salta, reveló que ya se estaría extrayendo agua para enviar a La Escondida, y habló de un negocio de 5700 millones de dólares. “Se trata del primer estudio hidrogeológico para medir el potencial de la Puna”, señaló el ingeniero Rubén Gianni, quien trabaja para Mines Argentina. “El pueblo de la Puna no va a permitir el saqueo”, indicó Leopoldo Salva, diputado por el departamento Los Andes, que abarca toda la Puna salteña. Las mineras necesitan mucha agua para funcionar y La Escondida se está quedando sin ella. “Los chilenos ya le han prohibido que saquen agua de su territorio”, señaló Salva. Según Gianni, “no se pretende secar la Puna. Estamos estudiando cuánta agua hay en esta zona y si luego de abastecer a la región queda un saldo para comercializar”. Según el geólogo, no hay cuestionamientos éticos ni legales para vender agua, que puede ser tratada como cualquier otro mineral. “No es una herejía vender agua”, aseguró. Salva alertó: “quieren vender agua dulce a Chile. En ningún momento han venido a hablar con el pueblo ni con la comunidad. Recién ahora”. Según el estudio, uno de los pozos de exploración cerca del cerro Socompa, en el límite argentinochileno, bombeó 500 mil litros por hora, como las mejores cuencas argentinas. El objetivo de la empresa canadiense sería vender mil litros de agua por segundo. “El agua excedente que se encuentre ya pertenece a la empresa Mines Argentina”, aseguró Gianni. Fundación Protegermiembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (uicn) Datos líquidos. Las minas de carbón a cielo abierto que operaban en Escocia usaron en 1980 el equivalente de 13.2 toneladas de agua por tonelada de carbón producido. Podemos entender por qué la minera Intercor en Colombia le niega a las poblaciones rurales y wayuú de la Guajira acceso a la represa construida por la corporación después de cambiar el curso de los ríos. Las operaciones de la Southern Peru Corporation (spc) en las minas Cuajone y Toquepala requieren de 1700 litros de agua por segundo, más 500 litros por segundo de aguas subterráneas. El efecto es que la laguna Suche, que abastece las actividades de la spc disminuye el nivel de sus aguas en 986 litros por segundo, mientras que la demanda de aguas subterráneas reduce 250 litros por segundo el nivel de las aguas de los ríos de la zona. El periódico colombiano El Tiempo reportó (el 31de octubre de 1994) que en la región del Chocó las corporaciones mineras vertían 4 400 toneladas de deshechos tóxicos en los ríos. ¿A cuánto ascenderá esta cantidad en catorce años tomando en cuenta que la producción se ha disparado en todos los países de la región en respuesta a la demanda y los altos precios? La mina Marlin (de Montana Exploradora) en Guatemala secó 6 pozos que utilizaban las comunidades. La mina usa 250 mil litros de agua por hora, mientras una familia campesina de San Miguel de Ixtahuacán usa 30 litros al día. Es decir, la mina utiliza en una hora el agua que una familia campesina utilizaría durante más de 22 años. La mina de oro Summitville en el sur de Colorado, Estados Unidos, operada por una corporación canadiense, se anunció como modelo de lo que la minería moderna podía hacer, pero apenas comenzó a operar en 1986, arrojó cianuro, ácidos y metales pesados en el río Alamosa, envenenando un tramo de 27 kilómetros. La compañía se declaró en bancarrota en 1992, la Agencia de Protección Ambiental se hizo cargo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha logrado conseguir que los canadienses congelen los activos de la compañía para rembolsar los 100 millones de dólares que se han gastado tratando de reparar el daño. Defensora Pachamama, Ecuador, 3 de junio de 2008 Jethro Tulin, representante de la comunidad Ipili en Papouasie en Nueva Guinea expuso que la empresa Barrick Gold llegó hace 17 años a su pueblo prometiendo trabajo, escuelas y desarrollo. Ahora Barrick Gold explota la zona provocando contaminación y muerte a la comunidad que se encuentra a pocos metros de la mina. Antes de la llegada de Barrick Gold, su pueblo vivía de la agricultura y la minería tradicional, ahora sus cosechas están contaminadas y los niños juegan y beben el agua contaminada con cianuro, provocando enfermedad y muerte. Al paso de los años la comunidad se organizó y resiste los embates de Barrick, que la empresa ha respondido con asesinatos, pues cuenta con un cuerpo de seguridad (paramilitares) que, sin importar a qué costo, han asesinado a más de 32 personas entre hombres, mujeres y niños, sin que los gobiernos tomen algún tipo de represalia, “nuestros gobiernos son débiles y corruptos”, comenta Tulin. Kolektivo Azul, Montreal, Canadá Bajo la Alumbrera es una de las diez grandes empresas de cobre del mundo y una de las quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y una obra que remueve diario 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Son trece años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, cuatro derrames tóxicos comprobados, unas diez denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir el bienestar regional prometido. Este yacimiento es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, industria extractiva millonaria que avanza en Argentina a lo largo de la cordillera. Pero el emblema de la minería nacional tuvo un pequeño freno: la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud. Con el fallo, sorpresa en Andalgalá y Santa María (los pueblos más cercanos al yacimiento), Rooney se transformó en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por contaminación. También se le aplicará un embargo, aún no determinado. “Es la primera vez que una empresa de esta magnitud tiene un revés de este tipo. Sabemos que es sólo un paso, con una gran burocracia judicial que no sabemos cómo terminará. Lo que sí sabemos es que cada día somos más en esta lucha”, remarcó Javier Rodríguez Pardo, histórico militante ambiental y miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (uac). Darío Aranda, página 12, 31 de mayo de 2008 La Minera Majaz sa tiene un largo historial de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en Perú. En el Tribunal Permanente de los Pueblos el caso de la empresa sirvió para cuestionar sus actividades de exploración y la proyectada explotación minera a cielo abierto que pretende realizar en el proyecto Río Blanco. Éste afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura. Contamina el agua, afecta la actividad agropecuaria y la salud de miles de pobladores, y desertifica por los enormes montos de agua utilizados. Hay un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este impacto de la minería se extiende a la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Río Amazonas. Majaz opera ilegalmente en el territorio de las comunidades afectadas, ya que obtuvo su licencia con documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades. Ha reprimido con violencia las protestas populares provocando heridas a decenas de personas, y ocasionó la muerte de dos comuneros hasta la fecha. Majaz también promovió la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores –—con el apoyo del gobierno—, por oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa. El presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Magdiel Carrión, dijo: “A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos conscientes y seguimos en resistencia, y no permitiremos que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos”. Carrión indicó la falta de diálogo: “no hay respeto, porque si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el perro del hortelano como se nos llama, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten una imposición de las empresas trasnacionales”. Pese a las múltiples intimidaciones de varios años, Carrión sentenció: “La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo. Y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen. Pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad del pueblo”. RadioMundoReal, mayo de 2008 http://www.radiomundoreal.fm/rmr/rmr/?q=es/node/25354 La minera Barrick Gold pregona tener la licencia social de Naciones Unidas porque ha certificado positivamente el uso del cianuro y cuenta con licencia de la unesco (que hasta hoy mantiene absoluto silencio) para destruir el ecosistema Pascua Lama en el corazón de la Reserva de Biosfera de San Guillermo en la provincia argentina de San Juan. ¿Quién le otorgó a Barrick el crédito del buen uso del cianuro? El Instituto Internacional del Manejo del Cianuro, esto es, una entidad creada por las propias transnacionales mineras a pedido de un comité que reúne a las partes involucradas en el marco del Programa Ambiental de Naciones Unidas, debido a los estragos que ocasiona el uso del cianuro en la minería, y así lavar la imagen de una actividad que registra impactos de contaminación desde el primer día. Su prioridad es ganarse la licencia social negada por las comunidades damnificadas o en vías de serlo, donde se explotan yacimientos a cielo abierto con cianuro. La entidad emite el Código Internacional de Manejo del Cianuro para la fabricación, trasporte y uso en la producción de oro. (Nada dice del ácido sulfúrico y del resto de la minería del cobre, uranio, etcétera. Sólo la del oro. Tampoco certifica que se destruya el cianuro después de la lixiviación del oro, con lo que no se garantiza el control de los drenajes ácidos posteriores.) Todos los miembros que componen el directorio y que firman las certificaciones están involucrados en el comercio de la minería. ¿Quién gestionó la creación del Código Internacional de Manejo del Cianuro y a pedido de quien se constituyó el directorio? Barrick Gold es la respuesta. La transnacional gigante de la minería a cielo abierto ya certificó con este sistema sus tres minas en Sudamérica y antes las de Perú y Australia. Javier Rodríguez Pardo, 16 de mayo de 2008, ([email protected]) Diversas corporaciones policiacas del estado de Colima mantienen un asedio desde el 12 de diciembre de 2007 sobre los poblados nahuas El Platanar, en el Ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el Ejido Ayotitlán, ambos del municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada [que extrae 40% del hierro de todo México] y Minera del Norte (Minosa), subsidiarias de la corporación italoargentina Ternium Hylsa. Es el conflicto de límites más antiguo del país, entre Jalisco y Colima (van 88 años). Ha pasado por los poderes ejecutivo y judicial y actualmente se ventila en el Senado de la República. El litigio comenzó con la matanza de Timbillos, en 1920, en que 13 indígenas de Ayotitlán y Telcruz fueron asesinados y sus cadáveres colgados durante días en unas higueras por la familia colimense Arias de El Mamey. El conflicto minero y territorial se ha extendido gracias al desinterés y la complicidad de las autoridades jaliscienses, y a la ambición de las colimenses. Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). La Asociación Agrominera del Sur de Bolívar en Colombia (Asoagromisbol), se formó en 1993. Es una organización que impulsa sus exigencias por la defensa de la vida, de la pequeña minería, de garantías para la producción agropecuaria y la legalización de títulos, pero también mantiene la construcción del tejido social. Hoy es una Federación por lo que sus siglas son Fedeagromisbol. Para finales de 1994 el Estado exigió que los mineros estuvieran asociados y así legalizarían hasta 96 hectáreas por cada asociación. Esto se informó a los mineros faltando tan sólo tres meses para el cierre de la convocatoria. Los mineros aceleraron los trámites y los presentaron a tiempo, pero el gobierno respondió que la mayoría de áreas no se podría legalizar porque se encontraban superpuestas por la familia Lleras Palacios que no era conocida en la región. Luisa Fernanda Landuros, accionista de Mineros San Lucas, pretendía comprarle a la familia Lleras Palacios y venderle a la Multinacional Conquistador Mine. Ante tal situación y por la complicidad del Estado, en 1996 las comunidades iniciaron una lucha jurídica y de denuncia nacional. Se intensificaron los asesinatos selectivos de líderes y la violación de derechos humanos por parte del ejército. Las comunidades se movilizaron, denunciaron lo sucedido y se juntaron con las marchas efectuadas en el sur del país. En 1998 los paramilitares afirmaron que defenderán a como de lugar la inversión de Conquistador Mine y Corona Golfi. Asesinaron a Andrés Molina, líder del SurSur, con lo que la gente se desplazó a Simiti y luego a la cabecera de San Pablo. Los mineros de la zona alta se solidarizaron movilizándose por Arenal, Miccoahumado y una delegación viajó a Bogotá, donde tomaron la embajada de Estados Unidos por 14 días, los desalojaron y se trasladaron a la Universidad Nacional, y desde allí realizaron acciones permanentes para visibilizar la movilización: había además 19 mil personas en Barrancabermeja, hasta que en octubre de 1998 se llegó unos acuerdos con el presidente Andrés Pastrana. Las comunidades firmaron directamente con el gobierno nacional sin intermediación de los poderes locales. Al retornar las personas comenzó la arremetida más fuerte del paramilitarismo. La zona se encontraba militarizada por el ejército y al otro día aparecieron quemados los caseríos por los paramilitares, al igual que las alcaldías de Arenal y Tiquisio. Toda la región quedó bloqueada. A dos días de firmados los acuerdos en el camino de regreso a la zona alta de San Pablo, ocurrió una masacre y a finales de diciembre en el casco urbano otra. Frente a toda esta persecución, en 1999 las comunidades agromineras se declararon en resistencia. Fedeagromisbol, “Experiencias locales de manejo y control local del territorio”, Semillas, núm 32/33 La huelga en Moquegua estalló cuando las autoridades de la región exigieron al gobierno central una mayor participación en los ingresos que deja la minera Southern Perú. Esta empresa explota dos minas de cobre, una en Moquegua y otra en la vecina Tacna, en la frontera con Chile, y opera una refinería en Moquegua. Con más de 2300 millones de dólares de utilidades en 2007, Southern es la principal empresa minera del país y una de las más grandes explotadoras de cobre del mundo. La Federación Minera, con más de cien mil afiliados, exige un aumento de sueldos y la incorporación a las planillas de los trabajadores mineros, que en un 80% trabajan en negro, mientras aumentan las presiones al gobierno para que suba los impuestos a las millonarias ganancias de las empresas mineras, que como único aporte al Estado peruano pagan el 30% de sus utilidades. En 2007 la minería exportó más de 15 mil millones de dólares, 60% del total de las exportaciones del país. Carlos Noriega, “Una pueblada contra las minas”, junio de 2008 La posible explotación minera profundizaría todavía más la crisis alimentaria, provocada por la escasez y los altos precios del maíz, el frijol y el arroz pues en los departamentos donde se ubican los 29 proyectos de exploración de metales preciosos se concentra un 50% de la producción agrícola salvadoreña. Así lo indica un estudio del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), realizado recientemente. “El gobierno ha concesionado 1 238.63 km² a empresas mineras, sobre todo canadienses y estadounidenses, en las zonas donde se produce una gran cantidad de cereales, lácteos, carnes, verduras y frutas, en unidades de producción campesina”, señala la referida investigación. El estudio Impactos en la producción agropecuaria de las zonas de exploración minera, en el marco de la crisis alimentaria demuestra que en los siete departamentos amenazados por la minería son Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión donde se produce 46.6% de los granos básicos del país. El informe también revela ahí se ubica 56.7% del hato nacional de ganado bovino y 28% del hato nacional porcino. Esta producción está amenazada especialmente por el uso intensivo de agua en la separación de los metales y por la contaminación del aire, agua y suelo que genera el cianuro, los metales pesados y el drenaje ácido. La mayoría de proyectos están sobre las cuencas de los ríos Lempa, Sumpul, Grande de San Miguel, Torola y Goascarán. La investigación advierte que la minería afectaría a 60% de la producción alimentaria (cereales, carne, leche, huevos, frutas, verduras y miel), pues algunos departamentos sin proyectos mineros serían alcanzados por la contaminación. “Es previsible que se profundice la destrucción de las unidades de producción agrícola familiares y se configure un escenario de mayor desarticulación de la agricultura en la zona norte del país. Esto incrementaría los riesgos en nuestra seguridad y soberanía alimentaria”. Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, El Salvador Un grupo de periodistas e investigadores independientes denuncian que el ejército estadounidense estuvo implicado en una pesadilla africana que ha pasado muy desapercibida. Las guerras civiles y las invasiones que implicaron a la República Democrática del Congo (rdc) durante la última década, permitieron al vecino de la rdc, Ruanda, junto con su ejército, algunas milicias con apoyo ruandés y unas cuantas corporaciones multinacionales mineras, desplazarse a las regiones montañosas del este de la rdc y extraer oro, cobre, uranio, diamantes y coltan (para equipos electrónicos) mientras el caos irrumpía por todo el país. Según el periodista investigador Wayne Madsen, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, algunos operativos de inteligencia y ciertas compañías militares privadas ayudaron al ejército ruandés y a sus milicias a invadir a la rdc. Para justificar la invasión se machacaba que Ruanda podía contrarrestar así a los hutus, que masacraron a cientos de miles de tutsis en Ruanda durante el genocidio de 1994 y que habían escapado al este de la rdc. Sin embargo, periodistas independientes como Madsen sugieren que el “problema hutu” fue solamente una artimaña. John Lasker “Guerras en pos de los recursos de África”, Revista Pueblos, 11 de marzo de 2008 En la Ley ecuatoriana anterior se decía que la concesión minera “es un derecho real”. En la “nueva” le aumentaron la palabra “limitado”, para que creamos que limitarán a los concesionarios. Pero cómo los limitan si esta concesión dice que puede ser transferida a otros, vendida, hipotecada. Seguir en los negociados de las bolsas de valores donde por pasar de una mano a otra se ganan millones de dólares. ¿Cómo que este gobierno no iba a permitir la especulación con las concesiones, que ya significaron millonarias ganancias para las empresas y otros que se han enriquecido con este jugoso negocio, antes incluso de sacar los minerales? Según esta ley no hay lugar donde la actividad minera no se pueda realizar, incluso en “lagos, lagunas y embalses o en sitio destinados a la captación de agua para las poblaciones y en distancias de hasta 200 metros medidos horizontalmente desde los mismos”. Según la ley sólo se necesita autorización del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, y con ese permiso pueden operar en las fuentes de agua aunque sean para consumo humano. Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha Codecono, 6 de junio El grito de No a la Mina de la movilización en Esquel y el plebiscito del 23 de marzo del 2003 definieron el rechazo abrumador al proyecto minero de oro y plata de la minera Meridian Gold, en Esquel, Argentina. Ésta, al ver que no podía hacer las perforaciones introdujo la figura de El Desquite, su subsidiaria, que en realidad son ellos mismos. Apareció una nueva empresa, que se llama Patagonia Gold, que es la que aparentemente tiene hoy Cordón Esquel y otros yacimientos (el paquete que tenía la empresa en la cordillera y precordillera en las inmediaciones de Chubut). Ellos nunca perdieron la esperanza de hacer la explotación ya que el plebiscito ganado por nosotros por el 82% no es vinculante, pero obligó a que los diputados sancionaran una ley prohibiendo la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro de sodio. Eso fue inmediatamente posterior al plebiscito del 23 de marzo de 2003. La minera de todas formas no se fue, sigue trabajando en varios lugares donde hizo previamente “manifestación minera”, donde declaró zonas para la búsqueda de minerales polimetálicos. Una manera que hoy utilizan para revertir su situación negativa es metiendo querellas jurídicas infundadas a los habitantes ante la protesta. Entrevista con Javier Rodríguez Pardo, de Marcelo Maggio: “La Cordillera de los Andes está administrada por transnacionales: es un Tercer país ubicado entre Argentina y Chile” En Sibanal, Guatemala, 34 comunidades expresaron su rechazo a la actividad minera el 18 de abril. En el proceso participaron autoridades municipales y departamentales, más representantes de organizaciones locales. Otra consulta se realizó el 13 de mayo en las 53 comunidades del municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, en las asambleas comunitarias. Participaron como observadoras autoridades de los municipios vecinos, diputados, representantes de organizaciones y del cuerpo diplomático. La gestión inició cuando la comuna de San Juan Ixcoy, Huehuetenango fue notificada de un derecho minero otorgado a Guatemala Copper sa, para explorar 10 minerales metálicos en un área de casi 78 km2, en ése y otros cinco municipios del departamento. Para el proceso de consulta, las autoridades municipales convocaron a un cabildo abierto y se acordó establecer sesión permanente del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude). Se crearon 11 comisiones para atender comunicación, sensibilización, logística, alimentación transporte, redacción, documentación y sistematización. “La inversión fue compartida 60% la municipalidad y 40% las comunidades. Hubo dos comunidades en que la población decidió financiar sus asambleas”, aseguró Andrés Escobar, de la Oficina Municipal de Planificación. El rechazo de la población fue masivo. En los municipios de Comitancillo y Tacaná, San Marcos, se programaron dos consultas los días 16 y 23 de mayo. Otro rechazo ocurrió en Baja Verapaz, tras conocer que el Ministerio de Energía y Minas (mem) concedió un derecho minero a Procesadora de Minerales sa, para trabajar en la montaña de Chi Santiago, que colinda con Rabinal y Cubulco, Baja Verapaz, y Chicamán, Quiché. La licencia es para extraer barita. La minera cuenta con capital guatemalteco y tiene nexos con la empresa Pisos El Águila. En la reunión del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede), del 5 de mayo, y a solicitud de la sociedad civil, se decidió emitir un pronunciamiento contra las licencias otorgadas para actividades mineras en el departamento. Este pronunciamiento se presentará ante el mem y las Comisiones respectivas en el Congreso de la República. “Aún no se han realizado consultas en ninguno de los municipios de Baja Verapaz, pero ante la situación las autoridades locales podrían sentirse presionadas a convocarlas”, afirmó Araceli González, secretaria del Codede. Colom ha declarado que el gobierno respetará los procesos consultivos. Sin embargo, en el Ejecutivo no se ha designado a un equipo o entidad para que se encargue de analizar y dar seguimiento al tema. Infopress: Guatemala, oposición a minería sigue en aumento, 16 de mayo de 2008 Con la “eficiente” entrega oficial de concesiones de exploración, hoy simplemente “mineras”, y la complicidad o anuencia de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las empresas y sus cómplices invaden territorios engañando a la población y corrompiendo a autoridades locales y estatales. Las falsas promesas de bienestar, carreteras, o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos comunes —los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de los metales preciosos o industriales. Desde 2000, casi 10% del territorio nacional ha sido entregado a las transnacionales mediante concesiones de explotación minera. La amenaza sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra, propiedad en su mayoría de ejidatarios y comuneros campesinos e indígenas, crece por todo México donde hay identificados 23 depósitos minerales gigantes, lo que ubica al país entre los 12 mayores productores del mundo en por lo menos 18 minerales. Aprovechando la obsoleta ley minera, la ausencia de fianzas, la ridícula política fiscal y la debilidad de las normas ambientales y de seguridad, la explotaciones mineras a gran escala, “a cielo abierto”, remueven cerros, rellenan barrancas, destruyen sembradíos, desplazan pueblos, envenenan manantiales, ríos y cuencas. Y cuando abandonan sus fundos, sólo dejan en nuestros pueblos su rastro de destrucción, enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación. Ante las acciones comunitarias de organización y defensa para enfrentar los proyectos, la respuesta de las empresas y los gobiernos es el hostigamiento y la represión. La naturaleza insustentable de la minería a gran escala, y su irresponsable expansión y fomento vuelve a registrar etnocidio, migración forzada, envenenamientos masivos, ficticios conflictos de límites territoriales, grandes y trágicos accidentes, por la irresponsable violación de normas de seguridad y de manejo de explosivos, hidrocarburos y tóxicos. Bajo esta situación intolerable y devastadora, las organizaciones reunidas en Temacapulín decidimos organizarnos en una red nacional de los afectados directos o indirectamente por la minería, que nos permita unir fuerzas y fortalecer la defensa de la autonomía y soberanía de los pueblos sobre nuestros territorios, comunidades, y recursos naturales, que a partir de hoy denominamos Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Declaración de Temacapulín, Jalisco, México, junio de 2008