Nuestra agricultura, nuestros bienes naturales y nuestra alimentación en riesgo inminente. La posible firma del Acuerdo que los países del Mercosur buscan aprobar de manera urgente representa una inmensa amenaza a nuestros derechos conquistados en heroicas luchas populares, a nuestra soberanía y economías y a la posibilidad de nuestra integración regional con justicia socioeconómica y ambiental. Compartimos aquí 12 razones por las que nos oponemos e invitamos a sumarse al rechazo a la firma del Acuerdo vinculadas a nuestra producción de alimentos, nuestra soberanía alimentaria y nacional y nuestros bienes comunes. Hacemos un llamado a la ronda de negociadores en Asunción a movilizarnos como pueblos para expresar un rotundo NO al Acuerdo en su conjunto. 1. El Acuerdo es negociado en forma secreta y sin consultar a la sociedad civil, los parlamentos y las organizaciones populares de los sectores que serán afectados. Los únicos documentos públicos, que no son definitivos y no dan cuenta de la historia de la negociación (y por ende del proceso de concesiones mutuas en su curso) surgieron de filtraciones, entre ellas ver Greenpeace Holanda como Mercosur Leaks (http://bilaterals.org/?-eu-ftas-&lang=es). 2. El Acuerdo busca beneficiar a las grandes empresas del norte y las élites agroexportadoras del Mercosur, y se le disfraza como un “Acuerdo de Asociación” mientras la agenda negociada entre ambos bloques incorpora los elementos más nocivos de la agenda del libre comercio, que es cada vez menos libre y trata asuntos cada vez más amplios que los comerciales, afectando seriamente la capacidad y el margen de maniobra de los gobiernos en materia de políticas públicas para el bienestar general. 3. Las élites del Mercosur buscan fortalecer la exportación basada en la ganadería industrial y la soja. De firmarse el Acuerdo profundizará los problemas que el agronegocio ya produce en la región: deforestación, expulsión de campesinos, contaminación por agrotóxicos, destrucción de las economías regionales, pérdida de soberanía alimentaria y creciente vulnerabilidad alimentaria. Campesinos y campesinas, pequeños productores familiares, son quienes producen la mayor parte de los alimentos regionales. El modelo impuesto por el Acuerdo impulsa el control territorial por parte del agronegocio y profundizará la violencia, criminalización y persecución que hoy sufren las comunidades campesinas en toda la región. 4. Nuestras semillas serán criminalizadas y privatizadas y estará prohibido su intercambio y su libre circulación. En materia de Propiedad Intelectual se negocian todos los aspectos relativos a su regulación. En el ámbito de semillas el texto filtrado dice “cada Parte protegerá los derechos sobre obtenciones vegetales, de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de diciembre de 1961, revisado por última vez en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (Acta UPOV 1991)”. Esto significa la imposición de las Leyes Monsanto en todos nuestros países. 5. En el capítulo de Propiedad Intelectual se impone la adopción del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Tratado PCT) que promueve la facilitación del patentamiento a escala global. Esto puede significar que se imponga la posibilidad de patentes sobre la vida, cuestión que aún es rechazada por las legislaciones nacionales en el Mercosur. El capítulo negociado impone nuevas restricciones a la utilización de datos de prueba en la industria farmacéutica, lo que podría repercutir en restricciones a la producción de medicamentos genéricos cercenando el derecho de acceso a la salud e imponiendo fuertes cargas a los presupuestos nacionales en materia de salud pública a partir de encarecer los fármacos disponibles. 6. Las empresas nacionales se verán desplazadas ya que el capítulo de servicios permite que las inversiones extranjeras de empresas que establezcan sus filiales en el país de la contraparte queden sujetas al tratamiento preferencial que ofrece el Acuerdo. Esto significará un retroceso: la postura inicial de Mercosur era no negociar en materia de inversiones. 7. El acuerdo restringe seriamente la soberanía de nuestros países para definir programas y políticas de mayor importancia, como la adopción de medidas contra el cambio climático, por la seguridad y soberanía alimentaria y por el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa e informada. Responde a una clara vocación de profundizar el modelo primario exportador, la cada vez mayor adopción de compromisos que limitan la implementación de políticas en favor de diversificar la matriz de producción, políticas soberanas de ciencia, innovación e investigación, promoción industrial y promoción de emprendimientos alternativos y sustentables. 8. Las empresas europeas podrían acceder a las licitaciones públicas realizadas por entidades gubernamentales de la más amplia circunscripción territorial. En materia de Compras del Estado las exigencias de la Unión Europea significan imponer las condiciones del Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de la OMC que no se ha firmado, y por tanto no obliga a ninguno de los países miembros de Mercosur. 9. Mientras se declaran objetivos de promover la incorporación de las PYMES a las cadenas transnacionales de valor, el encuadre de la relación birregional en los estrictos esquemas del libre mercado vuelve poco creíble las ya de por sí débiles afirmaciones de carácter desarrollista. La renuncia a las compras públicas como herramientas de promoción del desarrollo productivo en sectores ¨de industria naciente¨ o de economía social y solidaria es una señal muy negativa para las pequeñas y medianas empresas hoy conocidas como PYMES y representa una clara contradicción con los objetivos de promover las unidades productivas que se proclaman. 10. Las medidas sanitarias y fitosanitarias seguirán siendo usadas por la UE para impedir el acceso de productos agropecuarios del Mercosur, más que como herramienta legítima de protección de la salud de su población. Las intensas discusiones en torno al capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, reflejadas en la versión filtrada de junio de 2017 e intensificadas según fuentes en Bruselas, nos sugieren que la UE seguirá profundizando esta tendencia. 11. El capítulo sobre Empresas del Estado que incorporó la UE a la mesa de negociación hará que los Estados se comprometan a que sus empresas funcionen bajo estrictas consideraciones comerciales, limita la capacidad de que éstas incidan en promover los sectores de la producción y menosprecia la función pública a favor del interés general que también debe expresar el Estado a través de sus empresas. Es una materia que se viene reiterando en diversos acuerdos de libre comercio de la UE, con algunos aspectos comunes en su contenido. 12. Incorporar un capítulo sobre comercio electrónico introduce otro frente de asimetrías en la relación birregional. La obligación de asegurar el libre flujo de datos, la protección de los códigos fuente y la permanencia de reglamentaciones nacionales lo más laxas posible para la operación de las transnacionales, son elementos estratégicos de este capítulo. Se busca congelar las condiciones de preeminencia de las grandes empresas del Norte y profundizar su capacidad de concentrar riqueza. La fijación de estos estándares no hace más que profundizar el oligopolio transnacional en la economía digital y deja poco margen para construir políticas con alternativas a una inserción periférica de las economías de la región en el marco de la Revolución 4.0. Remarcamos que este acuerdo es un paso hacia un Tratado de Libre Comercio aún mas amplio que con nuevos capítulos implicará nuevas amenazas hacia nuestros pueblos. Consideramos que no puede ser aprobado el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea Documento producido por la Alianza Biodiversidad integrada por Acción por la Biodiversidad, Argentina. REDES-Amigos de la Tierra, Uruguay. Grupo Semillas, Colombia. Acción Ecológica- Ecuador. Anamuri, Chile, por la Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina América Latina. BASE-IS, Paraguay. COA, Colectivo por la Autonomía, México. CLOC-Via Campesina, Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica. Centro Ecológico, Brasil. Grupo ETC, México. GRAIN, Argentina, Chile y México Los invitamos a enviar sus adhesiones a este documento a [email protected]