Biodiversidad 96 / 2018-2

El sistema agroalimentario mundial invade tierras y establece monocultivos saturados de agroquímicos y utiliza mano de obra ultra-precarizada y sometida. Para el agronegocio nada importa: todo son costos externalizables. La sociedad y el entorno se devastan. Las corporaciones siguen lucrando. La población empleada en los campos fue expulsada por el desplome de su actividad agrícola, efecto de la cauda de regulaciones y políticas públicas (y sus reglas de operación). Son los tratados de libre comercio que perturban la vida de comunidades y pueblos rurales, la vida de la población urbana (por las ventajas comparativas que lograron en imponer en negociaciones secretas). Tal situación sistémica y estructural de zozobra es particularmente virulenta para muchas mujeres, agraviadas por una violencia y un hostigamiento continuos y extremos en todos los estratos sociales.    

La foto de la portada nos muestra una pareja de trabajadores agrícolas (mujer y hombre) que sonrientes afrontan con entereza lo que les toca vivir. Pero podríamos decir, pese a todo lo que la agroindustria ha perpetrado en la región de donde provienen y que incide en su vida individual de un modo contundente.

Nuestra agricultura, nuestros bienes naturales y nuestra alimentación en riesgo inminente. La posible firma del Acuerdo que los países del Mercosur buscan aprobar de manera urgente representa una inmensa amenaza a nuestros derechos conquistados en heroicas luchas populares, a nuestra soberanía y  economías y a la posibilidad de nuestra integración regional con justicia socioeconómica y ambiental. Compartimos aquí 12 razones por las que nos oponemos e  invitamos a sumarse al rechazo a la firma del Acuerdo vinculadas a nuestra producción de alimentos, nuestra soberanía alimentaria y nacional y nuestros bienes comunes.

El Ecuador ha cambiado mucho en los últimos diez años, si se considera que las movilizaciones populares ocurridas hacia 2006 fueron la fuerza principal que llevó al desplome de las negociaciones del tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. La demanda social de que se cancele el contrato con la petrolera Occidental por las irregularidades cometidas por esta empresa, así como la defensa del agua y de los territorios campesinos e indígenas frente a la agenda de privatizaciones y despojo, fueron las principales armas argumentales de las luchas del campo y de la ciudad contra este TLC.  

En este mosaico de historias, surge el relato de situaciones donde las comunidades estaban intentando resolver problemas y emprender proyectos para mejorar sus modos de vida, y el Estado lo impidió mediante reglas de operación que son, por decir lo menos, deshabilitadoras de los esfuerzos individuales y colectivos.

El 2 de marzo se cumplió el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, militante y lideresa de las luchas en defensa del territorio y la vida digna del pueblo lenca y hondureño. Este mismo marzo, la violencia patriarcal y del capital volvió a arremeter contra la vida de dos compañeras, Marielle Franco, legisladora y militante por los derechos del pueblo afrobrasilero y María Ester Riveros, campesina paraguaya. Marzo también nos encuentra a las mujeres del campo y la ciudad organizadas y empoderadas, en las calles y en todos los ámbitos de nuestras vidas, denunciando violencias, defendiendo nuestros derechos, nuestros cuerpos y territorios.

Si bien este Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP, consta de varios capítulos distintos, se puede identificar un objetivo y mecanismos claros para la homogenización legal. El TPP es una “especie de constitución supranacional para los países que lo firman” dice Montecinos, quien además avizora los perjuicios de un tratado como éste en Chile, un país tan dependiente del mercado internacional.  

El 22 de enero 2018, entró en vigor una resolución normativa de la CNTBio (Resolução Normativa 16/ 2018) que decide cómo considerar una serie de nuevas biotecnologías que utilizan ingeniería genética, pero en formas diferentes a los transgénicos que ya conocemos (como maíz y soya resistente a agrotóxicos). Estas nuevas estrategias para manipular genéticamente plantas y animales, pueden o no insertar nuevo material genético en las semillas o sus descendientes.  Con la nueva normativa, la CNTBio puede decidir que los organismos producidos con esas biotecnologías no son considerados transgénicos u OGM (organismos genéticamente modificados) y por tanto no necesitan cumplir con la reglamentación de bioseguridad. También establece un canal legal para permitir la liberación al ambiente de los llamados “impulsores genéticos”, una tecnología altamente riesgosa, que propone extinguir especies enteras, incluso silvestres.

En la Apertura del II Simposio Internacional  sobre Agroecología convocado por la FAO en Roma del 3 al 5 de abril, La Vía Campesina se manifestó en pleno con una puntualización crucial: “sin nuestros pueblos no hay agroecología”, porque es un hecho que sin los saberes y prácticas agrícolas ancestrales que son legado de las comunidades indígenas no habría eso que hoy llamamos agricultura agroecológica.

Colombia: Detalles de la sentencia de la Suprema Corte que le dio derechos a la Amazonia | “Con el vigor de la juventud intensifiquemos la lucha por la tierra y la vida”: declaración conjunta del Día Internacional de la Gente Sin Tierra, 2018 | Chile: Encuentro por los Ríos Libres en Patagonia refuerza la necesidad de  conocer experiencias y compartir estrategias de defensa | México: “Con el gobierno no contamos para nada”: declaración de los pueblos en defensa de sus territorios | China sopesa agravar penas contra infracciones de propiedad intelectual de semillas | Nuestras propias agendas políticas: nuevo número de la revista Semillas