Por una revisión completa del artículo 27.3(b) de los TRIP

POR UNA REVISIÓN COMPLETA DEL ARTíCULO 27.3(b) de los TRIP

Actualización de las posturas de los países en vías de desarrollo frente a los intentos de patentar la vida en la OMC

Marzo 2000

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs, por sus siglas en inglés). Artículo 27 del Acuerdo sobre TRIPs: Materia Patentable 3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

INTRODUCCIÓN

El Acuerdo sobre TRIPs constituye uno de los pilares del régimen de comercio mundial puesto en vigencia a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dicho acuerdo prescribe normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPIs) en los 135 Estados miembros de la OMC. El capítulo quinto, dedicado a las patentes, estipula que todos los inventos en cualquier campo tecnológico deben ser patentables, lo cual es motivo de gran controversia.

Según los TRIP, los Estados miembros de la OMC están obligados a otorgar derechos de patente sobre microorganismos y procesos microbiológicos como los que actualmente se emplean en la biotecnología, y a proteger esos derechos. Los países quedan en libertad de excluir las plantas y animales de sus normas sobre patentes, pero tienen que conceder títulos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, bien sea mediante patentes o a través de un ‘sistema sui generis eficaz’. El artículo 27.3(b) que describe estas reglas debía ser revisado en 1999.

Este escrito resume lo que ocurrió con la revisión del artículo 27.3(b) del TRIPs en 1999. También presenta la visión de GRAIN sobre hasta dónde han avanzado los países en vías de desarrollo en el cumplimiento de su obligación de brindar DPIs sobre las obtenciones vegetales. Por último, hace un llamado a actuar en serio, y ahora, de cara a las propuestas planteadas por varios gobiernos del Sur con relación a que la revisión sea exhaustiva y abarque las propias disposiciones del artículo 27.3(b), que se amplíen los períodos de transición, y que se resuelvan temas pendientes de gran trascendencia, como la exhortación a que se deje en claro que los seres vivos no deben ser patentables.

1. ¿QUE PASÓ CON LA REVISIÓN DEL ARTíCULO 27.3(b) PREVISTA PARA 1999?

El Acuerdo sobre TRIPs fue uno de los resultados de la última ronda de negociaciones del GATT, cuya conclusión se prolongó ocho años (1986-1994). Los DPI constituyeron un tema absolutamente nuevo en aquella agenda de negociaciones, y fue Estados Unidos quien peleó su inclusión, bajo presiones de la industria farmacéutica cuyos representantes redactaron el texto que sirvió de base para las discusiones y su negociación. Los países en vías de desarrollo se opusieron a la introducción de los DPI a la ronda de negociaciones sobre el comercio mundial, argumentando que las diferencias existentes entre las distintas economías exigen la presencia de instrumentos diversos de estímulo a la innovación, y que la imposición de normas uniformes para la protección de derechos monopólicos disfrazados de DPIs beneficiaría más a las multinacionales extranjeras que a la propia industria nacional. Por la razón o la fuerza, sin embargo, Estados Unidos ganó el forcejeo y el Acuerdo sobre TRIPs se convirtió en el tercer pilar del régimen mundial de comercio, junto a bienes y servicios.

Todo el tema de los DPI sobre seres vivos fue particularmente controvertido. Estados Unidos quería que se brindara protección total mediante patentes en todos los campos de la tecnología, pero los europeos prohíben las patentes sobre las obtenciones vegetales y animales, de acuerdo a su Convención Europea de Patentes. Los dos bloques llegaron a una solución de compromiso: el Acuerdo sobre TRIPs emplearía como punto de partida el lenguaje de la legislación europea. Ese lenguaje quedó entonces incorporado al artículo 27.3(b), a condición de que los países revisaran esa cláusula cuatro años después de que entrara en vigencia el Acuerdo, es decir en 1999.

Los países en vías de desarrollo abrigaban esperanzas en la revisión del artículo 27.3(b) prevista para 1999. El hecho de que la revisión se efectuara un año antes de cumplirse el plazo que los obligaba a aplicar esa disposición, era importante, ya que ésta generaba en sí misma muchísima incertidumbre en los países del Sur (véase recuadro 1). Varios esperaban que la revisión esclareciera algunos aspectos claves del Acuerdo sobre TRIPs y, de ser posible, que lo modificara para adaptarlo mejor a los intereses de desarrollo de los países del Sur, teniendo en cuenta especialmente que los países del Tercer Mundo prácticamente no fueron escuchados durante la propia negociación del GATT.

A un año de iniciada la revisión, ¿qué podemos decir de ella? En términos generales ha sido una decepción: la revisión se inició pero no concluyó; los países en vías de desarrollo formularon recomendaciones específicas de esclarecimiento de los TRIP a las que no se dio curso alguno; finalmente, el 1º de enero del 2000, venció el plazo para la aplicación del artículo 27.3(b) en los países en vías de desarrollo, antes que se pudieran sacar conclusiones de la revisión del texto encomendada. En definitiva, si bien no fue un fracaso, la revisión no parece haber sido muy eficaz.

Diciembre de 1998: La revisión comenzó esencialmente durante la sesión del Consejo del Acuerdo sobre TRIPs en diciembre de 1998, cuando se definió la agenda. En esa reunión los países industrializados abrieron el juego proponiendo que la revisión se centrara en la forma en que los distintos países están implementando el artículo 27.3(b). El Sur se opuso, alegando que el artículo estipula hacer una revisión de las propias cláusulas de ese acápite, es decir de la sustancia, y no de su implementación. Además, para esa fecha sólo los países desarrollados tenían obligación de haberlo implementado, de manera que la revisión tendría un alcance muy limitado. A pesar de ello la sesión terminó encargándole al Secretariado que reuniera información sobre la forma en que los países están implementando el artículo 27.3(b).

Febrero de 1999: En la sesión siguiente del Consejo de los TRIP, el Secretariado presentó la información sobre implementación que había reunido hasta el momento. Doce países habían respondido a un cuestionario, entre ellos Zambia, el único informante del Sur. La discusión duró 20 minutos y después los miembros pidieron al Secretariado que volviera a empaquetar el material para la reunión siguiente, a fin de poderlo estudiarlo mejor.

Abril de 1999: Para esa fecha, 30 países habían presentado información sobre la implementación del artículo 27.3(b). Durante la discusión, Estados Unidos y Europa sostuvieron que lo que se debía concluir en el curso del año era una revisión de la implementación. Supuestamente afirmaron, además, que tenían la mente abierta a una revisión sustantiva de la propia disposición. ³

Julio de 1999: En esta sesión por fin comenzó la discusión sustantiva de la propia cláusula. India presentó un esbozo de su análisis básico del artículo 27.3(b) y los problemas que le plantea a los países en vías de desarrollo. Según la India, es preciso considerar dos dimensiones: la necesidad de reexaminar si patentar seres vivos es aceptable en términos éticos; y la necesidad de reconocer no sólo los sistemas de innovación formales sino también los sistemas informales, especialmente en relación con la biodiversidad. India insistió especialmente en la necesidad de conciliar los TRIPs con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Los países en vías de desarrollo apoyaron a la India y los países desarrollados la evitaron. Malasia llevó la discusión un paso más allá pidiéndole al Secretariado que preparase una lista de opciones sui generis fuera de la UPOV.

Es importante recordar que alrededor de esta fecha los preparativos para la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC, a celebrarse en Seattle del 30 de noviembre al 3 de diciembre, entraron en una fase crítica. Entre las sesiones de julio y de octubre del Consejo del Acuerdo sobre TRIPs, casi cien países en vías de desarrollo firmaron alrededor de una docena de propuestas de reforma de los TRIPs en lo que respecta a la biodiversidad y el saber indígena (véase Tabla 2, anexa). El Consejo General de la OMC dejó sentadas esas propuestas para ser negociadas en la reunión ministerial. La propuesta del Grupo Africano de países fue la primera y la más sustancial de las posiciones procedentes del Sur ⁴. En ella se proponía ampliar el plazo para la implementación del artículo 27.3(b) de los TRIP en los países en vías de desarrollo, a efectos de que la revisión pudiera ser debidamente efectuada y concluida. Además enunciaba lo que el Grupo Africano deseaba que se aclarase a través de la revisión: que deben prohibirse las patentes sobre los seres vivos, incluidas las patentes sobre los procesos microbiológicos. Los países menos adelantados (PMAs) afirmaron que aspiraban a la misma aclaración en el texto del acuerdo. En opinión de muchos, la ampliación del período de transición sumada al pedido de aclaración sobre qué puede permitir el Acuerdo sobre TRIPs en el ámbito de las patentes, equivalía a una propuesta de moratoria sobre la implementación del texto actual.

Octubre de 1999: De vuelta en el Consejo del Acuerdo sobre TRIPs, el Sur continuó preparando activamente el marco para una revisión de las cláusulas del artículo 27.3(b), mientras el Norte también entraba en temas sustantivos. India y el Grupo Africano presentaron cada uno más documentos, básicamente reformulando y elaborando posiciones ya anteriormente presentadas. Además, el Grupo Africano presentó formalmente su posición para Seattle, para que fuera considerada por el Consejo del Acuerdo sobre TRIPs ⁵. Estados Unidos alegó que patentar seres vivos ofrece enormes ventajas, que UPOV ’91 es lo que Washington consideraría un sistema sui generis eficaz y que no hay conflicto alguno entre los TRIPs y el CDB ⁶. Europa apoyó la postura de Estados Unidos, aunque indicó que estaba dispuesta a tomar en cuenta la necesidad de contemplar la ética y, por ejemplo, conceder protección a los sistemas de conocimiento tradicionales. La UE instó además a todos los miembros de la OMC a adoptar una legislación sui generis en línea con la UPOV ’91. Noruega manifestó que adoptaba una posición intermedia en cuanto consideraba que la biotecnología y los DPI son importantes, pero no al precio de las consideraciones éticas que implica patentar seres vivos y de la necesidad de asegurar un reparto equitativo de las ganancias y comprobar la compatibilidad de los TRIP con el CDB. Australia dijo que la revisión del artículo 27.3(b) ¡debería llevarse a cabo después que haya sido implementado por los países en vías de desarrollo!

A continuación vino la Conferencia Ministerial de Seattle. Más allá de los gases lacrimógenos, sobre la mesa había un texto de negociación que reflejaba las propuestas sobre los TRIP del Grupo Africano y el Grupo de Espíritus Afines [Like-Minded Group] de países en vías de desarrollo. Una reunión de "sala verde", con un número limitado de participantes, examinó el capítulo sobre TRIPs pero no llegó a ninguna conclusión. Como la Conferencia se "suspendió" sin llegar a definir siquiera en qué punto quedaban las negociaciones o cómo éstas habrían de continuar, la situación de todas esas ideas y demandas no está clara. Lo que sí está claro es que fueron oficialmente mocionadas y que no han sido debatidas debidamente, ni se ha tomado ninguna decisión sobre ellas.

En la reunión del Consejo General en diciembre de 1999, dos semanas después de Seattle, el Presidente de la OMC dijo que las consultas sobre los temas de Seattle –incluidos los TRIPs— continuarían después de Año Nuevo y, mientras tanto, que los países debían ejercer "moderación" con relación a los plazos de implementación. ⁷

Éste es el estado actual de la revisión del artículo 27.3(b):

* Su discusión en el Consejo del Acuerdo sobre TRIPs no terminó. De hecho, está en la agenda de la próxima sesión del Consejo, el 21 y 22 de marzo del 2000.

* Las propuestas de aclaraciones del artículo 27.3(b) canalizadas por el Consejo General hacia Seattle no fueron debidamente discutidas y tampoco se decidió nada sobre ellas, a pesar de que tales decisiones habrían afectado profundamente el contenido de lo que tendrían que haber implementado los países en vías de desarrollo para el 1º de enero del 2000, que era el plazo originalmente dispuesto.

* La mayoría de los países en vías de desarrollo no han cumplido con su obligación de implementar el acápite 27.3(b), como se detalla a continuación.

En resumen, el proceso de revisión hasta ahora no ha generado ninguna aclaración y ninguna respuesta a las propuestas concretas del Sur; sólo grandes demoras para llegar a la discusión sustantiva, y la actual confusión general sobre los compromisos y las opciones existentes.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL ARTíCULO 27.3(b) EN EL SUR: ESTADO DE SITUACIÓN

La gran mayoría de los países en vías de desarrollo que son miembros de la OMC están encarando el cumplimiento de su obligación de ceder derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales mediante un sistema sui generis eficaz –lo que quiera que eso signifique— y no a través de patentes ⁸. Para los países en vías de desarrollo el plazo para poner en vigencia esa normativa venció el 1º de enero del 2000 ⁹.

Sin embargo, pese a la amenaza de posibles sanciones comerciales, fueron muy pocos los que a última hora consiguieron aprobar esa legislación. Sólo tenemos conocimiento de 21 países en vías de desarrollo, miembros de la OMC, que poseen leyes de protección [de la propiedad intelectual] de variedades vegetales (PVV) en vigencia al día de hoy (véase la Tabla 1). Quedarían entonces 76 miembros de la OMC en el Sur que todavía carecen de normas de protección de los DPI sobre variedades vegetales. Entre estos hay 29 que están clasificados como "países menos adelantados" (PMAs) y tienen un período de transición más largo que vence el 1ero de enero del 2006, pero de todos modos quedan 47 países del Tercer Mundo que en este momento podrían ser llevados ante los mecanismos de litigio de la OMC en Ginebra bajo cargos de no cumplir con el artículo 27.3(b) del TRIPs.

Tabla 1: Países en vías de desarrollo miembros de la OMC con normas de protección de variedades vegetales vigentes al 1º de enero del 2000

* Miembro de la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV, Ginebra), Ley de 1978
Fuente: Información recopilada por GRAIN de diversas fuentes, febrero del 2000

En África, Kenia, Sudáfrica y Zimbabwe ya habían adoptado leyes de PVV desde la década de los 70. Marruecos es el único país africano que sabemos que en 1999 implementó algún tipo de normativa sui generis sobre variedades vegetales a efectos de los TRIP. Puesto que la OMC cuenta a 24 de sus miembros africanos como PMDs, los restantes 21 son países en vías de desarrollo, lo que significa que el 80% de los países africanos que a la fecha ya deberían haber implementado el artículo 27.3(b), no lo han hecho aún.

En Asia el proceso también se desarrolla con lentitud. Corea y Hong Kong adoptaron leyes de PVV hace ya algunos años, en ambos casos para cumplir con los TRIP. China hizo lo mismo e incluso el año pasado llegó a integrarse a la UPOV, a pesar de no ser miembro de la OMC. En cuanto a los demás, sólo Tailandia estableció un régimen sui generis el año pasado. Dado que Bangladesh, Maldivas, Myanmar y las Islas Salomón están clasificados como PMDs en la familia de la OMC, ello significa que también en la región de Asia y el Pacífico, el 80% de los países que a la fecha ya deberían haber implementado el artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre TRIPs, no lo han hecho aún.

En América Latina la situación es un poco diferente. Países del Cono Sur como Argentina y Chile instauraron regímenes de protección de los DPI sobre variedades vegetales hace ya varios años. México aprobó una ley de PVV como condición de su ingreso al TLCAN (NAFTA), y los cinco países de la Comunidad Andina adoptaron un régimen regional, sobre el modelo de la UPOV, conforme a la Decisión 345 del Pacto Andino. Después de algún debate y mucha incertidumbre, Brasil aprobó una ley nacional de PVV en 1997 y el año pasado se unió a la UPOV. En la recta final, justo antes de que venciera el plazo prescrito por el propio Acuerdo sobre TRIPs, sólo Panamá y Nicaragua aprobaron una nueva legislación. Teniendo en cuenta que Haití dispone del período de transición más largo concedido a los PMDs, debemos concluir que el 56% de los países de América Latina y el Caribe que a la fecha ya deberían haber implementado el artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre TRIPs, no lo han hecho aún.

En conjunto, esto significa que hoy el 70% de los países en vías de desarrollo (no-PMDs) que forman parte del sistema de la OMC, están atrasados en sus obligaciones con relación al artículo 27.3(b) de los TRIP.

La gráfica adjunta presenta el cuadro general del Sur en este momento, incluidos los PMAs.

 
Fuente: Información recopilada por GRAIN de diversas fuentes, febrero del 2000

Esto no quiere decir que los países se encuentren inactivos en el ámbito legislativo. Lejos de ello. En este momento India, Egipto y Filipinas tienen borradores finales bajo estudio en sus respectivos parlamentos nacionales. Costa Rica, Malasia, Paquistán y Egipto están discutiendo proyectos o esperando la aprobación ministerial o del gabinete para someterlos a consideración del Parlamento. Muchos otros países todavía están redactando sus proyectos. Por ejemplo, la mayoría de los países miembros de la Organización para la Unidad Africana (OUA) se encuentran profundamente comprometidos con el proceso de crear normativas nacionales basadas en una Legislación Modelo regional que se terminó de redactar apenas en noviembre pasado. La Legislación Modelo de la OUA abarca no sólo los derechos de los fitomejoradores sino también los de los agricultores, el reparto de las ganancias y normativas sobre el acceso a los recursos genéticos. En el África francófona, los 15 miembros de la Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) revisaron en febrero de 1999 el Acuerdo de Bangui y adoptaron un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales basado en la UPOV. Pero hasta donde sabemos, todavía no existen normas nacionales de PVV vigentes en los estados miembros de la OAPI basadas en el Acuerdo revisado de Bangui. ¹⁰

Mientras tanto, la UPOV parece estar en situación desesperada. Ansiosa por incorporar más países a su redil y aumentar así su credibilidad, en octubre pasado el Consejo de la UPOV decidió extender una invitación abierta a India, Nicaragua y Zimbabwe para que accedieran a la Ley de 1978, a pesar de que oficialmente esa posibilidad había caducado ya en 1998. Y por si esa súbita generosidad no hablara suficientemente claro, el Secretario General de la UPOV ya le anunció a sus colegas que optará por jubilarse tempranamente este año. La UPOV incluso está empezando a cambiar de tono y admitir que los países pueden elaborar una legislación sui generis eficaz que no sea "esencialmente derivada" del régimen UPOV. Todos estos podrían ser indicios de que la creencia en una respuesta ya pronta para el acertijo del artículo 27.3(b) de los TRIP se está desmoronando.

¿Qué podemos aprender de todo esto? El mensaje que se filtra de todo este proceso es que a pesar de contar con períodos de transición de cuatro años, a pesar de tener las mejores intenciones de cargar con los costos de la participación en el sistema comercial de la OMC y a pesar de todas las presiones y los incontables talleres organizados por el mundo industrializado, incluida la UPOV, los países en vías de desarrollo no están listos para aplicar el artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre TRIP. Y tienen buenas razones para ello. Desde mediados de la década de los 90, los países industrializados los han sometido a una presión intensa y a menudo unilateral para que adopten, como instrumento de implementación, el modelo UPOV de protección de variedades vegetales; pero la sensación de muchos países en vías de desarrollo es que esa no es en absoluto la mejor opción para sus intereses. La propia OMC se unió a esa campaña al patrocinar una serie de talleres para países en vías de desarrollo sobre la UPOV como solución sui generis, al mismo tiempo que auspiciaba una revisión que supuestamente debía reexaminar esa mismísima cláusula. Además, las propuestas de esclarecimiento del significado de ese artículo presentadas por los países en vías de desarrollo, no sólo ante el Consejo del Acuerdo sobre TRIPs encargado de la revisión sino ante la Conferencia Ministerial, nunca fueron debidamente tratadas. Finalmente, las obligaciones frente a otros tratados que se superponen parcialmente con los TRIP, como por ejemplo el CDB y el Emprendimiento Internacional de la FAO, unidos a una gran preocupación por los efectos de los TRIP sobre la biodiversidad, han determinado que muchos países en vías de desarrollo opten por asegurarse que los derechos de las comunidades y de los agricultores no resulten torpedeados por la aprobación rápida y poco estudiada de normas que favorecen a los fitomejoradores industriales. Este último factor ha hecho que el trabajo de redacción resulte más complejo y dificultoso para los países en vías de desarrollo, pero también potencialmente menos contrario y perjudicial a los intereses de sus ciudadanos de lo que aparentemente deseaban la UPOV, la OMC y el resto del mundo industrializado.

Los países en vías de desarrollo que sí adoptaron leyes de PVV basadas en la UPOV tuvieron una reacción comprensible ante todas esas presiones en conflicto. Pero en la mayoría de los casos –no todos— lo hicieron sin debate o consulta significativa con quienes serían los más afectados: las comunidades agrarias e indígenas. En todo caso, ciertamente no resolvieron los conflictos subyacentes.

3. POR UNA REVISIÓN COMPLETA Y A FONDO

Es difícil eludir la conclusión de que se impone una revisión completa y a fondo del artículo 27.3(b). Como ya se ha dicho, el texto actual es resultado de una transacción entre Estados Unidos y Europa, sin haber considerado debidamente los intereses de los países en vías de desarrollo ni los principios implícitos en el CDB y otros acuerdos internacionales. Además, el texto en su estado actual está lleno de peligrosas ambigüedades. En lugar de persistir en la tesitura de llevarse a todos por delante e imponer normas inadecuadas para los países en vías de desarrollo y sus agricultores, es importante hacer una revisión seria del artículo, tal y como estaba dispuesto originalmente, y esclarecer su alcance, su significado y sus objetivos, teniendo en cuenta todos esos intereses y preocupaciones.

En ese contexto, el Grupo Africano es quien ha ofrecido la propuesta más abarcativa sobre el modo de seguir adelante en este tema, y su iniciativa merece pleno apoyo –y efectiva ejecución —, sin más demora. Se puede considerar que conduce a una moratoria en la medida en que reclama un procedimiento de revisión exhaustiva, la prolongación de los períodos de transición y aclaraciones específicas que equivaldrían a una enmienda del tratado. Pero como quiera que se le llame, esto de ninguna manera significa que los países mientras tanto deban desistir de sus esfuerzos por elaborar sistemas normativos nacionales adecuados y equilibrados. Por el contrario, poner en práctica la propuesta del Grupo Africano debería brindar el tiempo y espacio necesarios para que los países en vías de desarrollo elaboren, en forma más integrada y consultada, marcos legales que respondan adecuadamente a sus necesidades. Proteger la biodiversidad, fomentar sus usos sustentables y reconocer debidamente los derechos y los intereses de las comunidades locales y los pueblos indígenas son asuntos que no pueden ser soslayados en la aplicación de los TRIP. Es verdad que se trata de objetivos y temas que van mucho más allá del alcance de cualquier sistema de comercio mundial, pero son los que actualmente están obstaculizando el Acuerdo sobre TRIPs de la OMC.

En conclusión, poner en práctica las propuestas del Grupo Africano, ahora, puede justificarse en función de que:

1. La revisión sustantiva del artículo 27.3(b) no ha terminado.

Cuando se adoptó el Acuerdo sobre TRIPs en 1994, se acordó que las disposiciones del artículo 27.3(b) serían revisadas antes de su implementación en el Sur. La revisión se inició en 1999 y los países en vías de desarrollo plantearon varias preocupaciones sustantivas acerca del texto, en cuya redacción ellos casi no habían participado. Cuatro reuniones del Consejo del Acuerdo sobre TRIPs en 1999 no fueron suficientes para concluir la discusión y el año terminó con varios países que solicitaron ampliaciones del plazo y con serias dudas sobre la mesa.

2. No han sido examinadas las demandas específicas de enmienda del artículo 27.3(b) que se postergaron para Seattle,.

Las demandas específicas de casi 100 países en vías de desarrollo en relación con el artículo 27.3(b) de los TRIP quedaron consignadas en una serie de propuestas que fueron presentadas ante el Consejo General en la segunda mitad de 1999 y luego trasladadas a un texto de negociación para la Reunión Ministerial. Como ya se ha visto, sin embargo, éstas no fueron debidamente discutidas en Seattle y el Consejo del Acuerdo sobre TRIPs tampoco las ha tratado. Por lo tanto, todavía están a la espera de ser escuchadas y discutidas, y de recibir una respuesta en la OMC.

3. La posición del Grupo Africano cuenta con fuerte apoyo popular.

Movimientos populares y organizaciones no gubernamentales, por no hablar de parlamentos, abogados y academias de ciencias de todo el mundo, han instado a sus gobiernos a apoyar la posición del Grupo Africano ¹¹. Esto es indicativo de un gran interés público que no debe ser ignorado, especialmente sobre un tema tan delicado como la cesión de derechos monopólicos sobre la base misma del abasto de alimentos.

4. En conjunto, la pérdida de legitimidad de la OMC después de Seattle y el carácter de la revisión actual del artículo 27.3(b) dejan espacio para que los países en vías de desarrollo tomen la iniciativa.

El derrumbe del proceso de Seattle bien podría señalar el comienzo de una nueva era en la que los países en vías de desarrollo desafíen cada vez más y con mayor éxito el alcance excesivo y el funcionamiento antidemocrático de la OMC, y el modo como ha servido a los intereses del mundo industrializado y sus megaempresas. En ese contexto, estamos en un momento de revisar y reconstruir, no de seguir para adelante ciegamente y adoptar normas legales de protección de los DPI inadecuadas.

Notas:

1. GRAIN (1999). Plant variety protection to feed Africa? Rhethoric versus reality, Barcelona, octubre. www.grain.org/publications/reports/variety.htm

2. A menos que se indique lo contrario, la información sobre las actas del Consejo del TRIPs le fueron gentilmente suministradas a GRAIN en el curso de los últimos quince meses por la Secretaria de Información y Prensa de la OMC.

3. Según el International Centre for Trade and Development, ‘El Consejo del TRIPs discute patentes sobre plantas’, BRIDGES Weekly Trade News Digest, Vol.3, No 15 y 16, Ginebra, 26 de abril de 1999.

4. Preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999: El Acuerdo TRIPs. Comunicación de Kenia en nombre del Grupo Africano. OMC, Ginebra, WT/GC/W/302, del 6 de agosto de 1999.

5. Declaración de Kenia en nombre del Grupo Africano: Artículo 27.3(b) del Acuerdo TRIPs, documento presentado ante el Consejo del TRIPs, OMC, Ginebra, 20 de octubre de 1999, 2 pp.

6. Artículo 27.3(b): Puntos de vista de los Estados Unidos de América, documento presentado ante el Consejo del TRIPs, OMC, Ginebra, 20 de octubre de 1999, 7 pp.

7. Secretariado de la Organización Mundial de Comercio, El Consejo General difiere la discusión post-Seattle hasta principios de enero, OMC, Ginebra, 17 de diciembre de 1999.

8. Hoy en día solamente Estados Unidos y la República de Corea otorgan protección mediante patentes sobre las obtenciones vegetales.

9.Algunos interpretan que este plazo exige que el proceso de implementación esté en marcha, pero no necesariamente concluido.

10. Camerún lo ratificó –sin ninguna discusión parlamentaria— pero todavía no existe una normativa nacional en vigencia. En el resto de los países el proceso de ratificación está paralizado.

11. Véase por ejemplo www.twnside.org.sg/title/273bst-cn.htm

a. WT/GC/W/23 del 5 de julio de 1999
b. WT/GC/W/282 del 6 de agosto de 1999
c. WT/GC/W/302 del 6 de agosto de 1999
d. WT/GC/W/251 del 13 de julio de 1999
e. www.foe.org/international/wto/govt.html del 2 de setiembre de 1999
f. WT/L/326 del 22 de octubre de 1999
g. WT/L/317 del 1 de octubre de 1999
h. WT/MIN(99)/3 del 2 de noviembre de 1999
i. WT/GC/W/362 del 12 de octubre

SIGLAS

ACRAM: Asociación para la Cooperación Regional del Asia Meridional [SAARC: South Asia Association for Regional Cooperation]
CDAM: Cooperación para el Desarrollo del África Meridional [SADC: Southern Africa Development Cooperation]
CDB: Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica
CT: Conocimiento tradicional
DPIs: Derechos de propiedad intelectual
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [UN Food and Agriculture Organisation]
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio [General Agreement on Tariffs and Trade]
G77: Grupo de 77 países en vías de desarrollo ante la ONU
OMC: Organización Mundial de Comercio
PMAs: Países menos desarrollados
TLC: Tratado [Norteamericano]de Libre Comercio [NAFTA: North American FreeTrade Agreement]
TRIPs: Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) [Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights]
UE: Unión Europea
UPOV: Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales [Union for the Protection of New Varieties of Plants]

Para mayor información, dirigirse a:

GRAIN
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08010 Barcelona, España
Tel: (34-93) 301 13 81 | Fax: (34-93) 301 16 27
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