En agosto de 2016, las comunidades shuar asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos-Provincia de Morona Santiago, en la Amazonía Sur del Ecuador, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares desproporcionados. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankintz fue ordenado por el Intendente Provincial de Morona Santiago, quien autorizó el desalojo sobre un área de 94 hectáreas, a pesar de que solamente dos hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante sentencia a la empresa EXSA. La zona en conflicto está ubicada mayoritariamente en territorio del pueblo shuar. En este espacio se proyectan abrir dos minas a cielo abierto que contaminarán el territorio con enormes cantidades de desechos tóxicos y utilizarán millones de litros de agua afectando los ríos y otras fuentes de agua. Al terminar de explotar los minerales quedarán dos cráteres en el corazón de la Cordillera del Cóndor, con irreversibles impactos ambientales, sociales y culturales. En el Ecuador, desde hace ya mucho tiempo organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos y ecologistas venimos alertando sobre las consecuencias que pudieran derivarse por el continuo atropello a los derechos del pueblo shuar y campesino en la Cordillera del Cóndor para dar paso a la explotación minera. Hay una total ausencia de consulta y predisposición a escuchar las demandas de las personas afectadas y voces locales. La población está sometida a continuos procesos de criminalización, agresión y hostigamiento. Siguen en la impunidad los tres asesinatos de personas shuar cometidos en la zona. En el último año se han llevado a cabo continuos procesos de despojo, expulsión y desalojo forzoso para entregar los territorios a capitales mineros chinos. Destaca la inoperancia e incluso la connivencia del Estado ecuatoriano en las agresiones sufridas. A pesar de toda violencia cotidiana, son múltiples las acciones legales y de incidencia, que han llevado a cabo las comunidades para buscar el diálogo y poner en conocimiento de las autoridades sus demandas y afectaciones con la intención de que sean resueltas. Varias de ellas han sido públicas. El inicio del conflicto en este territorio se remonta a la década de 1990, cuando el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria (IERAC), adjudicó unas tierras de manera irregular y sin ningún proceso de inspección a un señor Alvarado, quien posteriormente vendería esas tierras a la empresa minera EXSA, que en esos años estaba conformada por capitales canadienses. Desde entonces la población local ha estado sometida a continuas presiones, hostigamientos, amenazas, operativos militares; es decir a una continua vulneración de sus derechos, para que abandonen el territorio sobre el cual mantenían el derecho de posesión; todo esto para facilitar la operación minera de la empresa EXSA. El día martes 20 de diciembre, la Comunidad Shuar de Nankintz, decidió regresar a su territorio. Desde ese momento la tensión en la zona fue en aumento y la población ha sufrido una continua violación de derechos humanos y colectivos, de omisiones de garantía de derechos por parte del Estado ecuatoriano, tales como: * El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y convenios internacionales como el de la OIT y La Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas * El incumplimiento del mandato minero constatado por la propia Contraloría General del Estado * La falta de regulación de autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente que otorgó licencias ambientales al proyecto minero Panantza-San Carlos. Estas licencias estaban basadas en un Estudio de Impacto Ambiental presentado 10 años atrás cuando estaba vigente otra normativa constitucional, otra legislación minera y una legislación ambiental distinta a la actual. La comunidad de Nankintz, ha acudido durante mucho tiempo a las instancias oficiales y legales como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minería o la Embajada China en Ecuador para intentar obtener una interlocución sobre este grave conflicto. Frente al silencio, no tuvieron más opción que acogerse al derecho de la resistencia constitucionalmente reconocida para poder ejercer el derecho a vivir en sus territorios y defender sus fuentes de vida. La población de Nankintz ha sido totalmente desalojada y ha sido reemplazada por un campamento minero. Se ha impuesto el estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago, lo que implica que se suspende el derecho a la libertad de expresión, movilización y reunión. Toda la provincia está militarizada. Comunidades enteras han sido casi vaciadas porque la población tiene miedo de que haya más detenciones. El presidente de Federación Inter-provincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá, está preso en una cárcel de alta seguridad, lejana a su pueblo. En las redes sociales se lo vio esposado, cuando se presentó a la audiencia para que se le otorgue un habeas corpus, recurso que le fue negado. Se le acusa de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, por haber pedido en su Facebook “la salida inmediata de militares del territorio Shuar”. Agresiones a los pueblos indígenas relacionadas con la industria extractiva ocurren en varios países de nuestro continente. Por eso, el ex Relator Especial de Derechos Indígenas, James Anaya en su informe final se centró en este tema. Él manifestó que “como resultado de las actividades extractivas a lo largo de varios años, diversos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos sociales y ambientales devastadores, y sin percibir muchos beneficios de estas actividades. A raíz de esta situación, ha existido un alto nivel de descontento y de desconfianza entre los pueblos indígenas hacia el Estado y el sector industrial extractivo, lo que ha resultado en numerosos actos de protesta y enfrentamientos. El Relator añadió que “Los pueblos indígenas deberían poder oponerse o denegar su consentimiento a los proyectos extractivos sin ningún tipo de represalias ni actos de violencia, ni de presiones indebidas para que acepten o entablen consultas sobre los proyectos extractivos. En este sentido, el enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe emplearse como método para reprimir su libertad de expresión”. La zona donde se quiere hacer minería a cielo abierto, la Cordillera de El Cóndor, es uno de los llamados Refugios del Pleistoceno, zona de altísima biodiversidad y endemismo. Los shuar son los herederos de la cultura mayo-chinchipe-marañón, de quien se dice, fueron los domesticadores del cacao. La causa del pueblo shuar, hijos de las cascadas sagradas y contadores de sueños, no pueden ser olvidada por la comunidad internacional.