10 de Junio de 2015. Con la presencia de numerosas delegaciones campesinas y de trabajadores de la agroindustria, llegados de diversas regiones del territorio nacional, realizamos en Bogotá DC, del 5 al 8 de junio, el XI Congreso de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, con la consigna central Vamos por la paz, los derechos campesinos y la soberanía alimentaria. La fuerza y energía de mujeres, hombres, jóvenes y niños del campo, se hizo sentir durante los cuatro días del magno evento de los fensuagristas. Contó con el acompañamiento y saludos de organizaciones hermanas del orden internacional y nacional. Los delegados y delegadas asistentes al XI Congreso Nacional de Fensuagro declaramos que: Como consecuencia de la crisis de carácter estructural en que se encuentra el campo colombiano por la aplicación de políticas neoliberales, ajustes institucionales y fiscales impuestos por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, sumisamente ejecutadas por el gobierno nacional, se extrema el empobrecimiento y mendicidad a vastos sectores de la población colombiana, sobre todo quienes viven en los cinturones de miseria de las principales ciudades y zonas rurales del país. Los tratados de libre comercio, el proyecto de ley sobre Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES; el avance de los agronegocios, la concentración de la propiedad de la tierra, las locomotoras minero-energéticas y del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo y la llamada Transformación del Campo, son complementarios a las políticas que buscan concentrar más la riqueza y consolidar el capital financiero transnacional en nuestra nación, el despojo de nuestros territorios. La Guerra sigue siendo el principal instrumento de despojo y concentración de riqueza por parte de la oligarquía colombiana en alianza con el capital transnacional y el poder destructor del imperialismo. El campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y en general la clase trabajadora de Colombia son despojadas sistemáticamente de sus derechos fundamentales. Parte de esta maquinaria de guerra y despojo son el poder ejecutivo, el legislativo y la rama judicial, conjugados rítmicamente al son de los intereses del capital transnacional y nacional. La violencia y persecución sistemática contra los campesinos y pueblos indígenas no es reciente; se remonta a los primeros años del siglo pasado, se prolongó todo el siglo XX y lo que va del XXI. El actual conflicto armado tiene sus raíces en las causas históricas de la violencia, la persecución política y el despojo contra los pobladores rurales. Ocurren por la abierta intervención e injerencia del imperialismo estadounidense en nuestro país. Más de 9 mil 900 presos políticos en Colombia demuestran que un país como el nuestro con la “democracia más antigua” del continente es una solemne mentira. Las cifras no mienten: más de 7 millones de desplazados, miles de desaparecidos, cerca de 10 millones de hectáreas de tierra robadas al campesinado. En el caso particular de Fensuagro, 130 de sus miembros están encarcelados con falsos montajes, entre ellos su vicepresidente, Huber de Jesús Ballesteros Gómez. Los diálogos de Paz que se desarrollan en la Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, son la mayor esperanza de la sociedad colombiana para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la confrontación armada y abra el camino a la solución política, que posibilite la paz estable, duradera y la justicia social. Desde nuestra Federación, llamamos a las partes a cumplir su palabra de no levantarse de la mesa de negociación, hasta tanto no se haya firmado el acuerdo final. Al Gobierno Nacional a poner en práctica de inmediato los acuerdos hasta ahora alcanzados en materia de políticas agrarias y demás acuerdos que contribuyan a generar confianza y apoyo social al proceso de negociación. Fensuagro se declara en proceso constituyente, dedicando el tiempo necesario a promover y organizar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que materialice los acuerdos de la Habana en una Nueva Constitución Política que garantice la paz como un principio fundamental de los colombianos/as, la justicia social, la democratización de la riqueza y la vida política de la nación. La Asamblea Nacional Constituyente deberá sentar las bases para construir una sociedad democrática, con autodeterminación, antiimperialista y con plenitud de soberanía nacional. La paz deberá ser un principio fundamental del pueblo colombiano, deberá garantizar de manera gratuita a todos los colombianos/as el derecho a la salud y la educación; a gozar de una vivienda digna, el acceso al agua potable, a los alimentos de buena calidad, al trabajo digno, a la tierra para las comunidades campesinas y étnicas que no la posean y demás componentes que permita el apoyo directo del Estado a la economía campesina. Las riquezas y bienes naturales deberán ser declaradas patrimonio estratégico de los colombianos/as prohibiéndose su privatización y extranjerización. La tierra tendrá una función social y ecológica, será nula la gran propiedad monopólica en manos de particulares. Se deberá desarrollar una legislación que garantice el control efectivo y eficaz contra la evasión de impuestos de las empresas transnacionales, nacionales y los capitales golondrinas. Se expulsarán del país aquellas empresas que violen los derechos fundamentales de los trabajadores. Los millones de campesinas/os que fueron despojados de sus tierras, territorios y demás bienes, continúan esperando del Estado su devolución. La ley de víctimas no ha pasado el examen después de sus primeros cuatro años de vida; según el propio gobierno sólo 86 mil hectáreas han sido devueltas, de las 10 millones que según los propios campesinos/as les han sido robadas por los narco-latifundistas. El reconocimiento de los derechos de los campesinos colombianos debe concretarse de inmediato. La deuda social que tiene el Estado con los campesinos debe reconocerse y pagarse pronto. Los campesinos/as alimentan a los colombianos/as, son protectores de la naturaleza, los ecosistemas, el medio ambiente, y producen cultura y vida. Desde Fensuagro impulsaremos y nos movilizaremos por implementar políticas agrarias democráticas que tengan como eje central la reforma agraria integral y popular. Políticas agrarias que fortalezcan la producción de la economía campesina, recuperen la soberanía alimentaria de los colombianos y garanticen la seguridad social y pensiones para los pequeños y medianos productores campesinos, democraticen los latifundios permitiendo el acceso gratuito a la tierra de los campesinos que no la poseen, prohíban la transnacionalización de la tierra y los grandes agronegocios, favorezcan la defensa de la producción de alimentos, y den impulso a las Zonas de Reservas Campesinas. Que se ponga en práctica una reforma agraria que permita vida digna para los millones de familias campesinas de nuestra patria. El recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso de la República se convierte en un nuevo instrumento de exclusión y desarraigo contra el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Las verdaderas intenciones del Plan son continuar consolidando los agronegocios, la venta de la biodiversidad y los bienes genéticos, y convertir la naturaleza en el gran negocio mediante la Economía Verde. Tratan de dar continuidad a las locomotoras del desarrollo en cuanto a la gran minería, la producción energética y la explotación petrolera. Como lo han denunciado otros sectores el Plan Nacional de Desarrollo busca garantizar una nueva etapa de acumulación de capital, profundizando el modelo neoliberal. La autorización al presidente de la República por un periodo de seis meses (para reestructurar, crear o suprimir las instrucciones del sector agropecuario) se puede convertir en un abuso de poder, de no buscar la participación en las decisiones de las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y trabajadores del sector, en lo atinente al tipo de institucionalidad requerida para desarrollar una política agraria que recoja las exigencias del movimiento campesino representado en la Cumbre Agraria Étnica y Popular y los acuerdos de la Habana. Una institucionalidad con adecuados recursos económicos, con talento humano y amplia participación y poder de decisión de las organizaciones y comunidades campesinas y étnicas, quienes deberán ser consultadas por la institución del caso, de modo obligatorio, e incorporar sus propuestas en los planes. Nos comprometemos a continuar consolidando la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular junto con las fuerzas sociales y populares que la integran como un espacio de unidad en la diversidad pero comprometido con la movilización y la lucha permanente contra las transnacionales, por la recuperación de la tierra, el territorio y la vida digna. A organizar y preparar unitariamente las acciones de protesta populares hacia el Paro Agrario Y Popular, ante los incumplimientos por parte del gobierno nacional de los acuerdos pactados en 2013 y 2014 con el movimiento campesino y los pueblos indígenas que somos parte de la Cumbre. Llamamos a redoblar esfuerzos desde los sectores agrarios, campesinos, étnicos, populares, sociales y políticos a fortalecer el Frente Amplio por la Paz que permita alcanzar de inmediato el Cese al Fuego Bilateral, el desescalamiento de las acciones militares y la pronta firma de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada; hacia una paz estable, duradera y con justicia social cerrando de paso el camino a las fuerzas reaccionarias —que pretenden condenar a la mayoría de la sociedad colombiana al escabroso y doloroso camino de la guerra y la violencia sistemática a la que han sido sometidas las organizaciones sociales y populares del país. La realización de la primera asamblea de mujeres campesinas, de la primera asamblea de jóvenes campesinos y el primer congresito de niños y niñas fensuagristas, tras un proceso de fortalecimiento local y regional, muestra los avances organizativos y políticos de nuestra Federación. Las mujeres y jóvenes fensuagristas contribuyeron de forma práctica, dinámica y entusiasta en el XI Congreso de Fensuagro a construir los lineamientos políticos para los próximos cuatro años: sus aportes han enriquecido el programa agrario para la acción y transformación democrática del campo colombiano. Los niños y niñas campesinas fensuagristas que desarrollaron su primer congresito dejaron grabadas las huellas de la ternura y el amor en cada uno de los corazones de quienes asistieron al XI Congreso. La actual coyuntura política nos coloca nuevos retos y dinámicas locales, municipales, departamentales, regionales y nacionales que no podemos desconocer como fensuagristas del Movimiento Político Marcha Patriótica y la Unión Patriótica, y nos llama a convocar a nuestros afiliados a trabajar por la más amplia convergencia programática de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Con la claridad que la construcción de una nueva democracia va más allá de la elección de unos individuos a determinados cargos de elección popular, es necesario ejercer el control político sobre los elegidos, y si éstos no cumplieran el mandato para el cual fueron designados por las mayorías, se debe tener la capacidad de revocar sus mandatos. Las elecciones no son un fin en sí mismo, sino un medio que permita cambiar la actual correlación de fuerzas a favor de los cambios que requiere la sociedad colombiana. Vamos por la paz los derechos campesinos y la soberanía alimentaria. http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/2420-colombia-declaracion-politica-xi-congreso-de-fensuagro