Este mes en la sección de Mitos presentamos el caso de las fumigaciones con glifosato, como manera de erradicar cosechas “ilegales”. Después de dos décadas de fumigaciones hay muchas críticas sobre su eficacia, sus métodos y sus efectos sociales y ambientales. La Organización Mundial de la Salud OMS acaba de calificar el glifosato como potencialmente cancerígeno (en consecuencia reclasificado como sustancia 2 A). Dos décadas de fumigaciones. Hace veinte años empezaron en Colombia las fumigaciones continuas de los cultivos de hoja de coca, y se calcula que las aspersiones aéreas han afectado 1 millón 753 mil 386 hectáreas1. Los efectos de esas fumigaciones han sido negativos: las aspersiones se han concentrado en las mismas zonas durante veinte años; han producido desplazamientos de las siembras, y han ocasionado desastres sociales, políticos, de seguridad y ambientales. Los cultivos ilícitos se han convertido, cada vez más, en un componente de la economía de guerra. La concentración de las fumigaciones en el medio y bajo Caguán, en el entorno de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Miraflores, Bajo Putumayo y desde el año 2000 en el Pacífico nariñense y Bajo Cauca, ponen en evidencia que su intención real es producir efectos inmediatos e indicadores de éxito. Pero los resultados han sido marginales, pues muchas de esas zonas han sido fumigadas y siguen en la resiembra de hoja de coca, como demuestran los mapas desde que opera el sistema de monitoreo de cultivos de coca de Naciones Unidas (SIMCI). Así no hayan servido para acabar las siembras, las fumigaciones sin duda sirven al interés de grandes empresas, como Dyncorp, Monsanto, las fabricantes de aviones para esta actividad y de armas o helicópteros para la seguridad de los operativos. Desde mediados de los sesenta, y junto con México, Colombia ha sido centro de experimentación del uso de venenos como el paraquat; así ocurrió con los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, violentando protocolos, dosificaciones y la escasa soberanía nacional. Sucesión de fracasos. Pese a su demostrada ineficacia y a sus negativos efectos, la fórmula se ha repetido durante los últimos cinco gobiernos: * El de Samper (1994-1998), arrinconado por Estados Unidos ante la ilegitimidad derivada de la financiación de su campaña por el cartel de Cali, se comprometió a acabar el problema “en cuatro años” y a dar paso a “un escenario de cero coca”. En medio de la crisis desatada por el proceso 8 mil, el embajador Myles Frechette quiso imponerle al gobierno fumigaciones experimentales con químicos peligrosos como el Imazapyr o el Tebuthiuron. El fracaso fue estruendoso. * Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) el nivel de exigencia se elevó con las experimentaciones en el uso del hongo fusarium oxysporum, lo que produjo una intensa movilización de medios de comunicación, activistas y defensores del medio ambiente y la protesta de algunos congresistas. Finalmente se suspendió el programa, y en dos décadas ha sido la única derrota contundente de la política antidroga en Colombia. Este fracaso relegitimó el uso del Round Up Ultra, una formula especial aplicada con dosificaciones desconocidas y sin que la menor posibilidad de que entes independientes ejerzan una veeduría o de que los órganos de control previstos en la Constitución puedan dar cuenta del entramado de una política catalogada como de seguridad nacional. * Con el presidente Uribe (2002-2010) la fumigación llegó a su extremo: un total de 1 millón 203 mil 874 hectáreas esto es, el 68.7 % de toda la fumigación en Colombia entre 1994 y 2012 (18 años) en ocho años de gobierno. No obstante las fumigaciones intensivas y extendidas, hasta el 2012 Colombia seguía siendo el primer productor mundial de cocaína. Diagnóstico equivocado y pausa obligada. Gran parte del problema radica en el diagnóstico sobre la expansión de los cultivos. La intensidad de las aspersiones bajo Uribe se asoció con la tesis de la coca como fuente de financiación de la guerrilla, ignorando a quienes han mostrado sus nexos con la crisis de la colonización y de las economías campesinas dentro de la frontera agrícola. Más que de la política de reducción de la oferta, la erradicación aérea hizo parte de una estrategia contrainsurgente que une al pequeño productor como parte de la cadena criminal y de apoyo a la guerrilla. Sobre los pequeños productores recae el estigma de la criminalización, de la que sólo puede redimirse a través de una especie de sometimiento a la justicia de facto, con su inclusión forzosa en programas como el de “Familias Guardabosques”. Denominación eufemística para un programa cuyo diseño técnico es un fracaso. Ahora bien, desde que comenzaron las aspersiones del herbicida Round Up Ultra, las FARC han ideado técnicas de contención mediante disparos de francotiradores experimentados, como aquel del guerrillero qué en 1994 logró alcanzar el motor y derribar una avioneta en el Guaviare. En 2013 las autoridades de Estados Unidos decidieron suspender las fumigaciones a raíz de dos incidentes muy cercanos en el tiempo: el disparo de un francotirador mató a un piloto estadounidense en La Montañita (Caquetá) y otro piloto fue herido unos meses atrás. Por eso se anunció que las fumigaciones no se reanudarían hasta que se blindaran mejor las aeronaves que fumigan. Fumigaciones y proceso de paz. Ese anuncio coincidió con la negociación sobre el tema de las drogas en La Habana y levantó una oleada de voces que sugirieron la suspensión definitiva de las aspersiones aéreas. En desarrollo de la negociación, las FARC han recogido la inconformidad de las comunidades que han soportado 20 años de aspersiones y que han pagado un costo muy alto. Por una parte las FARC actúan como prestadoras de servicios de seguridad a los mercados de pasta básica de cocaína y a una buena parte de la infraestructura del circuito ilegal; por otra parte y sin embargo, la guerrilla reclama el reordenamiento institucional en estos territorios. Sobre este punto hay muchos interrogantes. * En primer lugar, el hecho de que las FARC renuncien a la prestación de servicios de seguridad a partes de la cadena de la droga: ¿implica que están obligadas a vigilar las actividades ilegales que se instalen o resurjan en territorios bajo su control? Las FARC han tratado de responder afirmativamente siempre y cuando se acepte su demanda de creación de más Zonas de Reserva Campesina (ZRC), solicitud que ha levantado mucha resistencia en los círculos más tradicionales del campo porque la consideran como entrega de parte del territorio nacional a las guerrillas legalizadas. * En segundo lugar: ¿es el gobierno de Colombia o el de Estados Unidos quién decide realmente sobre las fumigaciones?; ¿es posible pactar la erradicación voluntaria a cambio de inversiones del Estado en esos territorios? ¿Quién decide, realmente? Las pocas referencias que Estados Unidos ha hecho al tema en los últimos 20 años dejan bastante claridad sobre el punto: Washington ha sido extremadamente hábil al “nacionalizar” las decisiones sobre aspersiones aéreas, construyendo la apariencia que Bogotá es autónomo en esa estrategia, cuando en realidad esas fumigaciones son un punto neurálgico de su política “antidrogas” en Colombia. La pregunta es clara: ¿Tiene capacidad el gobierno colombiano de decidir en La Habana sobre una política que ha sido concebida, financiada y ejecutada por entidades y empresas que han obtenido jugosos beneficios, en nombre de la continuidad de una estrategia de reducción de la oferta? Además de lo reseñado en esta breve historia, los pocos intentos de suspender las fumigaciones por parte del poder judicial colombiano fueron respondidos con amenazas de crisis en las relaciones bilaterales. Así sucedió cuando en julio de 2011 el juez 15 del circuito civil de Bogotá concedió medidas provisionales a comunidades indígenas del Putumayo y ordenó suspender las fumigaciones por violar derechos tradicionales 3. Washington tampoco ha suspendido las fumigaciones por daños en programas de desarrollo alternativo, incluyendo los de su propia Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés) en distintas regiones de Colombia. El enfoque de seguridad de esas acciones y la injerencia del Departamento de Defensa y sectores duros del Departamento de Estado han conducido siempre a este tipo de tratamientos. Incluso, las fumigaciones han causado desplazamientos forzosos que agravan el problema agrario colombiano y violentan derechos colectivos en territorios de indígenas y, sobre todo, de afrocolombianos. Empresas palmeras —por ejemplo en el Bajo Mira y Frontera— han corrido cercas aprovechando el desorden que producen las fumigaciones. Washington se mantiene frío antes estos fenómenos. Pone una vela a Dios apoyando la restitución de tierras y otra al diablo, manteniendo las fumigaciones como acción de guerra. La fijación de Washington en esa estrategia contrasta con el silencio que guardó ante el saqueo en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) —calculado en tres billones de pesos— entidad que ha sido tutelada por instancias de Estados Unidos. También con el silencio que ha mantenido sobre vínculos de políticos con organizaciones narco-paramilitares y la presencia de mafias regionales que hoy amenazan la paz que surgiría de La Habana. Las alianzas con el diablo, en una prolongación de prácticas de la guerra fría, parecen explicar esos comportamientos. En síntesis, resulta muy difícil que un tema con tan fuerte injerencia de Washington sea susceptible de negociar en La Habana, máxime por la postura esquizofrénica del presidente Santos en relación con el tema: de un lado, un discurso progresista frente a las críticas sobre la eficacia de la lucha antidrogas, y, de otro, un conservadurismo interno que impide replantear las decisiones antidrogas que reclaman giros importantes —incluida la política sobre cultivos ilícitos en zonas de colonización. De todas maneras, la convivencia de las fumigaciones con programas de desarrollo alternativo resulta comprobadamente insostenible. Y el gobierno colombiano no ha sido capaz de garantizar mínimas condiciones de seguridad en esos territorios que buscan salidas a la economía ilegal de la coca. Si Bogotá no pone el tema ante los excesos de Washington, éste será otro factor que, igual que las mafias locales, impedirá cumplir de los acuerdos de La Habana y por tanto, la construcción de una paz territorial, tal y como lo formula el discurso oficial. A esos dilemas se suma la reciente declaratoria del glifosato como potencialmente cancerígeno en un reporte revelado a comienzos de abril de 2015 en Francia por parte de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IRAC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Lyon. Después de un riguroso estudio de un año, se concluyó reclasificar al glifosato como una sustancia tipo 2A, es decir, aquella que puede causar cáncer a los humanos, luego de que se encontrara una relación directa de este herbicida con el linfoma non hodgkin, cáncer del sistema linfático4. Este resultado restablece la necesidad de suspender definitivamente las fumigaciones contra cultivos de uso ilícito bajo el principio de precaución, dada la fundamentada duda que pone el documento de la OMS. Ya Colombia había reconocido en 2013 el daño causado por las fumigaciones en la frontera con Ecuador y señaló textualmente que Colombia “entiende el reclamo de la República de Ecuador que en dichas circunstancias hubieran podido generar efecto nocivo.”5 En contraste con Ecuador, el Estado colombiano ha perseguido a quienes han denunciado los daños del glifosato6 y se ha escamoteado a las comunidades gravemente afectadas. Es decir, el mismo Estado colombiano contribuye a impedir la inclusión social, política y territorial, de aquellas zonas donde se anida el conflicto armado. * Sociólogo e investigador asociado del Transnational Institute TNI. Notas: 1 Cálculo sobre la base de UNODC, “Colombia Monitoreo de Cultivos de coca, junio de 2006” y UNODC, “Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2012”, junio de 2013. 2 http://lasillavacia.com/historia/dos-meses-sin-fumigacion-de-coca-46323 3 Véase Revista Semillas No. 36/37, “La consulta previa en proyectos desarrollados en territorios indígenas y afrocolombianos”, Octubre 21 de 2008. Véase “Fumigaciones y Conflicto en Colombia: al calor del debate”, TNI Documentos de debate núm. 2, septiembre 2001, Amsterdam. 4 Véase Corzo, Álvaro “El glifosato puede causar cáncer” en El Espectador, Abril 2 de 2015. 5 Véase Gil, Laura, “Secreto”, en El Tiempo, octubre 1 de 2013. 6 En el período del presidente Pastrana, funcionarios de alta calificación científica del Ministerio de Salud que dieron su concepto técnico ante un Tribunal donde se instauró una demanda por daños del glifosato, fueron posteriormente despedidos fulminantemente. Ver http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7390-fumigaciones-aereas-y-paz-territorial-%c2%bfhay-alternativas.html