Informe de la gira de verificación sobre los impactos de la soja transgénica en Paraguay Download PDF Herramientas para este documento

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Autor(a): Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Alianza Biodiversidad
Fecha: 19 febrero 2014
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Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Alianza Biodiversidad | 19 febrero 2014 | Biodiversidad 79 / 2014-1

Introducción

La Red por una América Latina Libre de Transgénicos y la Alianza Biodiversidad, preocupados por las constantes denuncias sobre la violación a los derechos humanos en Paraguay (muchos de los cuales están relacionados con la expansión de los monocultivos de soja transgénica en el país), realizaron un informe detallado sobre la situación.

El informe se basa en la revisión bibliográfica sobre esta problemática, y en una gira de verificación llevada a cabo el día 19 de octubre del 2013, en el Guayaibí, Departamento de San Pedro.

Damos a conocer los principales hallazgos de la misión, tanto lo observado en el territorio, como lo que se ha reportado en la literatura al respecto.

Antecedentes. Paraguay ocupa el sexto lugar en producción de soja y el cuarto como exportador a nivel mundial. Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de ese país, en 2007 la pobreza extrema en el campo creció hasta un 24.4%, lo que supone un 4% más que en 2005. Además, el 10.6% de la población rural se encuentra en la franja de pobres no extremos, un 5% menos que en 2005.
El incremento de la producción de soja ha significado también la sustitución de cultivos alimenticios de los que depende la soberanía alimentaria del pueblo —por la producción de un cultivo de exportación que beneficia a unos pocos (la mayoría de ellos, no paraguayos), y la desaparición de su bosque nativo y las áreas protegidas donde moran comunidades indígenas.

Sobre la tenencia de la tierra en Paraguay y la introducción de la soja en el país

Un 80% de las tierras de Paraguay se concentran en un 2% de los propietarios. Si indagamos un poco de cerca los nombres que figuran como accionarios dentro de ese 2%, podremos ver las conexiones entre el poder político heredado de la dictadura de Alfredo Stroessner, los grandes terratenientes paraguayos y los medios de comunicación.

La estructura agraria paraguaya se caracteriza por su dualidad, en donde conviven el latifundio y el minifundio: el primero, dedicado sobre todo a las actividades pecuarias y forestales. Dichas características se modificaron desde la adopción masiva de la soja (y el algodón), ambos productos de exportación, lo que entre otras cosas, introdujo un tipo de producción altamente tecnificada, empresarial y a gran escala. Esto ha conllevado a una descomposición y empobrecimiento del campesinado. (Morínigo, 2003)

En el ciclo agrícola 1999-2000 se incorporó (de manera ilegal) la semilla de soja transgénica. A partir de ese momento, el área sembrada con soja fue posicionando a Paraguay como uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial.

El área cultivada con soja se incrementó notablemente con la incorporación de semillas transgénicas con resistencia a herbicidas en su matriz productiva, promoviendo un modelo que acentúa las diferencias existentes en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, en 2005, el 4% de los productores de soja manejó 60% del total de la superficie con este cultivo, mientras que el restante 76% de los productores sólo accedió al 7% del total sembrado; y el 0.2% de los productores de soja manejó 12% de la superficie sembrada con este cultivo en extensiones iguales o mayores a 5 mil hectáreas. (CAN, 2008)

Esta gran expansión de los cultivos de soja en Paraguay se ha producido a costa de la agricultura campesina. De las 27 mil fincas cultivadoras de soja, 45 son de empresas que cultivan más de 5 mil hectáreas, cuyas divisas no se quedarán en Paraguay, sino irán al Brasil (Fogel, 2005: 38), pues el capital, la tecnología y los productores provienen de ese país. Esto se debe a que Paraguay tiene algunas “ventajas comparativas” para el agronegocio, incluyendo el precio de la tierra.

Las ocupaciones brasileñas no respetan los asentamientos campesinos, a los que arrinconan y desplazan, pues entran en estos territorios con economías de escala y un paquete tecnológico que incluye:

* semillas de soja transgénica resistente a herbicidas
* fumigaciones aéreas o terrestres intensivas
* siembra directa
* agricultura de precisión
* compra o arrendamiento de tierras

Éste es un modelo productivo que los pequeños campesinos no pueden sostener. De acuerdo a Rodríguez (2001) la unidad productiva mínima para que este paquete tecnológico funcione es de 500 hectáreas, por lo que se podría decir que es un modelo concentrador de tierra, y que promueve el éxodo rural. Una consecuencia directa de su aplicación es la desaparición de colectividades campesinas (Fogel, 2005).


Sobre los impactos sociales y ambientales de los cultivos de soja

En su estudio sobre los impactos sociales de la soja en Paraguay, Fogel (2005: 40) presenta los siguientes datos sobre el tamaño de las unidades productivas que cultivan soja. Tenemos que:

* En 1991, si sumamos todos las fincas que sembraban soya, el 55% de esas fincas eran menores de 20 hectáreas, eran pequeños productores que sembraban soja en asociación con otros cultivos. Sólo en 9% de esos terrenos plantaban soja en monocultivo.
* El 60% de la superficie total de fincas sembradas con soja se hacía en monocultivo en predios mayores a 100 hectáreas.
* En 2002, del 100% de la zona cultivada con soja, los pequeños productores con fincas de menos de 20 hectáreas sembraban un área total del 3.7%, pero si se cuenta el número total de fincas con soja (no la superficie), los pequeños productores eran dueños del 46.9% de las fincas. Es decir, había un pésima distribución de la tierra. Sin embargo, hay que anotar que estas pequeñas parcelas estaban bajo arrendamiento a grandes empresarios. Esto significa que además de que los pequeños juntos hacía apenas el 3.7% (siendo juntos el 46.9% de propietarios), muchos arrendaban sus tierras a empresarios.
* El 75% de la soja era producida en predios mayores a 100 hectáreas, en los grandes territorios ocupados por los terratenientes
* En 2008, el 76% de los productores cultivaban soja en predios menores a 50 has, y juntos ocupaban el 7% del área total sembrada con soja a nivel nacional.
* El 20% de los productores lo hacía en predios de entre 51 y 500 hectáreas, y ocupaban el 33% del área total de soja.
* El 4% cultivaba soja en predios mayores a 500 hectáreas, y el área que controlaban era el 60% del total cultivado en el país (Catacora et al, 2012).

La expansión de la soja en Paraguay

Paraguay forma parte de la llamada “República Unida de la Soja” por Syngenta1, que es un área de 46 millones de hectáreas. La soja transgénica con resistencia a glifosato fue aprobada en Paraguay en 2004, pero ésta fue introducida algunos años antes de manera ilegal. Ahora, entre 95 y 100% es soja transgénica RR de Monsanto.

En 2001, 44% de las tierras arables de Paraguay estaban dedicadas al cultivo de soja, con 1 millón 200 mil hectáreas cultivadas. Desde entonces, la soja no ha cesado de expandirse, con un promedio de crecimiento del 8.5% anual hasta el año 2005. Para el año 2004 las plantaciones de soja llegan a 1 millón 900 mil hectáreas, más de 50% del área cultivada en el país. Esta área representaba el 2% de los cultivos de soja a nivel mundial. (Fogel, 2005)

En el años 2012/2013 el área plantada con soja en Paraguay fue de 2 millones 800 mil hectáreas, con una producción de 7 millones de toneladas métricas, lo que significó una baja en relación a los años anteriores, dado que el agro paraguayo enfrentó una de las peores sequías de la historia. De acuerdo a las estimaciones hechas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), a pesar de estas pérdidas, el área cultivada con soja se va a incrementar un poco en los próximos años, y este crecimiento se hará en tierras dedicadas a la ganadería en el este y sureste de Paraguay y en las provincias nororientales de San Pedro, Canindeyú, Caaguazú y Concepción, para lo cual, los productores de ganado moverán sus rebaños a la zona del Chaco en la región Nordeste. (Markley, 2012) El USDA calcula además que en Paraguay se podría sembrar soja en alrededor de 4 millones de hectáreas.

En el siguiente cuadro se observa la evolución en el cambio en el uso de la tierra en Paraguay como consecuencia de la introducción de la soja transgénica.


Como promedio, la soja ha crecido en Paraguay a una taza de 113 mil hectáreas por año.

Incremento en el uso de plaguicidas

Parte del paquete tecnológico que acompaña a las semillas de soja transgénica es el glifosato. Esto ha significado un incremento en el uso de este agrotóxico en Paraguay.

Para 2005, se utilizaron 20 litros de glifosato por hectárea de soja transgénica, además de la aplicación de otros agroquímicos aún más fuertes, tales como Endosulfán, Paraquat y hasta DDT. (BASE-IS y Grupo de Reflexión Rural, 2006)

Durante la campaña agrícola 2007/2008 más de 21 millones de litros y más de 1 millón 900 mil kilogramos de agroquímicos fueron aplicados en los cultivos de soja del Paraguay. En las campañas agrícolas anteriores se han llegado a verter alrededor de 24 millones de litros de productos químicos en los cultivos sojeros. (Pereira, 2009)

En el siguiente cuadro se presenta el cuadro de los principales agrotóxicos aplicados en los cultivos de soja transgénica en Paraguay, en la campaña 2007/08.


Fuente: Programa de Biodiversidad de la organización ambientalista “ALTER VIDA”, citado en Pereira (2009).

Cerca de 23 millones de kilogramos de plaguicidas fueron importados el año 2007 en Paraguay, casi 6 millones de kilos más que el año 2006 y cerca de 6 millones 600 mil kilogramos más que en 2005. Desde el 2004 se registra un aumento sostenido del nivel de importación de agroquímicos en coincidencia con el incremento del territorio de cultivo de la soja. La inversión en agroquímicos en el 2007 fue de más de 60 millones de dólares en comparación con el 2006, pasando de casi 86 millones a más de 145 millones de dólares, un salto de 70%. (Pereira, 2009)

Sobre los efectos de los agrotóxicos para la salud

En Paraguay, la doctora Stela Benítez y sus colegas de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción encontraron que vivir hasta a 1 kilómetros de los campos de soja transgénica fumigados aumenta el riesgo de nacimiento de niños con malformaciones, y demuestra la asociación entre la exposición a plaguicidas y las malformaciones congénitas en neonatos. La investigación señala que dos de cada cinco niños nacidos en cercanías de campos fumigados del Departamento de Itapúa, donde se ha intensificado el uso de plaguicidas en los cultivos extensivos de soja, tienen malformaciones. Esto implica que alrededor del 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos, ha nacido con algún tipo de malformación, en la zona fronteriza con Argentina.

La investigación realizada por la pediatra advierte además que el riesgo de que se produzcan nacimientos de niños con malformaciones es 15 veces mayor si los tóxicos son almacenados en las viviendas.

El caso mejor conocido fue la muerte del niño Silvino Talavera ocurrida el 8 de enero de 2003, luego de ser alcanzado por la fumigación con Roundup. El caso fue llevado a juicio y hubo condena, pero nunca se aplicó.

Posteriormente, en 2004, Carlos Robles y Mario Arzamendia murieron a manos de la Policía en Ypekúa, Caaguazú, en una protesta por uso de agrotóxicos. En el mismo año, se levantó por primera vez una comunidad contra el abuso de los químicos en los cultivos de soja transgénica; fue Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. El 11 de noviembre del 2004 volcó un camión en Capiatá, el mismo que transportaba agrotóxicos, afectando a 30 personas, niños y mujeres en su mayoría. (Proyecto Cultura y Ambiente, 2009)

Los asentamientos no están protegidos por 100 metros de bosque protector y 2 metros de altura, como especifica la norma. Las barreras de protección son los eucaliptos, alguna gramínea, etcétera. Para salvaguardar a una comunidad deberían ser mil metros. Los 100 metros no mitigan nada. Ni la temperatura, ni la humedad, ni el suelo se respetan. Por supuesto, no existe ya agricultura familiar.

La erosión de nutrientes y biodiversidad es impresionante (parece un paisaje lunar o marciano). La gente en sus viviendas queda intoxicada por las fumigaciones y los campesinos tienen que literalmente salir corriendo de sus viviendas. Lo mismo pasa con las escuelas. El glifosato cae en el agua, la chacra y sobre la gente. Ni los campos experimentales respetan la norma de 100 metros x 2 metros.

Angélica Delgado, coordinadora de la Red de Entidades Ambientalistas del Paraguay, manifestó su firme oposición a la introducción del Roundup Ready en su país.

El Roundup pone en riesgo la salud humana y constituye un peligro para la vida silvestre. Se comprobó que impide la fijación de nitrógeno en las plantas, dañando también a unos hongos que ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes. (2)

A continuación reproducimos una entrevista con Alicia Amarilla, Secretaria de Relaciones Internacionales de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay (Conamuri), organización que desde hace años denuncia los efectos devastadores de los agrotóxicos y transgénicos, además de las empresas transnacionales que los promueven como Monsanto. La entrevista fue recogida en Córdoba, Argentina en agosto de 2012. (Juicio a la Fumigación, 2012)
 
Cómo empezó Conamuri a involucrarse en la cuestión de los agrotóxicos.

Nosotras, desde Conamuri, trabajamos el tema de las campañas, contra las empresas multinacionales y los agrotóxicos, desde el caso de Silvino Talavera. Éste fue un caso emblemático acá en Paraguay.

La muerte del niño, fallecido por causas de agrotóxicos, que denunciamos también, como están haciendo ustedes allí, a nivel penal internacional y lo hemos llevado a juicio oral en dos ocasiones. Se logró ganar el juicio oral, pero desde una cuestión política, no ganamos que el sojero, el empresario, se vaya a la cárcel, por ejemplo. Pero fue emblemático que sí se fuera a juicio y hubiera condena. Eso fue en el 2004, y desde entonces estamos con una campaña nacional de rescate de la semilla nativa y criolla.

En ese momento desde Conamuri empezamos a hacer nuestros análisis, y veíamos venir una amenaza demasiado grande contra toda la vida misma, contra el futuro de nuestros hijos: el patentamiento de nuestra semilla nativa, la transgenización de nuestra semilla, el acaparamiento de nuestras tierras.

La única forma de resistir en nuestros territorios, en los pueblos indígenas, en nuestras comunidades campesinas, es rescatar nuestras semillas y consumir nuestro propio alimento, porque esta ofensiva de la empresa multinacional, viene con todo.

Cuál es la población afectada por esta problemática

Acá en Paraguay la región oriental, la mayoría de los departamentos están afectados. Los más expuestos son los departamentos Alto Paraná, Ciudad del Este, toda la zona de Caaguazú, que están allí los menonitas y los brasilguayos, la zona de Itapúa, prácticamente de los grandes sojeros, la zona de Canindeyú, donde fue la masacre, el 75% de las tierras están en manos de los grandes latifundistas sojeros. Éstas son las zonas donde más afectadas están las poblaciones, más desprotegida está la gente.

Actualmente están entrando hacia la región occidental, hacia la región Chaco, están desmontando cantidades de monte, de los pueblos indígenas, porque Monsanto firmó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con este gobierno para traer semillas transgénicas resistentes a la sequía.

Cuál es la postura de la Conamuri frente a las transnacionales

Las empresas multinacionales están viniendo a la ofensiva, están atropellando en todos los países, nos están afectando, y está quedando el campo sin campesinos. Ahora en el campo están quedando los grandes sojeros, las maquinarias, mientras que los campesinos indígenas estamos quedando alrededor de las grandes ciudades. En la ciudad de Asunción hay 17 comunidades indígenas con 3 mil 800 pobladores (datos del último censo hace tres años), y están viniendo más.

Yo creo que están avanzando, y deberíamos unirnos todo el pueblo, no debería haber territorios en esta lucha, porque por ejemplo, la empresa Monsanto a través de la UPOV, el convenio internacional de leyes de semillas, la unión de protección de obtentores vegetales, están patentando nuestras semillas en todos los países, en Paraguay, en Argentina. Entran por un convenio internacional en todos los países para patentar nuestras semillas nativas, acumular más ganancias y acaparar la alimentación.

Las aspersiones de soja —con el coctel de agrotóxicos que incluye glifosato—, se realizan en zonas en donde normalmente deberían estar prohibidas, por ejemplo, en zonas cercanas a escuelas (como se ve en la fotografía de esta escuela rural que está rodeada de soja en el Departamento de Alto Paraná.) Se calcula que hay unas 500 escuelas en iguales condiciones en el país. Los caminos vecinales y viviendas no tienen una franja de protección donde hay campos experimentales de soja transgénica.


Pérdida de bosques

Con la expansión de los cultivos de soja, se ha generado un proceso de deforestación del bosque nativo, especialmente en tierras del Estado. Entre 1991 y 2009, se perdió en Paraguay el 15.3% del bosque nativo. (Catacora et al, 2012)

Los índices de deforestación son más altos donde hay cultivos de soja más extendidos. Así, en San Pedro la tasa de deforestación entre los años de 1999-2003 fue del 14%, en Caaguazú del 19.7% y en Canindeyú del 15%. Por otro lado en Concepción donde la incidencia de la soja es baja, la tasa de deforestación en estos años fue del 5.5%.

Junto con la deforestación se ha registrado la desaparición de algunas especies de la flora nativa, como consecuencia de las aspersiones con glifosato, como lo señala Centurión. (2010: 136)

Las especies típicas de arroyo o aguas no profundas han desaparecido o son poco abundantes; es de esperar que este proceso de empobrecimiento del número de especies y cambio en la abundancia relativa continúe, favorecido por las nuevas condiciones ambientales.

Veamos el siguiente testimonio:

Ya no existe el bosque nativo. Provoca tristeza ver la evolución de la deforestación en apenas 60 años, donde para 2013 quedan unos foquitos de verde, donde hay algunos indígenas o áreas protegidas.

En el siguiente cuadro se presentan los índices de deforestación en Paraguay en el periodo 1991 a 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los siguientes mapas se contrasta el área cubierta con bosques en los años 1945 y 2002.




















 

Área boscosa 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área boscosa 2002. Fuente: Sobrevivencia

La soja transgénica y la soberanía alimentaria

Tomás Palau (2012) señala que lo que se vive en Paraguay con la soja es la penetración de capital financiero extranjero en extensos espacios rurales habitados por comunidades campesinas, lo que conlleva al dominio del agronegocio sojero, imponiendo un modelo de mercantilización y primarización del agro para fines de exportación. Esto mina la soberanía alimentaria porque:

Con la expansión del monocultivo de la soja la diversidad productiva desaparece, el país pierde la capacidad de “definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos”, situación que lo vuelve particularmente vulnerable (Palau, 2012: 22).

Él añade que en pocos años el Paraguay pasará a ser un importador neto de alimentos y exportador de materia prima, de tal manera que sólo quienes puedan pagar, podrán tener una alimentación digna. Y es que la expansión de los cultivos de soja se ha hecho, también, a expensas de otros cultivos de los que depende la soberanía alimentaria de la población. Y lo ha hecho de tres formas:

a) Por la expulsión de los campesinos que son los que producen los alimentos para la población. Al respecto (Domínguez y Sabatino, 2010: 48) señalan:

A medida que la frontera agrícola avanza de este a oeste, en un proceso que afecta a 14 de los 17 departamentos del país, crecen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, al igual que los muertos y heridos en aquellos lugares en los que se opone resistencia.

Muchísimos campesinos han abandonado las tierras que ocupaban a raíz de la expansión sojera. (Proyecto Cultura y Ambiente, 2009)

 […] la expansión de la soja no ha posibilitado un desarrollo de lo que llaman una base amplia. Este crecimiento, que implica generación de riqueza para pocos, no se proyectó en el crecimiento de la población en su conjunto. En el punto de partida de la ponderación del impacto en la población rural es que aproximadamente un millón 500 mil personas producen en 250 mil pequeñas unidades productivas campesinas, lo que significa que detentan menos de un millón de hectáreas, que a su vez representa menos del 6% de la superficie total de las explotaciones…
 
En el siguiente cuadro, elaborado por los autores se puede apreciar cómo ha ido disminuyendo la población rural a medida que se expanden los cultivos de soja:

b) Por una ocupación física de las zonas que antes estaban dedicadas a la producción de alimentos. El área sembrada con los principales cultivos de Paraguay en los años 2003-2004 fue de 3 millones 557 mil 337 hectáreas de las cuales casi el 53% corresponde a soja.

En el siguiente cuadro se resume cómo han ido evolucionando tres cultivos alimenticios: maíz, yuca y fríjol, y su relación con el incremento en el cultivo de soja.

Aquí se ve que cultivos como la yuca y el fríjol, ambos muy importantes para la soberanía alimentaria de la población, han disminuido ostensiblemente. Al respecto, debemos recordar que toda la soja es para la exportación o para la agroindustria. Lo mismo sucede con el maíz, que es otro cultivo que ha crecido, pues está destinado principalmente a la exportación y la agroindustria3. Desde el año 2012, se introduce maíz transgénico a Paraguay.

c) El uso intensivo de glifosato contamina el agua y el suelo y mata los cultivos alimenticios.
La utilización de tóxicos en la producción de soja es generadora de conflictivos en el campo. Los campesinos se oponen al cultivo de soja argumentando que en unos veinte años el suelo perderá su riqueza y, además, los propietarios contaminan con sus plaguicidas químicos el medio ambiente, principalmente arroyos y ríos.

Las fumigaciones con glifosato acaban con otros cultivos, incluyendo aquellos destinados a la soberanía alimentaria de las familias campesinas e indígenas, y al mismo tiempo, provocan desplazamiento de las poblaciones.


Impacto sobre las comunidades indígenas

Para los mbyá-guaraní como para el campesino, sin bosque no hay cultura, y sin tierra es imposible reproducir el modo de ser.

En Paraguay la Ley 904/81 establece el estatuto de las comunidades indígenas; a pesar de ello, la expansión de las plantaciones de soja transgénica afecta también a los pueblos indígenas.

Sobre los impactos de los cultivos de soja sobre las poblaciones indígenas, (Centurión, 2010: 133) señala:

Con la expansión de la producción de soja transgénica y la utilización de herbicidas, entre otras, se produce el aumento año tras año de la superficie cultivada, inclusive sobre terrenos pedregosos antes no habilitados para el cultivo, sin que ello signifique aumento en la tasa de producción por hectárea, aunque sí mayor concentración de la tierra en manos de unos pocos y reducción de puestos de trabajo permanentes y temporales en la agricultura por medio de la mecanización. Así, se limita a los indígenas a la carpida a los costados de la carretera o a lugares en donde las maquinarias no pueden acceder para aplicar el glifosato, y al campesinado al empleo mutuo, que consiste en la fumigación con Roundup de pequeñas parcelas con pulverizadores, lo que se convierte en una nueva forma de trabajo. Existe una estrecha relación entre la expansión de las áreas de cultivo transgénico y el empobrecimiento creciente de los campesinos paraguayos e indígenas.

El autor señala que los principales impactos a los pueblos indígenas están asociados con la deforestación y el uso de agroquímicos asociados a cultivos de soja RR:

* Impactos en la salud.
* Pérdida de animales domésticos.
* Destrucción de cultivos y bosques, pérdida de fertilidad del suelo.
* Enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinas con los grandes productores, generadas por la presencia de las plantaciones.
* Desaparición de algunas especies de flora de importancia cultural
* Aparejada a la pérdida del monte, erosión de los conocimientos sobre el uso y manejo de los recursos del bosque.
* Disminución en el consumo del tereré en las casas, pues cada vez es más difícil producirlo.
* Cambios en el uso, manejo y apropiación de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios.
* La contaminación de los ríos y arroyos han producido la desaparición de prácticas tradicionales de pesca con arco y flecha, de fabricación de trampas pari, y la utilización de venenos para pescar.
* Aunque en general no se ha perdido la costumbre de cultivar pequeñas chacras, sí se evidencia un deterioro-descomposición de las instituciones “redistributivas” y de los mecanismos de transmisión de saberes.
* Aparición de patrones de diferenciación económica, lo que significa que algunos miembros de la comunidad comiencen a tener casas de maderas aserradas, la luz eléctrica, los cultivos mecanizados, lo que rompe la cohesión colectiva.
* Implementación de mecanismos de toma de decisiones al margen de las formas instituidas y preexistentes en el tekoha (cacicazgo).

Centurión concluye que:

La destrucción del monte comporta también la pérdida de la identidad social de las comunidades, teniendo en cuenta que el monte es lo que da sentido al modo de ser de las mismas, condición necesaria para la existencia de la comunidad. Los efectos de la pérdida progresiva de sus territorios conllevan la disminución en las posibilidades de caza, pesca y recolección, como así también una mayor exposición a la contaminación. (Centurión, 2010: 138)

Varias de las comunidades expulsadas por este modelo se convierten en indigentes cuando migran a Asunción, principalmente niños y mujeres, porque los hombres se quedan a resguardar lo que queda de la tierra comunitaria. Otros migran a Buenos Aires o España (previo a la crisis), por lo que aumentan los hogares que dependen de las remesas que llegan del exterior. Paradójicamente, hay otras zonas donde ingresa una gran cantidad de migrantes brasileños con tecnología y capital para invertir en la soja.
Las comunidades nativas han sido además objeto de desalojos forzosos, como se puede ver en el siguiente testimonio:

…fueron desalojados integrantes de la comunidad mbyá guaraní en Pirapó, Itapúa. El inmueble reclamado aparece a nombre de la señora Felipa Nery de Kikuchi quien denunció a los indígenas por invasión. Según los indígenas, la comitiva fiscal-policial llegó de manera sorpresiva; luego, sin mediar palabras, el agente fiscal ordenó la destrucción de las precarias casas instaladas en el inmueble. El desalojo no finalizó debido a la desesperación y el llanto de mujeres y niños, que además habrían sido maltratados. Los policías quemaron en su totalidad dos viviendas, una de ellas era la iglesia de los nativos. Otras casas fueron cortadas con motosierras. (23 de julio de 2009. Manduvi’y, Pirapo, Itapúa) (Citado en Palau, 2009: 66)

Cuando no migran, se ven obligados a trabajar para los empresarios sojeros bajo…
…un sistema económico minifundista que produce soja para estos empresarios, bajo reglas que tienen como primer paso el endeudamiento, poniendo en peligro lo más valioso y aquello que, como el caso de Taguató, todavía no les pertenece en derecho: la tierra. De ahí que, aunque se pueda hablar de varias formas de subordinación económica y sociocultural, en definitiva esta última es la más agresiva. (Centurión, 2010: 134)

Para los indígenas es más difícil insertarse en este modelo, por lo que se relacionan con los empresarios de manera informal (de palabra) con los líderes:

…ya sea para el cultivo por arriendo, como para otros acuerdos a corto o mediano plazo, consistentes en la limpieza del terreno, provisión de víveres, o un sistema de empleo temporal del trabajo asalariado, que a fin de cuentas es “trabajar en la chacra ajena como si fuera propia”, pensando que el cultivo les pertenece, para recibir sólo una parte de la ganancia, al ser el patrón quien comercializa los granos. (Centurión, 2010: 136)
 
Quien se beneficia del modelo sojero

Cargill: Es una de las principales empresas encargadas de acopiar, transformar y exportar la soja paraguaya. Su principal mercado es el argentino, en donde es procesada.

Más del 50% de la soja es exportada a los otros países del Cono Sur, siendo su principal mercado el argentino (que representa el 23.4%, seguido por el brasileño (17.8%) y el uruguayo (17.5%), desde donde es re-exportada al resto del mundo.

La influencia de Cargill en Paraguay es tan fuerte, que podríamos decir que esta empresa ocupa un territorio geográfico en el Sur Oriente del país.
Esta empresa ingresó a Paraguay en 1978 para la comercialización de algodón y soja. Al momento, Cargill en Paraguay se dedicaba al negocio de acopio de la producción, y su posterior transformación y exportación a Argentina, donde es importada como Cargill-Argentina.

Cargill controlaba en el país el 30% de las exportaciones de granos de soja del país.

El primer puerto de la empresa se construyó en 1991. Está ubicado sobre el kilómetro uno del Río Paraná, lo que permitió intensificar su participación en el mercado de granos en el país. Su capacidad de molienda ha aumentado continuamente desde la compra de la empresa molinera Marangatu, la planta industrial en el distrito de Minga Guazú en 1996, llegando a procesar 3 mil toneladas de soja por día, y posteriormente girasol, en convenio con otras plantas del país.

Por otro lado, se dedicó a la comercialización de sus fertilizantes4 y a la siembra de plantaciones de árboles de eucalipto, con el fin de usar la madera como combustible para el funcionamiento de la fábrica.

En 2008 inició la construcción de un segundo puerto (Puerto Unión), que entró en funcionamiento en 2011. Puerto Unión está ubicado a las afueras de Asunción, e integra una planta aceitera y una terminal de granos, que se inscribe en el contexto de la ampliación de la producción de soja transgénica en Paraguay. (Rulli, 2007)

El puerto se complementa con la naviera de Cargill en Paraguay, compuesta por una flota de ochenta y ocho barcazas graneleras y tanqueras (para aceite) y tres remolcadores que navegan los ríos Aguará, el Puma y el Aguilucho, en el cono sur.

Ante la construcción de un megapuerto granelero por parte de la empresa multinacional Cargill en el río Paraguay —zona de Viñas Cué, en las afueras de Asunción—, la comisión parlamentaria de Salud Pública advirtió sobre los posibles daños a la salud de la población. El puerto Cargill funcionará a 500 metros río arriba de las principales tomas o captaciones de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). (Proyecto Cultura y Ambiente, 2009: 4)

Cargill provee además servicios agrícolas como financiación a productores y seguros agrícolas.

Para el año 2010 Cargill contaba ya con 40 unidades de recepción, procesamiento, almacenaje, elevación y comercialización de granos, dos puertos, y una planta industrial.

Cargill es uno de los socios fundadores de Cappro (Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas), aglutinando a las mayores empresas industrializadoras y exportadoras de oleaginosas y granos.

Además de Cargill, otros grupos de poder que se benefician de la soja transgénica en Paraguay son las trasnacionales Bunge, ADM, Cargill, Syngenta; y el Grupo Favero, que es el capo local de la soja.

Otra empresa que juega un papel importante en el acopio, transformación y transporte de la soja en Paraguay es ADM.

En mayo de este año, ADM, transnacional de origen estadounidense, anunció que abría un complejo de molienda de soja en Villeta, Paraguay, lo que incrementará su capacidad de molienda de semillas oleaginosas en América del Sur en más de un 20 por ciento. La planta tiene una capacidad de molienda diaria de 3 mil 500 toneladas, es decir de 1 millón 277 mil 500 toneladas al año. La ubicación del complejo es cercana a una instalación portuaria en el río Paraguay, lo que facilitará la compra del grano y su exportación5.

El “Complejo Agro Industrial Angostura SA” (Caiasa), es un emprendimiento entre Bunge y Louis Dreyfus, dos transnacionales (estadounidense y francesa respectivamente) que forman parte del oligopolio de empresas que controlan el mercado mundial de granos. Bunge y Dreyfus trabajan en Paraguay bajo una alianza estratégica. Para ello, se encuentran desarrollando una planta procesadora de soja, a 45 kilómetros de Asunción, a orillas del Río Paraguay, lo que duplicará su capacidad de molienda del país. La capacidad nominal de procesamiento de la planta es de 4 mil toneladas de granos de soja por día, lo que representará más de 4 millones de toneladas de procesamiento de granos al año6.

La iniciativa de estas empresas se genera en sintonía con la creciente producción de soja en el país, confirmando que toda inversión está sujeta a la disponibilidad de materia prima. Y no precisamente a la disposición de ciertas herramientas como los gravámenes a las exportaciones, que solamente generarían retracción de las inversiones en el sector productivo primario, lo cual puede poner en riesgo inclusive la disponibilidad de granos finalmente.

Monsanto: Casi el 100% de la soja transgénica que se siembra en Paraguay está patentada por la empresa transnacional Monsanto. Ahora que Monsanto consiguió la aprobación de su nueva soja transgénica Intacta RR2 Pro, la empresa buscará un acuerdo sobre los derechos de uso con acopiadores, exportadores y productores para cobrar regalías e imponer otras obligaciones a los agricultores que adopten esta nueva tecnología, como comprar y vender sólo a firmas autorizadas por la empresas, y permitir la realización de inspecciones para ver si se están cumpliendo los términos del contrato.

Monsanto es la empresa más grande de semillas en el mundo y controla alrededor de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas.
En Paraguay se han aprobado las siguientes semillas transgénicas de Monsanto:

* soja RR
* soja INTACTA RR2 PRO
* algodón BGII x RR Flex, que se encuentra en proceso de aprobación regulatoria
* maíz VT3 PRO (resistente a sequías)

En Paraguay se presenta como “Una empresa de agricultura sustentable”7.

Sobre Monsanto, Ángel Jiménez, secretario general adjunto de la Organización Nacional Campesina, entidad que agrupa a 30 mil familias de labriegos en distintos departamentos del país dijo que8:

“La presencia de la transnacional en la nación guaraní resulta un verdadero macroproblema para quienes trabaja la agricultura familiar” y censuró la mala calidad de los productos a ellos vendidos bajo la falsedad de supuesta calidad productiva.

“Los elementos que nos entregaron para este último cultivo del algodón, uno de los principales rubros trabajados por las familias, fueron una miseria, una verdadera estafa al pueblo paraguayo”, recalcó.

“A consecuencia de la mala calidad que tenían esos insumos, la producción algodonera de los pequeños productores fue baja y ello se unió a la realidad de un precio miserable para el algodón”, relató.

El dirigente campesino fustigó el modelo de desarrollo agrícola impuesto en el país, favorecedor únicamente de los grandes agroexportadores que acaparan la producción de soja, maíz, trigo y todos los granos que se puedan exportar.

La forma extensiva de producción, que pone en la mano de grandes exportadores la mayor parte de los frutos de ese sistema, alimenta el desplazamiento del campo hacia la ciudad de los trabajadores rurales, quienes intentan avanzar como pequeños productores, dijo.

En eso coopera Monsanto al estimular el cultivo transgénico y favoreciendo la formación de los cordones de miseria alrededor de las ciudades por el desplazamiento campesino, de acuerdo con la exposición de Jiménez. “Monsanto se apoderó de la soberanía genética del país y se sabe que quien tiene eso, domina también la soberanía alimentaria y eso es lo que está pasando en Paraguay”, manifestó finalmente.

El poder de Monsanto es tan grande en Paraguay, que Franco, el presidente que ocupara el poder después de Lugo, defendió públicamente a la empresa durante una misa celebrada por el obispo de Asunción. Leamos la siguiente nota de prensa:

El Monseñor Melanio Medina realizaba su homilía correspondiente durante la celebración de una misa y como ocurre habitualmente con los sacerdotes, de vez en vez emiten cuestionamientos sobre la situación social y política del país.

Medina aprovechó la presencia del presidente Federico Franco entre el resto de los feligreses para cuestionar el uso de semillas transgénicas, pidiendo que se analice bien la utilización de este tipo de biotecnología en los cultivos de algodón.

Sorprendiendo a todos los presentes, Federico Franco le pidió la palabra al Monseñor para explicar, según él, las ventajas de la utilización de este tipo de tecnología.
Medina siguió como si nada haya pasado, hasta que el mandatario se levantó de su lugar y tomó el micrófono.

Como en ese momento ya nadie lo pudo parar, Franco empezó a dirigirse al resto de los presentes en la celebración religiosa.
Explicó las ventajas que tendrán los pequeños productores con la utilización de semillas transgénicas de algodón y que sólo Dios y el tiempo le darán la razón.
Tras algunos minutos devolvió el micrófono y volvió a su lugar.
El Monseñor Melanio Medina retomó diciendo, “vamos a dejar este tema hasta aquí, pero hay que revisar la utilización de semillas transgénicas”9

Entre las élites locales se encuentra el Grupo Favero, compuesto por un conjunto de siete empresas, ubicadas estratégicamente en las regiones más productivas del país, con presencia en la mayoría de los departamentos paraguayos. La empresa se dedica a:

* la producción, acopio, comercialización y exportación de granos.
* la producción y comercialización de semillas.
* el alquiler, compra, venta de maquinarias y tierras agrícolas.
* la operación logística, flete de granos y embarque en puerto propio.
* la importación de materia prima, producción y comercialización de agroquímicos.
* la cría de ganado.

Otras empresas con importante presencia en Paraguay son Vicentin (Argentina), Grupo Espíritu Santo, Agrotec, Agrofertil y Ciabay.


El agronegocio y el golpe parlamentario a Lugo

Todo se inició con la resistencia de Marina Cué-Curuguaty, cuando se señaló la contradicción, el latifundio, la dominación extranjera y sus agentes locales como causas y actores que no permiten desarrollar al Paraguay.

La marcha de la Coordinadora por la Recuperación de Tierras Mal habidas, el 25 de octubre de 2011, que concentró a más de 10 mil personas en Asunción, y la ocupación de las tierras mal habidas de Ñacunday y de Marina Cué —entre muchas otras ocupaciones y resistencias— fueron demostrando el ascenso de la lucha del movimiento popular, lo que asustó a la oligarquía y la impulsó —junto a otros elementos— a concretar su tantas veces anunciado golpe de Estado. (Vuyk, 2013)

Pocos meses más tarde, el viernes 15 de junio de 2012, en el distrito de Curuguaty —una zona rural de las más afectadas por el agronegocio— se produjo un violento desalojo en tierras de propiedad estatal, reclamadas como propias por uno de los terratenientes más importantes del Paraguay, Blas Riquelme. El desenlace fue la muerte de once campesinos y seis policías. Esto generó una gran campaña mediática donde se tildó a los campesinos de invasores. Es importante señalar que este hecho se dio luego del nombramiento por parte de Lugo de un nuevo comandante de las fuerzas policiales, involucrado como responsable del operativo en Curuguaty, que aparece recurrentemente en todas las crónicas como aditamento sobre la responsabilidad del primer mandatario en los hechos.

El golpe parlamentario dado contra el presidente Lugo el 22 de junio de 2012, estuvo atravesado por intereses del agronegocio internacional que lucra desde hace muchos años en Paraguay, especialmente por las empresas Monsanto y Cargill, como señala una nota de Rebelión al analizar el rol que tuvo la prensa privada en la caída de Lugo:

No es casualidad, entonces, esta fuerte arremetida del medio de comunicación en contra del gobierno, ya que sólo un par de semanas antes un organismo estatal —el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal— había prohibido la introducción de una semilla Monsanto al país. La liberalización de estas semillas traería un enorme beneficio económico a ese 2% de propietarios que concentran la tierra.

La nota añade que

El diario ABC, fundado durante la dictadura de Stroessner por Aldo Zuccolillo —quien también es, actualmente, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa—, es parte del Grupo Zuccolillo, socio de Cargill Paraguay, una de las transnacionales más importantes del agronegocio en el mundo.

Precisamente en el momento en que estalló la crisis por los trágicos sucesos de Curuguaty, estaba listo un plan para la liberación de nuevos cultivos transgénicos en Paraguay, objetivo que fue logrado con el nuevo gobierno. Es así como a los pocos días del golpe, el 6 de junio de este año, se aprueba la liberación comercial de los eventos transgénicos en algodón MON 531 (Bt) x MON 1445 (RR) y MON 1445 (RR)
El 24 de octubre de este año, se aprueban los eventos transgénicos maíz transgénico VT Triple Pro y MON810, que pertenecen a Monsanto; el BT11 de Syngenta y el TC1507 de Dow AgroSciences.

Veamos lo que dice la siguiente nota de prensa, donde se realizó una entrevista a Miguel Lovera, quien fuera presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas del gobierno de Lugo10

Luego del golpe de Estado parlamentario —en junio de 2012— se firmaron “decretazos” que liberaron ocho eventos transgénicos: cinco de maíz, dos de algodón y, una vez más, la Intacta. Hasta ese momento sólo estaba aprobada la soja RR, porque durante el gobierno de Fernando Lugo se optó por la política de “evitar la legalización de los cultivos de maíz y algodón transgénicos”…

Hasta la destitución de Lugo funcionó en Paraguay una comisión de bioseguridad, la Combio, que analizaba los pedidos de liberación de transgénicos y los desestimaba porque “no presentaban todos los datos requeridos. Les pedíamos garantías de que el polen de esas plantaciones no contaminara a las variedades convencionales, pero dejaban ese espacio en blanco. Y es que se sabe muy bien que esos vacíos no tienen cómo llenarse”. La tensión entre el gobierno y el agronegocio se instaló, y las empresas “tomaron una actitud colectiva de cortar relaciones”. Incluso manifestaron públicamente “que no iban a hablar conmigo, que para eso tenían su tembiguái (una expresión despectiva que en guaraní significa “al servicio de…”). Se referían nada más ni nada menos que al ministro de Agricultura.

La intención del anterior gobierno era avanzar hacia la erradicación de las plantaciones de maíz y algodón ilegales, un proceso que ya había comenzado: mientras que en 2008 había 23 por ciento de plantaciones de maíz transgénico, en 2011 había un 11 por ciento. Pero vino el golpe.

Con respecto a la soja, el 11 de febrero el MAG autorizó la liberación comercial de las semillas de ese cultivo que contienen los eventos apilados MON87701 x MON89788, denominadas en el mercado como “soja BtRR2Y, o soja Intacta”.

Dos días antes de que el nuevo gobierno asumiera el poder, el 13 de agosto 2013, el Senave dispuso la inscripción de dos variedades de algodón genéticamente modificado: las variedades Guazuncho 2000 y NuOPAL RR, que contienen los eventos MON531 (Bt), y MON1445 (RR).

Todas estas aprobaciones se hicieron violando la normatividad nacional que incluye la elaboración de un estudio de impacto ambiental y la experimentación controlada por un lapso de dos años.

Finalmente, el 29 de agosto de ese año, se dio el visto bueno para la aprobación del maíz transgénico NK 60311, de Monsanto.
Sobre el golpe parlamentario, Alicia Amarilla de Conamuri dijo:

Este gobierno, por ejemplo, ha lanzado la campaña “Paraguay Soberano” pero mientras habla de soberanía, vacía de contenido, está vendiendo nuestro país a Monsanto, nuestras semillas. Hoy se reúne con los sojeros poderosos de aquí del Paraguay, que están pidiendo a este gobierno golpista la derogación de la ley de seguridad fronteriza.

Ya firmaron un convenio con la fábrica de aluminio canadiense Río Tinto que ahora se va a instalar acá en Paraguay, con subsidios de electricidad, y no sé cuánto por ciento de ganancia tendrá, sin dejar nada acá, más que intoxicación para toda la población. Son empresas a las que se estaba atajando, y ahora con este gobierno tienen vía libre de entrar.

Y luego añade que

Nosotras creemos profundamente que detrás de este golpe parlamentario están las grandes empresas multinacionales como, por ejemplo, Monsanto. En tres días de mandato de Federico Franco, ya aprobó y fue liberada la semilla transgénica de algodón que durante el gobierno de Lugo, a pesar de las fuertes presiones, se estaba atajando. Ya anunciaron que se van a liberar cuatro variedades de maíz transgénico también acá en Paraguay. O sea, estamos ante un gravísimo retroceso para nosotras y para todo el campesinado, el pueblo en general.

Estábamos luchando contra los transgénicos, desde algunas instituciones mismas del Estado que estaban atajando, como el Senave (Servicio Nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas), que estaba más al servicio del pueblo, hasta ahora que el presidente del Senave es un gran empresario que trabaja en la empresa de agrotóxicos, y que él mismo está pidiendo ahora la inscripción de semillas de maíz transgénico y el algodón transgénico.

Este proceso creemos que comenzó mucho antes, cuando aprobaron un proyecto de ley fitosanitario, que es el proyecto de agrotóxicos. Todas las organizaciones campesinas e indígenas trabajamos durante dos años sobre un proyecto de ley de regularización de agrotóxicos.
Al menos hablábamos de regularización para no ser tan radicales y que nos lo aceptaran los parlamentarios. Pero lo rechazaron y presentaron los grandes sojeros este proyecto de ley fitosanitario, el cual fue aprobado.

Entonces, empezamos a trabajar desde las organizaciones en la reglamentación de este proyecto y en las leyes de regularización de agrotóxicos en zonas donde están las casas a 100 metros a la redonda, donde están las escuelas, colegios, y se sacó por decreto una reglamentación. Reglamentación que ahora también fue borrada por este presidente del Senave. Ahora hay vía libre para la fumigación en todas las comunidades campesinas indígenas, o sea que no tenemos ninguna protección en este momento.”

Violación a los derechos humanos y criminalización

De acuerdo a Marielle Palau (2009), la lucha por la tierra en Paraguay se origina por la mala adjudicación de la misma, lo que obliga a los campesinos a ocuparlas como una forma de reivindicación de los derechos que les ha sido negado históricamente; por lo tanto, se ha constituido en la principal herramienta que tienen las organizaciones campesinas para implementar la Reforma Agraria. Ya se ha analizado más arriba el grave problema de la concentración y mala distribución de la tierra en Paraguay.

Estas ocupaciones se dan en un contexto en el que el Estado está muy poco institucionalizado y en el que los terratenientes tienen un enorme poder, lo que ha hecho que, frente a la lucha por la tierra, la reacción del Estado sea criminalización de quienes participan en ella.
La criminalización por la lucha por la tierra se da en dos contextos: por los desalojos y por movilizaciones.

Cuando hay ocupaciones, el Estado inicia un proceso de desprestigio a ciertos líderes, a quienes se presenta como enemigos públicos, para entonces justificar la represión. Los desalojos son justificados con el argumento de que se está defendiendo la propiedad privada aunque, en la gran mayoría de los casos, según las organizaciones sociales, “las tierras ocupadas por las organizaciones campesinas son excedente fiscal o tierras malhabidas”. (Palau, 2009).

La recuperación de las tierras mal adjudicadas está trabada debido a trámites administrativos y judiciales (Palau, 2009). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2007 presentó sus preocupaciones sobre los desalojos al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert),

…los numerosos casos de desalojo forzoso, del cual han sido objeto familias campesinas e indígenas, en particular en las comunidades Tetaguá Guaraní, Primero de Marzo, María Antonia y Tekojoja, quienes habían venido ocupando las tierras, así como los informes recibidos en cuanto a que la Policía Nacional ha efectuado los desalojos mediante el uso excesivo de la fuerza, quemando y destruyendo viviendas, cultivos, bienes y animales. (Citado en Palau, 2009: 40)

Según Palau, los desalojos violentos en el 50% de casos incluyen la destrucción de las viviendas, y en el 25%, destrucción de los cultivos de autoconsumo; además hay robo de los bienes de las familias.

A continuación, se transcribe un testimonio de desalojo forzoso ocurrido en 2005 en la comunidad de Tekojoja, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Caaguazú.

Ocurrió en un asentamiento rural de 500 hectáreas en el que viven 56 familias campesinas. Esta comunidad forma parte de la Organización Agraria y Popular y parte del MCNOC (Coordinadora de la Plataforma Nacional de Organizaciones Campesinas)-Vía Campesina Paraguay.

Caaguazú junto a San Pedro son las regiones paraguayas donde más se ha expandido el monocultivo de OGM en los últimos cinco años. Existen 2 millones de hectáreas de soja genéticamente modificada en Paraguay y un Plan gubernamental de expansión de dos millones de hectáreas más. En dicho país menos del 2% de la población es dueña del 70% de la tierra de cuyo territorio han sido expulsados sus históricos habitantes. La soja transgénica fundamentalmente dirigida a la exportación es la causa principal de esta grave situación, el promedio de los conflictos relacionados con la tierra ha aumentado en los últimos años considerablemente, sólo en el 2004 se produjeron 162 conflictos por el suelo y 118 ocupaciones de tierras.

Tekojoja es uno de los asentamientos rurales recuperados por la reforma agraria, aunque muchas de estas tierras volvieron a manos de terratenientes privados mediante maniobras corruptas e ilegales o estafando a los campesinos. Tal es el caso de la comunidad de Tekojoja que fuera desde sus comienzos amenazada por la expansión de los monocultivos de soja transgénica.

Adelin Osperman es un productor de soja brasileño que quiere controlar estas tierras y con ese objeto inició un juicio contra los campesinos pese a que el asentamiento se halla legalmente reconocido, desde hace tres años por el actual presidente Nicanor Duarte Frutos. Carlos González, miembro de la Coordinación de la Organización Agraria y popular, expresa “el juez que interviene en esta causa no ha tenido en cuenta que estas eran tierras fiscales luego donadas a las organizaciones campesinas mediante el programa de Reforma agraria.” En agosto de 2004 la comunidad fue atacada con el resultado de varias personas detenidas y otras heridas.

El viernes 25 de junio a las 5:30 AM, los abogados Pedro Torrales y Nelly Varela irrumpieron junto a 150 policías con intenciones de desalojar a toda la comunidad. Durante el desalojo y ante la presencia de los abogados, la población fue salvajemente acosada y golpeada. La policía, seguida por paramilitares, desalojó y detuvo a la gente; destruyeron las casas con bulldozers y luego las incendiaron. Fueron arrestadas 130 personas, entre ellas 40 chicos, y encarceladas en Caaguazú. Galeano, un vocero de la comunidad, relató que después del incidente 29 hombres, 119 mujeres y 40 chicos fueron liberados. Algunos campesinos han desaparecido desde el viernes. Durante el desalojo, el pretendido dueño Adelin Osperman (productor de soja brasileño) junto a algunos empleados con escopetas entraron con camiones a la finca baleando a los campesinos y matando a Ángel Cristaldo (de 30 años de edad) y a Leopoldo Torres (de 49 años de edad) e hiriendo a otras cinco personas ante la vista de los policías presentes en el terreno. Uno de ellos se halla aún en estado crítico en el Hospital de La Candelaria (Caaguazú) y Aníbal Fernández tuvo que ser operado en el mismo nosocomio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Paraguay está cubriendo los gastos que ocasionan estas internaciones porque los servicios de salud han sido privatizados en el país.

Pocos años más tarde, Marielle Palau (2009) cita el siguiente atropello acontecido en a la comunidad de Curupayty y Mbocayaty en el Distrito de Choré, San Pedro. Mbocayaty es una comunidad conformada hace más de 35 años, tiene 400 hectáreas (todas tituladas) y está integrada por 102 familias. Junto a ella está la comunidad Curupayty, donde se asentaron 99 familias en el año 2002 y obtuvieron la legalización de las tierras en el año 2006. Ambas comunidades limitan con la estancia “Agroganadera Jejuí”, donde aparentemente el propietario tiene intenciones de cultivar soja.

El viernes 19 de junio un grupo de diez policías fueron emboscados por desconocidos, mientras custodiaban la estancia “Agroganadera Jejuí”, propiedad de Emio Ramírez Russo ubicada en Distrito de Choré departamento de San Pedro. Uno de los policías falleció por impactos de bala y otro resultó herido.

El sábado 20 de junio —a las 10 horas aproximadamente— unos doscientos policías bajo la responsabilidad del Comisario Recalde y acompañados de las fiscalas Lilian Ruiz y Fanny Villamayor, intervienen las comunidades de Curupayty y Mbocayaty, lindantes con la propiedad de Ramírez Russo, buscando supuestamente a los responsables de la emboscada.

Según los testimonios, mientras las fiscalas realizaban averiguaciones en la entrada de la comunidad, la policía actuaba desde las casas ubicadas al fondo de la misma. Más que un operativo policial, este fue un amedrentamiento y saqueo. Según las denuncias realizadas, los hombres eran sacados literalmente a patadas y a bofetadas de sus viviendas, luego tirados al piso, pisoteándoles la espalda con sus botas. Este procedimiento afectó también a algunos niños. Muchas mujeres también fueron abofeteadas y golpeadas. Como si esto fuera poco, quemaron tres viviendas: las de Modesta Florentín (44 años, soltera y madre de seis hijos), la de Mariza Florentín (24 años y con dos hijos) y la de Nimia González (27 años y con tres hijos). Además robaron celulares, implementos agrícolas y más de diez millones de guaraníes.

Como si esa violencia hubiera sido poca, una vez que subieron a cuarenta y un campesinos a un colectivo para trasladarlos a la comisaría de Chore, los mismos fueron obligados a ir arrodillados y con la cabeza mirando el piso, y estando en esa posición los rociaron con gas lacrimógeno.
Durante y después del “procedimiento” muchas familias abandonaron sus viviendas por miedo a un nuevo allanamiento, los rumores de que el mismo se iba a volver a realizar esa noche fueron muchos y crearon zozobra en la comunidad.

La mayor preocupación de muchas de las mujeres fue el miedo que quedó en los niños y las niñas, que esa noche se despertaban “llorando y pidiendo socorro”, se quejaban de dolores de cabeza y de fiebre (Palau, 2009: 43)

Testimonios como éste se repiten en todos los lugares donde se expande la soja en Paraguay. Por ejemplo, sólo entre agosto 2008 a diciembre de 2009, se dieron 58 desalojos que afectaron a 12 mil 294 personas.

Recientemente, el 14 de agosto 2013, circuló la siguiente información12:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado los hechos, ocurridos el pasado 14 de agosto, en los que el activista fue asesinado. Areco era uno de los dirigentes principales de la comunidad campesina de Reconquista en acciones a favor de familias sin tierras y del derecho a la tierra. En diciembre de 2012, la CIDH condenó también el asesinato, de Vidal Vega, líder del Movimiento Campesinos sin Tierra y Presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty y en febrero de 2013, el asesinato del líder campesino Benjamín Lezcano, de la Coordinadora Campesina “Gaspar Rodríguez de Francia”.

Informes aseguran que Areco es el campesino número ciento treinta y uno asesinado desde que se inició la transición democrática en Paraguay en 1989. Todos ellos por cuestiones relativas a la tenencia de la tierra y el acceso a ella. En el último año, han sido asesinados más de cinco líderes campesinos del norte del país por estas causas.
 
La otra forma de criminalización tiene lugar durante las manifestaciones. Al respecto Marielle Palau nos recuerda en su artículo sobre la criminalización ligada a los cultivos de soja, que manifestarse es un derecho humano fundamental tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución de Paraguay y que, a pesar de ello, este derecho se va cercenado y penalizado progresivamente (Palau, 2009: 57). Ella señala que el corte de rutas es la acción más criminalizada.

Leamos el siguiente testimonio:

El caso que mayor repercusión tuvo, por la violencia y el ensañamiento utilizado, fue la represión a la Federación Nacional Campesina en julio del año 2009. Unos 800 integrantes de la FNC acampaban al costado de la Ruta 7, a la altura del kilómetro 179, barrio Toro Blanco de la ciudad de Caaguazú. Allí realizaban cortes de ruta intermitentes, como mecanismo de presión al gobierno para el cumplimiento de sus demandas y también como medio para dar a conocer la realidad del campesinado a la ciudadanía en general. El domingo 5 de julio, a pocos metros del campamento, se produce un violento asalto a un comercio, que termina con la muerte del propietario. Según versiones de la policía, testigos desconocidos denunciaron que, luego de ocurridos los hechos, los maleantes ingresaron a las carpas de la Federación, con una escopeta que robaron del comercio. Llama la atención que pretendan esconderse a escasos metros de donde cometieron el delito, y además, que según muchos campesinos entrevistados, el comerciante de la zona solía prestar ayuda a los acampados en la ruta.

El lunes 6 la mañana se presenta la fiscala Fanny Villamayor y otros dos fiscales, acompañados de un escuadrón de la policía para catear el campamento, en busca del rifle perdido, que sería la evidencia del crimen. El operativo comienza con toda violencia (algo extraño para un trabajo que debería ser de inteligencia y no de fuerza bruta), y los campesinos y campesinas son dispersados por la ciudad de Caaguazú, donde comienzan a ser perseguidos y violentados por la policía. La policía no respetó territorio, edad, sexo ni condición física de las personas para reprimir. A quien alcanzaban, pegaban con salvajismo, sea anciano, mujer o discapacitado. Según oficiales de la policía, quien daba órdenes de ejercer violencia era la fiscala Fanny Villamayor.

Luego de haber sido dispersados, los manifestantes se volvieron a reagrupar en la plaza principal de Caaguazú, donde de nuevo la violencia policial entró en acción. Fueron hasta la Iglesia, pero, al parecer, la orden de dispersar la movilización era tan clara que hasta allí siguió la persecución del aparato represivo. Finalmente encontraron una zonafranca, luego de negociaciones con el Intendente municipal, en el tinglado municipal de la ciudad, donde acamparon los días siguientes.

El saldo del operativo fue de varias decenas de heridos, entre los que se cuentan mujeres, menores de edad, ancianos mayores de 70 años y discapacitados. Unas 50 personas fueron detenidas e imputadas por “resistencia” y “exposición a riesgos comunes”. La única resistencia que hubo, según mencionan los campesinos, fue contra las cachiporras, los balines, los caballos de la montada. Una resistencia por defender la propia integridad física. Además, como en otros casos, las víctimas denunciaron el saqueo de sus bienes personales, como celulares, dinero en efectivo, frazadas, colchones y otras cosas.

Ella reporta además que entre agosto de 2008 y diciembre de 2009, han sido detenidas 1050 personas durante desalojos y manifestaciones, de las cuales 333 fueron imputadas.

Tras la instauración del gobierno de facto, la oligarquía avanzó en su plan por controlar y descabezar al movimiento popular, a través de la criminalización, el amedrentamiento y los asesinatos selectivos como mecanismos de acción, como lo señala Cecilia Viyk (2013):

La aprobación de la ley anti-terrorista en el 2010 es un avance clave en el marco jurídico-político de la criminalización, siendo aplicada por primera vez en octubre del 2012, luego del Golpe de Estado.

El montaje fiscal armado en torno a la resistencia de Marina Cue-Curuguaty es un caso ejemplar, donde se incrimina a luchadores/as inocentes, encarcelándolos en un intento de castigo ejemplar a los luchadores por la tierra, así como de gran impunidad a la oligarquía asesina y criminal.
Se mantienen hace ocho meses a catorce presas y presos políticos y más de cincuenta imputadas/os, inocentes, sin pruebas en su contra, acusados de homicidio doloso en grado de tentativa (dado que no existen pruebas, por lo que no se puede comprobar su supuesta culpabilidad), asociación criminal, invasión de inmuebles (pese a que Marina Cue es tierra pública) entre otros. El 22 de febrero se realizó la primera condena a uno de los presos políticos, un menor de 17 años, condenado por asociación criminal por llevar alimentos a su hermano que se encontraba en la ocupación.
Cerrando el círculo de la criminalización, la imputación y la acusación de las y los luchadores, se encuentra la represión y los asesinatos selectivos. Con el asesinato del dirigente del asentamiento Arroyito, Benjamín Lezcano, ascienden a ciento veintinueve los luchadores y luchadoras por la tierra asesinados/as desde 1989 hasta hoy (Codehupy, 2013).

Veinte asesinatos se perpetran desde la Masacre de Curuguaty el 15 de junio pasado hasta hoy. Once campesinos y seis policías fueron muertos en la Masacre de Curuguaty el 15 de junio. El dirigente Sixto Pérez, en proceso de organización de una cooperativa campesina para la explotación de diamantes en la región norte del país, fue asesinado por sicarios el 1 de setiembre del 2012. Vidal Vega, dirigente de la Comisión Sin Tierra y testigo clave de la Masacre de Curuguaty fue asesinado por sicarios el 1 de diciembre, y Benjamín Lezcano, dirigente campesino, fue asesinado por sicarios el 19 de febrero del 2013.

Estudios demuestran que la cantidad de asesinatos en el marco de la lucha por la tierra es mayor en aquellos departamentos donde mayor es la concentración de la tierra (Campaña de la sociedad civil por la reforma agraria, 2010). Ninguno de los ciento veintinueve casos de asesinatos a dirigentes y luchadores/as por la tierra ha sido esclarecido.

Visita de verificación al departamento de San Pedro, distrito de Wajaiví

El día 19 de octubre de 2013, una delegación internacional de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y el Estado Español realizamos una visita de verificación sobre los impactos de la soja en el Departamento de San Pedro.

Durante el mes de octubre empieza a prepararse la tierra para la siembra. A lo largo del recorrido desde Asunción hasta San Pedro se observa la tierra tratada con herbicidas, que presenta un color rojizo, lo que da cuenta del mal estado de la salud del suelo, luego de tantos tratamientos con herbicidas y otros agrotóxicos.

En medio del suelo quemado, en algunos lugares empiezan a crecer matas de soja o maíz transgénico resistente a glifosato.
En estas zonas es muy difícil observar árboles, con excepción de los eucaliptos que han sido plantados para la producción de celulosa, lo que dañará aun más las condiciones del suelo.

La presencia de Cargill es muy fuerte, hasta el extremo que forma parte del paisaje de la región. En el recorrido pudimos ver silos, camiones y señalización de la empresa y nos dio la impresión de que éste era un territorio tomado por la empresa.

En el paisaje sobresale de manera más directa la presencia de Monsanto. En los futuros campos de maíz se aprecian letreros DKB390, un maíz de Monsanto diseñado para climas tropicales. De acuerdo a los testimonios que nos ofrecieron pobladores de la zona, el maíz está creciendo en zonas donde antes se sombraba sólo soja, y las fincas de los productores sirven como sitios demostrativos de los maíces de la empresa. De esta forma, la empresa consigue expandir su influencia en los campos paraguayos.

Una vez llegados a una de las comunidades, sus integrantes nos recibieron y los primeros habitantes nos narraron la historia de cómo se conformó la comunidad, de cómo ellos han sido fuertemente golpeados por la represión, el cambio climático y la soja.

Del territorio original, el 80% está ahora ocupado por la soja, y sus propietarios son todos brasileños.

La comunidad se ha organizado para tener un pedazo de bosque. El bosque es muy importante para todos, pues de ahí se proveen de leña para hacer carbón. Usan únicamente las ramas secas para no acabar con los árboles. De la misma manera, se proveen de plantas medicinales y de frutos.

Itatí13, una de las jóvenes que estudia en un centro de estudios agroambientales, que es gestionado por la propia gente de la comunidad, conoce el nombre de todos los frutos comestibles y las plantas medicinales de la zona. Tiene conocimientos sobre su uso, la época de fructificación, cuándo están listos para ser comidos, y muchas cosas más.

Pero este bosque está en peligro, pues está siendo rodeado por plantaciones de soja. Algunos miembros de la comunidad han arrendado o vendido la tierra al productor sojero brasileño. En algunos casos les ofrece trabajo (temporal); en otros, ingresos seguros a través del arrendamiento de la tierra.

Pero en el caso de la madre de Itatí, la historia es diferente. Con ella están usando un sistema de hostigamiento. Ella vive en el límite de la plantación de soja, y ella y su familia reciben todos los químicos que se usan ahí. También se afectan sus cultivos. La yuca se le seca, así como el maíz y otros productos.

Su vaca tuvo un ternero que le nació enfermo. Ese es un efecto muy común entre los animales expuestos al glifosato.

Luego de repetidas quejas, los empleados de los brasileños empezaron a fumigar a partir de las 3 AM. Pero de todos modos, los tóxicos les llegan. Para minimizar el efecto de los químicos, ella puso una barrera de árboles, de unos 10 metros, entre su terreno de 5 has y la plantación de soja, pero los empleados del sojero quemaron un sector del cerco, y ahora tiene que esperar que la vegetación vuelva a crecer.

El hermano de Itatí, un niño de cinco años y su amigo nos enseñaron su piel, llena de granos. Su papá también se queja pues ya no puede trabajar como antes, porque se siente débil desde que llegó la soja.

Caminamos a la largo del límite entre las dos propiedades hasta llegar a la plantación de soja. El suelo estaba quemado, pues habían fumigado ocho días atrás. Cuando el sol brillaba con más fuerza, se levantó un fuerte olor a agrotóxicos, comenzaron a ardernos los ojos, a picarnos la cara y uno de los compañeros sufrió inicios de asma.

En el campo de soja se veían los primeros brotes de soja, pero también observamos algunas hierbas invasivas (mal llamadas malezas), que habían sobrevivido al glifosato.

¡Habían surgido las primeras supermalezas!

Una de las cosas que más nos impactó es que el pozo de agua, que proveía de agua a toda la comunidad, estaba ubicado junto a la plantación de soja, y por lo mismo recibía todo el impacto de las fumigaciones con glifosato y todo el paquete de agrotóxicos que se requiere en los cultivos de soja transgénica.

Ante la queja de los comuneros, los sojeros habían puesto una zona de diez metros con árboles, “para que la fumigación no llegue al agua”. Nos preguntamos si esa protección será suficiente.

Otro de los problemas que enfrenta la gente es que un poco antes de la cosecha, se ha empezado a usar un nuevo químico que seca las plantas de soja; entonces se levanta un polvillo, y es imposible respirar. Se trata de un nuevo herbicida incluido en el paquete de agrotóxicos que acompañan a la producción de soja transgénico, que acelera el proceso de secado de la soja; con eso, los productores ganan quince días, mientras que las personas de la comunidad se siguen enfermando.

La soja es un cultivo relativamente nuevo en la zona, por lo que sus impactos aun no son muy evidentes. Ahí se está aplicando un paquete productivo que indudablemente está enriqueciendo a una persona, un brasileño al que los probladores de la comunidad nunca han visto. Ellos nos dijeron que el sojero vive cómodamente en alguna ciudad de Brasil.

Y mientras él se enriquece, qué futuro le queda a esta comunidad.

Conclusiones

1. Existe una fuerte relación entre la violación a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y campesinas con la zona de expansión de la soja transgénica en Paraguay.

2. Estas violaciones incluyen desplazamientos forzados, criminalización y atemorización de las poblaciones locales y se les niega el derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación sana y a un ambiente libre de contaminación.

3. Muchas de las plantaciones están en manos de extranjeros, especialmente brasileños, que han ocupado tierras de comunidades indígenas y campesinas.

4. Estos desplazamiento constituyen además una violación al derecho a la alimentación, pues las zonas antes dedicadas a la producción de alimentos están dedicadas hoy a la producción de soja, lo que debilita la soberanía alimentaria de la población.

5. Además, la expansión de las plantaciones de soja transgénica ha destruido otras fuentes base de sobrevivencia de muchas comunidades rurales, porque estas plantaciones se han expandido sobre bosques y otros ecosistemas naturales que proveen bienes y servicios a las comunidades.

6. Las fumigaciones constantes, que son parte del paquete tecnológico con el que se siembra la soja transgénica, han deteriorado el estado de salud de la población que está en la zona de influencia de los cultivos de soja.

7. Existe un grupo pequeñas de empresas (en su mayoría extranjeras) que se ha beneficiado de la expansión de la soja transgénica en Paraguay, especialmente Cargill y Monsanto.


Recomendaciones

Con base a las observaciones y conclusiones, la misión de verificación hace las siguientes recomendaciones.
1. Hacemos una reconvención al gobierno de Paraguay para que reinstaure de inmediato las condiciones de respeto absoluto a los derechos humanos, las garantias individuales y los derechos colectivos reconocidos por todos los instrumentos de derechos humanos a nivel internacional, sin los que ninguna nación puede asumirse como promotora de justicia, respeto, libertad y democracia plena.

2. Solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional que promueva la visita de autoridades de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre las Implicaciones para la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racional de las Sustancias y los Desechos Peligrosos; el Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud, del Relator Especial sobre la Vivienda Adecuada Como Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, el Relator sobre el Derecho a la No Discriminación, y el Experto Independiente sobre la cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medio Ambiente Sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible. Es urgente también la presencia de la relatoría sobre defensores de derechos humanos de la CIDH.

3. Exigimos que la Defensoría del Pueblo del Paraguay realice un informe temático sobre ese tema, con la participación y satisfacción de las víctimas.

4. Es urgente que más voces a nivel internacional sumen sus resultados para configurar un estudio exhaustivo y contundente sobre los impactos de la soja en los derechos humanos, con la participación y satisfacción de las víctimas, que sea enviado a las ramas del Poder Público (Ejecutivo las Altas Cortes), a la Defensoría del Pueblo y demás organismos de control (por ejemplo la Contraloría).

5. Que estos estudios sean publicados, para el conocimiento del público, especialmente de las víctimas, notificando a las principales empresas concernidas, filiales y casas matrices, con copia al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

6. Que estos estudios sirvan de base para iniciar un proceso de restauración integral a las víctimas.

Referencias:

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Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2007). Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay. (Asunción: Codehupy). Citada en Palau, Marielle (2009) “La dimensión violenta de la criminalización”, en Palau, Marielle. (Comp.) Criminalización a la lucha campesina, Asunción, BASE-IS. pp.35- 72.
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Vuyk Cecilia (2013). “Asesinatos selectivos, amedrentamiento y criminalización en Paraguay. Recrudecimiento golpista contra el pueblo paraguayo”. Rebelión. 5 de marzo 2013.

Notas:
1 Y que está conformada por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia
2 Citado en http://www.quanta.net.py/userweb/apocalipsis/Genetica/Soja/soja.html
3 Paraguay es el tercer exportador de maíz en América Latina.  En el 2012 exportó 2405 millones de toneladas. http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
4 A través de sus empresas mosaico, Cargill es una de las mayores productoras de fertilizantes a nivel mundial.
5 Noticia disponible en http://www.reuters.com/article/2013/05/10/adm-soybeans-plant-idUSL2N0DR3GZ20130510
6 Noticia disponible en http://www.5dias.com.py/12535-bunge-y-dreyfus-catapultan-a-paraguay-a-la-era-de-la-industrializacin
7 http://www.monsanto.com/global/py/Pages/default.aspx
8 Declaraciones hechas a Prensa Latina 02/07/13, disponible en  http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article54372. Denuncian Monsanto destruye agricultura familiar paraguaya
9 Nota disponible en http://partidopirata.com.ar/2012/09/09/el-presidente-de-paraguay-defiende-a-monsanto-en-una-misa/
10 Entrevista disponible en http://brecha.com.uy/index.php/sociedad/2078-la-republica-unida-de-la-soja
11 cuyos efectos en ratas fue evaluado por Seralini et al (2012), quienes encontraron graves impactos en la salud.
12 Información circulada por Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad). Disponible en  http://www.redlad.org/sites/default/files/Alert_Murder%20of%20peasant%20leader%20Lorenzo%20Areco%20in%20Paraguay_august2013.pdf
13 Nombre ficticio, a fines de resguardar integridad.

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