El debate sobre las semillas en Colombia se debe centrar en preguntas como: ¿Se puede aplicar sobre las semillas alguna forma de propiedad intelectual que permita privatizarlas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales?, ¿qué se pretende con las leyes de semillas y quiénes se benefician o son afectados: las empresas o los agricultores?, ¿las normas de semillas realmente buscan mejorar su calidad y sanidad o el control monopólico del mercado?, ¿son las semillas certificadas y registradas las únicas semillas legales que pueden circular en el país? ¿Puede ser ilegal el uso y comercialización de semillas criollas?, ¿qué responsabilidad y papel juegan los gobiernos nacionales en la defensa de las semillas?, ¿qué impacto tienen las normas de semillas sobre los derechos de los agricultores, la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos?, ¿qué acciones debemos implementar desde la sociedad para lograr la libertad de las semillas?

El decomiso y destrucción de setenta toneladas de semillas realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a los de pequeños agricultores de arroz de Campoalegre, Huila, presentado en el documental 9.70 de Victoria Solano, ha generado un fuerte debate público en los medios de comunicación y en las redes sociales e indignación de muchas agricultores y ciudadanos. El ICA determinó que los agricultores violaron la resolución 970 de 2010, que regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en el país. Éste no ha sido un caso aislado, puesto que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 2010 viene realizando brigadas por todo el país, en las cuales realiza decomisos e instaura procesos de judicialización a productores y comercializadores de semillas que usurpen los derechos de obtentores vegetales y que violen la resolución 970. Es así como entre 2010 y 2011 el ICA reportó el decomiso de mil 167 toneladas 225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras. En el año 2012, el ICA rechazó 2 mil 793 toneladas 392 kilos de semilla de arroz por no cumplir con los requisitos exigidos. Los campesinos en todo el país están indignados con estos decomisos, los consideran ilegales y le han exigido al ICA la revocatoria de esta resolución.

Frente a este debate sobre la resolución 970, la gerente del ICA, Teresita Beltrán, ha querido desvirtuar y desviar el verdadero problema que actualmente se tiene en Colombia con las normas de semillas, haciendo las siguientes afirmaciones, que no se ajustan a la realidad:

La gerente del ICA dice que “es tendenciosa la afirmación que la resolución 970 es producto de la firma del TLC o que responde a intereses de particulares”; aunque el ICA reiterativamente insista que la resolución 970 no tiene nada que ver con las obligaciones suscritas por Colombia en el TLC, en realidad uno de los temas prioritarios para Estados Unidos para aprobar este tratado, es la adecuación de los sistemas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y especialmente sobre semillas, y explícitamente el país adquirió la obligación de suscribir el Convenio Internacional de UPOV 91, lo cual se hizo efectivo al aprobarse en 2012 la ley 1518. Con el TLC el país se comprometió también a garantizar la seguridad jurídica para que las empresas biotecnológicas y semilleras puedan proteger sus innovaciones tecnológicas y garantizar las condiciones para el mercado de las semillas de las empresas, lo que se materializó mediante la ley 1032 de 2006 y la resolución 970 de 2010.

El ICA asegura que “la resolución 970 no aplica para el control de las semillas tradicionales”. “No existe restricciones para que un pequeño agricultor pueda guardar y usar sus semillas criollas y para el caso de las semillas convencionales, los agricultores puede reservar un porcentaje de la cosecha para ser resembrada”. Aunque el ICA afirma que no se controla a las semillas criollas, actualmente existen instrumentos jurídicos para judicializar a los agricultores que posean semillas que presenten similitud o induzcan a confusión respecto variedades protegidas legalmente. Esto podría llevar a que los agricultores sean penalizados con multas y cárcel, simplemente por poseer o difundir semillas que se parezcan a las semillas protegidas legalmente que comercializan las empresas. Respecto a las restricciones que existen para que un pequeño agricultor pueda reservar semillas para sembrarlas nuevamente, esta reserva sólo podrá ejercerse por una sola vez y en un área máxima de cinco hectáreas y sólo puede utilizarla para su propio uso y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en la explotación en su último cultivo sólo ha usado semilla legal, certificada o seleccionada.

También la gerente del ICA afirma que “en el país se producen 66 mil toneladas de semillas certificadas, 85% por empresas nacionales y 15% por empresas internacionales”. El hecho que en el país la mayor parte de las semillas certificadas sean producidas mediante franquicias por empresas nacionales no significa que el sistema de semillas sea controlado por productores nacionales, puesto que actualmente la mayoría de las semillas certificadas y todas las transgénicas son propiedad de unas pocas empresas transnacionales; esto sucede con especies como: maíz, arroz, algodón, caña de azúcar y hortalizas.

¿A quienes benefician las leyes de semillas? Para entender la dimensión y alcance de lo que está pasando con las semillas y especialmente como afectan a millones de pequeños agricultores en el país, es necesario analizar el transfondo e implicaciones que conllevan las leyes de semillas.

Desde épocas ancestrales los campesinos han sido los creadores y mejoradores de las semillas que sustentan la agricultura y la alimentación en el mundo; es por ello que las semillas libres de propiedad intelectual son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, lo que ha permitido garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades rurales. Los agricultores han tenido el derecho al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender las semillas; es por ello que no es aceptable que se pretenda imponer normas que privaticen las semillas y que le quiten a los agricultores su control.

Los países industrializados han presionando a los países del Sur, para que adopten leyes de patentes sobre la materia viva y normas de derechos de obtentores vegetales sobre las semillas, que pretenden entregarle a las empresas semilleras el control de todo el sistema de semillas; definen quiénes son los dueños de las semillas y cuáles se pueden vender y cuáles no, desconocen los derechos de los países de origen de la biodiversidad y especialmente los derechos de los agricultores sobre sus semillas.

Hoy, 82% de las semillas comercializadas en el mundo está patentado y sólo diez empresas controlan 77% del mercado; de éstas sólo tres —Monsanto, Dupont y Syngenta—, controlan el 47% del comercio. Estas normas buscan volver obligatorios el registro y la certificación para la comercialización de semillas en manos de unas pocas empresas, lo que ha generado la pérdida de las semillas campesinas e indígenas y criminalizan la libre circulación de las semillas campesinas.

Las normas de semillas en Colombia. En los últimos años en Colombia se vienen realizando cambios y ajustes en las políticas y leyes sobre biodiversidad y semillas, ajustándose a los lineamientos y compromisos adquiridos en los Tratados de Libre Comercio suscritos por el país. Entre estas normas se destacan:

1. Artículo 4 de la ley 1032 de 2006, (Código Penal), dice “El que, fraudulentamente, usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.6 a 1 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Esta norma penaliza el uso sin permiso de semillas protegidas por las empresas, pero en realidad lo que pretende es llevar a que todos los agricultores sólo utilicen semillas registradas y certificadas. El aspecto más crítico de esta norma es que puede ser penalizado y judicializado el uso de semillas criollas que sea “similarmente confundible” con una protegida legalmente; es decir, se podría criminalizar a los agricultores que posean semillas criollas que se parezcan a las semillas que son propiedad de las empresas. Pero ¿quién determinará qué es confundible?, ¿Confundible para quién?; más aún, qué base puede esgrimirse para penalizar una similitud, especialmente cuando aquello a lo que se castiga por ser parecido ha existido con anterioridad a aquello con lo que se le compara?

2. La Resolución 970 del ICA, de 2010, controla producción, almacenamiento comercialización y la transferencia a título gratuito y/o uso de semillas, en el país. Aunque el ICA insistentemente asegura que esta norma no aplica para las semillas criollas, en el ámbito de aplicación no existe ninguna excepción de estas semillas, por lo que sí las afecta. Bajo la premisa de mejorar la calidad y la sanidad de las semillas, lo que en verdad pretende esta norma es entregarle el control total a las empresas dueñas de semillas privadas. Las evidencias científicas en el mundo, muestran que las semillas “mejoradas” certificadas y registradas, son homogéneas y están amarradas al uso de los paquetes tecnológicos de pesticidas y en general han sido las culpables de los graves problemas sanitarios, que nos han llevado a semillas resistentes a plagas y enfermedades dependientes del uso incontrolado de agroquímicos. Por el contrario las semillas criollas, por estar adaptadas a las condiciones ambientales y socioeconómicas de las comunidades locales, presentan menos problemas de plagas y enfermedades y son nuestro seguro frente a los cambios climáticos.

La resolución 970, define que en el país sólo pueden comercializarse semillas “legales” que sean registradas o seleccionadas, y son protegidas legalmente mediante el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocido como UPOV; para poder registrar estas semillas, se deben cumplir los requisitos de nueva, homogénea, estable y distinguible; pero evidentemente las semillas criollas no cumplen estos requisitos y no se pueden proteger por el sistema UPOV. Es por esta razón que el ICA considera que las semillas criollas sólo pueden ser utilizadas por los agricultores en sus parcelas, pero no pueden ser comercializadas.

Para ejercer el control de todas las semillas en el país, el ICA puede ingresar a cualquier inmueble o parcela agrícola, y realizar inspecciones, decomisos, destrucción de semillas y judicialización a los agricultores de semillas, en el caso que encuentre semillas protegidas “ilegales” o semillas criollas que no estén certificadas para ser comercializadas o incluso productos alimentarios como arroz, maíz, frijol o papa que eventualmente se puedan utilizar como semillas.

Actualmente el ICA continúa ejerciendo el control del uso de semillas, y ahora pretende profundizar la judicialización a los poseedores de semillas “ilegales” mediante el nuevo Estatuto General de Proceso, Ley 1564 de 2012, que le otorga ICA funciones jurisdiccionales para resolver la usurpación de los Derechos de Propiedad Intelectual a Obtentores Vegetales. Adicionalmente el ICA ha sido dotado de mayores recursos económicos que se aplicará en la contratación de personal calificado para realizar las brigadas que “contrarresten el flagelo de la ilegalidad, que pone en jaque a la sanidad vegetal nacional”, como lo anunció recientemente en la asamblea de Acosemillas, la señora Ana Luisa Diaz, directora técnica de semillas del ICA.

3. ¿La nueva norma de semillas? (Aunque la mona se vista de seda, mona se queda). Luego del enorme rechazo que ha generado en todo el país de la resolución 970 sobre semillas, el ICA ahora pretende derogar esta norma y expedir una nueva; es así como ha difundido el borrador de la resolución a través de internet, por un periodo de sesenta días, con el fin de hacer una consulta con el público. Es evidente que este procedimiento de consulta para expedir una nueva norma de semillas que puede afectar a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, no es válida, de la misma forma como la Corte Constitucional definió que la ley que aprobó UPOV 91, no fue consultada con estas comunidades étnicas. Por lo tanto no reconocemos el supuesto proceso de consulta que el ICA está haciendo mediante internet, de la nueva resolución que reemplaza la 970.

La diferencia de fondo de este nuevo borrador, con respecto a la 970 es que se incluye un párrafo adicional que dice; “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma efectivamente demuestra que el ICA lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores. Adicionalmente el texto de la nueva norma, fue “limpiado” de algún lenguaje que pueda generar reacciones en el público; pero en el fondo el espíritu y la pretensión es el mismo de la 970 y de las demás leyes de semillas vigentes en el país.

En medio del calor del paro agrario que tuvo paralizado gran parte del país rural y urbano, y ante la presión de los campesinos en la mesa de negociación con el gobierno nacional, sobre el tema sobre las leyes de semillas, el Presidente Santos hizo el anuncio que “se congela” la resolución 970; “el gobierno nacional se compromete a no aplicar la resolución 970 a las semillas nacionales, y a trabajar en una mesa técnica el tema de semillas, y en la estructuración de una nueva propuesta sobres semillas certificadas que no afecten a productor agropecuario”. Este anuncio del gobierno, genera confusión y desinformación, porque en realidad no existe jurídicamente la figura de no aplicación de una norma, puesto que, o las normas están vigentes o son derogadas, pero no “congeladas”; además no existe ningún documento oficial que haya adoptado la decisión de no aplicar la resolución 970; pero este anuncio le ha permitido al gobierno aplacar los ánimos de los campesinos y bajar la presión sobre este tema, y mientras tanto sigue el ICA con la intención de modificar esta norma a través del nuevo borrador de resolución mencionado anteriormente.

Lo más relevante de este debate es que el tema de las normas de semillas ha sido puesto en la agenda de negociación entre el gobierno nacional y los campesinos; y se espera que los cambios que se logren vayan mas allá de simplemente hacer unos cambios de la resolución 970, porque si verdaderamente se quiere proteger las semillas, se deben derogar todas las normas que permiten aplicar propiedad intelectual a las semillas y las normas que penalizan el libre uso de las semillas por todos los agricultores.

4. La ley 1518, de abril de 2012, por la cual se aprueba el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales-UPOV 91. Esta ley fue aprobada en el marco de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional para la aprobación y entrada en vigencia al TLC con Estados Unidos. La Corte Constitucional procedió a revisar la constitucionalidad de esta ley, y en este proceso muchas personas y organizaciones de todo el país y del exterior, enviaron a la Corte documentos que prueban los efectos nocivos que tiene para el país UPOV 91. La Corte declaró esta ley inexequible en diciembre de 2012, “por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas”. Además la Corte señala que la aplicación de propiedad intelectual sobre las semillas mediante UPOV 91, podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los pueblos y considera la posibilidad que “la consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el Tratado”.

Aunque la Corte declaró inexequible UPOV 91, es fundamental tener en cuenta que muchos de los aspectos lesivos antes señalados, están incorporados en otras normas de propiedad intelectual y de semillas que se aplican en el país, como es el caso de la versión de UPOV 1978 que rige actualmente en la legislación nacional, en la ley 1032 de 2006 y en la resolución 970 del ICA. Es por ello que el conjunto de normas de propiedad intelectual y de semillas, son las reales amenazas a todo el sistema de semillas, a los derechos de las comunidades locales y a la soberanía alimentaria del país.

¿Qué hacer frente a estas normas de semillas? Para enfrentar estas normas regresivas que quieren acabar con nuestras semillas debemos fortalecer los procesos de recuperación y uso de las semillas criollas y los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad, que permiten que las semillas se mantengan vivas y caminando. Debemos conformar alianzas entre los diferentes sectores sociales, para realizar acciones de resistencia frente a estas leyes, movilización social de rechazo a los decomisos de semillas o a la obligatoriedad de solo utilizar semillas certificadas y a la introducción de semillas transgénicas. Podemos apoyar y participar en las campañas y redes que se han conformado en el país, como la Red de Semillas libres de Colombia, y apoyar e instaurar las acciones judiciales que buscan derogar el artículo 4 de la ley 1032 se 2006 (Código Penal), la resolución del ICA 970 de 2010 y las nuevas normas que se expidan que limite el libre uso de las semillas por los agricultores.

Es inaceptable que el ICA en vez de promover el desarrollo rural que garantice la protección de los patrimonios genéticos de la nación y de los derechos de millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos, se convierta en una entidad policiaca que persigue, judicializa y castiga a los agricultores por realizar con dignidad el trabajo de mejorar, usar, guardar, intercambiar y comercializar semillas.

Los agricultores del país consideramos ilegales estas normas y no vamos a reconocer ninguna que pretenda privatizar y entregarle a las empresas transnacionales el control del uso de semillas, en el marco de las leyes vigentes del país. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural de los colombianos y especialmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas sobre su biodiversidad y sus semillas. Consideramos que las únicas normas de semillas que deben implementarse en el país, deben ser para que el ICA ejerza un real y efectivo control de las semillas y de las tecnologías que puedan afectar el patrimonio genético de la nación y las semillas que aún protegen y utilizan las comunidades locales. l

Bogotá, agosto 26 de 2013

(actualizada en septiembre 17 )

Puntos de posición

sobre las semillas en el Paro Agrario

Colombia es uno de los países del mundo con mayor agrobiodiversidad, expresada por cientos de variedades nativas y criollas en las manos de millones de agricultores de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Las semillas son consideradas “Patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad” 

1. No aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada a las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo de las semillas, mediante el monopolio de los mercados. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético de la nación, los derechos colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y comercialización de las semillas y criminalizan el uso de las semillas por los agricultores.

2. Todas las normas de semillas que operan en Colombia, se sustentan en el Convenio internacional de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), aprobado mediante la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, que protege los Derechos de los Obtentores Vegetales (DOV). Posteriormente la ley 1032 de 2006, en el artículo 4, penaliza la usurpación de los DOV; y en 2010 el ICA expidió la resolución 970, que controla la producción, uso y comercialización de semillas. Finalmente en 2012 se aprobó la ley 1518 que implementa el convenio UPOV 91, norma que fue derogada recientemente por la Corte Constitucional. Exigimos la derogatoria de estas normas, en concordancia con el fallo de la Corte.

3. Las normas de semillas y sus modificaciones en los últimos años en Colombia, responden a presiones desde los países industrializados para que adecuen las leyes nacionales a las normas de propiedad intelectual y al control que ejercen las empresas semilleras sobre todo el sistema de las semillas. Es así como el artículo 4 de la ley 1032, la resolución 970 y la ley 1518, fueron aprobadas en el marco de los tratados de libre comercio, lo que conlleva a que estas normas beneficien a las grandes transnacionales semilleras y no a los pequeños agricultores.

4. La resolución 970 fue expedida con el argumento de lograr la sanidad y calidad de las semillas, pero en realidad, lo que permite es entregarle el control monopólico de las semillas a las empresas, y volver obligatorio el uso y la comercialización de semillas certificadas y registradas, como también criminaliza y prohíbe la producción y comercialización de semillas criollas.

5. Todas estas normas fueron proferidas sin realizar “consulta previa” informada con poblaciones étnicas y campesinas. El ICA considera que la consulta de la resolución 970 y de la modificación de esta resolución se realiza a través de internet, la cual es inaceptable para las poblaciones rurales; por lo tanto la consideramos ilegítima. La Corte Constitucional luego de estudiar la exequibilidad de la ley 1518 (UPOV 91), consideró que el argumento central para derogarla fue la “no consulta de los pueblos indígenas y afrocolombianos” y existe suficiente jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la forma en que debe hacerse la consulta para proyectos que afecten a estas comunidades y evidentemente no es a través de internet.

6. Rechazamos los cultivos y alimentos transgénicos que el gobierno nacional ha autorizado para la siembra y el consumo en el país. Existen suficientes evidencias científicas en el mundo que muestran los impactos ambientales por la contaminación genética de los cultivos transgénicos sobre las semillas criollas, los impactos socioeconómicos y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos y la salud humana y animal. Es evidente el fracaso del algodón transgénico en el país, puesto que los agricultores de Córdoba y Tolima han tenido millonarias pérdidas por las pésimas semillas de algodón transgénico que les han vendido las empresas. En aplicación del “principio de precaución”, pedimos que se revoquen las autorizaciones para estos cultivos y alimentos transgénicos en el país.

7. Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2012 se decomisó más de 4 mil 167 toneladas 225 kilogramos de semillas, de acuerdo con información oficial del ICA. Consideramos ilegales estos decomisos, porque se está violando los derechos de los agricultores.

8. Igualmente exigimos que no se obligue a los agricultores el uso de sólo semillas certificadas y registradas en los programas y proyectos gubernamentales de fomento agrícola y como requisito para acceder a los créditos financieros agrícolas.

9. En la resolución 970 del ICA, se establece que el agricultor sólo podrá reservar de su cosecha semillas de las empresas, por una sola vez, en parcelas de máximo de cinco hectáreas y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en su último cultivo sólo ha usado semilla legal certificada. Esta determinación es inaceptable y va en contravía de los “derechos del agricultor”, consagrado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), de la FAO. En el art. 9, inciso 9.3, que señala: “Nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”.

10. El gobierno debe ejercer un fuerte control sobre las empresas transnacionales que se apropien de las semillas certificadas y patentadas, que monopolizan el mercado, la disponibilidad de semillas e imponen precios especulativos, como en los casos de semillas de algodón, arroz y papa. El gobierno debe hacer estrictos controles de la calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten las semillas y la agricultura campesina.

11. El ICA actualmente pretende derogar la resolución 970 y aprobar una nueva norma. La diferencia de fondo de este nuevo proyecto de resolución es que se incluye un párrafo adicional que dice: “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma efectivamente demuestra que el ICA lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores; lo que se pretende es que las semillas de los agricultores se mantengan confinadas en su parcela y no puedan ser entregadas a terceros o comercializadas.

12. Consideramos fundamental que las políticas públicas sobre semillas, estén orientadas a favorecer los sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén bajo el control de las comunidades locales, que promuevan la agroecología y la investigación participativa de los campesinos para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con sus necesidades y condiciones ambientales y socioeconómicas.

Por cada semilla que nos decomisen, haremos que éstas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.

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