En los últimos años, gobiernos, legisladores y elites políticas de diversos países han estado tratando de calmar el enojo y el debate sobre el acaparamiento de tierras estableciendo límites legales a la inversión extranjera directa en tierras (IED). Estos límites asumen varias formas. En algunos países, los gobiernos están imponiendo límites máximos sobre la cantidad de tierras agrícolas que los extranjeros pueden adquirir. Recientemente, Argentina y Brasil avanzaron en esta dirección. Antes de dejar el cargo, el presidente Lula dio instrucciones a su partido y al Fiscal General del país para encontrar la forma de limitar el acceso de extranjeros a la tierra agrícola en Brasil. Cristina Kirchner inició un proceso semejante en Argentina, lo que llevó a la firma de una nueva ley antes de un año. En ambos casos el intento fue establecer límites sobre la cantidad de tierras agrícolas que los inversionistas extranjeros puedan poseer, como forma de contener el creciente resentimiento contra la “extranjerización” y la pérdida de soberanía. En otros países los líderes políticos están estableciendo prohibiciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El presidente de Hungría emitió un decreto, a través del parlamento, que establece que no se les permitirá a los extranjeros comprar tierras cuando en 2014 se levante una moratoria sobre la venta de tierras. Como a muchos otros países de Europa del Este que pertenecen a la Unión Europea, a Hungría se le permitió un periodo de transición antes de abrir su mercado de tierras, cerrado actualmente a los inversionistas europeos. Es claro que cuando finalice ese periodo, el conservador partido que gobierna Hungría buscará la forma de mantener para el país la riqueza que puede ser extraída de las fértiles tierras de Hungría. En América Latina, el gobierno de Uruguay ha estado debatiendo el prohibir la existencia de inversionistas extranjeros “públicos”, es decir, adquisiciones de tierras en que se involucren gobiernos extranjeros, fondos soberanos o empresas estatales. En otras partes, se están estableciendo otros tipos de restricciones. En Argelia, donde el Estado es propietario de la mayor parte de la tierra, se adoptó recientemente una nueva ley de tierras para ampliar la propiedad privada sobre las tierras agrícolas. A los extranjeros, sin embargo, no se les permitirá adquirir tierras agrícolas excepto como accionistas minoritarios, en sociedad con firmas nacionales. El mismo tipo de limitación fue incluido en el código de tierras de la República Democrática del Congo de 2012. Para limitar la especulación, algunos gobiernos o legislaturas están imponiendo requisitos para el uso de la tierra (p.ej, si la tierra no se pone en producción dentro de cierto límite de tiempo, se pierde el derecho a ella). Obviamente, la situación difiere de país en país. Algunos líderes y grupos políticos reaccionan de manera específica —y a veces sin mayor reflexión— frente a un número creciente de adquisiciones de tierras a gran escala donde, por una razón u otra, los extranjeros son vistos sólo como un problema particular. Otros están tratando de abordar un rango más amplio de problemas relacionados con la tierra —no solamente el acaparamiento de tierras, sino la concentración de tierras, los problemas de uso de la tierra, los sistemas de registro y avalúo de propiedades— a través de leyes de tierras con visión más integral, holística, que incluye códigos pastoriles y rurales. Las restricciones a la inversión extranjera en tierras parecen ir contra la doctrina neoliberal, tal como la han promovido los gobiernos occidentales y las instituciones financieras internacionales a lo largo de las últimas décadas. Después de todo, la mayoría de los tratados bilaterales de inversión y los capítulos sobre inversión de los llamados acuerdos de libre comercio se basan en la noción de brindarle a todo mundo “un trato de nacionales” —la idea de que los inversionistas extranjeros deben ser tratados de igual manera que los nacionales, sin permitir discriminaciones. Estas restricciones, aunque no estén generalizadas, parecen no tener en cuenta ese principio. Por qué podrían no ser efectivas estas restricciones ¿Acaso podrán estas restricciones hacer la diferencia, especialmente para los pequeños productores de alimentos que luchan por alimentar a sus familias y comunidades? Es muy poco probable, por varias razones. Propiedad versus alquiler: En muchos casos, las restricciones establecidas se aplican solamente a la compra de la tierra. Fácilmente, los inversionistas pueden irse por otras formas de control sobre la tierra para sus proyectos, tales como el arriendo o las concesiones. Para muchas comunidades, sin embargo, no hay diferencia. Una compañía que obtenga un arriendo por 99 años sobre un territorio o unas tierras sin el consentimiento explícito y directo de los dueños, provoca el mismo efecto que si la compañía hubiera comprado la tierra: sigue siendo una desposesión. Aun si el consentimiento entrara en juego (en caso de entrar), un arriendo a largo plazo que abarque varias generaciones en la vida de la comunidad tiene el mismo impacto que una transferencia permanente de la propiedad. Los políticos entran en juegos de palabras, dicen abordar el problema (porque restringen la propiedad) cuando que no lo están haciendo (pues permiten arriendos de largo plazo). Los extranjeros se pueden esconder tras los nacionales: Éste es un truco bien conocido, que asume diversos nombres y variantes alrededor del mundo. Donde los extranjeros —ya sea personas individuales o entidades legales—tengan prohibido poseer tierras, simplemente se esconden detrás de los actores locales. Una compañía o un ciudadano puede servir como la careta legal o como el signatario de un contrato, mientras tras bambalinas se redactan otros términos para reflejar que la propiedad y el dinero están en manos de un tercero. En los grandes negocios, las compañías extranjeras pueden abrir subsidiarias nacionales o empresas ficticias, o establecer una sociedad de capital de riesgo con compañías locales y aparecer como una entidad nacional. Estas prácticas son comunes, de Tailandia (donde le llaman sistema nominado) a Brasil (donde a la fachada se le conoce como la “naranja”). Estas prácticas no son necesariamente ilegales, pero indican que las leyes que prohiben la propiedad “extranjera” no tienen un gran impacto. El acaparamiento de tierras directo puede dar lugar al acaparamiento de tierras indirecto: Los inversionistas astutos, que se sienten amenazados por las restricciones sobre la inversión extranjera directa en tierras, pueden cambiar la estrategia y pasar a otros modelos de control de la tierra o los recursos. En 2010, por ejemplo, la compañía china Chongqing Grain Group intentó negociar la compra de 100 mil hectáreas de tierras agrícolas en Bahía, para producir soja para el mercado chino. A medida que las conversaciones sobre la limitación del acceso a la tierra para los extranjeros fueron en aumento en Brasil, se dieron cuenta que estaban en aprietos y cambiaron su enfoque. En vez de intentar la compra, acordaron con las autoridades locales poner su dinero en un complejo agroindustrial local e instalaron unidades de almacenamiento y molienda con miras a la compra de la soja provenientes de 200 mil hectáreas de tierra agrícola dedicadas a esa siembra. De esta manera CGG no alejó físicamente a nadie de la tierra, pero logró más o menos los mismos resultados: entonces los agricultores brasileños están obligados a producir soja para una única compañía, durante un periodo de tiempo significativo, garantizando un suministro barato de aceite de soja hacia China. En Argentina, otro grupo chino, Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, adoptó una estrategia similar en 2010. El gobernador de Río Negro firmó un acuerdo con el grupo chino prometiendo 20 mil hectáreas de tierra “sin usar”, bajo un contrato de arriendo de 20 años más el acceso a otras 235 mil hectáreas en manos de agricultores privados. El plan era que Beidahuang pudiera negociar derechos exclusivos, a largo plazo, sobre el producto de los agricultores, sin arrendar ni comprar sus tierras. Ya sea enmarcados como contratos de producción o de sistemas de subcontratación, estas formas más sigilosas de acaparamiento de tierra, también impiden que la tierra sirva a los objetivos y necesidades de las comunidades locales —a veces por un tiempo realmente muy prolongado. En otros casos, las restricciones legales para los extranjeros han sido eludidas rezonificando o reclasificando las tierras, o fraccionando las transacciones al punto de que puedan burlar el radar de los reguladores. De nuevo, el modo de acaparar tierras puede cambiar para cumplir con la ley, pero el efecto neto es el mismo. Las restricciones sobre la inversión pueden apropiarse del debate: Muchas veces, donde las élites políticas buscan introducir límites a los inversionistas extranjeros con el fin de controlar el acaparamiento de tierras —es común un gran alarde nacionalista o pro soberanía— en realidad estas élites pueden reducir el debate a uno de nivel nacional donde “extranjero es lo mismo que malo”, mientras se evade la pregunta más importante: qué tipo de estrategia agrícola, de seguridad alimentaria o de medios de subsistencia rural se promueve y se apoya. A lo sumo, lo que se logra con esto es la denostación de unos cuantos actores en el espectáculo mediático de fingir que “se hace algo”, cuando, en realidad, permanece intacto el resto de los sesgos en las directrices agrícolas de un país. Por tanto, es riesgoso dejar que el punto de los inversionistas agrícolas extranjeros se convierta en el foco principal de atención. Conclusión El acaparamiento de tierras ha llegado a ser una plaga estructural de nuestros tiempos junto a otros procesos interconectados e igualmente importantes, tales como la concentración de la tierra y otras formas de acaparamiento de recursos. Limitar la inversión directa en tierras no es algo malo como tal. Pero como podemos constatar, a partir de los intentos fallidos en algunos cuantos países, sería preferible un enfoque más integral: que se replantearan las nuevas políticas de tierras como parte de una más amplia reorganización de las estrategias de desarrollo agrícola y rural, para que incluya programas de reforma agraria genuina, orientados hacia la soberanía alimentaria. De otro modo, podremos seguir logrando soluciones superficiales, cargadas de ambigüedades, efectos perversos y debates muy restringidos que mejoran la reputación de los políticos, pero que no resuelven realmente ningún problema de las comunidades locales en el terreno. En el anexo, brindamos algunas síntesis del modo en que toman forma las restricciones contra los acaparadores extranjeros de tierras en varias partes del mundo. Anexo : Restricciones estatales a que los extranjeros consigan tierras Argelia —prohibición. Argelia reformó sus leyes agrarias en 2010 para permitir el arriendo privado de tierras agrícolas, la mayoría de las cuales pertenece al Estado. Sin embargo, los extranjeros no pueden poseer tierras agrícolas. Pueden asociarse con argelinos para arrendar tierras en forma conjunta o para invertir, en forma directa, hasta un 49 por ciento del capital de proyectos agrícolas a gran escala con la posibilidad de involucrarse en agricultura por contrato. Esto es semejante a las nuevas reglas adoptadas en la República Democrática del Congo. Argentina —un tope normativo + límites por razones de seguridad. En diciembre de 2011, siguiendo una iniciativa propuesta por la Presidente Cristina Kirchner, una gran mayoría del congreso adoptó La Ley Nacional No. 26737. Esta ley establece un límite máximo nacional: los extranjeros no pueden poseer más del 15 por ciento de la tierra agrícola del país. También establece que los inversionistas extranjeros y las compañías de cualquier país no pueden tener más de un 30 por ciento de ese monto, mientras que las compañías o inversionistas individuales no pueden poseer más de mil hectáreas cada uno. Los extranjeros no pueden poseer tierras dentro de las zonas de seguridad al interior de las fronteras del país o a lo largo de los grandes cuerpos permanentes de agua, indica la ley. Además, estipula que bajo los tratados bilaterales de inversión, de los cuales Argentina es parte, la adquisición de tierras rurales no puede ser considerada una “inversión”, debido a que la tierra es un recurso natural no renovable proporcionado por el país anfitrión. Australia —los grandes negocios sujetos a revisión. En Australia, el asunto de que inversionistas extranjeros asuman control de tierras agrícolas ha llegado a provocar un acalorado debate en los últimos años, y las encuestas muestran que 4 de 5 australianos están en contra. En la actualidad, sólo los grandes negocios de tierras —aquellos con tasados en 252 millones de dólares estadounidenses) o más— requieren la aprobación del Foreign Investment Review Board (la comisión revisora de inversiones extranjeras). Cualquier valor menor no se registra ni se regula. Algunas asociaciones de agricultores quieren que el umbral para la revisión baje a 5 millones 300 mil dólares estadounidenses). Los Verdes y otros partidos políticos están respaldando la propuesta para introducir una moratoria sobre los inversionistas extranjeros que estén comprando tierras agrícolas, a menos que el negocio en cuestión pase la prueba del “interés nacional”, con lo que intentan mostrar que su postura no es xenofóbica. En octubre de 2012, el gobierno anunció que —para aumentar la transparencia y siguiendo los ejemplos de los gobiernos de Queensland, Estados Unidos y Argentina – crearía un registro de los propietarios extranjeros de tierras agrícolas con base en una consulta nacional. Benin —tope normativo. Los legisladores de Benin debatieron y adoptaron una nueva ley de tierras en enero de 2013. La propuesta entregada por el gobierno fue preparada con apoyo de Millennium Challenge Corporation y el gobierno de Estados Unidos, y fue presentada al parlamento en octubre de 2012. Inicialmente establecía que los extranjeros asentados en Benin podrían arrendar tierras agrícolas a largo plazo (hasta 50 años, no renovable) sujetas a un límite cuantitativo. La propuesta puso el límite en las mil hectáreas por persona, fuera ésta física o moral. Grupos de la sociedad civil, representados a través del colectivo “Alianza para una ley de tierras consensada y socialmente justa” buscaron que se prohibiera la adquisición derechos de tierras por parte de los extranjeros y buscaron que el límite máximo bajara a 50 hectáreas para individuos y 100 hectáreas para las asociaciones. El texto final aprobado por el parlamento no cedió sobre este punto: los negocios de tierras involucrando más de dos hectáreas, requerirán autorización (en una escala que va del distrito local al nivel nacional, dependiendo del área de la superficie), con un límite máximo por inversionista de mil hectáreas. El nuevo código también establece requisitos sobre el uso de la tierra, para ayudar a combatir la especulación y promover el desarrollo sustentable. Señala que los arriendos y concesiones deben estar vinculados a proyectos de desarrollo que respeten los balances ecológicos y contribuyan a la protección ambiental y la seguridad alimentaria. Se espera que estos proyectos sean aprobados y monitoreados por las autoridades locales o municipales. Bolivia –prohibido lo público, lo privado permitido. Los extranjeros en Bolivia no pueden adquirir tierras estatales, pero pueden adquirir tierras privadas. Se requiere la residencia local y los derechos sobre las tierras están protegidos por tratados de inversión internacional (donde éstos han sido firmados entre Bolivia y un país extranjero determinado). Brasil —tope normativo + límites por seguridad. En agosto de 2010, el fiscal general de Brasil promulgó la reinterpretación de una ley de 1971, que no se ha aplicado, y que limitaría las ventas de tierras agrícolas a los extranjeros a “50 módulos”, aproximadamente 5 mil ha. La decisión pedía el estricto cumplimiento de la ley, indicando que los extranjeros no pueden poseer más de 25 por ciento de cualquier municipalidad. No más del 10 por ciento de una municipalidad podría ser de propiedad de extranjeros de la misma nacionalidad y las mismas reglas debieran ser aplicadas a las compañías agrícolas brasileñas con más del 50 por ciento de capital extranjero. Estas propuestas aún se están discutiendo en los comités del congreso y aún no se resuelve al respecto. Mientras tanto, el gobierno publicó un conjunto de directivas que requiere que los extranjeros o compañías extranjeras (con autorización para trabajar en Brasil), que entreguen documentación justificando la cantidad de tierra que quieren comprar, para así mejorar los registros nacionales. Además de estos límites máximos, las áreas de frontera —una franja de 50 km al interior de las fronteras nacionales de Brasil— son zonas “infranqueables”, por razones de seguridad nacional, es decir fuera de los límites para los inversionistas privados que deseen adquirir tierras. Colombia – el límite superior en debate. El parlamento está en proceso de debatir varias propuestas. La propuesta del Polo Democrático Alternativo (Robledo) ha sido enmendar la Constitución con el fin de limitar a “una unidad familiar” la cantidad de tierra agrícola que los extranjeros puedan poseer. También aclara que las tierras baldías deben ser consideradas propiedad del Estado y sólo pueden ser arrendadas o utilizadas (p.e. a través de acuerdos de usufructo) por los colombianos nacidos en Colombia. El Partido Conservador (Andrade) también propuso una enmienda constitucional para limitar las compras por parte de extranjeros. Por otro lado, para hacer frente al asunto, el ministro de Agricultura abogó por una ley ordinaria en vez de una enmienda constitucional. A fines de diciembre de 2012, la propuesta del partido Unión Nacional (Lozano) para limitar la cantidad de tierra que los extranjeros pueden comprar a “un 15 por ciento del área de una municipalidad rural”, fue aprobada por la quinta comisión del congreso y será, probablemente, examinada junto con una propuesta del gobierno a comienzos de 2013. Junio de 2013 es la fecha límite para finalizar todo esto. República Democrática del Congo —¿prohibición o reincidencia? En junio de 2012, entró en vigor un nuevo código de tierras en la República Democrática del Congo. Bajo sus términos, sólo ciudadanos del Congo o compañías que sean mayoritariamente de propiedad de congoleños están autorizados a poseer tierra. A principios de 2013, las reglas de implementación de esta medida aún no habían sido desarrolladas y el gobierno ya está hablando de modificarla, aparentemente bajo una fuerte presión de parte de los inversionistas extranjeros para entregarles mayores derechos. De acuerdo con la agencia de noticias de Naciones Unidas, IRIN, el gobierno incluso estaría contemplando comprar tierras con el fin de vendérselas a las compañías extranjeras. Ecuador —límite superior en debate. El gobierno está considerando un proyecto de ley de tierras que proscribiría la adquisición o transferencia de tierras por/hacia entidades, personas o capital extranjeros, más allá de las 300 ha. Hungría —prohibición. El gobierno dirigido por el Primer Ministro Conservador Viktor Orban presentó al parlamento un proyecto de ley para prohibir a los extranjeros la compra de tierras agrícolas una vez que se levante una moratoria en 2014. Los movimientos sociales, sin embargo, dicen que acelerará el acaparamiento de tierras en Hungría. Desde el comienzo del proceso de adhesión a la UE en 1994, la ley de tierras de Hungría estipulaba que los inversionistas extranjeros solamente podían arrendar (no comprar) tierras agrícolas y que sólo podían obtener 300 ha por un periodo de arriendo máximo de 10 años. Sin embargo, las ambigüedades y el clientelismo llevaron a una situación donde más de un millón de hectáreas están actualmente controladas por inversionistas extranjeros, principalmente agricultores austriacos (600 mil-700 mil ha), pero también holandeses, alemanes, daneses y británicos y otros agricultores y compañías. Esto representa el 15-20 por ciento de toda la tierra agrícola en Hungría. En diciembre de 2012, el parlamento aprobó el proyecto de ley que modifica la Constitución. “Ésta es una nueva era para la agricultura. La Constitución protege a las tierras agrícolas húngaras —nuestro legado y las bases para nuestra subsistencia— de la especulación extranjera y nacional por igual”, señaló el Ministro de Desarrollo Rural cuando anunciaba la decisión. Opositores al régimen arguyeron, sin embargo, que la medida está destinada a ayudar a desviar la atención del proceso real que ocurre en Hungría, donde la tierra agrícola está siendo concentrada y privatizada por la élite política local y los patrocinadores de los partidos gobernantes. Las enmiendas entrarán en efecto en 2014 cuando la moratoria de la UE sea levantada (a menos que la elección general programada para marzo de 2014 provoque un cambio de dirección). Nueva Zelandia —grandes negocios sujetos a revisión. Cualquier compra de tierras agrícolas mayor a 5 hectáreas o que tenga un valor mayor de 84 mil dólares estadounidenses y que haya sido realizada por un inversionista extranjero, debe obtener una acreditación del Overseas Investment Office. Para obtener la acreditación, los inversionistas extranjeros tienen que satisfacer varios criterios, tales como demostrar experiencia relevante, tener buenos antecedentes y contar con el valor de la inversión para Nueva Zelandia. Esto no es tan difícil de hacer, y un 10 por ciento de la tierra agrícola del país ya fue vendida. Con el reciente aumento del interés de los inversionistas de China y los estados del Golfo en las agroindustrias, ha habido un fuerte debate acerca de cómo controlar la inversión extranjera en tierras agrícolas nacionales. Paraguay —límites legales en preparación, hasta el golpe. En 1940, la Ley de Tierras de Paraguay declaró ilegal que los extranjeros poseyesen tierras. Esto fue eliminado por el dictador militar Alberto Stroessner en los años 60 y desde entonces el campo de Paraguay ha atraído un flujo estable de compañías agroindustriales, agricultores e inversionistas extranjeros, los cuales llegaron a un máximo en 2006-2010. En principio, sólo los paraguayos pueden tomar el control de la tierra redistribuida a través del programa de reforma agraria, pero esto no se ha hecho cumplir. Del mismo modo, el parlamento paraguayo dictaminó, en 2005, que no debería autorizarse que los extranjeros compraran tierras dentro de los 50 kilómetros a partir la frontera, pero esto no fue respetado y tampoco implementado. No fue hasta octubre de 2011 que la administración de Lugo emitió un decreto regulando esta ley, en un esfuerzo por recuperar el control de una situación que se escapaba de las manos, puesto que los extranjeros controlan 9-10 millones de hectáreas de tierras agrícolas, entre 25 y 30 por ciento de toda la tierra arable en Paraguay. En diciembre de 2011, el presidente Fernando Lugo dejó en claro que planeaba proponer una legislación similar a aquéllas que habían sido recién adoptadas en Argentina y estaban elaborándose en Brasil. La destitución de Lugo, a mediados del 2012, por las fuerzas alineadas con la agroindustria, puso fin a tales intenciones. Perú —sin límites para los extranjeros. Desde 2012, el parlamento de Perú ha estado examinando dos proyectos de ley para limitar la concentración de la propiedad de la tierra, lo que se ha disparado recientemente. Los proyectos de ley no incluyen límites en vistas a la nacionalidad, aunque algunos de los nuevos grandes acaparadores de tierras en Perú son inversionistas extranjeros como Parfen de Uruguay. Como en Brasil, la Constitución de Perú sostiene que ningún extranjero puede ser dueño o poseer tierras dentro de los 50km desde su frontera, aunque las excepciones son posibles. Polonia —medidas en debate. La moratoria sobre la venta de tierras agrícolas a capitales europeos extranjeros, expirará en 2017. Mientras tanto, ciudadanos de la UE-27, Islandia, Liechtenstein y Noruega pueden comprar hasta una hectárea de tierra agrícola sin solicitar permiso. Cualquier área mayor de tierra requiere la aprobación del gobierno y no puede estar sujeto a propiedad, sino a arriendo. En este momento, el reglamento de arriendo así como la situación que se pondrá en marcha después de la moratoria, están en revisión. Rumania —un tope normativo. En octubre de 2012, el gobierno de centro izquierda anunció que cuando el mercado nacional se liberalice en 2014, según las reglas de la UE tienen planificado, impondrá un límite cuantitativo máximo a los inversionistas extranjeros que deseen adquirir tierras agrícolas en Rumania, o requerirá que tengan experiencia real en agricultura. Esto, después de que 800 mil hectáreas —o 6 por ciento del área agrícola total— ya fueron cedidas a las empresas de agronegocios extranjeras. Ruanda —límites legales. Ruanda está preparando una nueva ley de tierras dirigida a limitar el arriendo de tierras a extranjeros por un máximo de 49 años. Como en otros países africanos, —Sudán o Benin—, también establecerá requisitos para el uso de la tierra. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros tendrán cinco años para poner la tierra en producción o deberán devolverla. Tanzania — límites legales. En Tanzania, se suponía que ningún inversionista extranjero podía tener más de 50 acres. Sin embargo, este límite máximo no fue respetado. En 2012, el parlamento urgió al gobierno a suspender todas las asignaciones de tierra a gran escala a inversionistas extranjeros. Comenzando en enero de 2013, hay límites máximos impuestos para las concesiones de tierra a largo plazo a extranjeros y nacionales por igual. Para el azúcar, el límite máximo es 10 mil ha y para el arroz, 5 mil ha. Además, el Centro de Inversiones de Tanzania está en proceso de publicar las pautas para implementar y controlar las asignaciones desde un Banco de Tierras de Tanzania. Ucrania —límites superiores en debate. El gobierno de Ucrania levantará la moratoria sobre la venta de tierras agrícolas a inversionistas extranjeros en 2013. En preparación para esto, fueron propuestas varias controvertidas legislaciones. Una relacionada con el sistema de catastro fue discutida y aprobada, mientras que otra relacionada con el mercado de tierras, todavía tiene que terminarse. Hasta ahora, a los extranjeros no se les ha permitido comprar tierras agrícolas, pero se les permitió arrendarla a largo plazo a agricultores individuales. Para esto, se les requirió establecer las operaciones e identidad de los negocios en Ucrania y se dio por entendido que, cuando la moratoria de la UE se levante, tendrían el derecho de comprar la tierra que tenían arrendada. Ya se ha entregado mucha tierra a inversionistas extranjeros en Ucrania (sobre un millón de hectáreas o 3 por ciento del área agrícola del país). En los borradores del nuevo reglamento para regular el mercado de tierras, se han propuesto varios límites y programas de impuestos. No está claro, sin embargo, cuál será el reglamento final cuando se levante la moratoria. Uruguay —prohibición vs límite máximo en debate. El Partido Socialista ha propuesto un proyecto de ley que prohibe la compra de tierras agrícolas para propósitos agrícolas o forestales de parte de gobiernos extranjeros o compañías ligadas a gobiernos extranjeros. La coalición gobernante, Frente Amplio, propuso otro proyecto de ley que busca limitar la cantidad de tierras agrícolas que las compañías extranjeras privadas pueden adquirir, con el fin expreso de frenar a los especuladores. El debate aún está en curso.