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Autor(a): Biodiversidad
Fecha: 30 enero 2013
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Biodiversidad | 30 enero 2013 | Biodiversidad - Ene 2013

Van de la mano los transgénicos

y la privatización de las semillas

Como hemos documentado ya en números anteriores, hay un embate fuerte en el mundo, en particular en América Latina, por inundar con transgénicos los campos y con esto erosionar la variedad de semillas libres que circulan al tiempo de promover patentes y derechos de obtentor, registros y certificaciones de los acervos existentes, como pinza que intenta ir mermando las variedades en el “afuera”, en el mundo real, mientras se diseñan semillas más sofisticadas y artificiales que respondan más a los intereses absurdos de las agroindustrias y se desanima, perturba o de plano se vulnera la producción independiente de alimentos.

En este número, Biodiversidad, sustento y culturas investiga en varios vistazos y desde muchos rincones, la lucha contra la imposición de los transgénicos y los ataques jurídicos contra la libertad responsable, comunitaria, de las semillas

Con una intensidad inusitada América Latina está sufriendo un avance de las corporaciones del agronegocio que recuerda a la primera embestida en el marco de la Revolución Verde en los años sesenta o al primer desembarco de los transgénicos en los noventa. De punta a punta del continente americano, y con diferentes matices, la invasión de transgénicos amenaza la posibilidad del cultivo de la tierra y de la alimentación para millones de campesinos, pueblos originarios y consumidores. La lista abarca a casi la totalidad de los países y por mencionar únicamente los casos emergentes podemos empezar nuestro recorrido desde el Sur con el golpe parlamentario en Paraguay que tuvo como uno de sus ejes la intención de lograr la autorización del maíz transgénico que el gobierno de facto ya intenta instrumentar. En Argentina Monsanto ya logró el permiso para montar la planta más grande de América Latina para procesar maíz transgénico y existe la intención de modificar la Ley de Semillas para adecuarla a las necesidades de dicha empresa. En la región andina nos inquietan los intentos de quebrar la prohibición de los transgénicos en Bolivia y Ecuador con argumentos insostenibles. En Costa Rica la Comisión de Bioseguridad ya aprobó unas siembras piloto de maíz transgénico.

No es casual que en casi todos los casos sea el maíz, nuestro maíz, el principal objeto de estas agresiones. Y no es casual tampoco, que México está siendo el punto focal de una de las más brutales agresiones. Alarma, avalancha transgénica en México, documento de análisis, GRAIN, noviembre de 2012.

Están en proceso las primeras solicitudes de las transnacionales Monsanto y Pioneer (propiedad de DuPont) para sembrar maíz transgénico a escala comercial en México: un millón 400 mil hectáreas en Sinaloa y más de un millón de hectáreas en Tamaulipas. Esto equivale a una superficie mayor que todo el Estado de México, 17 veces mayor que el Distrito Federal, y mayor que la suma del todo el DF, Morelos, Tlaxcala, Colima y Aguascalientes juntos. Es también muy superior a decenas de países enteros, por ejemplo, mayor que todo El Salvador, Kuwait o Luxemburgo.

En más de la mitad de esa superficie, quieren usar el mismo tipo de maíz transgénico (con el gen Mon603) que produjo cáncer en ratas en el experimento del doctor Seralini en Francia, publicado en octubre 2012. Silvia Ribeiro (Grupo ETC), “Invasión”, La Jornada, 3 de noviembre de 2012.

De aprobarse, este maíz de riego, sembrado en los próximos meses, se esparcirá por México un maíz que, siguiendo los canales convencionales de distribución, inundará las grandes ciudades: la zona metropolitana del Distrito Federal, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades medianas, poniendo en grave riesgo a la población que lo consuma en directo como masa para tortillas, atole, tamales o pozol, o indirectamente como parte de la inmensa cantidad de alimentos procesados que lo contendrán como edulcorante, emulsificante, estabilizador o excipiente —y al que es muy difícil rastrearle el camino. Maíz transgénico: Ataque mortal a nuestra salud, a los pueblos, al campo, cartel elaborado por Movimiento Urbano Popular mexicano como material de apoyo a talleres para alertar a la población, noviembre de 2012.

Las comercializadoras como Cargill y las industrializadoras como Maseca, Minsa y ADM compran el maíz a los agricultores. Cargill vende a los molinos urbanos maíz en grano para fabricar la masa con la que surten a las tortillerías.  Maseca y Minsa elaboran harina de maíz y la venden a las tortillerías; algunas tortillerías mezclan la harina con masa, otras sólo utilizan harina, como las  que venden en Walmart. Maseca y Minsa también fabrican tortillas y venden harina de maíz al menudeo. ADM distribuye maíz en grano para las tiendas Diconsa. Todos estos tipos de harina y masa estarán elaborados o contaminados con maíz transgénico, pues no es posible separar el maíz transgénico del que no lo es. 

Además el gobierno de México se ha opuesto siempre al etiquetado de los productos transgénicos, así que muy pronto todos estaremos comiendo maíz transgénico sin saberlo. Ceccam: “Alerta roja transgénica”, material de apoyo para talleres de concientización barrial, México, octubre de 2012

¿Por qué la alerta roja? Las comunidades campesinas, indígenas, la gente de los barrios de todas las grandes ciudades, las organizaciones de la sociedad civil, claman una alerta roja total por lo que consideran “una contaminación planeada con toda la intención”. La extensión a ser sembrada es tan vasta que podemos considerar que es una verdadera avalancha de maíz transgénico el que se cierne sobre todo el país, tanto en el campo para los cultivos, como en las ciudades para la gente que lo consuma.

Hablamos de una alerta roja ambiental, porque significará la erosión de la inmensa variedad de las semillas nativas del maíz en su centro de origen, uno mucho más vasto que sólo “mesoamericano”. Las dependencias gubernamentales han argumentado la existencia de “centros de origen y diversificación del maíz” en México (abriendo la posibilidad de que hubiera regiones donde sí es factible sembrar lo que sea porque “no son centros de origen”). Testimonios recogidos en los talleres de capacitación y alerta del Movimiento Urbano Popular, octubre-noviembre, 2012.

La contaminación es un tema que concierne a todo el mundo, en tanto que el maíz es uno de nuestros cultivos alimentarios más importantes y México es reservorio de su diversidad genética, de la cual todos dependemos. Los cambios en la política que se están considerando ahora podrían poner al gobierno mexicano en el trágico papel histórico de haber permitido la destrucción de un recurso crítico para el futuro global de la seguridad alimentaria, y haber puesto en riesgo el legado más precioso de los pueblos indígenas y campesinos de México. “Carta a la opinión pública nacional e internacional firmada por 302 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo”, incluyendo científicos e investigadores, noviembre de 2003.

Entre marzo y mayo de 2009, se pronunciaron (firmando una nueva carta dirigida al pueblo de México, al gobierno mexicano a la FAO, al Convenio de Diversidad Biológica y a la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas), más de 762 organizaciones de 56 países y literalmente miles de personas, que alarmadas rechazaban el acto del gobierno mexicano por el cual ponía fin a la moratoria al maíz transgénico que estaba en efecto desde fines de 1998 y principios de 1999, y que preparaba el terreno para la siembra comercial que hoy está a punto de aprobarse. En esa carta (“Contra el fin de la moratoria”, Comunicado de la Red en Defensa del Maíz suscrito por organizaciones y académicos, investigadores y personas a nivel mundial”, marzo-mayo 2009) junto con la Red en Defensa del Maíz, un espacio de confluencia de más de mil comunidades de 22 estados de la república mexicana, los firmantes insistían: “México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas. Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta. El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos”.

En 2011, en diversos talleres y encuentros, las comunidades reafirmaron no permitir que el gobierno intentara establecer esos supuestos “centros de origen” que dejaban zonas abiertas para el cultivo. Ya en ese entonces, el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana, (Semarnat), Juan Elvira, había declarado: “consideramos que son por lo menos 2 millones de hectáreas en donde se puede sembrar maíz con biotecnología, en donde no hay afectación a nuestras variedades de maíz criollo, en donde la preservación del maíz criollo y de sus ancestros, los teocintles, están completamente preservados bajo un criterio científico”. Y al otro día se retractó. Ante la inminencia de los 2 millones 400 mil hectáreas de siembras transgénicas tan sólo para Sinaloa y Tamaulipas, se queda chico lo declarado entonces por el secretario Juan Elvira. Y las comunidades ya entonces le respondían diciendo:

Todo México es centro de origen del maíz, es más, toda Mesoamérica y sus vecindades (que van desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de América del Sur) son el territorio que consideramos como centro de origen. Porque además el maíz nunca ha sido solito. Siempre está en una profunda relación con los pueblos. Hay una comunidad entre las comunidades humanas y la comunidad del maíz con otros cultivos, plantas y animales con los que ha convivido por milenios. Los criterios gubernamentales que requieren de hallazgos arqueológicos de rastros de maíz para calificar como una zona como centro de origen son insuficientes y sesgados. Si los expertos no encuentran nada dicen “que no hay”, sin tomar en cuenta la memoria histórica y la presencia viva del maíz en todas las regiones de México. “Los pueblos indígenas de México defendemos todo México como cuna del maíz”, Comunicado del Festival de Semillas del Centro Ecológico la Primavera de Organizaciones Campesinas, y de la Organización de Agricultores Biológicos, Tlacolula, Oaxaca, 27 de noviembre, 2011, Ojarasca en La Jornada 176, 10 de diciembre de 2011.

Efectivamente, el examen de la complejidad parece confirmar una estrecha relación entre lo biológico y lo social. Según Paul Weatherwax, uno de los historiadores del maíz, “cuando se estableció el contacto entre el Nuevo y el Viejo Mundo, el maíz se cultivaba desde los 45 grados de latitud norte, donde hoy se encuentra Montreal, Canadá, hasta los 40 grados de latitud sur, casi mil kilómetros al sur de Santiago de Chile”, y así lo citó Arturo Warman, investigador y luego funcionario en su hoy legendario libro sobre la expansión del maíz en el mundo, La historia de un bastardo: maíz y capitalismo. Fondo de Cultura Económica, México, 1988.

Y hay más. El relator Especial para la Alimentación, Olivier de Schutter, recomendó expresamente restablecer la moratoria a la siembra y comercialización del maíz transgénico en su informe de misión a México en 2011. Alarma!, Avalancha transgénica en México, Documento de Análisis, GRAIN, noviembre de 2012.

En Costa Rica, desde el mes de noviembre el Bloque Verde acordó salir a la calle a protestar contra la intención de liberar cuatro variedades de maíz transgénico propiedad de dos empresas: Semillas del Trópico y Delta & Pine SA subsidiaria de la transnacional Monsanto. La solicitud de liberar este maíz fue presentada ante la Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad (CTNBio) por estas empresas contemplando las variedades MON-88017, Maíz MON-89034, Maíz MON-603, Maíz MON-00863-5.

Diversos sectores académicos, estudiantiles, indígenas y campesinos se sumaron a la voces de rechazo contra dichos paquetes biotecnológicos. El doctor Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica manifestó públicamente en una carta que permitir el ingreso de maíz transgénico pondría en riego no sólo la salud de las personas sino la variedades nativas y campesinas de este cultivo de esta país centroamericano.  Pidió además a la CTNBio rechazar dicha solicitud concluyendo “que los únicos beneficiados serían dos empresas nacionales y una transnacional a corto plazo en detrimento de los agricultores nacionales”.

Las organizaciones convocadas por el Bloque Verde hicieron un vehemente llamado a la CTNBio para que evite una decisión precipitada. “Se deben analizar a profundidad todas las implicaciones que acarrea la liberación de estas semillas en Costa Rica. Sembrar maíz transgénico en el centro de origen mesoamericano es un acto de agresión corporativa que desemboca en la pérdida de nuestra diversidad y nuestro patrimonio agrícola cultural.” Esta tecnología denominada Bt y Roundup Ready, despierta desconfianza en el sector ambiental puesto que se ha comprobado su relación con la aparición de distintos tipos de cáncer como lo dio a conocer el Comité de Investigación y de Información Independiente sobre Genética (CRIIGEN) de la Universidad de Caen en Francia en septiembre pasado.

Ante tal situación los diversos sectores agrupados en el Bloque Verde emprendieron la campaña En Defensa de Nuestro Maíz, Campaña que inició con una caminata del territorio indígena de Matambú a la capital costarricense, recorriendo más de 200 kilómetros en una jornada de difusión de información y acción contra la liberación de las cuatro variedades de maíz patentadas Monsanto. La caminata se desarrolló durante casi dos semanas iniciando el pasado 24 de noviembre y hasta el 2 de diciembre.

Al día siguiente de la llegada de los caminantes, el 3 de diciembre, cientos de personas protestaron ante las oficinas de la CTNBio en contra de la petición de la transnacional Delta & Pine Land Ltda. Compañía que fue catalogada en 2006 como una de las 20 empresas más irresponsables del planeta y culpable de cientos de casos de grave contaminación en comunidades. (En esto sobresale el caso de la comunidad de Rincon’í en Paraguay, contaminada en 1998 por más de 660 toneladas de semilla de algodón transgénico inerte contaminadas con agrotóxicos sin consentimiento previo de la comunidad. En diez años de luchas la comunidad afectada logró imponer penas de cárcel a dos representantes de la empresa. Uno de ellos, representante legal de Delta & Pine Land Paraguay, Eric Lorenz, fue declarado en rebeldía ya que se dio a la fuga poco después de consumado el delito.)

En diciembre pasado, la Campaña presentó un recurso legal de amparo contra el mecanismo que permite la liberación de OGM en Costa Rica. Dicho amparo busca impugnar el reglamento de la CTNBio, caracterizado por limitar el acceso a la información y la participación dentro de las discusiones al respecto de la entrada de este tipo de semillas.

El 3 de diciembre la CTNBio decidió posponer la decisión por la presión de múltiples sectores sociales, ambientales y académicos que presentaron pruebas y documentos contra la petitoria de Delta & Pine Land de sembrar maíz GM en el cantón de Avangares de la provincia de Puntarenas, poblado que cuenta con una declaratoria municipal como “cantón libre de transgénicos” desde 2007.

El movimiento ambiental costarricense presentó el  pasado 12 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria que regula la CTNBio y la adjudicación de dichos permisos.

El reglamento se está cuestionando porque no brinda las garantías ambientales mínimas para la protección a la biodiversidad: no hay Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y se restringe el acceso a la información al respecto de dichos permisos. No cumple con la ley, la constitución ni con algunos tratados internacionales.

Debe generarse un debate amplio y abierto sobre este tipo de decisiones que no deben de ser tomadas por una comisión de tecnócratas afines a los intereses de las empresas semilleras. Henry Picado, “Milpas de resistencia. Posible ingreso de maíz transgénico a Costa Rica despierta movilización popular”, enero de 2013, sin publicar.

Primero fue el control de las semillas. Las grandes corporaciones, sabiendo que son el principio de la vida y ávidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzaron al control de un bien común que las haría poderosas. Muchas fueron las estrategias: patentaron la vida, hicieron desaparecer muchas variedades autóctonas con suposiciones productivistas, engendraron simientes estériles que se llaman híbridas o transgénicas; engullen a las pequeñas empresas locales de semillas o financian el Arca de Noé en el Polo Norte, donde las preservan (para ellas) en un gran banco de germoplasma.

Un control que en pocos años ha alcanzado la categoría de acaparamiento. Como explican los estudios del Grupo ETC, sólo entre tres empresas se reparten la mitad del mercado global de las semillas comerciales (Monsanto, con una cuarta parte ella sola), siendo prácticamente las mismas empresas que dominan el polo opuesto: los pesticidas, herbicidas o plaguicidas; en definitiva: el final de la vida.

Cifras similares de acaparamiento las encontramos si analizamos el poder corporativo en otros segmentos de la producción agroalimentaria, como los fertilizantes, la silvicultura, la comercialización de granos básicos, la genética, la industria farmacéutica veterinaria y la producción animal; o el procesamiento y distribución de los alimentos. Gustavo Duch, “El acaparamiento total”, La Jornada, 25 de mayo, 2012.

La lucha por la biodiversidad de nuestro maíz no sólo ha venido desde las municipalidades. También de nuestras universidades públicas, de grupos de productores como UPA Nacional y el Movimiento Costarricense de Agricultura Orgánica, la Mesa Nacional Indígena y Campesina, instancias como el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, organizaciones ecologistas como la Red de Coordinación en Biodiversidad y el Bloque Verde. Es medular recalcar que existen Consejos Municipales que ratificaron sus acuerdos y aprobaron nuevos contra los trasngénicos. Pero esta comisión del poder Ejecutivo parece omitir todos estos criterios de la vox populi, ese “gobierno popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” del que nuestra Constitución nos da derecho a formar parte. ¿Será éste el gobierno que nos representa, será éste el sistema que realmente está haciendo lo que el pueblo dice y necesita, o necesitamos cambiarlo?

Hoy pretenden que con una decisión tomada en la web traerán abajo nuestros derechos, nuestras garantías y le abrirán las puertas una vez más a las corporaciones, permitiendo la entrada de semillas creadas en sus laboratorios.

Nos pronunciamos con un NO rotundo contra esta decisión sesgada y parcializada, clara violación de derechos constitucionales, y saludamos e invitamos a mantenerse en pie de resistencia a todas las municipalidades que se han pronunciado contra los transgénicos. Es hora de detener esta avalancha de ataques contra nuestro campesinado, nuestra biodiversidad y nuestros recursos. La Revolución Verde no erradicó el hambre, pero si contaminó nuestras aguas y nuestras tierras; ahora el mismo modelo viene a ofrecernos sus semillas vegetales con genes animales que resisten sus plaguicidas. Es el mismo modelo que viene a imponernos qué sembrar, imponernos qué comer y qué exportar.

Creemos en un nuevo modelo de desarrollo, con paradigmas más sustentables y equitativos, que busque la soberanía de nuestros pueblos, que sea crítico de los graves atentados ambientales. No rotundo a los transgénicos en Costa Rica. Comisión de Asuntos Ecológicos Autónoma de la UNA. Pronunciamiento ante la aprobación de la siembra de maíz transgénico en Costa Rica por la CTNBio
.

Las semillas nativas y criollas son elementos fundamentales en la agricultura sostenible y para la vida de los habitantes de los pueblos originarios, según la historia de la humanidad.

Desde hace doce mil años, el hombre y la mujer pasaron recolectando y domesticando semillas y plantas silvestres. De los años ochenta a la fecha, la biotecnología con una serie de estudios ha creado las semillas transgénicas en diferentes países del mundo. Los promotores de estas semillas sostienen que es para incrementar la producción alimenticia y promover semillas resistentes ante el cambio climático.

Sin embargo, las semillas nativas cultivadas con agricultura tradicional sostenible, han demostrado ser capaces de alimentarnos, en armonía con la naturaleza y rechaza la aplicación de agroquímicos y semillas transgénicas, porque consideran que son dañinas a la salud, el ambiente, la cultura y tienen la intención comercial de generar dependencia para asegurarse el mercado.

El sistema milpa, considera que el maíz, el frijol y el ayote, que son las tres hermanas que lo componen básicamente, conviven en armonía en un terreno y puede proveer una alimentación sana de acuerdo a los nutrientes y minerales que aportan entre sí: el frijol con el nitrógeno y el ayote con la cobertura vegetal dando un equilibrio a la naturaleza. Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica MAELA, rechazan la implementación de semillas y razas transgénicas en el sistema agropecuario, Quetzaltenango, 23 de octubre, 2012.

El proyecto de la nueva ley de semillas en Argentina supone consecuencias devastadoras para el país, como lo han señalado diferentes organizaciones como GRAIN, Amigos de la Tierra, Vía Campesina (Argentina), Acción por la Biodiversidad y el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la campaña que lanzaron llamada “No a la privatización de las semillas en Argentina” a lo cual hay que sumar lo manifestado en la misma dirección por la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue. Las implicancias sobre el tema en cuestión son amplias, pero nos parece importante señalar algunas de las principales consecuencias que traerá aparejada la nueva ley, entre las que se encuentran:

1. La vulneración de los derechos de los productores independientes y campesinos, en tanto el proyecto de ley convierte en ilegal o restringe prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior, prácticas que han sido las que generaron la diversidad que hoy sustenta la agricultura, que además ha sido central en crear la riqueza genética utilizada por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica, derecho que incluso es reconocido por el tratado de recursos fitogenéticos de la FAO.

2. El proyecto de ley no protege los saberes ni la biodiversidad. Permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras, privatizando la biodiversidad agrícola argentina. Lo único que se necesitará es un trabajo simple de selección para lograr un grupo de plantas relativamente homogéneas. De esta manera, sólo se fomenta la privatización de lo que es un patrimonio colectivo, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. La ley ayuda a que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como nuevo cualquier variedad que no haya sido comercializada o inscrita en registros de propiedad intelectual. De esta forma expande un principio inadmisible: el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. Pero también crea una situación paradójica del ladrón detrás del juez, ya que la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas.

3. Se concentrará un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, arruinará los sistemas nacionales de investigación y dificultará el intercambio de información, obstaculizando el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de hacer agricultura.

4. Profundiza la expansión e introducción de nuevos cultivos transgénicos, en tanto otorga la propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Impulsará el desarrollo de empresas transnacionales de las semillas en el país, perjudicando el fomento nacional de variedades vegetales. Según los firmantes de la campaña mencionada anteriormente, la experiencia mundial demuestra que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las especies existentes para crear nuevas variedades —base de los grandes avances en mejoramiento genético— la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y otorgar poderes monopólicos sobre las especies que se vayan registrando, se producirá un aumento del precio de las semillas con el consecuente incremento en el valor de los alimentos. De esta manera, se fomenta el control monopólico del primer eslabón de la cadena alimentaria, lo cual profundiza la entrega de dicha cadena a las transnacionales, poniendo en cuestión la soberanía y la seguridad alimentaria. Serán las corporaciones las que podrán decidir sobre nuestra alimentación, cuestión que ya ocurre en el segmento de la distribución con impactos negativos en materia sanitaria.

7. Los únicos que se favorecerán, de aprobarse la nueva ley, son las transnacionales y los grandes productores agrícolas que sacan provecho del mayor nivel de capital que poseen, lo cual les permite absorber los mayores costos que supone el pago de regalías, dejando en un segundo plano a los pequeños y medianos productores, profundizando, de esta manera, la concentración de la cadena alimentaria argentina, la profundización de la agricultura industrial y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria.

8. De esta manera, Monsanto y el resto de las transnacionales comenzarán a cerrar, en caso de aprobarse el proyecto de ley, el control del continente americano desde el punto de vista alimentario, ya que se sumaría la Argentina al grupo de países que ya han privatizado las semillas. Recordemos que EUA, Brasil y Paraguay, de los productores más grandes de alimentos y granos del continente (y del mundo), aplican un esquema similar al que está impulsando la Argentina por estos días. El resultado, presentado por las transnacionales agropecuarias y el gobierno argentino tras la máscara de la innovación y el progreso, traerá un mayor sometimiento de la vida en tanto control de la alimentación.

Este cúmulo de impactos supone poner los recursos naturales al servicio de las transnacionales, en detrimento de los campesinos y agricultores familiares, golpeando sobre el mercado interno de alimentos con fuertes implicancias sobre la soberanía y seguridad alimentaria, usos del suelo y cambio climático, entre tantas otras aristas. En definitiva, se pondrá en juego la propia precondición de subsistencia de cualquier sociedad, que es la alimentación y la vida sobre el planeta tierra. No sólo se está jugando el futuro de las semillas en particular, sino también el de la soberanía nacional. Juan Fal, “El control de la vida: Monsanto y la nueva ley de semillas en Argentina”, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, 10 de diciembre de 2012, www.fisyp.org.ar/document/el-control-de-la-vida-monsanto-y-la-nueva-ley-de-s/

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