REDES-Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT) se opone a la firma de un convenio confidencial entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la transnacional Monsanto, y alerta sobre una nueva ofensiva de la empresa en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías. El 16 de mayo de este año el INIA firmó un acuerdo con la transnacional Monsanto, lo que atañe al germoplasma de soja local que maneja el instituto de transgenes propiedad de la empresa. La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA). El acuerdo fue gestado durante la presidencia en el INIA del actual subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech, quien también preside la Comisión para la Gestión del Riesgo, instancia interministerial encargada de evaluar los riesgos asociados a la liberación de cultivos transgénicos. Ganancias “intactas”. Concretamente, el acuerdo es para incorporar la tecnología INTACTA RR2 PRO en hasta tres líneas de soja del programa de mejoramiento del INIA. Esta tecnología incorpora al genoma de la soja dos transgenes: uno que le aporta tolerancia al herbicida glifosato (RR2Y) y otro que le da resistencia a algunos lepidópteros (Bt). Así el INIA incorpora en su programa de mejoramiento de soja líneas transgénicas que contienen tecnología de la cual Monsanto es la propietaria. El proceso de incorporar los transgenes y luego desarrollar las variedades mejoradas insumiría unos ocho años, por lo que se estima que para 2020 estarían prontas las nuevas variedades transgénicas de soja. Según el INIA, este acuerdo le permitirá disponer a los productores uruguayos de variedades de soja adaptadas localmente que tienen incorporadas “tecnología de alto valor agregado”. El tema es que el germoplasma de soja lo han desarrollado los agricultores durante miles de años, pero la “tecnología de alto valor agregado” tiene un dueño, se llama Monsanto y, obviamente, cobra por su uso. De hecho, en el acuerdo, Monsanto establece algunas condiciones que se deben cumplir para que sus transgenes puedan ser utilizados. A saber: Que Monsanto tenga en Uruguay una patente sobre la tecnología INTACTA RR2 PRO. Sería la primer patente sobre genes aprobada en Uruguay, lo cual generaría un antecedente legal muy valioso para la empresa. Que el país disponga de un sistema seguro para que Monsanto pueda cobrar regalías sobre la tecnología INTACTA. Obtener la desregulación (o sea la autorización para consumo o liberación comercial de soja con la tecnología INTACTA) en países potenciales importadores del producto. Claramente estas condiciones, que tienen que ver con las normas jurídicas vigentes en el país, superan los cometidos del INIA, que estaría comprometiéndose por esta vía a incidir en la política de propiedad intelectual. Ofensiva refundadora. REDES-AT se opone a este convenio por considerar que atenta contra la soberanía alimentaria del país y contra su soberanía sobre los recursos fitogenéticos, al tiempo que fortalece las estrategias corporativas que tienen como propósito controlar el mercado de las semillas, imponiendo el uso de tecnologías sobre las cuales tienen patentes de propiedad intelectual. No es casual que a dos años de caer sus derechos de propiedad intelectual sobre la soja RR que actualmente se cultiva en la región, Monsanto esté desarrollando una agresiva estrategia para imponer la tecnología INTACTA RR2 PRO, sobre la cual sí pretende comenzar a cobrar regalías, lo que no ocurre con la actual soja RR. En Argentina, Monsanto realiza intensas negociaciones con el gobierno para modificar las leyes de semillas en el sentido de disminuir los derechos de los agricultores a favor de los beneficios de la empresa1. En Brasil en tanto, la transnacional realiza negociaciones para cobrar más regalías por la nueva tecnología que lo que ya cobra por la soja RR, lo que ha provocado que algunos sindicatos de productores ya estén haciendo campaña contra el pago de los mismos, dado que pasarán a pagar hasta cinco veces más por la soja INTACTA RR2 PRO de lo que pagan hoy por la soja RR.2 En Paraguay, por su parte, poco tiempo fue necesario para que se conociera el rol jugado por Monsanto a favor del golpe de Estado que destituyera al presidente Fernando Lugo, abriendo las puertas aceleradamente a la aprobación de varios eventos transgénicos propiedad de Monsanto.3 Esta ofensiva ha sido definida como una “segunda fundación” de la “República Unida de la Soja”,4 la que, de acuerdo a las estrategias corporativas, abarca buena parte de los territorios de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. ¿Por qué Uruguay? La tecnología INTACTA RR2 PRO es tan tolerante al glifosato como la soja RR. Su supuesta mayor productividad no ha sido demostrada para nuestro país y su resistencia es a un tipo de insectos que no son la principal plaga del cultivo de soja en Uruguay. Su mayor novedad es que su patente está fresca y no se vence en dos años como la de la soja RR. Es de resaltar que la soja RR es una tecnología que ha favorecido al sector más capitalizado del agronegocio, acelerando los procesos de concentración de la tierra y desde el punto de vista ambiental ha “simplificado” el manejo de los agroecosistemas, provocando el deterioro de los mismos, al tiempo que ha conducido también a un incremento del uso de agrotóxicos. Es de esperar que Monsanto publicite sus productos biotecnológicos presentándolos como ambientalmente sustentables. Pero el INIA no debería sumarse al discurso de una empresa que tiene un historial criminal en cuanto al manejo de la información sobre los impactos de los productos que ha desarrollado, cuando su principal actividad estaba relacionada a la industria química. Para muestra basta un botón: la semana pasada un Tribunal Regional Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) condenó a Monsanto a pagar unos 250 mil dólares por publicidad engañosa, dado que la empresa desarrolló una campaña publicitaria en la que afirmaba que el uso de semillas de soja transgénica y glifosato era beneficioso para el medio ambiente, lo cual es FALSO.5 Resulta incoherente con los cometidos del INIA y su papel en transferencia de tecnología al sector agropecuario el hecho de que se firme un convenio de estas características y se mantenga en un marco de estricto silencio y opacidad, en función de la “confidencialidad” solicitada por la contraparte transnacional. Por último, REDES-AT deja sentada su preocupación de que INIA acepte, entre las condiciones para que Monsanto cumpla con su parte del acuerdo, aspectos vinculados a la desregulación de esta tecnología en otros países potenciales importadores de la soja INTACTA RR2 PRO. Es claro que Monsanto usa el monopolio que tiene sobre el uso de esta tecnología y el control sobre el mercado de las semillas para impulsar modificaciones regulatorias que la beneficien. Nos preocupa que el INIA se convierta en un aliado de Monsanto en esa estrategia, la cual vulnera los derechos de los agricultores a escala global. Como organización que reivindica la soberanía alimentaria y el desarrollo rural sustentable con justicia social, REDES-AT propone el fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar y que el sistema de investigación nacional se centre en sus necesidades y no en las del agronegocio. Estamos convencidos que convenios como el que acaba de firmar el INIA con Monsanto van en el sentido opuesto. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT)