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Autor(a): Biodiversidad
Fecha: 09 febrero 2012
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Biodiversidad | 09 febrero 2012 | Biodiversidad - Ene 2012

Por toda América latina, poseídas de una voracidad ilimitada, las empresas se han lanzado al despojo sin miramientos de todo el mineral que puedan sacar de las regiones, a la mayor velocidad posible, sin considerar ni por un segundo la devastación social, ambiental y material que provocan.

En este mosaico, de un vistazo y con muchas aristas, ofrecemos algunas miradas sobre la actividad minera actual, y sobre las luchas que se multiplican para frenarla.

La enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70% del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”. No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan. Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 o 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

 Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca. Andrés Barreda, “Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala”, Ojarasca en La Jornada, 162, octubre de 2010

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

 

La industria minera canadiense es la más grande del mundo y, en 2004, su tajada del mercado mundial fue de un 60% de todas las compañías mineras. De hecho, la región latinoamericana completa es segunda, después de Canadá, en el aliento a la exploración y desarrollo de la actividad minera. En lo que algunos llaman el “efecto halo”, hubo un tiempo en que a las industrias canadienses se les percibió como una alternativa más consciente a sus equivalentes estadounidenses. Dado que se consideraba que las industrias canadienses tenían prácticas responsables, sobre todo en comparación de las compañías estadunidenses, se les daba la bienvenida en todas partes.  No obstante, las acusaciones recientes contra la compañía minera Pacific Rim de jugar un papel en las matanzas perpetradas por escuadrones de la muerte contra activistas que se oponían a las mineras en El Salvador, ha puesto en grave entredicho esta reputación y, por cierto, investigaciones ulteriores sobre las regulaciones del gobierno canadiense revelan que el gobierno no pone ninguna restricción real a las prácticas de sus industrias mineras en el extranjero. Dejada a sus propias consideraciones, la industria minera canadiense no tiene problema alguno en destruir el entorno, desarraigar a las comunidades e incluso recurrir a la violencia para promover sus intereses. Lo único que podría tener algún efecto son las regulaciones gubernamentales. Una reciente acción del gobierno peruano para proteger a los vecinos aledaños a la ciudad de Puno demuestra lo que podría hacerse si los gobierno latinoamericanos estuvieran dispuestos a regular a las compañías canadienses que operan dentro de sus naciones.

Entre 1990 y 2001, la inversión minera en América Latina aumentó en un 400%. Para 2005 la región ya recibía 23% de las inversiones mundiales totales destinadas a la exploración minera. La tajada de la industria minera canadiense en el mercado latinoamericano es mayor que la de cualquier país (34% en 2004). Sin embargo, incluso con un flujo sustancial de inversión canadiense en los sectores mineros de estos países, los estándares de vida de quienes están en proximidad de las minas no han mejorado, pese a la imagen que pretende darnos la industria minera.

Durante buena parte del siglo veinte, la mayoría de la riqueza mineral de América Latina era propiedad de los gobiernos. A principios de los años ochenta, el viraje regional hacia el neoliberalismo consiguió transferir la propiedad estatal a las corporaciones transnacionales. La entrada inmediata de la industria minera canadiense al mercado latinoamericano corresponde con este viraje neoliberal. El gobierno canadiense utilizó varios medios para facilitar y promover la entrada de la industria minera canadiense a la región, incluidos los fondos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los incentivos proporcionados por las iniciativas de política exterior canadiense. Desde los años ochenta, los programas de ajuste estructural instrumentados en América latina abrieron los mercados regionales e incentivaron la inversión procedente de las naciones más ricas del mundo. Canadá fue un abogado bastante activo en promover estas medidas, con la esperanza de expandir sus intereses económicos por la región latinoamericana.

Canadá promueve también su amplitud económica en América Latina mediante tratados de libre comercio. Además de su papel protagónico en el TLCAN, Canadá ha establecido acuerdos de libre comercio o acuerdos de protección de la inversión extranjera con muchos Estados latinoamericanos, y ha sido el principal proponente del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Hacia 2007, el tratado de libre comercio con Perú le permitió al país volverse el tercer socio más grande de Canadá en América Latina. Este impulso se atribuye en gran medida al rampante precio de los recursos minerales, especialmente cuando “el oro y otros metales preciosos constituyeron más de 53% de las exportaciones peruanas a Canadá en 2007”.

El medio más controvertido del gobierno canadiense para promover sus intereses mineros en América Latina es a través de la asistencia extranjera. Con ese pretexto, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) le otorgó a Perú un fondo de inversión de 6 millones 200 mil dólares estadounidenses para el proyecto de reforma de Recursos Mineros en una jugada que pretendía promover los intereses mineros de Canadá en dicha nación. Council of Hemispheric Affairs, “Hidden Hegemony: Canadian Mining in Latin America”

http://www.eurasiareview.com/hidden-hegemony-canadian-mining-in-latin-america-analysis-28072011/

 

Las recientes declaraciones del primo del actual presidente de la República de Colombia, para el canal de televisión Al-Jazeera, Juan Carlos Santos (director corporativo de Medoro Resources, transnacional que compró la mina de oro de Marmato, Caldas, y propugna por la monopolización de la explotación de oro en el país) evidencian una realidad descrita de esta manera cruda por el propio director de Medoro: “Con las chequeras las transnacionales pueden comprar todo”. Este comprar todo significa que cuando las comunidades deben ser desplazadas, “la compañía simplemente saca la chequera”.

 Sin duda esta actitud de abierta desfachatez no sería posible si no hubiera un clima político favorable a estas empresas, en detrimento de los intereses de los pobladores de las regiones con potencial minero, quienes se ven, en la práctica, poco beneficiadas, cuando no perjudicadas por el desarrollo intensivo de esta actividad, ya sea porque se les despoja de sus territorios, por la contaminación de las aguas, por la pérdida de sus fuentes de trabajo tradicional, de la biodiversidad, etcétera. El propio diario El Tiempo prendió las alarmas, el 11 de julio de 2011, cuando en el editorial “Evitar la catástrofe”, afirmó:  “No pueden pasar desapercibidas en el país las declaraciones dadas a este diario por el ex-ministro de Ambiente Manuel Rodríguez, quien, de manera particularmente directa, puso el dedo en la llaga sobre el tema de la minería en Colombia. Con claridad, el ex-funcionario señaló que el país transita por un camino equivocado, que lo puede llevar a una verdadera tragedia ecológica, por cuenta del enorme desorden existente que, lejos de disminuir, parece ir en aumento. […] Gracias al alza de las cotizaciones de las materias primas, motivada a su vez por la demanda en Asia, hay un interés sin precedentes en el desarrollo de proyectos mineros. Colombia, que es rica en carbón y oro, además de tener un gran potencial en otros elementos, ha visto la llegada de centenares de inversionistas que en el pasado se abstuvieron de apostarle a una nación que era poco atractiva a la luz de sus conocidos problemas de seguridad. Sin embargo, esa avalancha se presentó sin que el país tuviera la legislación adecuada ni las instituciones para enfrentarla. Para colmo, la corrupción infectó a varias entidades, como lo muestra la feria de títulos mineros otorgados por Ingeominas durante la administración pasada, de los cuales algunos estaban en zonas de páramos o en parques naturales”. “La minería en Colombia, no todo lo que brilla es oro”, 19 de julio, 2011, ecoportal.net

 

La First Silver Majestic Company y la empresa Pietro Sutti consiguieron 22 concesiones mineras de prospección y explotación en Virikuta (o desierto de Coronado en San Luis Potosí  que es subsistema del Gran Desierto de Chihuahua, una de las más importantes zonas megadiversas en México).

Ya el propio delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en San Luis Potosí, Joel Milán Navarro, se vio obligado a declarar que ni First Majestic Silver ni Pietro Sutti han hecho peticiones formales ni han presentado manifestaciones de impacto ambiental (MIA): “Semarnat hasta ahora no tiene ningún proyecto registrado ni petición por parte de empresas, pues para hacerlo primero tienen que hacer una mia, pero no hay registro de que lo hayan hecho”(El Exprés, de San Luis, 8 de abril de 2011).

Pero la empresa Pietro Sutti ha realizado exploraciones en el semidesierto, en la frontera de San Luis Potosí con Zacatecas, por lo menos desde 2009, “bajo su responsabilidad”, es decir, sin que constaran autorizaciones de cambio de uso de suelo y sin manifiestos de impacto ambiental, según afirmó Francisco Sandoval, delegado de Semarnat en Zacatecas (La Jornada San Luis, 28 de octubre de 2009), para explotar un enorme yacimiento de litio.

No podemos darnos el lujo de dudar del impulso prospector de la minería. Su historial es negro en cuanto a gestión social se refiere —la fragmentación, el divisionismo y la ingeniería de conflictos violentos son parte de sus estrategias como consta en otras partes del planeta—, y México está desatado abriéndole cancha a las mineras. Basta revisar las desaseadas reformas a las leyes de minería (de 1996, 2005 y 2006). En 2008 México obtuvo “el quinto lugar mundial como mejor destino a la inversión a la minería”, según el reporte Behre Dolbear, de febrero de 2009, y el primer lugar en inversión en exploración en América Latina (según el reporte de Metals Economics Group, de marzo de 2009) al recibir el 6% de la inversión en exploración mundial (626 millones de dólares)” quedando por arriba de importantes países mineros como Chile, Perú y Brasil. Ver el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del gobierno federal mexicano (p. 206).

Y si las mentadas concesiones no existen, o no aparecen, recordemos que luego es difícil encontrar los documentos oficiales que evidencien la construcción de la infraestructura necesaria para los sitios de acceso de las mineras, pues los permisos pueden transferirse a los municipios y éstos tal vez los enmascaren con obras a beneficio de los ejidos, carreteras o pozos de agua, que las comunidades autorizan sin saber que están firmando directamente la destrucción de sus pueblos.

Por eso es realmente crucial entender los peligros que se ciernen sobre Virikuta. Cualquier proyecto minero implica abrir conductos subterráneos y/o despanzurrar los cerros, abrir lagunas de lixiviados, alterar los niveles del suelo, enfrentar desplomes. Se envenenará el aire de la región, se afectará de gravedad la enorme riqueza biológica del desierto, la vitalidad de los suelos, los ríos, los manantiales y los mantos freáticos pero también, de un modo brutal, la profunda diversidad social y las posibilidades de futuro de una población de ejidatarios y pequeños propietarios de origen huachichil con una ancestral presencia custodiando en el desierto.

Las mineras fragmentarán el territorio, propiciarán la instalación de corredores industriales en la región de Catorce con sus minas, maquilas, comercios, cantinas, prostíbulos, centros “recreativos” y enclaves turísticos, y promoverán un clima de corrupción generalizada como cualquier boom-town. Expandirán el sistema carretero pavimentado que ya abre sus ramales para mejor extraer los minerales, y se urbanizará el desierto, lumpenizando a quienes hasta ahora viven sobre todo de sembrar milpa [chacra] de temporal, de ser pastores de chivas y borregos, de recolectar frutos y hierbas medicinales de la amplia vegetación desértica, como hacen las mujeres, sabedoras antiguas de los remedios locales. Debe quedar claro que el futuro prometido es la destrucción ecológico-social de toda la región y no sólo de las zonas identificadas como el sitio exacto donde estarán las extracciones. “La corrupción minera en Virikuta”, Ojarasca en la Jornada, 169, junio de 2011


A finales de 2011, se realizó una caravana a la ciudad de Sunampa, ubicada en el centro-sur de la provincia de Santiago del Estero. Fue lo que se llamó la Marcha de los Pueblos, organizada por varias uniones de vecinos de las provincias de Cuyo y Córdoba para rechazar la minería.

En el proceso, la gente comenzó a investigar sobre la prospección de “tierras raras”, en Jasimampa, en particular la emprendida por Gaia Energy, aunque son varias las empresas de origen canadiense dispuestas que “se propusieron invadir la región”.

Al investigar, según afirma Norberto Costa, miembro de la organización Movida Ambiental, comenzaron a llegar empresas sin registro que hablaban de minería “pero sin dar detalles”. Luego apareció “Gaia Energy Argentina, propiedad de Gaia Energy Inc., a su vez propiedad de U308 Corp., una empresa canadiense especializada en la exploración de yacimientos de uranio”.

Cuando la gente se percató de la magnitud de la prospección, ya estaba implicada un extensa área desde Jasimampa hasta Sumampa, pasando por Ojo de Agua, colindante con la provincia de Córdoba. Lo grave es que del otro lado de la carretera principal de la zona, la Ruta 9, comenzaba a operar también una empresa llamada Artha Resources, una empresa que también es canadiense.

Para entender lo que esto implica, dice Norberto Costa: “Jasimampa es un paraje que está ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Sumampa, un pueblo importante. Yendo de Santiago del Estero hacia Córdoba, a la izquierda están las sierras de Sumampa, que no son muy altas, y del otro lado, las sierras de Ambargasta y las sierras de Córdoba, más al sur, a la derecha de la Ruta 9. Esta parte, que está como en un valle, tiene un suelo de conformación rocosa. Artha está hablando de un área de 60 mil hectáreas concedidas para su yacimento”.

De concretarse las exploraciones estaríamos hablando de varios parajes, toda la zona podría desa-parecer: ahora pasan con aviones que detectan desde el aire los minerales que buscan y están cavando ya en las inmediaciones. Pero también hacen perforaciones de entre 200 y 300 metros de profundidad”. Por supuesto, las comunidades están comenzando a organizarse y rechazan tajantemente la minería. “Caravana contra la minería en Jasimampa”, http://ocrn.info/2011/Norberto-Costa

 

Costa Rica tiene un sistema jurídico complejo y amplio en materia ambiental. Sin embargo, siguen siendo necesarias las reivindicaciones y luchas ambientales populares y organizativas. Costa Rica no es el sistema democrático, de “población civilista  y pacífica” con desarrollo sustentable, que los gobiernos presentan al mundo. Al contrario. Ese perfil responde a un imaginario configurado desde los aparatos de poder como medio de represión simbólica para desacreditar y criminalizar casi cualquier forma de protesta o descontento social organizado. En realidad existen sectores de la sociedad que se organizan y pelean a diario por un país socialmente justo y ambientalmente sano.

La minería de oro a cielo abierto ha significado uno de los temas ambientales de más debate a nivel nacional de los últimos dos años. Sin embargo las expresiones organizativas locales tenían más de una década de resistir a esta industria extractiva.

En 1993 el gobierno costarricense adjudicó una concesión de explotación aurífera cercana a la  comunidad de Crucitas en Cutris de San Carlos, en la zona fronteriza con Nicaragua a favor de la transnacional minera Placer Dome Inc.

Casi desde el inicio de la prospección minera los vecinos de estas comunidades alertaron sobre el impacto que afectó entre otras cosas y en gran medida a las poblaciones de peces en ríos de la zona, luego de la excavación de casi 350 pozos con dinamita y maquinaria.

En 1997, las poblaciones campesinas aledañas se movilizaron hacia Ciudad Quesada, principal población de la zona norte costarricense, denunciando el incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (ver el informe del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, de mayo de 2009, “Crucitas, visión de las comunidades”). En el mismos año la empresa vendió sus acciones a la transnacional canadiense Lyon Lake Mines Ltd, que luego cambiaría de nombre para convertirse en Infinito Gold Ltd.

Posteriormente, el gobierno del Nobel de la Paz, Oscar Arias, decretó la concesión minera de Infinito Gold como de “interés público y de conveniencia nacional”, rompiendo autoritariamente una moratoria a la extracción minera establecida por el gobierno anterior producto de las presiones del sector ecologista.

Durante este proceso de lucha se han sumado diversos esfuerzos, iniciativas  y actores como: festivales, manifestaciones y marchas en Costa Rica y Nicaragua, una caminata de San José a Crucitas y otra de regreso, de más de 200 kilómetros cada una, un ayuno de 26 días, y pronunciamientos en contra del proyecto por parte de movimientos sociales y de instituciones como municipalidades, iglesias, universidades públicas y la Defensoría de los Habitantes, como cuenta Eva Carazo en “Tras que deben, cobran”, 2011. Según algunas encuestas de medios periodísticos, 85% de la opinión pública a nivel nacional  llegó a estar contra la extracción de oro cianurada a cielo abierto.

Producto de 18 años de movilización, en 2011 se logró anular la concesión de explotación y la declaración de conveniencia nacional, debido a los dudosos procedimientos legales en los que se basaba el proyecto de explotar ochocientas mil onzas de oro que se encontraban a 75 metros bajo el bosque Crucitas, a la orilla del río San Juan —bosque que fue talado de forma irregular al amparo del decreto de interés público, pese a estar bajo régimen de protección.

Otra consecuencia de estas movilizaciones sociales es la modificación al Código Minero, haciendo de Costa Rica el primer país en América Latina donde la minería de oro a cielo abierto se declara ilegal, y se imposibilita la aprobación de nuevos proyectos mineros.

Pese a eso, la resistencia continua, pues antes de la modificación al Código Minero el Estado tico aceptó unos 24 proyectos auríferos, y la ley no es retroactiva. Entre éstos se encuentra la reapertura de la mina Bellavista en Miramar, cerrada en el 2007 por el rompimiento de las geomembranas que contenían miles de toneladas de residuos tóxicos producto de la extracción con cianuro, en uno de los más grandes desastres ambientales en la historias de la minería en este país. La mina Bellavista fue publicitada durante años como modelo por su alta tecnología y seguridad, haciéndose llamar “la eco-mina”, mentira que se vino abajo con la contaminación con cianuro de las aguas subterráneas y la huida de la transnacional canadiense Glencairn Gold Corp. sin asumir las responsabilidades del caso. Pese a eso, el gobierno y una nueva empresa B2 Gold, pretenden reabrir esta mina.

Muchas de las posibles concesiones mineras otorgadas antes de la modificación de la ley se encuentran dentro de territorios indígenas, principalmente en el Caribe sur, región que ha emprendido múltiples procesos de resistencia ante los emprendimientos extractivos. Gracias a la resistencia de las comunidades las concesiones siguen sin operar. Pero el mundo debe saber que Costa Rica no es el país verde y libre de minería que el gobierno publicita en los foros internacionales. Las conquistas obtenidas son realizadas con grandes esfuerzos en procesos de organización. Red de Biodiversidad en Costa Rica, “Costa Rica: 19 años de lucha contra la minería”, 17 de enero de 2012
 

Otra concesión a transnacionales canadienses. En comunicación directa, el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) indicó que “La veta Caballo Blanco, aledaña a la termoeléctrica nuclear Laguna Verde, fue descubierta en 1995; abarca 19 hectáreas de los cerros La Paila y De la Cruz, en los límites de los municipios de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, México. La reserva de oro se estima entre 539 mil y 650 mil onzas, además de la producción paralela de cobre y plata. En 2008, Minera Cardel, filial mexicana de las canadienses Gold Group Mining y Almaden Minerals, obtuvo la concesión para la explotación del filón”. Y continúa: “El 27 de septiembre pasado se realizó la primera detonación para remover la roca como preludio de la explotación en 2012. Minera Cardel descalificó el reclamo de grupos ambientalistas para que el gobierno suspenda, por razones de seguridad nacional, la concesión minera por las posibles afectaciones a la estructura de los reactores nucleares aledaños a la explotación minera, por las vibraciones, estimadas hasta de cuatro grados en la escala de Richter. ‘Nuestras prácticas son seguras y medidas con sismógrafos propios e independientes’, indicó la Minera”.

“¿Y qué que los sismógrafos sean propiedad de la transnacional y supuestamente “independientes”? Solamente ellos podrán conocer los datos, nadie más. ¿Qué confiabilidad podrían tener?”, señala el FTE. Los activistas también acusan que la extracción minera vulnera el perímetro de seguridad establecido en el Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE) e incrementa el riesgo de un accidente radiactivo: “Sin especificar el tipo de explosivo ni la cantidad a utilizar, Minera Cardel informó que cuenta con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar las detonaciones desde mayo pasado”.

Expertos en perforación minera aseguran que en yacimientos similares en Coahuila, Hidalgo, Chihuahua y Sinaloa se remueven hasta 30 mil toneladas de roca por mes para alcanzar una producción óptima. Ello implica usar entre 2.5 y 10 toneladas de explosivos, dependiendo de la dureza de la piedra, y aunque los detonadores aplicados de manera adecuada no dañan al entorno, la vibración y los decibeles aumentan peligrosamente con el número de detonaciones por día para cubrir la cuota mensual referida. El cumplimiento de la citada cuota mensual demanda de cinco a seis detonaciones por día, práctica común de las empresas canadienses y esa tendencia se daría en Caballo Blanco. “El riesgo paralelo, señalan los especialistas, es la posible contaminación de los mantos freáticos con residuos de mexamon y tovex, compuestos de nitrato de amonio, que son los explosivos más potentes usados en la actualidad. La lluvia y el viento arrastrarían los residuos de los explosivos hasta el subsuelo”. Plumas libres. com.mx (2011/12/21) 

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