Por Elizabeth Bravo (*) En la última Conferencia de los países que son parte del Convenio de Biodiversidad (COP VII), que tuvo lugar en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, en febrero de este año, asistimos al avance de un nuevo modelo de control del territorio y privatización de la vida. Una tendencia lamentable a lo largo de las negociaciones, fue la inclusión de temas relacionados con el comercio en varias decisiones y programas de trabajo, como por ejemplo en aquellos sobre biodiversidad de montañas, ecosistemas de agua dulce, especies exóticas invasivas y biodiversidad de tierras áridas y sub-húmedas. El programa de trabajo que fue adoptado para áreas protegidas1, donde se encuentran recursos estratégicos como el agua y los recursos genéticos, no fue una excepción. El mismo tiene cuatro líneas de acción que son complementarias. Su intención es crear nuevas áreas protegidas, incluyendo reservas privadas, que puedan ser administradas por organizaciones privadas y no gubernamentales. Para ello, es necesario crear un marco legal, institucional y financiero para que estas nuevas propuestas de conservación sean viables. Por otro lado, muchas atribuciones que han pertenecido tradicionalmente al Estado, se delegan a ONGs de la conservación internacionales. Sobre comunidades indígenas y locales Aunque el programa de trabajo sobre áreas protegidas adoptado durante la COP VII reconoce que el establecimiento, manejo y monitoreo de las áreas protegidas debe contar con la participación efectiva y total de las comunidades indígenas y locales y del reconocimiento y respeto pleno de sus derechos, en otros puntos del programa de trabajo se recomienda que en la identificación de nuevos sitios para la conservación se utilicen "metodologías basadas en la ciencia", que se basan únicamente en criterios biológicos o geográficos. Entre estos instrumentos se destaca la "metodología del análisis de vacíos", mediante la cual, se hace estudios sobre la distribución de anfibios, reptiles y mamíferos, para identificar componentes de la biodiversidad irreemplazables, se escoge un área de un tamaño tal que asegure poblaciones biológicas viables, y tomando en cuenta las necesidades de las especies migratorias. ¿Reflejan estas metodologías las necesidades de las poblaciones locales, si hasta ignoran su presencia? Para ocuparse de las poblaciones locales, se propone llevar a cabo un proceso de consulta, el que empezaría sólo después de que se hayan identificado los sitios que serán declarados como áreas protegidas por su importancia biológica. Si las poblaciones aceptan que su territorio sea declarado área protegida, se reconocerán sus derechos pero tendrán también ciertas obligaciones. Estas poblaciones, que han sabido conservar la naturaleza, y por eso su territorio se declara como un área protegida, tienen que someterse entonces a un proceso de capacitación por parte de científicos para que aprendan a manejar el área científicamente y a seguir un plan de manejo impuesto. En el programa de trabajo no se descarta que las poblaciones sean desplazadas de las áreas protegidas y reasentadas en otros lugares. Aunque el reasentamiento debe contar con el consentimiento informado previo de las poblaciones afectadas, la experiencia en esos procesos de consulta -para obtener el consentimiento- demuestran que con frecuencia las poblaciones locales son objeto de un grado de acoso que no tienen más remedio que dejar su tierra, a cambio de "bambalinas y espejos". La propuesta de inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales en el manejo de las áreas protegidas, es un reconocimiento del frecuente fracaso de los modelos de conservación sin gente, y de la necesidad de incluir a las poblaciones en los programas de conservación. No hay necesariamente un reconocimiento de la tecnología y ciencia indígena. Aunque se acepta que las poblaciones locales pueden jugar un papel importante en el manejo de las áreas protegidas, deben hacerlo usando patrones de conocimiento y tecnologías de otros. Por ejemplo, un punto dice que se debe desarrollar tecnología para comunidades indígenas y locales en materia de rehabilitación de ecosistemas degradados. Ellas hacen el trabajo de rehabilitación, aplicando la tecnología que para el efecto se ha desarrollado, convirtiéndose en fuerza laboral. Se habla de reducir la pobreza a través de la inclusión de poblaciones locales en el establecimiento de áreas protegidas. La experiencia en el Ecuador y otros países ha sido que la gente local es contratada como guardaparques, pasando de dueños del territorio a empleados de las áreas protegidas. Esto en el mejor de los casos, porque con el reconocimiento de reservas privadas, se puede dar un proceso de compra de tierras o desalojos en beneficio de ONGs conservacionistas internacionales y otros actores privados. "Financiación sustentable" de áreas protegidas Entre los mecanismos establecidos para desarrollar una financiación sustentable para las áreas protegidas, se hace un llamado a los gobiernos a hacer una evaluación nacional de los beneficios económicos que generan las áreas protegidas, usando como instrumentos la valoracióneconómica, contabilidad de los recursos naturales y otros instrumentos de la economía ambiental. Pide a los países que designen fondos para tal fin, pero además se propone fomentar oportunidades económicas y de mercado para servicios ambientales y productos provenientes de las áreas protegidas. Las ONGs que son parte del consorcio se comprometieron también a movilizar fondos, muchos de los cuales provienen de corporaciones privadas. De hecho, la mayoría de estas organizaciones tienen como socios a empresas que representan verdaderas amenazas a la biodiversidad, incluyendo empresas petroleras, mineras, madereras, automovilísticas, de turismo de lujo, etcétera. En el programa de trabajo sobre áreas protegidas aprobado en la COP VII se propone crear incentivos económicos positivos y negativos, marcos legales e institucionales para financiar el establecimiento de nuevas áreas protegidas, incluyendo reservas privadas, y para asegurar el involucramiento de las poblaciones locales y otros socios. En realidad lo que esto significa es crear más impuestos para generar dinero que permita establecer reservas privadas y asegurar el involucramiento del sector privado en el manejo de las áreas protegidas. Un nuevo sistema de gobernabilidad El plan de trabajo hace un llamado a los países Partes para que desarrollen nuevos sistemas de gobernabilidad dentro de las áreas protegidas, de tal manera que se involucren nuevos actores y se promueva un ambiente facilitador para incluir en los procesos de participación a las comunidades indígenas y otros actores, incluyendo empresas privadas. Se propone desarrollar un sistema de resolución de conflictos que incluya leyes de descentralización y decisiones políticas participativas que incluya el enfoque ecosistémico. El enfoque de ecosistemas dice que la sociedad debe escoger cuáles son los objetivos del manejo del agua, tierra y los recursos vivos. La sociedad está constituida por una serie de actores, algunos poderosos como las empresas y otros muy vulnerables como las comunidades locales. Aunque la racionalidad de este principio reconoce que los pueblos indígenas son actores importantes, y que sus derechos deben ser reconocidos, no existen mecanismos que garanticen queson sus necesidades las que prevalecerán por sobre aquellas de actores más poderosos. De acuerdo al "Principio Dos" del enfoque ecosistémico, el manejo debe ser hecho al nivel de descentralización más bajo que existe. Aquí se presenta el problema de cómo se ha aplicado el tema de la descentralización en muchos países, que con frecuencia ha sido funcional al modelo neoliberal. Los programas y leyes de descentralización debilitan al Estado y simultáneamente fortalecen la función privada, lo que hace a las instancias públicas descentralizadas muy vulnerables y fácilmente sujetas a la presión externa. Ante un manejo de áreas protegidas descentralizadas surge la pregunta: ¿quién controlará los corredores ecológicos transnacionales? Representatividad para un museo de biodiversidad El programa de trabajo sobre áreas protegidas busca crear zonas de importancia biológica representativas, desde el punto de vista de las especies, para crear mosaicos tipo museo. Pero ésta, no es una propuesta global para conservar la biodiversidad a través de que todo el planeta desarrolle prácticas sustentables y respetuosas con los seres que la habitamos. Muy cercana al programa de trabajo de áreas protegidas, y muy ilustrativo sobre la visión que se tiene sobre la conservación de la biodiversidad es la "Estrategia Global para la conservación de plantas", que es también parte de los planes de acción del Convenio de Biodiversidad. Aunque esta estrategia reconoce al enfoque ecosistémico como su instrumento de trabajo, se plantea una conservación por parches, para crear un museo en el que se encuentren muestras representativas de biodiversidad. Así, se propone: - conservar el 10% de cada región ecológica del mundo (¿qué pasa con el restante 90%?); - proteger el 50% de las áreas más importantes para la conservación de plantas (¿quién define la importancia?); - proteger el 30% de tierras productivas que sean consistentes con la conservación de plantas (¿cómo se establece esa consistencia?); y - conservar in situ el 60% de las plantas amenazadas, el 30% ex situ y el 10% en programas de restauración. El rol del consorcio de ONGs de conservación La decisión sobre áreas protegidas adoptada en la COP VII empieza por dar una bienvenida al compromiso y declaración2 hechos por el consorcio de ONGs sobre áreas protegidas, y presentados durante la Conferencia, en el que se comprometen a apoyar la implementación del plan de trabajo en áreas protegidas. El consorcio está compuesto por BirdLife, Conservation International (CI), Flora & Fauna International (F&FI), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), WWF y el WRI. Para estas organizaciones las áreas protegidas son la piedra angular de la conservación. A pesar de que la conservación vía áreas protegidas ha demostrado ser ineficiente, y ha sido promovida precisamente por estas organizaciones, muchas veces violando de los derechos de poblaciones locales que han ocupado estos territorios conservados. Actualmente, estas mismas organizaciones "descubren" que las poblaciones locales cumplen un importante papel en el manejo de áreas protegidas, después de que han sometido a numerosas comunidades a reasentamientos forzados3. Su objetivo es desarrollar un enfoque sistemático para apoyar áreas protegidas gubernamentales y otros compromisos de conservación, a través de asociaciones público-privadas, incluyendo grupos indígenas, otras ONGs y el sector privado. Entre las áreas de apoyo, estas ONG se han comprometido a apoyar a los países y otros socios a hacer evaluaciones técnicas sobre las mayores amenazas a las áreas protegidas y mitigar sus impactos. En el currículo de las organizaciones incluyen que varias de ellas conforman parte de la Iniciativa para Energía y Biodiversidad (EBI). EBI es una "sociedad" entre las empresas petroleras y ONGs conservacionistas, cuyo principal objetivo es mejorar la imagen de las empresas. El propio documento de EBI sostiene que muchas empresas han empezado a integrar el componente de biodiversidad en su negocio, bajo consideraciones prácticas, pues en un negocio tan competitivo como es el mercado energético, el usar criterios de biodiversidad les permitirá mejorar la imagen de la empresa, y acceder a ciertos recursos a nivel de proyecto, incluyendo tierra, capital y concesiones hidrocarburíferas. Un comportamiento pobre en términos de biodiversidad podría erosionar la imagen de la empresa. Sin embargo, las ONGs miembros del consorcio identifican como una de las mayores amenazas a las áreas protegidas al cambio climático, ignorando que entre sus socias de EBI se encuentran las principales causantes del cambio climático: Shell, BP, Chevron Texaco. Identifican además como amenaza a las áreas protegidas el crecimiento de la población, es decir las poblaciones pobres que han vivido en estas áreas y que han sido capaces de proteger estas áreas. En su plan de trabajo estas ONGs se proponen colaborar en áreas protegidas no tradicionales, incluyendo áreas protegidas privadas y zonas núcleo de concesiones forestales. Complementan su propuesta con planes de certificación forestal. Aunque sus programas dicen que serán desarrollados a través de sus socios locales, en realidad trabajan con un puñado de ONGs y oficinas gubernamentales, mejor si se trata de gobiernos locales. El documento presentado en la COP VII incluye el ejemplo específico del Ecuador, entre el Ministerio del Ambiente, cinco ONGs internacionales miembros del consorcio y tres ONGs nacionales para implementar un plan de acción sobre áreas protegidas, que nunca ha sido discutido por las poblaciones locales ni la sociedad en general. Las ONGs del consorcio manejan de manera conjunta aproximadamente mil millones de dólares por año para acciones de conservación en 120 países. La mayoría de los recursos provienen del sector privado, como fundaciones, individuos y corporaciones. Solamente The Nature Conservancy maneja 120 millones de dólares para el programa "Parques en Peligro". El principal donante es USAID y cubre 13 millones de hectáreas en América Latina y el Caribe, en 16 países y 45 paisajes y están buscando nuevos fondos de donantes públicos y privados. En el documento de las ONGs que integran el consorcio se refleja la manera en que a través de sus redes ecológicas, ecorregiones, corredores biológicos y zonas de amortiguamiento, pretenden controlar en todos los continentes grandes territorios en zonas con importancia desde el punto de vista de la biodiversidad. Ellas han desplegado un intenso trabajo con los delgados oficiales para que se acepte la figura de áreas protegidas transfronterizas, corredores biológicos, redes ecológicas o ecorregiones, porque tienen trabajos en regiones específicas. Por ejemplo, en el Corredor Biológico Mesoamericano tienen programas de conservación Conservation International, FFI, TNC, WCS y WRI. El Corredor Vilcabamba Ambore entre Perú y Bolivia (territorio que ocupa tres veces la superficie de Costa Rica) está manejado por CI y WCS. Si se analiza los países en los que las ONGs funcionan se puede apreciar cómo se han dividido el mundo. Por ejemplo, Birldlife tiene mucho interés en Europa, TNC en América Latina y El Caribe, WSC y F&FI en Africa. Conclusiones Luego de dos años de intenso cabildeo en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica, estos afanes colonialistas se concretizaron en la última reunión de las Partes del Convenio de Biodiversidad, a través del programa de trabajo sobre áreas protegidas. Estas son nuevas propuestas de colonización del espacio, esta vez a nombre de la conservación de la biodiversidad, para controlar recursos valiosos como son el agua, el suelo y la biodiversidad. Aunque la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad son necesidades impostergables, los últimos desarrollos en el campo de la conservación nos demuestran que son los intereses de terceros los que prevalecen en las políticas de conservación. Por un lado están los intereses colonialistas de las organizaciones internacionales de conservación, que desean controlar grandes extensiones de territorio; y por otro lado, los intereses de las empresas transnacionales que tienen interés en los recursos de la biodiversidad y de los ecosistemas para su propio beneficio. Es necesario que las organizaciones y comunidades afectadas por estas políticas de conservación trabajen en sus propias políticas de conservación, en pleno reconocimiento de sus derechos ancestrales. Notas • UNEP/CBD/COP/7/32 • Birdlife, CI, F&FI, Greenpeace, TNC, WCS, WWF. 2004. Joint NGO Statement and Joint Commitment on Protected Areas. To support implemntation of a string Programme of Work on Protected Areas under the CBD. • Varios ejemplos de reasentamientos forzados están recogidos en un libro lanzado durante la COP VII "Protected Areas, Protected against whom?", producido por el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales y Oilwatch (disponible en www.wrm.org.uy y www.oilwatch.org.ec). Guyana: Conservación Internacional acusada de "grave falta de respeto" hacia los pueblos indígenas La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) ha expresado profunda preocupación por la firma de un Memorándum de Entendimiento para establecer un área protegida en la región sur de Guyana, afirmando que el mismo constituye una "grave falta de respeto" a las tribus locales. La región sur de Guyana es considerada uno de los pilares del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Conservación Internacional y el gobierno de Guyana firmaron el 23 de noviembre un Memorándum de Entendimiento en el que acuerdan colaborar para que se declare área protegida a la región sur de Guyana. Según los términos del Memorándum de Entendimiento, Conservación Internacional, entre otras cosas, debe proporcionar un millón de dólares para la creación de un mecanismo financiero que sustentaría los costos a largo plazo del manejo de las áreas protegida de Guyana. La institución proporcionará otro millón de dólares en el caso de que el gobierno declare área protegida a la región sur de Guyana antes del 30 de junio de 2003. El Memorándum de Entendimiento también compromete a Conservación Internacional a buscar financiamiento por parte de donantes privados, gobiernos y organismos internacionales para aumentar el capital del mecanismo financiero propuesto. El comunicado de prensa de APA emitido el 28 de noviembre (el documento completo -en inglés- puede ser leído en http://www.wrm.org.uy/countries/Guyana/areas.html) expresa la preocupación de la organización de que el acuerdo con Conservación Internacional se firmó aún cuando el gobierno no ha terminado de formular el proyecto de Reglamentaciones de Áreas Protegidas y todavía está revisando la Ley Amerindia. También acusa a Conservación Internacional de no consultar a las seis comunidades Wapishana de la región sur de Guyana, parte de cuya tierra ancestral estaría comprendida en el territorio propuesto como área protegida y cuyo estilo de vida, al igual que el de los Wai-Wais, probablemente se vea afectado. Las seis comunidades Wapishana están localizadas en Shea, Maruranawa, Awarenawa, Aishalton, Karuadanawa y Achiwib. Pero según el director regional de Conservación Internacional, el General de División retirado Joe Singh, hay comunidades Wai-Wai en Masakanari y Erefoimo, y después de las visitas realizadas por funcionarios de Conservación Internacional y del gobierno, así como de los informes sobre las demás comunidades elaborados por el Profesor George Mentore, que domina con fluidez la lengua Wai-Wai, los Touchaus, una comunidad sureña, solicitaron por escrito al gobierno que iniciara el proceso para la creación del área protegida. La respuesta de Singh al comunicado de APA afirma que el Memorándum de Entendimiento es el comienzo de un proceso en el que se consultará a todas las partes interesadas a nivel nacional, regional y comunitario. Según Singh, consultar a las comunidades Wapishana antes de la firma del Memorándum de Entendimiento hubiera sido contradictorio con su relación con el gobierno. Singh sostiene que en las consultas se recogerán las distintas visiones de los grupos que han sido identificados y que las mismas se presentarán al gobierno. El proceso, dice, sería similar al que tiene lugar actualmente para establecer un área protegida en la región de las Montañas Kanuku. El comunicado de APA afirma que al enterarse de las visitas a los Wai Wai y de la carta enviada al gobierno, los Touchaus escribieron a Conservación Internacional expresando su preocupación por el sitio propuesto, que se superpone con las tierras ancestrales Wapishana, destacando que Conservación Internacional todavía no ha visitado a las comunidades Wapishana. APA califica las acciones de Conservación Internacional como una "grave falta de respeto" hacia las comunidades Wapishana, que "deberán convivir con un área protegida, mucho después de que los empleados de estas organizaciones se hayan retirado". También expresa sus expectativas de que la nueva Ley Amerindia aborde el problema de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales y otros temas, y manifiesta su preocupación porque muy probablemente las comunidades no tengan una oportunidad justa de obtener estos títulos de propiedad si se les impone prematuramente un sistema de área protegida. APA recalca que Guyana ha contraído obligaciones internacionales específicas de reconocer y respetar los derechos de propiedad de lospueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente les han pertenecido o han ocupado o utilizado de alguna otra forma. También constata que resulta difícil comprender por qué el Memorándum de Entendimiento establece junio de 2003 como plazo para proceder a la declaración de los bosques del sur como área protegida, cuando existen tantos temas pendientes. "Si no se abordan seriamente estos problemas, las áreas protegidas y la conservación de la diversidad biológica no solamente se establecerán a expensas de los derechos y las formas de vida de los pueblos originales de Guyana, sino que además no serán sustentables", agrega la organización. Fuente: "Amerindian group slams memo on southern forest protected area. Conservation group says all stakeholders to be consulted", SN, 4 de diciembre de 2002. Artículo enviado por Fergus MacKay, Forest Peoples Programme, C.e.: fergus(at)euronet.nl (*) Bióloga, integrante de Acción Ecológica, Ecuador Casilla 17-15-246-6, Quito, Ecuador C.e.: [email protected] www.accionecologica.org