Biodiversidad 91 / 2017-1


 

En todo el continente conocido como América los pueblos y sus comunidades luchan contra el despojo, el desprecio y la devastación. Del norte helado de Alaska y Canadá hasta la Patagonia, las resistencias se multiplican contra agronegocios, monocultivos, industrias extractivas, acaparamiento de tierras, agrotóxicos y megaproyectos. Contra los esquemas de agricultura por contrato, las “cadenas de valor” y la sujeción de agricultores a corporaciones, contra la propiedad intelectual y el desvío de poder promovido por los tratados de libre comercio e inversión. Hoy esa lucha sigue y se hace urgente fortalecerla contra el poder creciente de la derecha continental. Desde el fondo de los tiempos, las luces se mantienen y se pasan de corazón a corazón. Biodiversidad abre espacio para que estas luchas puedan florecer.


 

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Editorial

Biodiversidad | 13 febrero 2017 | Biodiversidad 91 / 2017-1

En la foto vemos a un grupo de niñas y niños de una comunidad en resistencia. Los vemos jugar ante la cámara, pero no es porque la cámara provoque el juego pero sí es la cámara la que los incita a hacer público ese juego, su cotidianidad en la fiesta del maíz que se celebra en San Isidro, Jalisco, como parte de una lucha que lleva unos setenta años.

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Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años. Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra; no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo.

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Las corporaciones de agronegocios más grandes del mundo implementan programas de asociación público-privada y aumentan su control de los alimentos y la agricultura en el Sur Global.

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Los tratados internacionales de comercio, inversión y colaboración” en realidad son marcos “jurídicos” súper poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que pueden determinar muchísimos aspectos de la vida, con efectos graves y perniciosos para el presente y futuro de las poblaciones afectadas. Se negocian por lo general en secreto (ni siquiera los parlamentarios los conocen con anticipación) y los redactan de manera vaga y complicada para hacerlos inentendibles. Deberían ser ratificados por los parlamentos, por lo que debemos informarnos sobre qué son estos tratados, movilizarnos de la forma más amplia posible y presionar a los legisladores para impedir su aprobación.

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El 10 de enero en el Puelmapu, específicamente en la provincia de Chubut, Argentina, la comunidad mapuche de Cushamen fue atacada y reprimida por fuerzas policiales y militares del Estado, dejando como saldo varias personas heridas, entre las que se encontraba Emilio Jones Huala, que recibió un balazo que le fracturó el maxilar. La comunidad de Cushamen lucha por la restitución del territorio que hoy ocupa la transnacional Benetton, a través de Compañía Tierras del Sur.  El fin último de esta avanzada represiva y el uso de la violencia sistemática contra los pueblos originarios que ocupan su territorio ancestralmente es aplastar la voluntad férrea de las comunidades de defender sus territorios, para beneficio de los grandes acaparadores de tierras y empresas extractivistas.

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Palma aceitera como política de Estado en Centroamérica

Henry Picado Cerdas (Red de Coordinación en Biodiversidad) | 13 febrero 2017 | Biodiversidad 91 / 2017-1

Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen la expansión de los monocultivos de la palma africana de aceite en la región centroamericana. Estrategias de producción tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los tratados de libre comercio, concentración de subsidios estatales y estrategias de responsabilidad empresarial son comunes en las empresas de palma. Coinciden fechas de experimentación y planes pilotos como en los años 50 y 60 en el Valle de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa Rica.

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En agosto de 2016, las comunidades shuar asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos-Provincia de Morona Santiago, en la Amazonía Sur del Ecuador, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares desproporcionados. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankintz fue ordenado por el Intendente Provincial de Morona Santiago, quien autorizó el desalojo sobre un área de 94 hectáreas, a pesar de que solamente dos hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante sentencia a la empresa EXSA.

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Todos somos Acción Ecológica

Alianza Biodiversidad | 13 febrero 2017 | Biodiversidad 91 / 2017-1

Acción Ecológica es parte de una vasta Red de organizaciones que en toda América Latina defienden el Buen Vivir y un nuevo modelo de convivencia con la naturaleza y entre las personas que destierre el extractivismo como camino para la construcción de una nueva sociedad.

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De Dakota a Patagonia, rebeldía que no cesa | Brasil: El desmantelamiento de la Previsión Social y sus consecuencias para el campesinado brasileño | EUA: Más allá deTrump: Cómo afectará a nuestros alimentos la privatización de la presidencia a manos de un multimillonario | COP 13: 160 grupos de todo el mundo llaman a una moratoria sobre la nueva tecnología de extinción genética en reunión de la ONU | México: Confirmado, la salud en peligro por el maíz transgénico | América Latina: Nos matan por defender la vida | Chile: Ola histórica de incendios.

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