Declaración ante las posiciones de los EEUU, la UE y el G20 (*) En setiembre de 2003 en Cancún, México, colapsó la Ministerial de la OMC en medio de escenas dramáticas. El cese repentino de las negociaciones que se estaban llevando a cabo fue celebrado por varios millones de personas en todo el mundo como una victoria de sus campañas tendientes a impedir que los gobiernos continúen imponiéndoles políticas de liberalización y privatización no deseadas. La OMC existe para promover la liberalización y los negociadores comerciales. Las diversas agrupaciones de países del Sur incluyendo al G21, la Alianza en defensa de los Productos Especiales y los Mecanismos Especiales de Salvaguarda, la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y el "grupo multifuncional" liderado por Corea básicamente han aceptado que las negociaciones continúen sobre la base del denominado "texto de Derbez", propuesto por el presidente mexicano en la Conferencia Ministerial de Cancún. Este texto, que fuera rechazado por esos mismos gobiernos durante la Conferencia Ministerial, ha sido diseñado para honrar los intereses de las corporaciones de EEUU y la UE que ya dominan el comercio global de alimentos y productos agropecuarios. EEUU y la UE tienen como blanco los mercados agropecuarios de otros países, utilizando cada oportunidad, tanto mediante las negociaciones en la OMC como a través de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, para lograr la reducción de los aranceles a las importaciones agropecuarias y mayor acceso a los mercados. Este comportamiento es hipócrita ya que la UE y EEUU protegen sus propios mercados, por razones políticas internas, con mecanismos que no permiten utilizar a otros. El G20 (anteriormente G21), si bien es un contrapeso político a EEUU y la UE muy necesario, representa principalmente a los intereses de los exportadores en el Sur, pero no defiende los intereses de la gran mayoría de agricultores y campesinos que producen para los mercados nacionales. El G20, en efecto, representa los intereses de una pequeña minoría de su población que controla la agricultura de exportación y las empresas agroindustriales. Por esta razón, ellos también exigen la abolición de los subsidios que "distorsionan el comercio" y más acceso a los mercados, tanto en el Norte como en el Sur, sin reconocer que el principal problema es la predominancia de las exportaciones y de los intereses de las corporaciones. El verdadero conflicto en torno a los alimentos, la agricultura, la pesca, las fuentes de trabajo, el medio ambiente y el acceso a los recursos no es entre el Norte y el Sur, sino entre ricos y pobres. Es un conflicto que gira en torno a los diferentes modelos de producción agrícola y desarrollo rural, un conflicto que está presente tanto en el Norte como en el Sur. (*) Esta declaración, de la cual presentamos un resumen, fue difundida el día 8 de diciembre y la firman 44 organizaciones de campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, entre ellas Vía Campesina, Foro Mundial de Pescadores y trabajadores de la Pesca y otras organizaciones como Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), Focus on the Global South y ETC-group. La declaración completa puede obtenerse en www.viacampesina.org La soberanía alimentaria de los pueblos es una alternativa a la situación actual. Una auténtica respuesta socialmente adecuada a la actual crisis en la alimentación y la agricultura reside en el marco que ofrece la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Desde una perspectiva amplia del desarrollo económico nacional y local, es mucho más importante hacer frente a la pobreza y al hambre, gestionar los recursos en forma sustentable y producir en primer lugar para los mercados locales antes que exportar. Para lograr esto resulta crucial lo que se plantea a continuación. Controlar las importaciones y manejo de la oferta, para garantizar precios estables que cubran los costos de producción. Los agricultores enfrentan en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos y Europa, precios que se encuentran por debajo de los costos de producción. Para que sea posible una estabilización de los precios a niveles que cubran los costos de producción, es necesario manejar la oferta e impedir la producción de excedentes alimentarios, especialmente en los grandes países agro-exportadores. Poner fin a los subsidios directos e indirectos a las exportaciones. Los subsidios públicos deben estar orientados a quienes más los necesitan, los campesinos, productores familiares y pescadores artesanales. El mal uso de los subsidios públicos en los países industrializados agro-exportadores, especialmente en EEUU y la UE, para apoyar el dumping, ha provocado el descrédito de todos los subsidios públicos en el sector agrícola. ¡Precios justos para productores familiares y consumidores! Se deberán hacer esfuerzos a nivel nacional e internacional para establecer precios mínimos, el control de la oferta y la regulación a favor de los pequeños productores y distribuidores. Los derechos sobre los recursos naturales deben ser respetados. Se deben reconocer y garantizar los derechos legales y ancestrales de las comunidades a tomar las decisiones relativas a sus recursos locales y tradicionales. Se deben prohibir todas las formas de patentamiento y la apropiación de los conocimientos asociados a los alimentos y la agricultura mediante regímenes de derechos de propiedad intelectual. Las empresas agroindustriales multinacionales deben ser reguladas. Todos los países deberían evaluar sus propias leyes antimonopólicas. No sólo la OMC debe quedar fuera de la agricultura y la alimentación. Para proteger nuestra agricultura, el Banco Mundial y el FMI también deben retirarse de la alimentación y la agricultura. Ningún gobierno ha demostrado hasta ahora la voluntad política para exigir un enfoque totalmente nuevo y diferente, que responda a las demandas de millones de pequeños agricultores que reclaman la protección de sus medios de sustento y culturas contra la voracidad de las corporaciones que los sacrifican en el altar del "libre comercio". No hay serios cuestionamientos desde los países en desarrollo al actual régimen de comercio dominado por la OMC; la mayoría están preparados para arriesgar la producción y los mercados nacionales frente a la posibilidad de acceso a los mercados internacionales distantes. Por ello es que: Exhortamos a los gobiernos nacionales a dar respuesta a estos reclamos de las organizaciones campesinas, de pescadores artesanales, trabajadores, consumidores y ambientalistas y a tomar las medidas necesarias para proteger la producción y la distribución interna de alimentos; y Exhortamos a los organismos de las Naciones Unidas tales como la FAO, UNCTAD y OIT, a reconsiderar su rol en relación a la agricultura y a la pesca. Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil a defender sus derechos legítimos y fundamentales a producir, distribuir y consumir sus propios alimentos producidos localmente en forma sustentable, a instar a sus representantes parlamentarios y gobiernos a asumir estas cuestiones, para instituir cambios reales y de largo plazo