Respuestas de la sociedad civil de América Latina a los cultivos transgénicos

cultivos transgénicos

por BIODIVERSIDAD

Desde antes de que comenzara la siembra comercial de cultivos transgénicos ya se había desatado la controversia sobre los impactos sobre la salud, el medioambiente y la economía, así como sobre las verdaderas intenciones de aquellas empresas transnacionales (ETN) que ya comenzaban a mercadearlas con tanto empeño. En la actualidad un grupo cada vez más reducido de ETN controlan los mercados a nivel mundial, con tres de ellas -Monsanto, Sygenta y Dupont- en posiciones punteras en los dos mercados claves para la agricultura industrial, semillas y agroquímicos, lo cual las hace, junto a un puñado más, dominantes en agrobiotecnología.

Estos cultivos en la mayoría de los casos son genéticamente modificados para expresar características que promueven la agricultura industrializada a través de una limitada gama de estrategias agronómicas. En la actualidad solo dos tipos de modificaciones, la resistencia a herbicidas con base a glifosato (77%), la capacidad insecticida a través de la incorporación de genes del Bt (bacillus turingensis) (15%), y la combinación de ambas características (8%), acreditan prácticamente la totalidad de las 52.6 millones de hectáreas de estos cultivos sembrados en el mundo (cifras del 2001. [1]

La oposición a los cultivos y alimentos transgénicos se ha propagado por todo el planeta. El ministro inglés de asuntos ambientales llamó a los alimentos transgénicos "innecesarios" y "peligrosos", advirtiendo que el riesgo radica en las consecuencias que podrían tener estos productos dentro de diez, veinte o treinta años. India rechazó parte de un cargamento de soya y maíz de Estados Unidos valorado en $100 millones porque estaba contaminado con transgénicos. Varios países africanos han rechazado ayuda alimentaria transgénica ante la incertidumbre de los impactos sobre la salud, el ambiente y los mercados de exportación. El pasado 18 de enero el gobierno de Brasil confiscó un cargamento de maíz GM (genéticamente modificado) de Estados Unidos y exigió que se devuelva o que se incinere. En las Filipinas, multitudes destruyeron cultivos transgénicos y se tiraron a las calles a protestar porque el gobierno cedió ante las presiones de Washington para aceptar productos GM. La oposición está creciendo en Estados Unidos también, donde para finales del 2002 cuarenta y cuatro municipios estadounidenses habían aprobado resoluciones en favor del etiquetado de los productos transgénicos y/o en contra de su cultivo. [2]

El la actualidad el debate América Latina sobre la conveniencia de sembrar y mercadear los transgénicos tiene gran vigencia, con importantes sectores de la sociedad civil que cuestionan, por un lado, la inocuidad de los mismos; y por otro lado, señalan importantes impactos negativos sobre la agricultura local y nacional. La introducción de los cultivos genéticamente modificados se da, en la gran mayoría de los casos, sin que los países puedan, ya sea por falta de medios o por la introducción de hecho, realizar evaluaciones a fondo sobre los posibles impactos. En esta nota se pasa revista a algunos de los conflictos más importantes que en la actualidad se viven algunos países la región: Colombia, México, Brasil, Argentina y Uruguay.

Colombia: liberación irregular del algodón Bt

Mientras la sociedad civil colombiana aún discutía la conveniencia o no del cultivo de del algodón Bt en el territorio nacional, el Consejo Técnico Nacional (CTN), dependiente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), aprobó en marzo de 2002 la siembra semi-comercial del algodón Bt Bollgard de la compañía Monsanto. Según una Acción Popular interpuesta por varias organizaciones e individuos de la sociedad civil, la autorización concedida padeció de varias irregularidades.

En lo formal, la aprobación se hizo en la misma reunión del CNT en la cual se nombró a un funcionario de la Monsanto como su vicepresidente. El conflicto de intereses quedó patente cuando, además, se constata que los elementos técnicos analizados para la aprobación -financiamiento de los ensayos, diseño y montaje de los estudios, evaluación de los resultados- estuvieron todos bajo control de la misma empresa. Además se cuestiona hasta que punto las 2000 hectáreas autorizadas en la región Caribe pueden ser consideradas meramente como semi-comercial.

Los representantes de la sociedad civil argumentan que sus planteamientos cuestionando la liberación del algodón transgénico no han sido atendidos por las autoridades colombianas. Se ñalan que existen estudios científicos que cuestionan las bondades del algodón Bt [3], ya sea por ser más costosa su siembra, el desarrollo rápido de resistencia al bioplaguicida por las plagas objeto, la creación de nuevas poblaciones como plagas, o el impacto negativo sobre los insectos beneficiosos. En lo específico, señalan que las variedades transgénicas no son de probada eficacia en el control de las principales plagas que atacan al algodón en Colombia (el picudo: Anthonomus grandis). También solicitan evaluaciones sobre aspectos que no han sido cubiertos en los estudios realizados, como el flujo de polen hacia especies silvestres y variedades cultivadas del algodón, impacto sobre organismos del suelo, alergenicidad y toxicidad del algodón Bt, e impactos socioeconómicos.

En el marco de esta demanda judicial, el pasado mes de febrero hubo una audiencia ante un magistrado. En ésta, el ICA no demostró interés en llegar a un pacto de cumplimiento con las organizaciones demandantes, por lo cual la Acción Popular sigue su curso. En la actualidad las siembras del algodón Bt ya han comenzado. Mientras tanto el Ministerio de Agricultura, sin tener en cuenta la necesidad de estudios rigurosos de bioseguridad de cultivos de gran importancia alimentaria, anuncia nuevas siembras de algodón y soja transgénicas, resistentes al herbicida Roundup Ready de la Monsanto, así como el maíz Bt.
Según el agrónomo Germán Vélez, del Grupo Semillas, los próximos pasos a dar por los representantes de la sociedad civil son:

México: maíz en centro de origen contaminado con transgenes

A partir de que los científicos Ignacio Chapela y David Quist, investigadores de la conocida Universidad de Berkley en California, USA, anunciaron en un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature, en noviembre del 2001, que algunas variedades locales campesinas de maíz en la región de Oaxaca estaban contaminadas con material transgénico, ADN, la controversia no ha hecho más que crecer. México, principal centro de origen para el maíz, había declarado ilegal en el año 1998 la entrada de todo maíz modificado mediante ingeniería genética.

Las organizaciones indígenas, campesinas y no-gubernamentales de México y muchos otros países tomaron la noticia como un ataque a lo más fundamental de la cultura tradicional mexicana y a un cultivo que es piedra angular de la seguridad alimentaria mesoamericana y de otras regiones del mundo. Mientras, se desató una descarada campaña internacional de difamación contra los científicos que dieron la voz de alarma. Gracias a los prebendas repartidas por las multinacionales que se enriquecen con la ingeniería genética en la agricultura y la alimentación -como los $25 millones que Novartis (gigante transnacional comprometido con la ingeniería genética en los sectores farmacéutico y agroquímico, ahora parte de Sygenta) aportó a la facultad de biología microbiana de Berkley- un coro de científicos de dudosa independencia crítico ferozmente los resultados de los estudios genéticos sobre los maíces criollos. Es de subrayar que el Prof. Chapela ha sido desde el principio un crítico severo de los contratos con la industria agrobiotecnológica, al entender que pretenden marcar las agendas de investigación de las universidades y limitan los beneficios públicos al propiciar la secretividad y las patentes. En especial fue muy crítico del contrato con Novartis, algo que algunos de sus colegas parece que nunca le han perdonado. [4]

De todas maneras, un año más tarde otros estudios científicos y algunas instituciones oficiales mexicanas ratificaron la contaminación con transgenes de los maíces tradicionales. Aún así, voces cínicas, incluyendo personal del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), intentaron minimizar el asunto y hasta le han dado la ``bienvenida' a la contaminación transgénica como ``aumento de la diversidad genética', a pesar de que las características transgénicas nada tienen que ver con aquellas que los agricultores tradicionalmente favorecen en sus variedades. Más grave aún, Nature se negó a publicar las conclusiones de los estudios mexicanos, alegando dudosas razones técnicas, que han puesto en juego lo independencia editorial de la publicación frente a las industrias biotecnológicas que se anuncian en sus páginas.

Sin embargo, la presión sobre las instituciones gubernamentales para que abran la puerta a los cultivos transgénicos en México no cesa. La más reciente controversia gira alrededor del intento de aprobar en el Senado una supuesta ley de bioseguridad de OGM (organismos genéticamente modificados), que en vez de ratificar los principios del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad parece hecha para favorecer a las corporaciones transnacionales que quieren llenar el país de semillas de cultivos transgénicos. Organizaciones ambientalistas y campesinas de la coalición El campo no aguanta más entienden que la ley según ha sido propuesta, no solo va a legalizar la contaminación, sino que la va a aumentar. "Lo que se necesita son medidas enérgicas para proteger el maíz, la biodiversidad, y sobre todo el bien público," ha declarado Silvia Ribeiro, representante del Grupo ETC en México. [5]

Las organizaciones sociales mexicanas -apoyadas por científicos y organizaciones de todo el mundo- han sido contundentes en su exigencia de que se detenga la contaminación con transgénicos, por entender que además del impacto sobre el maíz, es un intento de acabar con la cultura campesina y favorecer todo tipo de proyectos de apropiación de los recursos humanos, biológicos y naturales, ligados a la extensión del libre comercio por parte de los intereses transnacionales. Además exigen que se haga uso del principio de precaución declarando una moratoria sobre la introducción de semillas o productos genéticamente modificados.[6] Según un artículo de GRAIN (Acción Internacional por los Recursos Genéticos), solamente las mismas comunidades locales que a través de generaciones han gestado la diversidad genética en los cultivos están en posición de revertir los daños causados por la contaminación transgénica, y eso requiere el mayor respeto hacia sus recursos y conocimientos tradicionales. [7]

Brasil: ¿la soja transgénica de Monsanto entra por la puerta trasera?

El pasado mes de marzo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aprobó una medida provisoria que permite la venta hasta enero de 2004, tanto para la exportación como para el consumo interno, de la soja transgénica Roundup Ready (RR) de Monsanto. La misma fue sembrada ilegalmente en grades extensiones del país, a pesar de existir en Brasil una prohibición judicial sobre la entrada y venta de semillas y alimentos transgénicos.

Según las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pequeños y medianos agricultores y algunos sectores gubernamentales que durante años vienen luchando para mantener al país libre de transgénicos, la decisión es una forma de legalizar los transgénicos por la puerta trasera. Señalan que a través de esa decisión el gobierno incumple promesas hechas durante la campaña electoral de exigir estudios toxicológicos, ambientales y sociológicos, reprimir los cultivos ilegales y favorecer la información a los consumidores a través de la rotulación. Entre esos sectores existe poca confianza de que, como dice la medida provisoria, a partir de ahora el gobierno no tolerará mas siembras ilegales de cultivos transgénicos. Las autoridades argumentan que la decisión es mas que nada una respuesta coyuntural a la necesidad de manejar una realidad resultante de la negligencia del gobierno anterior, que favorecía los transgénicos y toleró la siembra de grandes extensiones -especialmente en el sur del país- de la soja RR.

Para muchos, en un país donde las encuestas dicen que un 71% de la población prefiere productos no transgénicos, la decisión de permitir la venta de parte de la soja OGM en el mercado interno, aunque sea etiquetada como propone el gobierno de Lula, es premiar los esfuerzos de la Monsanto y los agricultores y sectores agroindustriales que han violado la legalidad. Brasil es el segundo productor mundial de soja, y se estima que, a pesar de la prohibición, más del 10% de la zafra nacional 2002/2003 de 49 millones de toneladas sea de granos transgénicos. La transnacional Monsanto ha invertido fuertemente en Brasil más de 500 millones de dólares para la producción de su producto estrella, el herbicida Roundup a base de glifosato, que se vende en paquete tecnológico con las semillas resistentes al herbicida. Además ha llevado a cabo una agresiva campaña de presión política para forzar la eventual liberalización de la venta de la soja transgénica RR. La tecnología de cultivos OGM de la transnacional de las semillas y los agrotóxicos dominó más del 90% del mercado mundial en el 2001. De las 72 millones de hectáreas de soja sembradas en todo el mundo en el 2001, 46% lo fueron de variedades genéticamente modificadas. [8]

Los sectores de la sociedad civil brasileña preocupados con el impacto negativo que la decisión pueda tener sobre el medio ambiente, la salud de la población y las pequeños y medianos agricultores, le exigen al gobierno que: adopte una moratoria sobre la producción y comercialización de semillas y cultivos transgénicos; la realización de una campaña nacional sobre la ilegalidad de los OGM; la producción de suficientes semillas no transgénicas para suplir el mercado interno. Además se pide la segregación de la soja transgénica para proteger los mercados no transgénicos, investigación sobre el impacto del uso de la soja transgénica en alimentación animal, y penalidades para aquellas entidades que han promovido la siembra del cultivo de manera ilegal. [9]

Argentina: de la diversidad al monocultivo

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de la Argentina ha denunciado al gobierno de su país ante lo que interpreta son señales claras de que acompañará a Estados Unidos cuando éste país haga una denuncia ante la OMC contra Europa por el tema de los transgénicos.

El gobierno de Estados Unidos no acepta la posición de Europa sobre los alimentos transgénicos. Desde 1998 la Unión Europea (UE) requiere el etiquetado de todos los alimentos GM, al igual que los que simplemente tengan trazas de ingredientes GM. Esta política equivale a una moratoria de facto contra las importaciones de productos transgénicos provenientes de Estados Unidos porque se niegan a etiquetarlos. No sorprende la renuencia europea, ya que las encuestas en ambos lados del Atlántico demuestran que la mayoría de los consumidores quieren los productos GM etiquetados, precisamente para evitarlos.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert B. Zoellick tildó la política europea hacia los transgénicos de "Luddite" (tecnofóbica) e "inmoral" y la ha catalogado de `barrera al comercio. En respuesta, David Byrne, comisionado de salud y protección ambiental de la UE, dijo que los comentarios de Zoellick eran "injustos" y "equivocados". La oposición de Europa a consumir transgénicos no se materializó de la noche a la mañana. Fue producto de años de educación y activismo por parte de individuos y agrupaciones de variadísimos trasfondos, y la convicción de los ciudadanos de que los productos genéticamente modificados presentaban más interrogantes que ventajas, y la exigencia de la aplicación del principio de precaución.

El gobierno de los Estados Unidos ha amenazado en repetidas ocasiones con llevar el asunto a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que adjudique la controversia. La OMC, foro hostil hacia las consideraciones sociales, ambientales y de salud pública, tiene un tribunal que ha sido denunciado por grupos de sociedad civil como antidemocrático y falto de transparencia. Cuando un país miembro acude a la OMC para acusar a otro de imponer una barrera al comercio, el país acusado es culpable hasta demostrada su inocencia. El país acusado debe probar su inocencia, el acusador no tiene que probar nada. Los casos los deciden paneles de burócratas no electos, que laboran en total secretividad.[11]

Según el GRR, la OMC actúa como un instrumento a favor de las empresas transnacionales que promueven la biotecnología. Critican al gobierno de su país por seguir apoyando las posiciones a favor de los cultivos y alimentos transgénicos a través de su posición en el grupo Cairns (países exportadores de granos) y el llamado grupo de Miami, que presionó para debilitar el Protocolo de Bioseguridad del Convenio de Diversidad Biológica. A su vez llaman a las organizaciones sociales para que no permitan que se use a la Argentina para doblegar la voluntad de la sociedad europea de resistencia.

Uruguay: contundente oposición a la aprobación del maíz transgénico

El pasado mes de septiembre una audiencia pública convocada en Montevideo para que la ciudadanía diera su opinión sobre la recomendación por parte de la Comisión de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) para la producción o importación para el consumo de maíz transgénico, terminó en medio de enérgicas quejas por parte de los presentes ante falta de participación real en los procedimientos. La CERV había recomendado positivamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la liberalización en el Uruguay de la variedad de maíz Bt Mon 810, de la compañía Monsanto, al parecer basando sus recomendaciones fundamentalmente en la información aportada por la misma transnacional interesada.

Las organizaciones opuestas a la liberalización del maíz Bt ofrecieron argumentos en contra desde varias perspectivas:

Sin embargo, los señalamientos anteriores no se pudieron presentar en la audiencia pública, ya que los miembros de la CERV habían diseñado un procedimiento tan poco participativo que solamente el representante de la empresa iba a exponer, los demás señalamientos serían recibidos por escrito para posterior consideración. Fue ante esas limitaciones que los representantes de las organizaciones uruguayas hicieron sus reclamos y, ante la negativa de abrir los procedimientos, la audiencia fue cancelada, quedando, hasta nuevo aviso, en suspenso la aprobación del máiz Bt de Monsanto en el país. [12]

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Notas :