Ecodemagogia: un grupo de países megadiversos Alejandro Nadal * Un robo a una casa. Los ladrones huyen con el botín. En el último momento, uno de ellos voltea y se despide del dueño amordazado: "No te preocupes, tendrás un lugar en nuestro esquema de participación sobre los beneficios del robo. Te enviaremos un cheque". Con su toque orwelliano, la metáfora (idea de un activista quechua) ilustra el corazón del debate sobre el acceso a los recursos biológicos, el esquema de beneficios compartidos. Este tema será abordado en la cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable, y en los últimos meses ha generado un frenesí de actividad internacional. En febrero pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) organizó una reunión en Cancún con la participación de 12 países de megadiversidad biológica. En la Declaración de Cancún se acordó formar el Grupo de Países Megadiversos Afines (GPMA) para convertirlos en un cártel y conseguir mejores condiciones en su trato con las empresas de biotecnología sobre acceso a recursos genéticos. El documento no cuestiona la lógica de apropiación de los recursos genéticos ni la trayectoria tecnológica de la biología molecular. A pesar de proponer una "nueva ética" para que la biotecnología contribuya al desarrollo, la declaración ignora que en la actualidad la biotecnología no sólo no apoya una explotación agrícola menos agresiva para el medio ambiente, sino que representa un riesgo importante para la agricultura orgánica y la biodiversidad. El GPMA buscaría impulsar un régimen internacional para promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica. Dicho régimen incluiría el requisito del consentimiento fundamentado previo para la solicitud y obtención de patentes. Es decir, la declaración acepta la apropiación ilegítima de los recursos biológicos por el sistema de patentes. Poco importa que se llegue a veces al extremo de que la descripción del "invento" protegido cubre una variedad vegetal. Si se quisiera cultivar una "nueva ética" debería comenzarse por criticar esta distorsión del sistema internacional de patentes. Al llegar a este punto el absurdo es total: el "consentimiento previo" de una comunidad haría patentables conocimientos que pueden haber estado en el dominio público desde siempre. Los autores de la declaración prefieren hundirse en estas contradicciones antes que cuestionar la concesión de patentes sobre los recursos biológicos. El consentimiento de las comunidades es importante, pero no para otorgar patentes. En su ignorancia, los autores hasta proponen promover la capacidad de patentamiento para las "innovaciones" de las comunidades, como si no se tratara de conocimientos que llevan tiempo en el dominio público. Además, ¿cuál de todas las comunidades que conocen el uso de estos recursos tendrá derecho de prioridad? Todos los problemas de las patentes sobre recursos biológicos hacen crisis aquí, pero nuevamente la declaración prefiere forzar las cosas antes que contradecir a las empresas de biotecnología. La sexta reunión de las partes de la Convención sobre Biodiversidad (COP-6) ratificó los lineamientos sobre beneficios compartidos en el acceso a recursos biológicos. Al igual que la COP-6, la declaración de marras identifica los pagos de regalías como mecanismo para la distribución de beneficios, aunque este canal sea casi impracticable porque es casi imposible seguir el rastro e identificar el origen de recursos genéticos específicos en innovaciones biotecnológicas. El seguimiento se dificulta si se combinan recursos similares de diferentes puntos de origen. Y cuando hay fusiones corporativas en las que la tecnología es capitalizada, los esquemas de pagos de regalías pueden volatilizarse. En Cancún, México, convocados por el Gobierno de México, en febrero de 2002 se reunieron doce países con un alto nivel de biodiversidad para conformar el "Grupo de Países Megadiversos con Espíritus Afines", y se firmó la "Declaración de Cancún". Estos países son Afri- ca del Sur, Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Kenya, México, Perú y Venezuela; posteriormente entraron Bolivia y Malasia. Los países megadiversos representan el 70% de la biodiversidad del planeta, y el 45% de la diversidad cultural. La Declaración de Cancún busca abrir el sistema de patentes a las comunidades, pero no por generosidad. Esta maniobra busca fracturar el frente de oposición a las empresas biotecnológicas con su avidez de patentarlo todo. Si todos aceptamos el juego, ¿por qué criticar a las empresas biotecnológicas? Además, para las comunidades patentar no significa obtener grandes ganancias, pero sí quiere decir que las empresas de biotecnología pueden comprar "inventos" patentados a buen precio. También pueden copiarlos; cada pleito en materia de patentes cuesta unos 2 millones de dólares. ¿Tendrán las comunidades los recursos necesarios para litigar? La Semarnat llevará a Johannesburgo la propuesta de Cancún como aportación de México. Pero la "nueva ética" no incluye realizar la consulta sobre acceso a recursos genéticos que recomendó la PROFEPA hace dos años cuando dictaminó el caso UNAM-Diversa. Y mientras sigue latente la amenaza de desalojo de las comunidades en Montes Azules, la Secretaría de Salud promueve activamente el patentamiento de medicina herbolaria. Sería bueno poner la casa en orden antes de lanzarse a la demagogia internacional. * Publicado en La Jornada, México, el 10-07-02 Por otros artículos al respecto, consultar: http://www.biodiversidadla.org