Un Continente. Brasil es todo un Continente que contiene, refleja y acompaña todas las luchas, las crisis, los embates del capital y las corporaciones que sufren todos los demás países de nuestra América Latina. Por eso dedicamos este Vistazo a recorrerlo desde la mirada de hermanos y hermanas que sufrimos con el pueblo brasileño sus dolores y que crecemos con cada logro en sus territorios. Porque aprendemos de su gente y porque vamos y venimos cultivando un portuñol que día a día nos hermana en la conciencia absoluta de que somos un mismo pueblo. Echemos un vistazo... Con 477 casos de muertes violentas durante los últimos 13 años, Brasil sigue siendo el lugar más peligroso en el mundo para ser activista. La violencia hacia los trabajadores rurales y líderes sociales es tema central del IV Congreso Nacional de campesinos que tuvo lugar en la ciudad de Porto Velho (RO). El encuentro fue en el marco de las celebraciones por los 40 años de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización galardonada con el “Premio Nobel Alternativo” y que registra la violencia en el campo de Brasil. Entre 2002 y 2014 se contabilizaron 477 asesinatos de líderes ambientales y sociales en Brasil, reporta Global Witness. Según la organización internacional, a excepción del año 2011 —donde Honduras registra con 36 casos la mayor cantidad de muertes violentas de activistas— Brasil se mantiene en lo más alto del ranking desde 2002. Datos locales aportados por la Comisión Pastoral de Tierra informan que los asesinatos fueron 36 durante 2014 y que en los últimos 10 años (2005-2014), los conflictos por la tierra dejaron un saldo de 328 asesinatos. El cuarto congreso nacional de la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), debate acciones urgentes para hacer frente a la violencia contra los trabajadores rurales, causada por la creciente concentración de tierras en pocos propietarios y los agronegocios, dos características de la realidad territorial brasileña. Por tercer año consecutivo, Brasil encabeza ranking mundial de asesinatos de líderes sociales y ambientales, Vía Campesina, 17-7-2015. La intolerancia, la codicia y el prejuicio, combinados con la omisión y la negligencia del gobierno federal, continúan fomentando las agresiones contra los pueblos indígenas. El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), regionales Sur y Mato Grosso do Sul, reunido en asamblea regional entre el 3 y el 5 de julio en Laranjeiras do Sul, reflexionó sobre las graves y profundas violencias practicadas contra los pueblos indígenas en Brasil, especialmente en las regiones sur, sudeste y centro-oeste. Son constantes las denuncias de atentados contra la vida, el derecho a acceso a la tierra, la protección del ambiente y los derechos constitucionales de los pueblos. Preocupa, sobre todo, que los poderes públicos intenten limitar el alcance de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas por medio de decisiones judiciales y acciones políticas y administrativas que violan la Constitución brasileña de 1988 en su capítulo VIII, artículos 231 y 232. Es clara la intención de afectar los procedimientos de demarcaciones de tierras. Las interpretaciones falaces de los derechos indígenas realizadas por el Supremo Tribunal Federal han llevado a que diversos tribunales, en particular el TRF 4, lleven a cabo una ola de revisiones de la demarcación de tierras ya consolidadas. Es inaceptable la decisión de la Presidencia de la República de paralizar las demarcaciones de tierras. Todo indica que el parámetro utilizado por el gobierno es el mismo que el del Poder Judicial, es decir, la defensa de los sectores económicos que ambicionan explotar los recursos existentes en las tierras indígenas. Realidad indígena en Brasil: La violencia cotidiana, Rel-UITA, 22-7-2015 La empresa suiza productora de transgénicos y agrotóxicos, Syngenta, fue judicialmente responsabilizada por el asesinato del trabajador rural Valmir Mota de Oliveira (mejor conocido como Keno) y por la tentativa de asesinato de Isabel do Nascimento de Souza. Los dos eran integrantes de La Vía Campesina y fueron víctimas del ataque de guardias privadas armadas en 2007. La resolución, emitida por el juez de Derecho Pedro Ivo Moreira, de la Primera Instancia en lo Civil de la localidad de Cascavel (Estado de Paraná, Brasil), fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 17 de noviembre. La sentencia determina que la empresa indemnice a los familiares de Keno y a Isabel do Nascimiento de Souza por los daños morales y materiales provocados. La acción fue juzgada en 2010, como intento de obtener respuestas del Estado en cuanto a la responsabilidad de la corporación Syngenta por el ataque perpetrado por la milicia armada privada. Para la Vía Campesina esta resolución es vista con buenos ojos por los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, ya que la responsabilidad de las empresas que cometen violaciones a los derechos humanos es un desafío de orden global. “Actualmente, las empresas transnacionales tienen gran libertad de actuación transnacional, pero no hay normas ni mecanismos nacionales e internacionales suficientes para obligarlas a respetar los derechos humanos o para responsabilizarlas en caso de violaciones. La condena a Syngenta, en este caso, es una excepción a la regla”, explica el abogado popular de Tierra de Derechos Fernando Prioste, que acompañó el caso. Transnacional suiza es condenada Syngenta por la muerte de Sin Tierra en Brasil, Adital, 23-11-2015 El Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de reconocer el derecho de los pueblos guaraní y kaiowá, impidiendo que sean expulsados del Tekoha Ñanderu Marangatu en el municipio de Antonio João, en Mato Grosso do Sul, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El organismo señala que se trata de territorio indígena y que los terratenientes de la región deben abandonarlo, impidiendo así que la Fuerza Nacional, el Ejército y la Tropa de Choque de la Policía Militar lleven a cabo la expulsión de los indígenas que debería comenzar el 21 de octubre, y para la cual ya estaba todo preparado con la presencia de helicópteros que sobrevolaron la región un día antes. La determinación federal revoca la orden emitida por el Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul, que amparaba una decisión de la justicia local de Ponta Porã. Este conflicto se prolonga desde hace décadas y en agosto costó la vida a Semião Vilhalva, joven kaiowá de 24 años, con un tiro en la cabeza. La ONU ha calificado la situación de genocidio y la Organización de Estados Americanos ha alertado al gobierno brasileño ante el trato recibido por los indígenas. La tierra en disputa fue homologada como tierra indígena en 2005, pero nunca fue entregada de hecho a sus legítimos dueños, pues diversos recursos fueron presentados en estos diez años. Los terratenientes que ocuparon estas tierras dominan la política local y controlan el poder judicial, mandando y desmandando en una región en la que la vida de un buey vale mucho más que la de un indio. La determinación federal es un rayo de esperanza en un conflicto desigual que parece no tener fin y que pone a prueba la resistencia de los indígenas, que reconocen que están firmes contra el genocidio y las injusticias que continuamente sufren. El apoyo del Cimi (Consejo Indigenista Misionero) y otros tantos organismos civiles y religiosos ayuda a los indígenas a continuar luchando y pidiendo que sus derechos sean reconocidos. Es necesario que la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el genocidio contra los guaraní y kaiowá se lleve a cabo cuanto antes, a pesar de que se sabe que eso, a los que mandan, no les interesa. Un rayo de esperanza en un conflicto desigual, Periodista Digital, 21-10-2015. Alrededor de 2006, se inició un proceso de expansión del monocultivo de la palma aceitera en Pará, alcanzando los municipios de Acará y São Domingos de Capim, a unos 100-150km de Belém, la capital del estado. Empresas como VALE y Petrobrás se apropiaron de tierras en la región y la llegada de la palma aceitera expulsó a muchas familias de sus territorios. Muchas de estas familias todavía continúan resistiendo hoy a lo largo de las carreteras, mientras otras ya están intentando sobrevivir en las ciudades. El proceso, según denuncian los pobladores, también provocó deforestación. El drama social que viven los trabajadores del campo fue denunciado por los sindicatos y motivó a la intervención del gobierno, lo que hizo que las empresas cambiaran de táctica: intentaron convencer a los campesinos para que ellos mismos empezaran a plantar la palma aceitera en sus tierras —y el gobierno abrió una línea de financiación específica para otorgar préstamos a los agricultores. Un agricultor del asentamiento de Taperuçu cuenta que ya lleva unos 3-4 años con un contrato con la empresa Biovale (de la empresa minera VALE). El año pasado recogió las primeras frutas de palma, por las que obtuvo cerca de R$1,000 (268 dólares) por mes. Ahora espera que su cosecha rinda el doble. Sin embargo, el agricultor todavía no empieza a pagar el préstamo que recibió del gobierno, y no sabe cómo va a lidiar con la situación a partir del 2017, cuando Biovale ya no se hará cargo del transporte de las frutas hasta la fábrica de procesamiento, un trecho de más de 100 km. Para peor, en la tierra del asentamiento, además de palma aceitera, sólo tiene un monocultivo de árboles para vender madera. Él agricultor dejó de plantar mandioca, el alimento básico más consumido en la región, que desde que la palma empezó a expandirse, aumentó significativamente de precio. El mismo agricultor nos cuenta que tuvo que aplicar agrotóxicos —previsto en el contrato con la empresa Biovale—, pero que debió dejar de hacerlo porque se empezó a sentir mal. Todavía frágil y tembloroso, sigue sufriendo las consecuencias de la aplicación de productos que son venenos, en una región caliente y húmeda que dificulta el uso del equipo de protección individual (que tampoco es una protección totalmente segura). Los habitantes locales cuentan haber visto peces muertos en los ríos de la región y lo atribuyen a la llegada de la palma aceitera y a la contaminación que conlleva. El renombrado Instituto en salud pública Evandro Chagas de Belém, confirmó la denuncia de los pobladores al detectar la presencia de agrotóxicos en fuentes de agua de las cuales los pobladores de la región dependen. Uno de los productos utilizados en las plantaciones es el endosulfán, un producto muy peligroso para la salud humana, prohibido en varios países. Basándose en esos análisis, el Ministerio Público de Pará está intentado hacer un acuerdo de conducta con las empresas para intentar reducir la contaminación. Con la plantación de palma aceitera de Biovale, la región entró de lleno en la ruta de la “economía verde”. Con la duplicación de su ferrovía, que lleva mineral de hierro desde la mayor mina del mundo —el complejo de Carajás— hacia la costa brasileña, la demanda de biodiesel a partir del aceite de palma va aumentar todavía más. Pero el proyecto sirve, sobre todo, para que VALE haga su propaganda “verde”, ya que 80% de la demanda de diésel de la empresa continúa siendo el petróleo. La minera VALE promueve la palma aceitera en Pará: Impactos de la “economía verde”, Movimiento Mundial por los Bosques, 26-10-2015. El Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB-La Vía Campesina Brasil) se solidariza con los trabajadores y trabajadoras de la minería y con todas las familias del distrito de Bento Rodrigues, que pertenece al municipio de Mariana, región central de Minas Gerais, víctimas del rompimiento de dos represas de desechos minerales que pertenecen a Samarco Minería SA, empresa controlada por los grupos Vale y BHP Billiton. La ola de barro contaminada con mercurio, arsénico y fierro arrasó una comunidad que tenía cerca de 600 habitantes. Cerca de 30 trabajadores estaban en el local a la hora del rompimiento. Por lo menos 10 personas murieron y el número de desaparecidos sobrepasa 100 personas, incluidos niños. Cerca de 500 fueron rescatadas. El barro llegó al Río do Carmo afectando a moradores a 70 km de Mariana y cerca de la represa de Candonga, en el inicio del Río Doce. Cuerpos bajan por el río en medio de una gran cantidad de escombros y suciedad. Comunidades están aisladas y sin energía. El abastecimiento de muchas ciudades está en entredicho. El MAB denuncia que las empresas Vale y BHP son responsables por la rotura. Hace años que la comunidad viene alertando sobre los riesgos. Las sospechas de que un terremoto podría haber causado el accidente no se puede sostener, ya que era un temblor de muy bajo impacto. No existe mecanismo alguno de alerta y socorro a la población, como lo requiere la ley. Todo el proceso de socorro a las personas sin hogar la emprende la prefectura de Mariana. La negligencia de las empresas es total. Solidarios en el dolor por las pérdidas irreparables y por los prejuicios incalculables causados por las empresas, llamamos a la población y a las organizaciones sociales de la región a que se unan en torno a una pauta que garantice el respeto a los derechos de las familias y la dignidad de la vida de cada trabajador y trabajadora que produce riqueza de Samarco Minería que lucró más de R$2 billones en 2014. La minería debe estar al servicio de la soberanía popular y no de los excesos y atrocidades cometidas por empresas como la Vale que tiene falta de respeto a las poblaciones y trabajadores de su marca registrada. Por esto, continuamos en lucha. ¡Agua y minería para la vida. No para la muerte! ¡Agua, energía y minería para la soberanía del Pueblo brasileño! Minera Vale causa tragedia en Brasil, Vía Campesina, 9-11-2015 Ignorando toda la evidencia registrada y sometida a objeciones, el Plano Decenal de Expansão de Energía 2023 (El Plan de Diez Años Para la Expansión Energética 2013), o PED, proyecta un aumento de 28 mil megawatts en producción de energía en la década del 2014-2023 a través de la llegada de varias plantas hidroeléctricas a gran escala. Sin embargo, eso no predice el impacto posible de cualquiera de las 30 plantas del país en los territorios indígenas. El plan muestra que once de las treinta estarán situadas por lo menos a 40 km de los terrenos indígenas en lo que es conocido como “el Amazonas Legal” y por lo menos a 15 km en las regiones restantes. El plan lo afianza un decreto oficial conocido como Portaria Interministerial No. 419/2011, que regula las acciones de los cuerpos públicos federales que intentan expedir licencias ambientales federales. El plan reconoce que hasta ocho diferentes territorios indígenas serán afectados por las 232 líneas de transmisión nuevas que requerirán estas plantas lo cual, combinado, agregará un total de 41 mil km, de nuevas líneas. Cotejado con los hechos y la información disponible en el Instituto de Socioeconomía de Investigación (Inesc) bajo el título de Derechos e Inversiones en el Amazonas”, pudimos determinar que las 23 estaciones hidroeléctricas localizadas tienen consecuencias socioambientales en los territorios indígenas, sea para la población o para el ambiente. La discrepancia sobre el alcance del impacto proyectado entre nuestro estudio y la versión oficial está en el concepto de “impacto o interferencia”, en cómo está construida y definida. Según la legislación actual, una “interferencia en TI” ocurre cuando una porción de terreno TI es influido directamente por las barreras de la presa o por los depósitos de agua. El criterio para definir y medir el “impacto” se refiere a los efectos territoriales y ambientales solamente y no incluye la dimensión social o humana. Es nuestra posición que ambos son urgentes e imperativos y que este indicador debe ser considerado. En lo que concierne a las comunidades indígenas, existen varios estudios que indican que los impactos indirectos a tal escala son tan negativos o aun más que los impactos directos. El solo anuncio de que tal proyecto está en preparación en las cercanías, acompañado por visitas y contacto con topógrafos o investigadores, es suficiente para provocar una intensa inquietud y ansiedad en la comunidad. En cuanto a situación en la cuenca del Tapajós, los estudios efectuados en las últimas décadas claramente muestran que la interferencia causada por tales proyectos masivos llega más allá de 10 km a la redonda. Puede afectar a las comunidades indígenas mucho tiempo antes de que exista cualquier tipo de contacto directo con el proyecto —eso quiere decir, mucho antes que se encuentren cara a cara en la coyuntura de la construcción de presas, vías ferroviarias, o el levantamiento de transmisores. Plantas hidroeléctricas invaden tierras indígenas en Brasil, Ricardo Verdum-INESC, 19-11-2015 Un grito de alerta sobre la sociedad y la defensa de la Reforma Agraria: éste fue el lema del lanzamiento del Dossier “Abrasco. Un alerta sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud”, esta semana en Río de Janeiro. El libro, con más de 600 páginas, presenta una revisión de las tres partes desarrolladas en 2012 y un cuarto eje inédito con datos actualizados del agronegocio y las luchas de resistencia de la agroecología como un nuevo modelo de desarrollo para el país. Es una co-edición de la Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venancio/Fiocruz y de la editorial Expresión Popular. De acuerdo con el informe, el sector agrícola brasilero compró en 2012 más de 800 mil toneladas de agrotóxicos, muchos de ellos prohibidos en otros países. El lucro por el uso de esas substancias aumentó un 288% entre los años 2000 y 2012, según el Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Agrícola (Sindag). Según la Anvisa [Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria], el 64% de los alimentos están contaminados por agrotóxicos. La facturación de esa industria en Brasil en 2014, de acuerdo con la Asociación Nacional de Defensa Vegetal (Andef), fue de más de 12 mil millones de dólares. Karen Friedrich, una de las compiladoras del libro, informa que se trata de 44 autores que señalan los perjuicios de los agrotóxicos al ambiente y a la salud de los brasileros. Involucra a investigadores de universidades brasileras, de Fiocruz, del Instituto Nacional del Cáncer (Inca) y de la Embrapa [Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, sigla en portugués], entre otras instituciones, intelectuales y movimientos sociales. El libro es un grito de alerta sobre lo que ocurre en las florestas y las aguas en Brasil. “El agronegocio no alimenta al mundo; mostramos en un gráfico el aumento de la producción de caña, maíz y soja, que representan casi el 70% de la producción del país, con reducción del poroto, la mandioca y el arroz. Y mercancías de exportación, que corresponden al 80% de los agrotóxicos, van a aumentar mucho en los próximos tres años, con más consumo e impactos”, alerta Karen. Luiz Eugenio Souza, presidente de la Abrasco [Asociación Brasilera de Salud Colectiva], dice que ya está probado científicamente que el agrotóxico daña la salud y que el modelo de desarrollo del agronegocio ya mostró ser insostenible. Karen recuerda que hay propuestas de resistencia, como la Campaña Contra los Agrotóxicos, que cumplió cuatro años, e iniciativas de agroecología en todo Brasil. “Defendemos la agroecología y la reforma agraria para poner fin al consumo de agrotóxicos y construir un país más saludable y justo”. Para Nivia Silva, de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, alentar la agroecología y la reforma agraria para poner fin a los agrotóxicos y por un Brasil más saludable es cuestionar la ciencia. “La construcción del conocimiento a partir de otras prácticas nos aportó un gran aprendizaje, y permitió a una amplia red de investigadores mostrar cómo la cuestión de los agrotóxicos es estructural en la forma en que el capital se pone en el plato de los brasileros”. Empeora la situación de los agrotóxicos en Brasil, Adital, 30-4-2015 La Reforma Agraria Integral y Popular es una concepción de Reforma Agraria que interesa no sólo a los campesinos sino al conjunto de la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores y trabajadoras que viven en los grandes centros urbanos. Es una señal para los movimientos y sus aliados de que esa Reforma Agraria que defienden es ¡sobre todo popular! La Reforma Agraria Integral y Popular implica: 1. Democratización de la tierra: garantías de que la reforma agraria no sea sólo distribución de la tierra sino acceso a todos los bienes de la naturaleza y de la producción en la agricultura. Esto comprende todo lo que está en ese territorio, como las plantas, bosques, aguas, minerales, semillas y toda la biodiversidad, prohibiendo el desarrollo de proyectos de extracción minera por parte de las empresas en los territorios distribuidos, porque los minerales deben utilizarse de forma sustentable para el beneficio de la comunidad y de todo el pueblo. 2. Organización de la producción agrícola: priorizar la producción de alimentos saludables para toda la población, garantizando el principio de la soberanía alimentaria, libres de agrotóxicos y de semillas transgénicas. 3. Desarrollar una nueva matriz tecnológica de producción y distribución de la riqueza en la agricultura: exigir de los Estados políticas crediticias, investigación y financiamientos específicos para una producción agrícola basada en la agroecología y el aumento de la productividad del trabajo y las áreas en equilibrio con la naturaleza. 4. La industrialización y la política agrícola: desarrollar pequeñas agroindustrias dentro del país, asegurando agregar valor a la producción y generar más renta para la población campesina promoviendo un desarrollo equilibrado entre las regiones. Desarrollar centros de investigación, cualificación técnica e intercambio de conocimientos, centrados en las actividades de la agroindustria y la preservación ambiental. 5. Educación: el acceso a la educación es una de las condiciones básicas de la construcción del proyecto de Reforma Agraria Integral y Popular, porque es un derecho fundamental de todas las personas y debe ser atendido en el propio lugar donde viven, respetando el conjunto de sus necesidades humanas y sociales. 6. Luchas: sin un profundo proceso de lucha, organización y presión del conjunto de la sociedad, no será posible conquistar este proyecto de Reforma Agraria Integral y Popular. Esto sólo será posible si los campesinos enfrentan este modelo, a través de luchas, ocupación de tierras, resistencia y supervivencia. Marina da Silva, MST, Los desafíos de la Reforma Agraria Integral y Popular, ALAI, marzo 2015. El MPA en conjunto con La Vía Campesina, defiende la importancia del campesinado como sujeto político capaz de asegurar la soberanía alimentaria. Para la consolidación de la soberanía alimentaria, el MPA ha construido el Plan Campesino, que es presentado a la sociedad y a los órganos gubernamentales según tres directrices. La primera directriz afirma la agricultura campesina como base de la soberanía alimentaria, del abastecimiento popular de alimentos de base agroecológica. La segunda directriz, crea las condiciones materiales para la manutención del campesino en el campo, sobre todo la juventud campesina, garantizando acceso a la tierra, agua y biodiversidad, facilitando acceso al crédito, capacitación y asistencia técnica, garantizando estructura logística para la producción, beneficiamiento y comercialización de alimentos, mejorando su renta, elevando su conciencia social, generando nuevas relaciones de género, nuevos procesos productivos ambientalmente sustentables y mejorando su calidad de vida. La tercera directriz hace referencia a la garantía de alimentos de calidad para la población brasileña que permita construir nuevas relaciones de producción, distribución y consumo sobre el control popular y estatal. La soberanía alimentaria es un principio que orienta la lucha campesina. “Es una propuesta alternativa de producción y consumo, que apoya los pueblos en su lucha contra el agronegocio y las políticas neoliberales promovidas por instituciones financieras y transnacionales”, destaca el dirigente nacional del MPA, Valter Israel da Silva. Por lo tanto, si la producción y distribución de alimentos hacen parte de la soberanía de un pueblo, éste es innegociable y no puede quedarse dependiente de voluntades políticas o prácticas de gobiernos o empresas. “Eso ponen aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimenticias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”, afirma. Brasil: Movimiento de Pequeños Agricultores realiza su I Congreso Nacional en Sao Paulo, Resumen Latinoamericano, 7-10-2015.