En esta entrega, el Grupo Semillas nos devela: Los derroches y despropósitos a nombre del clima en Colombia Los intereses particulares del capital global son reproducidos de manera sumisa por los gobiernos de turno en nuestros países contra la preservación de la naturaleza y las necesidades y realidades de nuestros pueblos. En este camino cargado de intereses privados con mirada mercantilista de todas las dimensiones de la vida, se desenvuelve también el tema del cambio climático, que de manera reduccionista y lineal se conceptúa y modela como un cambio cuantitativo en las variables atmosféricas en el largo plazo, vistas de manera física, sin incorporarles la vida que cada elemento acuña, siendo que la lectura es mucho más compleja, puesto que se remite al “sistema climático”, visto como un tejido de relaciones entre la atmósfera, los océanos, continentes, masas de hielo y de nieves y todos los demás seres de la vida (suelos, aguas, árboles, animales, estrellas, seres humanos, en sus diferentes roles y actividades mediadas por los valores y las culturas que imprimen un tipo específico de relacionamiento con su entorno), como un sistema dinámico caracterizado por el intercambio de flujos de energía, de materia e información, con la tendencia a alcanzar siempre un equilibrio termodinámico. El fruto de las interrelaciones en este sistema es el clima, que a lo largo del tiempo presenta alteraciones y cambios propios de un sistema dinámico, producidos antes de la revolución industrial por sus componentes naturales y después de la revolución industrial, por las actividades humanas en los países del norte mediante las emisiones de gases con efecto de invernadero en un nivel superior a las posibilidades de autodepuración del planeta. Los principales generadores son los países industrializados, más allá del 70% del total, mientras que Latinoamérica y el Caribe aportan menos del 10% y Colombia un 0.36% dentro de las emisiones totales. La dinámica del sistema climático produce comportamientos y evoluciones de los procesos que gobiernan la atmósfera en las horas subsiguientes (12, 24, 48 y 72 horas) y es lo que se denomina “el tiempo atmosférico”, así como fluctuaciones en escalas de tiempo que van desde años (variabilidad climática) a milenios (cambios climáticos globales). El cambio climático y la mitigación En la jerga de la Convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, CMNUCC, quien “regula” políticamente este tema, la “mitigación” se refiere a “las acciones humanas y políticas encaminadas a reducir las fuentes y emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI) así como potenciar sus sumideros” (IPCC, 2007), lo que está directamente relacionado con los modelos de desarrollo de los países industrializados, mayores generadores de estos gases y que en vez de revaluar y reorientar sus modelos de producción y de consumo para disminuir las emisiones que tienen el planeta en crisis climática, acuden a mecanismos e instancias que por el contrario les avala un negocio, donde directamente ganan los de siempre —las empresas que viven de las crisis climáticas—, pero directa e indirectamente perdemos todos, porque las emisiones vienen aumentando y la inestabilidad climática en el planeta también, aunque por supuesto afecta en mayor proporción a las poblaciones en condición de vulnerabilidad social, económica y exclusión política. Uno de estos mecanismos es el Protocolo de Kyoto que en teoría: “Define la estructura del mercado de carbono con objetivos cuantificados de reducción de emisiones para países desarrollados, así como los mecanismos de mercado diseñados para aminorar el costo de su implementación. Uno de estos mecanismos, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), permite que proyectos de inversión elaborados en países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos adicionales a través de la venta de créditos de carbono llamados Certificados de Emisiones Reducidas (CER), al mitigar la emisión de gases con efecto de invernadero o secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera (Proyectos de Forestación y Reforestación)”. Por el contrario, en la práctica estos mecanismos profundizan los desequilibrios en el sistema climático mediante actividades económicas de los países industriales que desequilibran la naturaleza y las condiciones de vida de los pueblos, dejando una huella con mayores emisiones de CO, como lo muestra el observatorio de Mauna Loa en Hawaii, con datos de mayo en cada década, en el planeta. Toda una tropa de intermediación materializada en consultores, comerciantes de carbono, agencias multilaterales (Banco Mundial, BID) y organizaciones devotas a estas visiones mercantiles, se lleva buena parte de los dineros asignados para estas temáticas, que no transforman ni en una mínima proporción los procesos causales generadores de la inestabilidad climática. En Colombia, pululan este tipo de proyectos en el marco de los mecanismos de desarrollo limpio. En este mismo camino se viene implementando la estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, REDD+, que pretende entregar dineros a familias y comunidades de los “países en desarrollo” para “compensar” las emisiones y daños generados a la naturaleza por las actividades económicas desarrollados en otros lugares, con la retórica de que así se evita la degradación de los bosques, siendo por el contrario un instrumento viciado que incita a la degradación para poder acceder a estos programas, que además afectan la autonomía de los pueblos en sus territorios con estos contratos que firman las comunidades convirtiéndolas en simples administradores de los negocios de quienes les dan los dineros y a su vez generan conflicto entre las comunidades de un lugar que están siendo afectados por proyectos que emiten gases. En Colombia existe el Programa BIOREDD+, que ejecuta USAID en el Chocó biogeográfico, que cuenta con doce proyectos con consejos comunitarios de comunidades negras, cinco de ellos ubicados en el sur del Chocó (394 mil 452 hectáreas), tres en Buenaventura (248 mil 606 hectáreas) y dos en Tumaco (140 mil 870 hectáreas) variabilidad climática, procesos extractivos y despilfarros. Las fluctuaciones del sistema climático en el corto plazo denominado variabilidad climática, se expresan en los fenómenos Niño y Niña, que en el lenguaje y decir politiquero son los “culpables” de todas las problemáticas socioambientales oscilantes entre los excesos de lluvia y las sequías, las cuales se exacerban con el sinnúmero de desastres ocurridos. Tal mirada facilista, reactiva, mediática, insensible e ignorante, invisibiliza en los desastres ocurridos las reales contribuciones de los efectos del proceso histórico de transformación del territorio siguiendo modelos de desarrollo ajenos que devastan la naturaleza y los soportes vitales para el “buen vivir” de las familias, generando desequilibrios ecológicos, sociales y económicos; de ahí que el profesor Gustavo Wilches muy acertadamente manifieste que “los desastres naturales son antrópicos”. En este proceso sistemático de degradaciones, las actividades humanas de gran escala se apoderan de los territorios del agua, arrasan con la piel de la tierra (mediante la tala sistemática de la diversidad de árboles nativos en ecosistemas y cuencas), succionan y se apoderan de las entrañas de la tierra mediante procesos extractivos de hidrocarburos convencionales y no convencionales, megaminería, hidroeléctricas, agroindustrias, dejando múltiples efectos irreversibles en la naturaleza y en la condición de existencia de los diferentes seres vivos, como sucede en la Guajira y César con el proyecto Cerrejón, en la Orinoquia con la extracción petrolera. En el último fenómeno de la Niña ocurrido entre 2010-2011, los excesos de lluvia dejaron ver que las actividades extractivas que talan de manera masiva los árboles nativos que protegen los suelos y los flujos de agua en quebradas, ríos, desestabilizaron los suelos y generaron un sinnúmero de derrumbes o remociones en masa que perturbaron el libre flujo en las carreteras, así como la búsqueda por parte del agua de sus territorios que a lo largo del tiempo se desecan para establecer actividades con ganaderías extensivas o monocultivos y que cuando se vienen la lluvias, el agua vuelve a ocuparlos. Es el caso de la Mojana (Sucre), zona de desagüe y equilibrio de los ríos Cauca, San Jorge y Loba, en donde el gobierno de Uribe construyó un terraplén elevado a un costo de 240 mil millones de pesos. Una obra que se extiende desde Caucasia y Nechí en Antioquia hasta Achí en Sucre, y que en vez de “aquietar las aguas”, reventó el dique por la fuerza de las aguas en el ciclo de lluvias del 2010, dejando una situación peor a la que antes existía. Esta oleada de desastres generados por las actividades humanas fueron desapercibidas por las instituciones y el gobierno. Por el contrario culparon a la naturaleza de tales circunstancias. Aún se recuerda la falaz frase de Santos “la maldita Niña”, cuando éste fue quien creó el Fondo de Adaptación con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 con la misión de atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo. En este contexto aparecieron macro-proyectos concentrados en la zona de la Mojana, otros en el sistema del canal del Dique, y reasentamientos de poblados como Gramalote y proyectos dirigidos a la reconstrucción y mejoramiento de carreteras, proyectos de viviendas, entre otros. Los macroproyectos se desarrollan de manera desarticulada, repiten trabajos de medición, cartografías, inventarios, análisis de suelos, de caudales e hidroclimáticas, como en la zona de la Mojana, región en donde desde hace varios años, estudian, calculan, recalculan y reelaboran de manera recurrente modelos hidrológicos y climáticos que no generan los elementos para reordenar las actividades humanas con base en el bien común, porque la naturaleza de hecho está ordenada y busca sus espacios. Tampoco generan procesos de inclusión social y cultural que tengan en cuenta los saberes ancestrales de comunidades que sabían y saben manejar de manera armónica sus relaciones con el ciclo del agua en esta zona, como es el caso del pueblo zenú que estableció hace mil años más de quinientas mil hectáreas con campos elevados para establecer sistemas ancestrales productivos altamente efectivos, eficientes y en equilibrio regional de los ciclos de agua. La delimitación de páramos y humedales recalcula y estudia enésimas veces los suelos a partir de levantamientos semidetallados de suelos a lo largo de 3 millones 875 mil 737 hectáreas de las áreas de influencia de páramos y humedales de Colombia. Identifica y espacializa patrones de distribución edáfico, estudia de nuevo características físicas y mineralógicas, clasifica taxonómicamente los suelos, genera y actualiza cartografía básica, a nivel de especies; unidades ecológicas, cartografía de oferta potencial de servicios ecosistémicos y amenazas a los humedales, aspectos socioeconómicos relativos al ordenamiento territorial para la caracterización de humedales, estudios cartográficos desde la perspectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, etcétera. Todo esto nos permite mostrar que los páramos y su área de influencia van más allá de sus cotas y mediciones cuantitativas, puesto que los páramos son parte de un gran ecosistema, donde su pervivencia depende de las zonas de recarga, de las selvas o bosques de niebla, de los bosques andinos y basales, en general, de las selvas tropicales —y que unidos forman un macro sistema similar a nuestro cuerpo humano, donde el corazón va más allá del corazón pues está conectado con la cabeza y los órganos esenciales para su funcionamiento. La mirada y gestión parcial y fraccionada en las instituciones afecta también la sostenibilidad ambiental de los humedales, de la cobertura glaciar que por año pierde de 3 a 5% con retroceso del glaciar de 20 a 25 metros por año. Son estudios con miradas fragmentarias que dejan de asimilar a la naturaleza de manera sistémica y con esa mirada especializada y parcial respaldan y ceden en bandeja estos frágiles e importantes ecosistemas a la voracidad de las empresas extractivas, y a esto se le suma la sumisión de las instituciones a los intereses particulares de las mismas. Son proyectos además sin consultar los resultados del inventario de gases con efecto de invernadero realizados para Colombia, ni los estudios climáticos donde se afirma que entre 1983 y 2012 sucedió el periodo planetario más caliente en 1400 años, por lo cual se requiere con urgencia aliviar esa fiebre con piel verde diversa y nativa, haciendo la paz con la naturaleza y en favor del bien común. Y para completar, este “fondo de adaptación” deja la reactivación económica de cientos de familias afectadas en dieciocho departamentos de Colombia, como un proyecto macro que queda en manos de Corpoica, cuando se sabe que este instituto se encuentra al servicio del modelo de Revolución Verde, con propuestas de monocultivos que homogenizan los espacios mediante la deforestación sistemática para la siembra de un solo cultivo o actividad (arroz, cacao, pastos extensivos para ganadería de leche, caña panelera, etcétera), con el uso de semillas hibridas y transgénicas de empresas transnacionales (que contaminan nuestras semillas criollas y nativas), que propician el uso de agroquímicos (también de empresas transnacionales). Con la excusa de un uso “responsable”, embarcan a las familias campesinas en emprendimientos que los ligan a la venta de su monocultivo en cadenas de comercio, donde por lo regular los pequeños productores resultan quebrados por las condiciones asimétricas y unilaterales que establecen estos conglomerados. Es un macroproyecto que desconoce la crisis que vive el llamado sector agropecuario en Colombia, en cabeza y hombros de los pequeños y medianos productores en especial, por las mismas políticas de Estado que históricamente han abandonado a su suerte a los agricultores, prefiriendo las políticas de apertura económica, el mercado internacional sustentado en bloques económicos y externalidades que producen los inmensos subsidios a las producciones de los países industrializados, así como los TLC que van contra la producción nacional. Es por esto que el criterio para las familias campesinas no es el monocultivo para vender en los mercados regionales o nacionales, sino los policultivos que les garanticen el sustento familiar y la provisión a los mercados locales y regionales. Este proyecto desconoce las culturas, valores y verdaderas necesidades de las familias rurales, que necesitan reconstruir su tejido social, sus autonomías, sus culturas de relación con el entorno, a través de la siembra de alimentos diversos en sus huertas que les generen autoconsumo y les garanticen buena salud, y que además mejore las relaciones en el territorio, sembrando solidaridades con los trueques de semillas, alimentos, trabajo voluntario. Fortalece también relaciones entre el campo y la ciudad, garantizando alimentos sanos y diversos a las poblaciones urbanas más cercanas. Las familias campesinas vulneradas requieren proyectos construidos con ellos para consolidar sus capacidades de autogestión. Para nada, proyectos que multipliquen sus dependencias y sus miserias. http://semillas.org.co/es/revista/derroches-y-desprop