Una declaración de guerra. No será un siglo de guerras convencionales, pero ya es, y por lo visto así seguirá, un periodo histórico de guerras nombrables o innombrables por agua, petróleo, viento, tierras. Porque un dios o porque otro, por la ruta de un negocio. Adoptan estas guerras distintas formas según ocurran en el cuerno de África, el macizo central asiático, Ucrania, París o Palestina. En nuestra América violenta dos países padecen guerras internas no tan civiles que bajo la apariencia de una cosa (combate al crimen) significan otra: el Estado contra su pueblo. Mucha tierra se disputa en Colombia y México. También hay disputa y defensa territorial en la Amazonía y los países que la contienen, en la Araucanía, en el Petén, pero no generalicemos. Colombia atraviesa un impasse luego de “sacar” de las ciudades el terror criminal, y sostener negociaciones con la poderosa y vieja guerrilla; sigue en cambio la guerra sorda, paramilitar, contrainsurgente, por los territorios indígenas y rurales en favor de la minería (una de las madres favoritas de las guerras) y por las inagotables ganancias del narcotráfico. En México la guerra aparece disfrazada, pero coincide en sus metas de exclusión. El zapatismo en Chiapas lleva 20 años denunciando una guerra de exterminio contra los pueblos indios, que si se recuerda fue precedida por el desmantelamiento constitucional en 1992 de las leyes agrarias ganadas por la Revolución Mexicana. Tal embestida fue desenmascarada por los enmascarados mayas en el sureste. La Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 se alzaba contra esa guerra. Fue la primera respuesta a una guerra del Estado que se agudizaba; una que los pueblos no comenzaron ni buscaban. La militarización de sus territorios, no sólo en Chiapas, hoy es una realidad establecida, “normal”, que apuntala el conflicto “irregular” inspirado en los manuales convencionales del Pentágono. Otra guerra, o una manifestación la misma en otro ámbito, es la que el Estado y los poderes fácticos libran contra los jóvenes: estudiantes, maquileros, jornaleros, desempleados, migrantes. Al igual que la que sufre la población rural e indígena, ésta se origina en un desmantelamiento constitucional y su cascada de reformas retardatarias de la educación pública, libre, laica y gratuita. En esencia, la guerra contra las jóvenes, como la que hace el poder contra las comunidades originarias, es de exclusión. La masacre de Iguala en septiembre de 2014 y la desaparición de 43 estudiantes (menos uno que “apareció” entre las cenizas) constituye una declaración de guerra. Al igual que en las montañas de Chiapas, se desarrolla en un contexto regional específico y proyecta una sombra de repercusión nacional, además de su inusitado impacto internacional que, como veinte años antes, ha hecho quedar muy mal al Estado. No cambian las políticas de guerra del gobierno (y de los criminales en el caso guerrerense), ni el desprestigio del sistema político basta aún para una reformulación ciudadana de la conducción nacional. Por lo pronto, la violencia en Guerrero continuará con énfasis político, en un entorno criminal necesario para quienes impulsan la guerra. Una revelación mayor tras las hostilidades desatadas la noche del 26 de septiembre pasado es que la juventud está en la mira. En Guerrero se descaran todas las guerras: la criminal, la de combate a los indios, la paramilitar. También contra los jóvenes la cosa es nacional. Por la puerta del dolor. En los años sesenta, cuando la juventud se manifestaba por primera vez como actor político con iniciativa, también se convertía en blanco de la publicidad, en un nicho del consumo. Arranca entonces la carrera de los medios masivos y la publicidad para atajar el impulso contestatario de las nuevas generaciones y hacer negocio, compitiendo en los hechos con la educación formal. De entonces data el señalamiento del escritor Carlos Monsiváis de que la verdadera Secretaría de Educación Pública en México es Televisa. Con los años, la educación formal, sobre todo la pública, perdió ante las empresas de entretenimiento y propaganda mercantil, proverbialmente enajenadoras en todo el mundo. Para los administradores nacionales del ciclo neoliberal iniciado en los ochentas, la educación pública, con sus resabios socialistas, dejó de ser prioritaria y apostaron a la educación privada, elitista, católica de preferencia. (La prensa del corazón acaba de informar que la hija del presidente Enrique Peña Nieto debutó en la Universidad Anáhuac, la de los Legionarios de Cristo, la fundada por el padre Maciel; bueno, de allí proceden muchos funcionarios actuales y los cachorros de la casta empresarial.) El Estado privilegia decididamente a los jóvenes de las clases pudientes y en parte las medias que pueden pagar los servicios educativos de donde egresan los futuros posgraduados en universidades estadunidenses como los que hoy conducen el gobierno, la economía y las relaciones internacionales. No extraña que los gobernantes exhiban su formación colonial; de ahí la facilidad con que entregan al mercado la soberanía nacional, los recursos naturales y la población misma. De ahí el alineamiento del gobierno con la esfera de Washington, y el distanciamiento de las experiencias soberanas en el continente, con Cuba por delante, y de nuestra historia de solidaridad con los pueblos de Chile y Nicaragua, los exilados de Argentina y Uruguay, y la pérdida de legitimidad diplomática en los procesos de paz (Guatemala, El Salvador). México es el gran ausente en el impulso soberano de otras naciones latinoamericanas. El derecho a la educación del pueblo carece de valor para los neoliberales, entregados a la corrupción y el desmantelamiento de las leyes. Este abandono es parte del plan e incide en la desintegración familiar y comunitaria, la crisis de identidad y de valores humanistas, potenciadas por la migración masiva de padres y madres que dejan a niños y jóvenes en la soledad y el desafecto. Ello coincide con la entronización del crimen organizado en esas mismas poblaciones, el miedo, la inseguridad y la educación basura propiciada por el sistema. Los pueblos indígenas, al emerger como actores centrales de la Nación a fines del siglo pasado, visibilizaron el olvido histórico. Hoy salta a la vista que la juventud está abandonada, desinformada, manipulada o secuestrada, pero no descerebrada. Hereda la experiencia sesentaiochera de acción juvenil comprometida, que en la presente década asoma con fuerza casi desesperada. Aprovechando las nuevas herramientas de comunicación, los jóvenes agredidos organizan su despertar y lo comparten a gran escala. Su descontento encuentra nuevas avenidas para exigir justicia y democracia verdaderas. Nada más opuesto a los designios neoliberales que las escuelas normales rurales como la de Ayotzinapa; su estructura popular; su ideario socialista; su cercanía con las prácticas agrícolas que las transnacionales y el gobierno buscan erradicar. Para el poder representan una rémora y lo amenazan. El crimen cometido contra sus estudiantes indígenas confirma que la guerra neoliberal va contra esos jóvenes y contra quien se mueva a favor de ellos. La embestida contra la educación pública encuentra diques respetables en las universidades públicas. Pero el trauma por la masacre de Iguala pegó en todas las esquinas del sistema educativo, y puede decirse que ningún estudiante dejó de sentirse agredido, ofendido y amenazado por lo que ocurrió a los alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las multitudinarias movilizaciones en decenas de localidades durante los últimos meses de 2014 involucraron a estudiantes de todo el espectro. El horror y la indignación son generalizados. La represión y la hostilidad estructural evidenciaron para los jóvenes de México que la guerra es contra ellos. Los secuestros de jovencitas, los feminicidios, las matanzas, las ejecuciones y la disyuntiva pandilla-o-muerte representan distintos frentes de una misma guerra. Por la puerta del dolor ingresan al ciclo mundial de protestas contra las depredaciones del poder.