Nuestro planeta enfrenta una crisis climática creciente, provocada por un modelo de desarrollo que destruye aguas, bosques, páramos, nevados y praderas; al tiempo que extrae descontroladamente el carbono fósil del subsuelo. Todos los países, a escala diferente, tanto los llamados industrializados como aquéllos con economías emergentes, son responsables de ello. Sin embargo, las consecuencias de este modelo desarrollista —y su impacto en el cambio climático y el equilibrio del planeta–— los viven de manera más fuerte los países más pobres y vulnerables del Sur global, en donde, sólo en 2010, unos 50 millones de personas se vieron desplazadas forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación, erosión de los suelos, inundaciones, accidentes industriales y otras causas medioambientales. Este documento busca ser un abrebocas para la próxima cumbre de la Tierra, Río+20, prevista para junio de 2012, la cual se espera sea una ocasión para plantear un modelo de desarrollo distinto, que garantice la equidad social y la reducción de los riesgos ambientales. La última ola invernal dejó (a diciembre de 2011) más de 300 muertos y unos dos millones de damnificados en Colombia, país que ha sufrido en los últimos tres años catástrofes climáticas de gran impacto, que van desde las sequías prolongadas de 2009 y 2010, hasta las lluvias intensas que devastaron buena parte de la infraestructura del país e incrementaron la miseria de miles de familias en 2010 y 2011 —las cuales continuarán muy probablemente en 2012. El drama de las inundaciones y los aludes da cuenta de la rápida variabilidad climática, asociada en Colombia a un modelo de ocupación y manejo del territorio, a todas luces, inadecuado. De acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, en las últimas décadas ha aumentado en dos grados centígrados la temperatura promedio, lo que se acompaña de un brutal proceso de deforestación de las zonas andinas y del deshielo de los glaciares, los cuales, se estima, desaparecerán totalmente en las próximas tres o cuatro décadas, al igual que los páramos, que se perderán en un 75% durante el presente siglo. Para justificar nuestra catástrofe climática nacional, el gobierno traslada la culpa a una “maldita Niña”, fenómeno que, sin duda, ha agudizado el problema, pero no puede ser de ninguna manera señalado como único responsable del drama que vive el país ahora, como consecuencia de la ola invernal. Sin embargo, el gobierno nacional no adopta medidas reales para enfrentar las causas estructurales de la crisis climática, generada por el presente modelo de desarrollo y de producción rural, ni tiene en cuenta el impacto generado por la destrucción y utilización insostenible de los recursos naturales. Desde el siglo pasado, los modelos productivos se han basado en la falsa premisa de que nuestros recursos naturales son inagotables; la ocupación de la zona andina y sus valles interandinos estuvo acompañada de la deforestación y cambios en el uso y vocación forestal de la tierra, hacia modelos de agricultura de monocultivos y ganadería extensiva, fundamentalmente en zonas de ladera. El campesinado es paulatinamente arrinconado a las cordilleras altas, y buena parte de la población marginada y desplazada del país ha sido forzada a vivir en los taludes de las carreteras, laderas y orillas de los ríos, como consecuencia de la concentración de la tierra en pocas manos. Colombia presenta en esta materia un coeficiente Gini de 0.87, lo que nos sitúa como uno de los países del mundo más inequitativos en la distribución de la tierra. Lo curioso es que mientras Colombia —literalmente— se ahoga, para la mayor parte de la población del país pasó inadvertida la reciente Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Durban, Sudáfrica, conocida como reunión de las partes (COP 17), que finalizó el 10 de diciembre de 2011. Esta reunión se constituyó en la “crónica de una muerte anunciada” de un proceso que venía agonizando desde las reuniones de las partes en Copenhague (2009) y Cancún (2010). En esta ocasión, los países más contaminantes tampoco quisieron ceder y continuaron acrecentando un círculo vicioso suicida. No existió voluntad política para llegar a un acuerdo a la altura de las circunstancias. La reunión de Durban fue, en consecuencia, un completo fracaso. Estados Unidos (que no firmó Kioto) no se comprometió con nada. Rusia, Japón y Canadá no renovaron el tratado, puesto que no se logró que China, India y Estados Unidos asumieran compromisos reales, dado que estos países producen más de la mitad de las emisiones de Gases con Efecto de Invernadero (GEI). EUA no firmará un nuevo acuerdo global de reducción de emisiones de GEI sin una “paridad legal” con las potencias emergentes como China, India y Brasil. India obstaculizó un acuerdo legalmente vinculante en 2015, porque argumenta que sus emisiones por habitante son un tercio de las de la China. Canadá reafirmó que no asumiría un segundo periodo de Kioto, ni contribuirá al Fondo Verde, destinado a financiar esfuerzos contra el cambio climático en los países en desarrollo, “hasta que todos los principales emisores acepten objetivos de reducción vinculantes legalmente, así como una contabilidad transparente del inventario de Gases con Efecto de Invernadero”. La Unión Europea logró que se aprobara el marco legal vinculante que sería adoptado en 2015 y entraría en vigor en 2020. En caso de que se avance en estos gaseosos compromisos y metas, ¿no será ya muy tarde para el planeta esperar ocho años? La prolongación del tratado no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, de China ni India, los tres países que más CO2 emiten en la atmósfera. También se retiraron Japón, Canadá y Rusia, los cuales sí habían firmado el protocolo de Kioto. Esto significa un acuerdo débil, ya que sólo incluye a los países que emiten un 15% del CO2 mundial. Amigos de la Tierra Internacional considera, con razón, que “posponer una acción real hasta 2020 es un crimen de proporciones globales”. Esta Cumbre ha amplificado el apartheid climático, en el que el 1% más rico decidió que es aceptable sacrificar al 99% restante. El Fondo Verde quedó sin financiación, porque no hay voluntad política para fortalecerlo, y se teme que la crisis económica mundial actual limite los aportes de los países industrializados. Los planes para expandir los destructivos mercados de carbono siguen adelante. El Fondo fue “secuestrado” por los países ricos bajos sus términos, y se ha establecido para dar más ganancias al sector privado. Existe gran preocupación en el sentido de que el Fondo Verde se destine al financiamiento de proyectos que no respeten los derechos humanos, y que tengan un impacto negativo sobre las poblaciones rurales, financiando falsas soluciones al cambio climático como los cultivos de agrocombustibles o los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Colombia, a pesar de las advertencias hechas por el presidente Santos, en cuanto a que no “no aceptaría una declaración ‘babosa’ para que todo el mundo quede contento” en Durban, su alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental y el Cambio Climático, Sandra Bessudo, aseguró que “con los acuerdos logrados, Colombia tendría apoyo financiero para tomar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y recibiría compensaciones por conservar sus bosques, además de apoyo a programas como REDD+”, es decir, se continuaría en la línea de las falsas soluciones. Por todo ello resulta fundamental apoyar propuestas como las de la Vía campesina, en el sentido de propugnar por la agroecología como una solución real contra el cambio climático; por una auténtica reforma agraria a favor de la soberanía alimentaria; la reestructuración de todo el sistema alimentario; el fin del control de las multinacionales sobre nuestros recursos genéticos y la soberanía de las semillas, con las que se puede mitigar el calentamiento planetario. Grupo Semillas