Héctor Mondragón Despojo y superexplotación. La palma aceitera llegó a Colombia en manos de grandes propietarios que se aprovecharon de la tierra acumulada en regiones como el Magdalena Medio, después del gran desplazamiento de campesinos que causó la violencia de 1946 a 1958. Las empresas de palma, de las cuales la principal era Industrial Agraria La Palma, Indupalma, de la familia Gutt, impusieron la superexplotación de los trabajadores. Los sindicatos lograron dar las primeas peleas por sus derechos y la respuesta fue la represión, la ilegalización de las huelgas y los consejos de guerra contra los dirigentes. En septiembre de 1971, le adjudicaron a los líderes sindicales el asesinato de un jefe de personal de Indupalma, mediante un montaje, por lo que permanecieron en la cárcel cuatro años hasta que lograron demostrar plenamente su inocencia (Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia. Ediciones CEIS, Bogotá, 1985, p. 196) En 1977 la huelga en Indupalma estuvo rodeada de circunstancias dramáticas por la injerencia del grupo guerrillero M-19 que secuestró al gerente y exigió la firma del convenio colectivo con los trabajadores, divulgado el 14 de septiembre, día de la huelga general que se denominó en Colombia “Paro Cívico Nacional” (Caicedo 1985, p. 245). La primera etapa de la palma aceitera en el país culminó con el fin del ciclo productivo de las primeras plantaciones: las empresas declararon entonces quiebras ficticias para desconocer los derechos económicos de los trabajadores y destruir a los sindicatos. Cuando algunos trabajadores quisieron recibir las tierras de las empresas como sueldos y prestaciones que no les habían pagado, se dieron cuenta que limpiar una tierra con palmas altas y viejas es más caro que comprar otra tierra y deja daños permanentes en el suelo. En tierra de otros. Por la experiencia de 30 años, las empresas de todo el mundo prefieren ahora cultivar en tierras ajenas, o mejor dicho dañar tierras ajenas, lo cual además les permite evadir impuestos prediales y establecer supuestas “alianzas estratégicas” o “asociaciones productivas” con los campesinos e indígenas que entregan la tierra, de modo que además de darles sus tierras les den su mano de obra sin contrato de trabajo, como supuestos “socios”. La mayoría de los trabajadores dejó los sindicatos y tuvo que conformar “cooperativas de trabajo asociado”, establecidas, como en el caso del azúcar, para desconocer el contrato laboral, aparentando un contrato entre la empresa y la cooperativa. La empresa ya no paga la seguridad social de los trabajadores, quienes deben buscarla en los sistemas públicos de asistencia a la población pobre como el Sisbén de Colombia y quedan sin cesantías ni jubilaciones. Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), estas plantaciones son “un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra”. La ACVC agrega: “Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos ‘dada su experiencia’. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la ‘economía campesina de la palma’. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos (WRM, “Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera”. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, boletín 47, Montevideo, 2001). Las empresas lograron una situación excepcional al evadir el costo de la tierra y los impuestos, reducir sustancialmente los salarios y eliminar el pago de prestaciones sociales. La sociedad asume el costo ambiental de la explotación de palma, mientras las empresas se embolsillan los beneficios. Las transnacionales comercializadoras y consumidoras del aceite vegetal, como Unilever, decidieron convertirse en las principales beneficiarias propiciando la plantación de palma aceitera en todo el mundo tropical: comenzaron por Malasia e Indonesia y hoy las plantaciones se extienden a Camerún, Nigeria y otros países de África, Centroamérica y Sudamérica, lo que condujo a una tendencia a la baja de los precios internacionales del aceite, que beneficia a esas transnacionales. Los desastres ecológicos fueron grandes en las selvas, especialmente en Malasia e Indonesia. La situación más grave se presentó en 1998 cuando una nube de humo cubrió estos países, producto de la quema de los bosques. Mientras tanto los pueblos indígenas, especialmente en la isla de Borneo, eran los damnificados directos de la destrucción y el despojo de sus territorios. Ahora, cuando el negocio de la palma venía en declive, el alza extraordinaria de los precios del petróleo le da un nuevo impulso a los plantadores de palma aceitera. Se espera multiplicar las plantaciones para producir biodiesel. El negocio se pinta como el más extraordinario de la historia y hasta se asegura que tendrá magníficos efectos ecológicos. Para los países y regiones productoras, los efectos pueden llegar a ser muy negativos. Sufrirán la destrucción del bosque y la vegetación nativa, reduciendo la biodiversidad; los suelos sufrirán en cuanto cada plantación de palma cumpla su ciclo productivo y se deba eliminar los troncos por métodos químicos; si las plantaciones se expandieran como se pretende, lo harían en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, porque los agricultores dejarían de producir cultivos alimenticios para la población y en cambio se concentrarían en producir “combustibles limpios” para Estados Unidos y Europa (Elizabeth Bravo y Mae-Wan Ho, “Las nuevas repúblicas del biocombustible”, Red del Tercer Mundo 30, Montevideo, 12 de junio de 2006). Palma aceitera y paramilitarismo. En Colombia los megaproyectos de palma aceitera, como otros, han estado estrictamente asociados a la expansión del paramilitarismo. La rápida concentración de la propiedad de la tierra entre 1981 y 2006 ha tenido objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan. Pero la palma les ha ofrecido el pretexto y negocio adecuado para apoderarse de tierras de campesinos y especialmente de afrocolombianos. Los paramilitares colombianos han seguido el modelo de la mafia calabresa denominada ’ndrangheta, que consiste en Italia en la expropiación mafiosa: la coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar, la apropiación de los subsidios de la Comunidad Europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva, y la apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales (Frank Furet, “La ’Ndrangheta”, Banc Public 126, Bruselas, enero de 2004). La convergencia entre las auc y la mafia calabresa no es una casualidad. Objetivos y métodos coinciden. Pero lo que en Italia es mafia tradicional relegada a la ilegalidad por el desarrollo capitalista que puede utilizarla, pero no la reconoce como suya, en Colombia es parte esencial del sistema de tenencia de la tierra que sigue vigente desde la conquista española y que desplaza violentamente una y otra vez al campesino a las selvas, convirtiéndolo en colono y en ocupante de territorios indígenas. En el modelo agrícola de la mafia calabresa, al despojo de tierras valorizables se agrega el apoderamiento de los subsidios agrícolas de la Unión Europea y en especial los destinados a los olivares. En este caso también lo que en Italia es mafia aquí se desarrolla como virtud en la forma de capitalismo burocrático. Reciben los créditos del Banco Mundial, los subsidios del Estado, las exenciones de impuestos “para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial”, subordinando a los pequeños productores a estos proyectos si quieren recibir el subsidio: el subsidio aparentemente entregado a los pequeños, fluirá realmente para proyectos empresariales, de “los empresarios eficientes de San Alberto” de que hablaba el presidente Uribe en la campaña electoral. La patente colombiana de este procedimiento capitalista burocrático la tiene el olivo del trópico, la palma aceitera. El negocio para el “empresario” es ideal: no tiene obligaciones laborales porque los trabajadores son socios; si los trabajadores campesinos han recibido tierra o si han entregado su tierra, tampoco tendrá el empresario que pagar impuesto predial; y para completar, como el precio internacional del aceite tiene una tendencia a la baja, el “socio” campesino corre con las pérdidas, incluido el grave deterioro del suelo. Es la experiencia de Malasia. Finalmente el pequeño pierde una tierra que ya no valdrá para la agricultura ni para él, pero sí para los proyectos de inversión no agrícolas de los socios mayores. En la situación colombiana la rentabilidad de las plantaciones de palma adquiere un sentido diferente, en la medida en que en varias regiones la expansión de la palma está ligada con la economía de la cocaína y la inversión inicial en viveros y años de espera para producir es posible gracias a la preexistencia de grandes capitales acumulados en el narcotráfico o de pequeños ahorros fruto de la producción de coca. En este sentido la expansión de la palma ha resultado una forma eficiente de lavar dinero bajo la protección y el fomento estatal e internacional. Si por lo menos esto fuera dirigido a sustituir definitivamente la economía de la cocaína, tendría al menos ese efecto positivo, pero el dominio de ambos negocios por el paramilitarismo articula ambos negocios en uno y los liga al despojo de las tierras de los afrocolombianos y otras comunidades rurales. Sin embargo, esta máquina sigue siendo fomentada por el Estado colombiano y la “comunidad internacional”. La legislación a favor de la palma aceitera y otras plantaciones abunda. Están exentas de impuesto de renta según la Ley 939 de 2004 y el Decreto 1970 de 2005. Según la Ley 939 el biodiesel está exento del impuesto a las ventas y del impuesto al acpm [aceite combustible para motor]. El Plan Colombia y el Banco Mundial han establecido programas de fomento de la palma aceitera. Proyectos de ley actualmente en curso, prevén subsidios e inversiones estatales. Plan Pastrana. El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana ofreció el 1 de marzo de 2001, en Malasia, tres millones de hectáreas para cultivar en Colombia palma aceitera. El proyecto que el mandatario presentó a empresarios malasios congregados en la conferencia organizada por la Asian Strategy Leadership Institute (ASLI), buscaba ser desarrollado con inversión del país asiático. “La extensión de los cultivos de palma de aceite se ha convertido en un verdadero propósito nacional, para que, con ella, lleguen el progreso, la inversión y el desarrollo social a amplias zonas de Colombia que hoy están listas para unirse al cultivo y el procesamiento de este bien primario”, dijo. El desarrollo de estos macroproyectos, a los que ofreció vincular inversiones de Malasia, se haría con núcleos de producción de al menos 20 mil hectáreas, cada uno con planta de beneficio para extractar el aceite. La inversión por cada núcleo se estimó en 70 millones de dólares para ejecutar principalmente a través de la Promotora de Proyectos de Siembra de Palma de Aceite, Propalma sa, en la cual participan 43 empresarios del sector, Proexport y Coinvertir. Pastrana gestionó con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera, y de las ocho zonas seleccionadas para el programa cinco eran de dominio de los grupos paramilitares (Urabá, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centro-norte del Meta) y en una zona había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas-norte del Tolima-noroccidente de Cundinamarca). En 1998, en Colombia había 145 mil hectáreas sembradas de palma y actualmente hay más de 300 mil, un crecimiento superior al 100%. A pesar de la política de las empresas procesadoras de no ser las propietarias de las tierras de plantación, éste es un cultivo de gran propiedad y de hecho una tercera parte está en fincas de más de dos mil hectáreas y otra tercera parte en fincas de entre 500 y dos mil hectáreas. El control paramilitar y la represión política han logrado que no se presente la organización diferenciada de empresas procesadoras y proveedores y todos se agrupan en Fedepalma. Proyecto Gaviotas 2. El Proyecto Gaviotas 2 que tanto ha promovido Uribe, se relaciona en realidad con megaproyectos de origen japonés, previstos hace 30 años y que incluyen la privatización del río Meta y la apropiación de extensos territorios de Meta, Casanare y Vichada. Una etapa preparatoria de 30 años la cumplieron los paramilitares que concentraron la propiedad en pocas personas aunque aún tienen el obstáculo de los resguardos indígenas a los que proponen entregarles 600 mil hectáreas. El megaproyecto cubriría tres millones de hectáreas con palma aceitera y pino caribe. Su impacto ecológico sería enorme. Desgraciadamente empresarios españoles y de la Unión Europea se han ligado a este plan. El gobierno espera ligar este proyecto con la reinserción de los paramilitares y convertirlos en fuerza de doble papel: mano de obra barata y disciplinada y control político-militar de la frontera con Venezuela. Cuando el precio del biodiesel caiga, la ecología que permite la vida indígena se habrá roto, y la región quedará en manos de los de siempre. Resistencia. Tres son las fuentes de resistencia contra estos proyectos. La resistencia de los trabajadores, tanto la reducida vanguardia que con gran sacrificio y lucha han mantenido sus organizaciones sindicales, como aquéllos que se han visto obligados a constituir “cooperativas” y que, como se demostró en enero de 2005 en Cesar, también pueden hacer huelgas exitosas y voltear contra los empresarios la ficción de la ausencia de contrato de trabajo, pues sus huelgas no pueden ser declaradas ilegales. La resistencia de indígenas, afrocolombianos y campesinos que defienden sus territorios y derechos fundamentales. El movimiento ambientalista internacional que en todo el mundo está denunciando los nefastos impactos ecológicos de la fiebre del biodiesel y la palma aceitera. Unir estas tres fuentes y convertir sus propuestas en un movimiento nacional y mundial, hará posible que las personas, las culturas y los bosques no sean consumidas como biodiesel y podamos tener un futuro amable para la naturaleza, los indígenas, los afrocolombianos y los trabajadores de Colombia. Éste es un fragmento de “Colombia, caña de azúcar y palma aceitera, biocombustibles y relaciones de dominación”, que apareció en el Boletín de la Red por una América Libre de Transgénicos, número 289, 29 de noviembre de 2007.