República Dominicana Luis Cabrera Azua tiene una población de unos 200 mil habitantes cuya fuente principal de ingreso es la actividad agropecuaria. El Valle de Azua tiene una superficie de 19 mil hectáreas de vocación agrícola y en la zona de montaña se encuentra una área de vocación agroforestal. Azua tiene un clima cálido y hasta 1976, no contaba con una gran fuente de agua. Se cultivaban guineo (banano), plátano, yuca, habichuela, melón, y ají (chile) entre otros. En 1974, se inició la siembra de tomate industrial. En 1976, con la construcción del canal del Yaque del Sur, la economía de la provincia se convirtió en una de las principales provincias productivas de la región sur del país. El estado dominicano facilitó canales de riego y se desarrolló una siembra intensiva del tomate. El éxito de la producción lleva a las compañías que tenían sus plantaciones de procesamiento en la región norte del país a instalar sus molinos en Azua. La siembra del tomate en la región se inicia en octubre y el ciclo de cultivo es de 120 días. Los tomates se procesan para producir diferentes derivados de tomate como pasta, catchup, conserva y vinagre. Los productos se venden en los colmados (tiendas locales de pequeño consumo) y supermercados en todo el país y, en menor cuantía, son exportados al país vecino de Haití. En los ochenta y noventa, el tomate fue producido con un gran paquete tecnológico de pesticidas, fungicidas y herbicidas muy fuertes, muchos de los cuales están prohibidos hoy en día. Como muchas veces pasa, los grandes agroempresarios maximizan su capital sobre la base de una alta productividad sin darle gran importancia a lo que pueda pasarle a la población y al ambiente. Ese paquete tecnológico no sólo perjudica la salud de los trabajadores y contamina las aguas de la zona, también elimina la mayoría de los insectos benéficos. En 1994 se encontró mucha mosca blanca (bemisia tabaci). A partir de entonces, se desequilibró el ecosistema de la provincia lo que provocó grandes enfermedades en las plantaciones del tomate y en la mayoría de los cultivos de hortalizas como la berenjena, el molondrón, el ají (chile), el melón, el pepino y la sandia, entre otros. Mecanismos de financiamiento. La gran mayoría de las familias campesinas de Azua no tienen títulos definitivos de terreno propio —algunas tienen parcelas de reforma agraria (proceso que inició en los años setenta) y otras trabajan en parcelas comunitarias. Para hacer realidad la permanencia del tomate industrial como una apuesta para la economía del país y poder desarrollar sus agronegocios, los empresarios desarrollaron una estrategia con el apoyo de sus aliados (principalmente en el ministerio de Agricultura). La estrategia es firmar contratos con los productores para el financiamiento, y por lo tanto el control, del proceso de cultivo. Las empresas financian una mayor parte de la inversión de la siembra: desde preparar la tierra hasta el transporte del producto, de la parcela a donde se realiza el pesaje. A la hora del pago por la cosecha, los costos se descuentan del productor, con los intereses correspondientes, después de pesarla. Los productores pequeños y medianos que financian las empresas son denominados “colonos tomateros” y se dividen en 3 tipos: Colono A, B y C según la regularidad con que siembren, y su productividad. Los productores de tomate que no firman contratos de financiamiento con las empresas se llaman “tomateros independientes” y deben firmar contratos de venta con las compañías. Para asegurarse el reclutamiento de los productores y tener superficies considerables que le permitan éxito en la cosecha de cada año, las agroempresas no sólo reclutan a los parceleros con avance y otras modalidades como la nivelación o preparación de la tierra con maquinaria; también tienen un técnico a su servicio por cada cierta área de cultivo. El financiamiento de las empresas incluye el suministro de todos los insumos agrícolas, que se aplican a las parcelas mediante brigadas de trabajadores, facilitadas por las empresas, usando un aparato llamado la bomba estacionaria. La industria facilita el cheque por cada actividad para la realización de las labores agrícolas controlando así las aplicaciones y el manejo en cada una de las siembras. El hecho de avanzarle dinero al colono a cambio de la siembra crea una dependencia que al final crea problemas en cuanto a la lucha por mejores condiciones. La mano de obra. Es cierto que el tomate es una fuente de empleo en un país donde reina el desempleo, pero ese empleo es injusto y parcial, pues la zafra tomatera sólo dura unos 120 días y el resto del año las comunidades siguen con problemas de desempleo. Además, principalmente son tres grupos poblacionales los que se aprovechan como empleados: los migrantes haitianos, las mujeres y los niños y niñas. Las agroindustrias tienen una cantidad importante de empleados controlados por ellas mismas: trabajadores agrícolas en sus fincas privadas (en su mayoría haitianos), trabajadores en las plantas procesadoras, y transportistas, entre otros. Al final de cada zafra de tomate, algunos se quedan para el procesamiento de otros cultivos (maíz y guandul), pero una gran proporción es despedida por las limitaciones laborales. Además, las agroempresas acostumbran violar las normas y las leyes laborales. En cuanto intentan sindicalizarse los trabajadores, son despedidos y no regresan más. El papel del Estado. Es muy sabido que los últimos cinco gobiernos en el poder han descuidado la zona rural, en especial a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Con el fin de quitarse lo que ellos llaman “la carga campesina”, prefieren que el sector privado sea quien asuma el papel que le corresponde al Estado. En el caso del tomate, el gobierno, mediante el ministerio de Agricultura, decidió apoyar a las procesadoras de tomate dándoles todas las facilidades para que se mantengan en el campo produciendo, aunque los campesinos paguen los efectos del desajuste y la crisis en el sector. La política es proteger la inversión privada mientras aumenta cada día más su capital. Las industrias han creado un modelo de autoproteccionismo a su favor (desde el Estado) con el argumento de invertir y de crear empleos en la zona rural, sobre todo en las comunidades donde se produce tomate. A raíz de la crisis de la mosca blanca por los efectos de la degeneración del suelo, se creó un consejo de Manejo Integrado de Plagas (mip), presidido por los técnicos de los agroempresarios. El consejo manejaba la política de las resoluciones para la aplicación de la veda: la prohibición de todo cultivo hospedero de la mosca blanca (melón, sandía, ají, berenjena, habichuela) durante los tres meses previos a la siembra del tomate (julio a septiembre). Los gastos de la veda, por la cual se eliminan cerca de 70 a 80 mil tareas de cultivo por año en Azua, son cubiertos por las agroempresas procesadoras —éstas pagan el combustible de los vehículos y las dietas de los militares que vigilan la zona. En términos reales, es un precio que se paga por la protección al empresariado y es por esa razón que, por más de 16 años, las industrias han manejado la siembra a su criterio sin tomar en cuenta a los productores ni a sus organizaciones. Consciente de esta realidad, desde 1992 intervino la Federación de Campesinos Independientes “Mamá Tingó” (Fecainmat) reclamando los derechos de los productores y las productoras y luchando por la justicia. La Federación Mamá Tingó. La Fecainmat surgió en 1989 por razones de necesidad organizativa para darle repuesta a los grandes problemas en la zona rural de Azua y el país. Agrupó a cinco organizaciones de base de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarios y de campesinos sin tierra en la lucha por la tierra y el apoyo a la producción agropecuaria por parte del Estado. La Federación se integró al asunto de tomate en el 1992 en coordinación con la Junta de Regantes del Valle de Azua para hacer cambiar la regla de juego. Se lanzó una lucha que terminó con la ocupación de las instalaciones de la agroempresa Famosa y del centro de maquinaria y equipo de la secretaría de Agricultura (Prosema). El resultado fue un acuerdo en lo que se aumentó el precio del tomate pagado al productor y se consiguió la participación en el Consejo del Manejo Integrado de Plagas y la participación en las discusiones donde se determina el destino del tomate. Esa acción provocó que los contratos entre los productores y las agroempresas donde se rigen las normas de la zafra, se definan entre ambas partes, incluyendo los costos de producción y el precio del tomate. Provocó la conformación de la Comisión Tripartita, compuesta por las agroindustrias, la Secretaria de Agricultura y la Fecainmat como representante de los y las campesinas. La Comisión Tripartita tiene las funciones de conocer todo lo relativo a la producción y la comercialización del tomate, de conocer el contrato que rige la siembra de cada año, y de establecer los convenios de la importación de tomate en caso de déficit. La postura de Fecainmat. La Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó está consciente del peligro del tomate como monocultivo, pero no puede negar que dinamiza la economía de la provincia. La Federación cree que lo que se necesita es un manejo distinto del paquete tecnológico que se implementa en la siembra para eliminar la dependencia de los agroquímicos, implementando rotaciones de cultivos que reduzcan los impactos del monocultivo. La familia Corripio, dueña de la agroindustria Victorina, es la principal accionista de un periódico nacional (el Listin Diario), un canal de televisión (Telen Antilla, canal 2) e incide en otros medios con la promoción de otros negocios de su propiedad como tiendas comerciales de electrodomésticos y ferreterías. Por lo tanto, es difícil que el movimiento campesino tenga voz en los medios de comunicación nacionales. Comunicadores solidarios han aportado materiales importantes a la lucha campesina, el video documental Tingó, bajo el sol de Azua realizado en los años noventa tras la propuesta de la Fecainmat. En Azua, el movimiento campesino todavía no tiene la fuerza suficiente para salirse del monocultivo del tomate industrial —lo cual afecta la vida de los campesinos del país y de los inmigrantes haitianos. Sin embargo, con la participación de los campesinos y campesinas de Azua, del país y del mundo, el sector campesino puede exigir con mayor fuerza organizativa que se haga lo más justo posible. Como dijo Mamá Tingó, líder campesina asesinada en 1974 durante el brutal régimen del gobierno de Joaquín Balaguer: “La tierra es para quien la trabaja”. Unidad y Luchar por un Mejor Vivir Luis Cabrera, secretario de Organización de la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó (Fecainmat) de Azua, y coordinador general de la Articulación Nacional Campesina, República Dominicana. Editado por William Austen Bradbury, técnico de la Coordinación Regional del Caribe de Veterinarios sin Fronteras. El video Tingó, bajo el sol de Azua, puede verse en: http://www.vimeo.com/4988855