Las fumigaciones del Plan Colombia

Las fumigaciones del Plan Colombia
Por Mailer Mattié(*)

En junio de 2000 el Senado de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia. Elaborado en Washington, se puso en marcha un mes más tarde sin previa consulta a la ciudadanía colombiana. Denominado "Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", se considera oficialmente un complemento al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Pretende, como objetivo general, lograr la pacificación en Colombia mediante la negociación política y el respeto a la democracia, los derechos humanos y el ambiente. Vincula especialmente la agudización de la violencia social al cultivo, producción y tráfico de drogas, al considerar estas actividades fuentes principales de financiamiento de los sectores armados.

Su costo total se ha calculado en 7.500 millones de dólares. El gobierno estadounidense se ha comprometido a aportar 1.575 millones. El Estado colombiano deberá financiar 4 mil millones de dólares, básicamente a través de privatizaciones, préstamos internacionales e impuestos. Se solicitó en principio que el resto, 1.925 millones, fuera aportado en conjunto por la Unión Europea y Japón, lo cual no ha sido confirmado hasta ahora. En la práctica, sin embargo, el Plan Colombia dista mucho de apegarse a los objetivos y principios antes expuestos. El 80% del gasto se ha destinado a aspectos de carácter militar, sobre todo a combatir la insurgencia de los grupos guerrilleros; sólo el 20% se ha invertido con fines sociales. Ha dado prioridad igualmente a la erradicación de cultivos ilícitos de coca y amapola mediante fumigaciones aéreas, fundamentalmente en la región sur del país. No obstante, los medios utilizados y las consecuencias sociales y ecológicas derivadas se han convertido en un factor de creciente descontento entre la población, seriamente afectada en su integridad y en sus derechos.

Una lluvia de glifosato

Las fumigaciones han convertido el territorio colombiano en un gran campo de experimentación de agentes químicos, mucho antes incluso del inicio del Plan Colombia. Desde 1978 se ha estado ensayando sucesivamente con diferentes fórmulas: Paraquat, Triclopyr, Tebuthiuron, Imazapyr y Hexaxinona. Su éxito, sin embargo, fue escaso, por lo cual desde 1986 comenzó a utilizarse el herbicida glifosato de la transnacional norteamericana Monsanto.

Actualmente se intentan erradicar los cultivos ilícitos específicamente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, afectando áreas fronterizas con Ecuador. Oficialmente el primer período de fumigaciones aéreas se llevó a cabo en la región del Putumayo, entre el 22 de diciembre de 2000 y el 28 de enero de 2001, aunque algunas fuentes afirman que comenzaron antes y se extendieron hasta el mes de marzo. En el Putumayo, los pobladores hablaron de fumigaciones diarias desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una extensión de 29 mil hectáreas, con intervalos de entre una semana y 15 días. En total, hasta diciembre de 2002 se calcula que fueron fumigadas alrededor de 130 mil hectáreas de coca y amapola (Fundación Hemera, 2003). Al parecer, quedan aún por erradicar aproximadamente 144 mil hectáreas. En el Putumayo, de las 50 mil hectáreas sembradas, sólo restan 3 mil. El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha prometido en Washington la extinción de todos estos cultivos para el año 2006, cuando termine su mandato. Las perspectivas son, pues, continuar con los programas de fumigación. La Unidad Cafetera Nacional, inclusive, ha manifestado su enorme preocupación porque en 2003 se extenderá el uso del glifosato a las regiones productoras de café, donde existan también cultivos ilícitos. El objetivo es destruir completamente las cuatro cosechas de hojas de coca que se recogen al año.

El costo de fumigar por vía aérea se ha calculado en 467 dólares por hectárea. De ser cierto, esto significa que se ha gastado en intervenir unas 130 mil hectáreas cerca de 61 millones de dólares. Suponiendo que la extensión pendiente sea de 144 mil hectáreas, una estimación total daría la cifra de 128 millones de dólares. Esta cantidad que representa, sin duda, un porcentaje mínimo del presupuesto general del Plan Colombia, invisibiliza, sin embargo, el costo real del programa de fumigaciones: sus graves consecuencias sociales, sanitarias, ambientales y sobre los derechos humanos de miles de personas.

El Roundup Ultra: la nueva receta para Colombia

El glifosato es un herbicida no selectivo, cuya fórmula Roundup es propiedad de Monsanto. El glifosato se creó en los años sesenta, introduciéndose tiempo después en América Latina. Hoy día tiene ventas con ingresos superiores a los mil millones de dólares anuales. El Roundup tradicional de Monsanto contiene, añadida al glifosato en forma de sal isopropilamina (IPA), una sustancia química surfactante denominada polioxietileno-amina (POEA) que incrementa su acción; sin embargo, fue considerado poco efectivo para combatir los cultivos de coca y amapola en Colombia. El que finalmente ha sido utilizado en las operaciones de fumigación se conoce como Roundup Ultra. Contiene igualmente POEA, pero se le ha agregado un nuevo surfactante: el Cosmoflux 411F. Aprobado su uso sin que se conozcan estudios previos sobre posibles efectos, mucho menos en ecosistemas tropicales, este surfactante [1] aumenta cuatro veces la acción del Roundup, al incrementar el efecto del glifosato. Esto significa que podría igualmente multiplicar por cuatro su acción tóxica [2].

Según ha denunciado la investigadora colombiana Elsa Nivia en un informe publicado en 2001 titulado "Las fumigaciones sobre cultivos ilícitos sí son peligrosas", en los Estados Unidos se recomienda para cultivos agrícolas el uso del Roundup en concentraciones del 1%, sólo sobre las malezas y con equipo de protección. En Colombia se está usando el Roundup Ultra en concentraciones de hasta el 26%, vía aérea, fumigándose de manera indiscriminada sobre alimentos, fuentes de agua, personas y animales. Al aplicarse así desde el aire, se dispersa alrededor de un área de hasta 1 kilómetro, pudiendo permanecer en los suelos por un período de entre 4 meses y 3 años. Como era de esperar, en efecto, las consecuencias humanas y ambientales de estas operaciones no tardaron en aparecer.

Sin protección bajo los riesgos

Inmediatamente después del inicio de los operativos de fumigación aérea aparecieron problemas de salud en las comunidades directamente expuestas, adicionalmente a la contaminación de sus huertos, animales y fuentes de agua. Solamente en el Departamento colombiano del Putumayo, se calcula que las fumigaciones han perjudicado a más de 300 mil personas. Allí viven, entre otros, los pueblos indígenas Cofán, Inga, Embera, Paez y Awa. Es un territorio alejado, identificado casi exclusivamente con asuntos del narcotráfico y violencia armada. Sus graves problemas sociales y ecológicos, desde luego, permanecen invisibles, como han denunciado reiteradamente en instancias internacionales la organización Alianza Amazónica y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA).

Los primeros informes señalaban que los pobladores de las zonas recién fumigadas presentaron náuseas, dermatitis y trastornos estomacales. Los habitantes de Río Blanco de Sotar, por ejemplo, denunciaron, además de esos mismos síntomas, problemas de visión y dolor de oído. En 2002, el Alcalde de Puerto Guzmán confirmó incluso la muerte de siete personas por intoxicaciones que se atribuyeron al Roundup Ultra. No hay que olvidar, por otro lado, que las principales regiones afectadas comparten frontera con Ecuador. En consecuencia, los daños de las fumigaciones se han sentido igualmente en pueblos de la provincia amazónica de Sucumbíos, ubicados en el Valle del Guámez y el río San Miguel. Su población vive mayoritariamente en condiciones de pobreza, a pesar de la intensa explotación foránea de sus territorios, incluyendo unas 20 comunidades de nacionalidad kichwa. Desprotegidas e indefensas, miles de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de vida y subsistencia. Mientras, sin pausa, las fumigaciones del Plan Colombia siguen su curso.

¿Qué ha cambiado?

El área de cultivos de hojas de coca se triplicó en el territorio colombiano en cinco años apróximadamente. Entre 1994 y 1999 pasó de 45 mil hectáreas a 122 mil. Esto sucedió, en efecto, a pesar de la inversión de unos 600 millones de dólares en gastos militares y logísticos destinados a combatir el narcotráfico [3]. Los cultivos fueron ocupando cada vez mayores zonas en la selva, ecológicamente frágiles y habitadas por pueblos indígenas y campesinos pobres. Obviamente, el rápido crecimiento de esta producción estuvo respaldado por el aumento de la demanda del alcaloide en los países consumidores, incluyendo los Estados Unidos.

Desde luego, resulta claro que mientras no se desarrollen políticas sociales que beneficien a los sectores de la población que habita esas regiones, una alternativa de sobrevivencia continuará siendo el cultivo ilícito. La violación del derecho de los pueblos indígenas a vivir en paz y con autonomía en sus territorios, la deuda externa y las políticas económicas impuestas por el FMI, contribuyen también en gran medida a fortalecer esta situación. Se calcula que actualmente 50 mil familias dependen de los ingresos que obtienen por esos cultivos. El dinero que reciben es unas seis veces más de lo que obtendrían por dedicarse a otros productos. Los narcotraficantes, además, se encargan de proveer todos los medios necesarios, incluyendo el retiro de la producción desde los lugares de siembra, por muy retirados o incomunicados que se encuentren. Aun así, hay que señalar que en Colombia diversas comunidades indígenas han firmado acuerdos con el gobierno, comprometiéndose a erradicar manualmente los cultivos ilícitos que pudieran hallarse en sus territorios. La Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), no obstante, ha denunciado repetidamente el incumplimiento oficial de esos acuerdos, tras haberse dado vía libre a las fumigaciones aéreas sobre sus tierras.

¿Por qué, pues, se autorizan estas operaciones que tienen, además, un marcado carácter militar? Evidentemente existen beneficios, económicos y políticos. Por un lado, la erradicación manual es lenta y, en consecuencia, más costosa, incluyendo los programas sociales y de producción alternativa que en tal caso tendría que implementar el gobierno. Por otra parte, hay que recordar también que Monsanto obtiene ganancias, experimentando sin mayores riesgos legales sus nuevas fórmulas. Por su lado, Estados Unidos tiene en sus manos la excusa perfecta para intervenir en un país prioritario a sus intereses geopolíticos, donde actúan grupos insurgentes armados. Allí pretende, entre muchas otras cosas, abrir un nuevo canal interoceánico bajo su control. Se trata, en todo caso, de vulnerar profundamente la soberanía en una zona indispensable para sus objetivos a corto plazo en toda la región andina. Estos incluyen, por supuesto, la explotación de los recursos naturales y energéticos de los territorios indígenas, ubicados en una de las áreas de mayor biodiversidad del Planeta.

Lo cierto es que las fumigaciones se han realizado a cambio de un enorme costo humano y ambiental, en una región donde millones de personas sufren las consecuencias de la violencia armada y la pobreza. Los operativos han violentado no sólo los derechos legales de las comunidades indígenas, sino que han generado a su vez mayor violencia y desplazamientos. Se estima que unos 50 mil campesinos e indígenas del Putumayo podrían desplazarse, sin más, hacia las provincias vecinas de Ecuador.

Muchas son, en realidad, las bases legales que han sido infringidas. Normas constitucionales y de derecho internacional, incluyendo el principio de precaución formulado en 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y ratificado posteriormente en otros foros internacionales. Este último establece, en efecto, que toda sustancia o producto, antes de utilizarse, deberá demostrar su inocuidad y compatibilidad con la salud pública y la calidad del ambiente. Se trata, en general, de una absoluta falta de responsabilidad y prevención, más aún cuando las comunidades afectadas ni siquiera fueron informadas acerca de los riesgos que corrían.

Las protestas, en consecuencia, también han sido continuas y diversas. La Confederación Indígena de Ecuador, por ejemplo, ha exigido al gobierno desde el año 2001 que gestione la suspensión de las fumigaciones en la frontera, declare la emergencia en las zonas afectadas e indemnice a la población, manifestando a la vez su rotundo rechazo al Plan Colombia. Según ha informado la Fundación Hemera en febrero de 2003 [4], comunidades indígenas y campesinas de Ecuador, ante los efectos sufridos por las fumigaciones, interpusieron un recurso de amparo constitucional. Éste fue acogido por un Tribunal, el cual dictaminó que los órganos correspondientes del Estado ecuatoriano tomaran medidas urgentes. Dicho Tribunal afirmó también que los testimonios y documentos aportados durante el proceso, no dejaron dudas acerca de las consecuencias en seres humanos, plantas y animales de las fumigaciones con glifosato. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo en Colombia presentó en el año 2002 un informe al respecto. Pero, evidentemente, tuvo mayor repercusión en escenarios internacionales que en el seno del gobierno nacional. Al contrario, la respuesta del Presidente Uribe fue categórica: "El país no puede suspender ninguna de las acciones de derrota de la droga".

Es más, el 31 de enero de 2003 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una Resolución autorizando un cambio en la concentración de glifosato, aumentando la cantidad utilizada hasta ahora. Es posible que esta decisión esté vinculada, en realidad, al hecho de que la efectividad del Roundup Ultra no haya sido la esperada. El Defensor del Pueblo, no obstante, solicitó de inmediato la anulación de esta Resolución, argumentando violación a la Constitución colombiana y los derechos humanos. Mientras tanto, las comunidades continúan padeciendo las consecuencias, y continuarán haciéndolo durante años. En las tierras que trabajan, probablemente, lo único que podrá cultivarse en adelante serán las semillas transgénicas de Monsanto, resistentes, como se sabe, al glifosato.

Notas

(*) Economista, especialista en Antropología Económica y Cooperación internacional al desarrollo sostenible.
C.e.: