Sudarmin Pabila, de pie en la ladera de una colina, mira hacia abajo las interminables hileras de palma aceitera y comenta: “Ahí teníamos nuestros árboles frutales y debajo cultivábamos arroz. Una mañana de 1994, Sudarmin y otros cultivadores del distrito Buol, de Sulawesi Central en Indonesia, regresaban a sus fincas cuando se encontraron a un grupo de trabajadores, custodiados por soldados, que estaban talando árboles en los bosques circundantes. Se les dijo que se estaba abriendo un camino. Pero pronto entendieron que era tan sólo el comienzo de una operación mucho mayor. Todas sus tierras y bosques ancestrales les sido arrebatados, sin que ellos supieran o hubieran negarse, a una de las familias más ricas y poderosas de Indonesia, para establecer una gran plantación de palma aceitera de 22 mil hectáreas. Durante los siguientes tres años siguientes, fueron destruidos los bosques y las tierras de cultivo que servían a más de 6 mil 500 familias. Sudarmin y sus vecinos de la comunidad se plantaron frente a la maquinaria y se ataron a los árboles, pero como la operación contaba con tanto apoyo militar, fue poco lo que pudieron hacer. Hoy, a sus fincas y bosques los cubre un interminable monocultivo de palma aceitera perteneciente a la empresa PT Hardaya Inti Plantations, cuyos dueños son el magnate de negocios y operador político Murdaya Widyawimarta y su esposa Siti Hartati Cakra Murdaya, a través de su conglomerado empresarial, el Grupo Cipta Cakra Murdaya. Ola de acaparamientos de tierras. Sulawesi es uno de los principales objetivos para la impresionante expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Desde 2005, casi se duplicó el área cubierta en Indonesia con cultivos de palma aceitera y en la actualidad cubre 8 millones 200 mil hectáreas, cerca de un tercio de toda la tierra arable del país. Con muy poca tierra disponible para expandirse en la isla de Sumatra, donde tradicionalmente se concentraba la producción, las empresas fijan su interés en las islas de Kalimantan, Sulawesi y Papua. Varios de los productores más grandes de aceite de palma están expandiéndose incluso a las Filipinas y África Occidental. A esta expansión la incentiva una creciente demanda mundial de aceites vegetales baratos para el procesamiento de alimentos y para biocombustibles. Pero también es resultado de una desigualdad brutal. Los principales protagonistas en la industria del aceite de palma en Indonesia son compinches del ex-presidente Soeharto. Son quienes ahora utilizan sus grandes capitales acumulados y sus conexiones políticas para arrebatar tierras de las comunidades más marginales del país, a menudo coludidos con compañías extranjeras de agronegocios y con bancos extranjeros, muchos de ellos con base en Singapur y Malasia. Una empresa con relaciones de alto nivel La Pt Hardaya Inti Plantations se apropió de las tierras de Buol durante los últimos años del reinado de Soeharto. Los propietarios de la empresa, Murdaya Widyawimarta y Siti Hartati Cakra Murdaya, amasaron su fortuna al obtener lucrativos contratos con el gobierno de Soeharto, antes de diversificarse a la hotelería, a las plantaciones e, incluso, a las fábricas de zapatos que abastecen a corporaciones como Nike y Lacoste. En 1998, al caer la dictadura de Soeharto, ambos se acercaron más directamente a la política y fortalecieron sus conexiones —que llegan hasta el presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Los otros principales accionistas de Pt Hardaya Inti Plantations son también importantes actores políticos, como la Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección a la Infancia, Linda Amalia Sari, y el hijo del anterior jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional, Ronny Narpatisuta Hendropriono. Promesas rotas A pesar de las fuerzas poderosas desplegadas en contra de ellos, los pobladores del Distrito Buol siguieron decididos a recuperar sus tierras. Una serie de bloqueos carreteros y otras acciones de protesta obligaron a la Pt Hardaya a negociar un acuerdo en mayo de 2000. La empresa accedió a devolver 4 mil 900 hectáreas de tierra para compensar a los campesinos desplazados y establecer un programa de agricultura por contrato —conocido en Indonesia como agricultura plasmática— mediante el que la compañía prepararía y plantaría 2 hectáreas de palma aceitera para cada familia y compraría la cosecha al precio pactado. Sin embargo, tan sólo un mes después la empresa desconoció el acuerdo y a cambio ofreció desarrollar un programa de cultivo por contrato en 15 mil hectáreas fuera del área concesionada, en tierras que el gobierno provincial tendría que identificar. Esto significó una dolorosa derrota para los pobladores de la región. Agotados por los años de lucha y sin ningún apoyo gubernamental, sus protestas se desvanecieron y la compañía avanzó en sus operaciones. De mal en peor. En los siguientes años se fue deteriorando la situación de los campesinos. La empresa descubrió que gran parte de la tierra que había adquirido no era productiva y empezó a expandirse fuera del área concesionada. Los mapas oficiales muestran que la compañía invadió varios miles de hectáreas de tierra, principalmente aquellas reservadas a las familias que se trasladaron al área por un programa de Soeharto para establecer campesinos sin tierras procedentes de otras partes del país. La deforestación y las plantaciones de palma aceitera a lo largo de las riberas de los ríos y sobre las laderas de los cerros tanto dentro como fuera del área concesionada ha ocasionado una erosión grave del suelo, y la mayoría de éste se escurre hasta el rápido cauce del río Buol. “Solíamos tener tres inundaciones anuales en nuestros campos de arroz” cuenta Yahyah, un campesino que fue trasladado río abajo a mediados de los años 90, después de que su comunidad fue destruida para dar paso a la concesión. “Ahora, nos llegan de seis a ocho inundaciones al mes, y la inundación está destruyendo nuestra producción de arroz.” El programa de agricultura por contrato prometido por la compañía casi no se ha materializado. Hasta el momento, sólo se han destinado al programa 400 hectáreas, y la mayoría de estas tierras han ido a parar a manos de políticos locales que apoyan a la empresa. Paraman Yunus, un campesino incluido en el programa de cultivo por contrato, comenta que el pago mensual de la compañía apenas alcanza los 40 dólares. “La empresa nos mantiene totalmente desinformados acerca del cálculo de precios”, cuenta Paraman. “Y la mayoría de los ingresos sirve apenas para pagar las deudas que tenemos con la compañía por los costos iniciales incurridos para preparar las tierras.” Las condiciones de trabajo en la plantación son abismantes. Hay más de 3 mil personas trabajando en ella, muchas de las cuales perdieron su tierra por la empresa. Los trabajadores viven en campamentos ruinosos y se les paga según la cantidad cosechada. Hamsi es uno de esos trabajadores que vive con su esposa e hijos en un apretado cuartito en uno de los campamentos de trabajo de la plantación. Él y su mujer han trabajado aquí largo y duro durante los pasados 13 años. “No importa cuán duro uno trabaje, estamos siempre endeudados,” señala Hamsi. Los salarios miserables que se pagan no son los únicos que mantienen a los trabajadores en la pobreza. La compañía constantemente les hace descuentos por toda clase de gastos û desde la electricidad y agua que consumen en sus hogares, hasta las herramientas y equipos de seguridad que necesitan para trabajar. Hamsi dice que a fin de mes no queda nada de dinero. La esposa de Hamsi, tal como otras mujeres trabajadoras de la plantación, es responsable de asperjar pesticidas. Uno de ellos es el Gramoxone (paraquat), un herbicida prohibido en más de 30 países por sus graves impactos en la salud humana. Ella indica que no fue entrenada por la empresa y que no se le proveyó de equipo protector, que ha rociado pesticidas durante todo sus embarazos y desde muy luego después de los partos, ya que no puede darse el lujo de tomar días libres, pues no se los pagan. Resistencia renovada En 2012, los líderes de tres de las comunidades que fueron destruidas por el establecimiento de la plantación, se contactaron con el movimiento nacional campesino AGRA. Para entonces, los trabajadores de la plantación formaron un sindicato y habían comenzado a presionar por mejores condiciones de trabajo. En conjunto, decidieron emprender nuevamente la lucha contra la compañía como Foro Tani Buol. En octubre de 2012 enviaron una delegación de dirigentes a Yakarta para reunirse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y negociar con la compañía en sus oficinas centrales. Organizaron entonces un bloqueo carretero y ocuparon la oficina del alcalde. En cada caso, los funcionarios de gobierno y de la empresa intentaron solucionar el conflicto de tierras, respondiendo con promesas basadas en el acuerdo original de mayo de 2000. Sin embargo, nada se materializó. Frustrados por la falta de acciones, los campesinos y trabajadores ocuparon la fábrica procesadora de la compañía en marzo de 2013. El gobierno envió militares para desalojarlos, pero no antes de haberle arrancado al gobierno la promesa de imponer una solución. Pese a los años de promesas incumplidas, los campesinos son optimistas, y piensan que podrán conseguir la restitución de sus tierras. Señalan que finalmente el gobierno local está poniéndose de su parte, y que sus demandas son apoyadas por una comisión de trabajo aceptada por el gobierno y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, los dueños de la empresa se han debilitado. Ahora, Siti Hartati Cakra Murdaya está cumpliendo una condena de dos y medio años de cárcel por sobornar un funcionario local para que permitiera la expansión de la plantación más allá de los límites del área concesionada. Los campesinos han comenzado a discutir lo que harán con las tierras una vez que les sean devueltas. Han acordado que las tierras deberían manejarse colectivamente y no a través de propiedad individual, y reconocen que no tiene otra opción que mantener la producción de aceite de palma hasta que los árboles existentes estén totalmente maduros y puedan ser reemplazados por otros cultivos. El problema, sin embargo, es que la compañía no accede. El año pasado no asistió a una reunión con los pobladores organizada por el gobierno local y existe el temor comprensible de que la empresa active sus profundas conexiones dentro del gobierno y el ejército para abortar la resolución una vez más. Una lección del acaparamiento de tierras para aceite de palma Las experiencias de las comunidades de Buol muestran que los profundos impactos de las plantaciones de palma aceitera sobre las comunidades locales empeoran con el tiempo. Los ínfimos beneficios que entrega una plantación, tanto en trabajo como con la agricultura por contrato, no sustituyen lo que pierden las comunidades en acceso y control sobre la tierra y el agua que utilizan para asegurar sus necesidades de alimento y sustento. “Nosotros lográbamos obtener todo los alimentos que necesitábamos de una estación de cultivo”, cuenta Samisar Abu, madre de tres hijos que perdió la tierra familiar a manos de la Pt Hardaya Inti Plantation. “Mis padres ganaban suficiente con los cultivos como para pagar nuestros gastos escolares, pero, ahora, yo no puedo hacer lo mismo con mis hijos.” A lo largo de los 20 años que han luchado los campesinos de Buol para lograr la restitución de sus tierras y mejorar las condiciones de trabajo en las plantaciones, no han obtenido sino palabras vacías por parte de la compañía y del gobierno. Las únicas ganancias reales obtenidas en su lucha han surgido de la acción directa. Han logrado forzar un progreso en las negociaciones sólo cuando bloquearon caminos y ocuparon instalaciones. El riesgo de estas acciones, sin embargo, es la represión violenta. Si en esta última ronda de conversaciones no se consigue asegurar tierras para los aldeanos, el conflicto crecerá inevitable. Es en este contexto que se vuelve tan importante la solidaridad internacional y el monitoreo de la situación. Los campesinos pobladores de la región buscan una mayor exposición internacional de su causa y señalan que una de las formas en que las personas pueden apoyar es firmando una petición que harán llegar a Pt Hardaya Plantation. Piensan también que es crucial para ellos tener un mapa más detallado del área, que clarifique el uso de la tierra antes y después de la plantación, y buscan ayuda para financiar este trabajo. Las personas que deseen ponerse en contacto con los campesinos de la región pueden hacerlo a través de AGRA: agra indonesia <[email protected]>