El pueblo colombiano, que continúa sufriendo décadas de conflicto interno, desplazamientos forzados, violencia estatal, insurgente y paramilitar y, sobre todo, el control de sus territorios por el poder corporativo, sigue resistiendo de manera inclaudicable defendiendo sus raíces, sus valores, sus hijos y sus territorios. Es maravillosa la creatividad puesta en juego para no sólo sobrevivir sino también seguir soñando con un país libre de violencia pero también de poderes corporativos que lo desangren. Como todo este número de Biodiversidad saludamos estas luchas y a ese pueblo con un Vistazo que nos brinda un pantallazo de esa enorme diversidad de resistencias. El Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida ¡Ríos Vivos! y la Asociación de Víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, acompañados de organizaciones sociales, especialmente de pescadores, campesinos e indígenas, comunicadores sociales, estudiantes universitarios, intelectuales, escritores y artistas, ambientalistas y observatorios de Paz, entre otros, concluimos en La Dorada Caldas, el 29 marzo, el primer tramo de la movilización “El río de la vida”, “Somos el río” que iniciamos el 14 de marzo en el Macizo Colombiano con un ritual yanakuna en San Agustín. Durante el recorrido logramos recolectar información escrita y testimonial básicas para profundizar en los estudios que socializamos sobre el modelo extractivista, financierista por despojo y los impactos socioambientales generados por la política minero-energética y los agronegocios del gobierno de Santos y los que se generarían con la imposición del Plan Maestro de Privatización del río Magdalena concesionado a la estatal Hydrochina para generación de energía y de navegabilidad al servicio de las corporaciones transnacionales, desconociendo las múltiples iniciativas que diferentes organizaciones sociales y, específicamente, de pescadores han construido en defensa de los ríos, macizos, ciénagas, páramos, humedales, entre otras, de manera autónoma en favor de sus necesidades para el Buen Vivir. Miller Armín Dussán Calderón, Movilización ¡El Río de la vida! concluye su primer tramo, 6 de abril, 2015 Las comunidades indígenas de Corinto continúan cumpliendo con el mandato ancestral de la liberación de la Madre Tierra, por eso convocaron a todo el pueblo del norte del Cauca a participar en la minga de siembra que se realizó el 24 y 25 de marzo de 2015, en las haciendas que ocupan pacíficamente. “La gente está viviendo acorralada en los altos de las montañas, prácticamente vive colgada de los barrancos, a la intemperie, con la tierra agrietada; con todas las necesidades. Está hacinada en sitios que son de reserva como los páramos. Nosotros queremos volver a la parte plana porque estos territorios les pertenecieron a nuestros antepasados. La liberación la queremos hacer no sólo desintoxicando la tierra de los monocultivos sino conservando los humedales y los ojos de agua que están en los páramos. De que volvamos a la parte plana también depende el rescate del equilibrio de la Madre Tierra”, explicó un guardia indígena de Corinto. Una comunera nos recuerda la importancia de la Liberación de la Madre Tierra para la pervivencia del pueblo nasa: “Queremos liberar el territorio con el fin de hacernos a la tierra. Nosotros no pensamos que aquí nos vamos a llenar de plata. Lo que queremos es dejar un sendero para nuestras generaciones venideras para que ellos sigan con esta labor de la liberación.” Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa, Cauca: Minga de siembra para devolverle el equilibrio a la Madre Tierra, 7 de abril, 2015 Ante la inmovilidad del gobierno y su naturaleza antipopular, las organizaciones campesinas han constituido y consolidado varias Zonas de Reserva Campesina por las vías de hecho, acogiéndose a todos los requisitos que expresa la ley. Es el caso del Catatumbo, donde pese al histórico actuar de grupos paramilitares miles de labriegos han logrado construir ellos mismos —con base en la organización campesina—, el ideal de autonomía y la reconfiguración de su territorio. “La Zona de Reserva Campesina (tanto la del Catatumbo, como otras) se creó de hecho ante el incumplimiento de la ley 160 por parte del gobierno. Todo el trámite administrativo está cumplido y no existe ningún impedimento para constituir la ZRC en el polígono de Tibú y en zonas de San Calixto y Hacarí, pero Santos faltó a su palabra, incumplió los compromisos que adquirió para levantar el paro campesino. Por eso el Catatumbo es ya una Zona de Reserva Campesina de hecho”. Hasta 2001 apenas se habían constituido seis ZRC: Guaviare, Pato-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur de Bolívar, Cabrera (Sumapaz, Cundinamarca), Bajo Cuembí (Putumayo) y Valle del Río Cimitarra. Hasta el año 2012 había varias solicitudes pendientes, entre las que se cuentan las ZRC “de hecho” en Lozada (Caldas), entre otras 11 que cumplen requisitos y ya suman unas 54 solicitudes pendientes, según Ángel Torres, presidente de ANZORC. Ordenando el territorio, cuidándolo de la tala indiscriminada, protegiendo los nacimientos, regulando el uso del suelo (exigen que se conserve el 40% de cada finca), impidiendo la extinción de animales como el pamiro, la danta, el chigüiro, el chamir y regulando la cacería, campesinos y campesinas construyen un futuro frondoso y en paz con la naturaleza, son guardianes de su existencia futura. Encuentros de esperanza: Seminario Internacional de Zonas de Reserva Campesina en Colombia, ANZORC, 5 de marzo, 2015 Un grupo de ciudadanos, activistas ambientales, redactó y está haciendo circular una carta abierta hacia los senadores y representantes a la Cámara por el departamento de Santander, con el fin de que tomen medidas que puedan prevenir un posible “mico” en el Plan Nacional de Desarrollo próximo a ser aprobado en dichas instituciones y que podría afectar gravemente el ecosistema del Páramo de Santurbán: “El artículo 159 permite la explotación minero-energética en el área del páramo aduciendo el respeto a supuestos derechos adquiridos mediante títulos y licencias anteriores a febrero del año 2010, a sabiendas que todos los títulos y licencias de las multinacionales son anteriores a este año. Tal artículo desconoce que en la Constitución colombiana prima el derecho a la calidad de vida y a la protección del ambiente antes que los intereses económicos particulares de las empresas mineras. Es vergonzoso que el PND en trámite pretenda proteger la voracidad de las empresas extranjeras declarando sus proyectos de “interés nacional” a sabiendas que la explotación implica el uso intensivo de dinamita que dejará cráteres hasta de 600 metros de profundidad y la contaminación de las aguas con venenos altamente agresivos como el cianuro. Los artículos 47, 48, 49, 164 y 165 favorecen a las multinacionales con toda clase de garantías y particularmente con las llamadas “licencias exprés”. En atención a las consideraciones presentadas, se invita a los honorables congresistas de Santander a que demuestren su compromiso con el departamento y su capacidad de gestión logrando excluir del Plan Nacional de Desarrollo el tema del Páramo de Santurbán para que sea tratado como un proyecto legislativo autónomo que permita el debate amplio y democrático con la comunidad, las autoridades ambientales, académicas, sociales y políticas del departamento y para que recoja las verdaderas necesidades y sentimientos de la región. Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, Defender el agua como recurso estratégico para el desarrollo de Santander, 30 de abril, 2015. Para el pueblo kokonuko los “custodios de semillas”, son una estrategia de resistencia práctica que incentiva la soberanía alimentaria desde la siembra y el consumo de los alimentos tradicionales y así asegurar la alimentación como pueblos de ahora y del futuro. Los custodios de semillas seleccionan las semillas y tienen en cuenta las fases de la luna para la siembra y la cosecha. Esta dinámica de cuidado de las semillas ancestrales se viene fortaleciendo y visibilizando en los trueques, como espacios de intercambio de semillas, productos, sabores, saberes y pensamientos. En el pueblo kokonuko, desde 2003 el trueque como práctica tradicional de los pueblos ancestrales, se ha venido impulsando desde la guarda indígena en coordinación con los cabildos. La guardia indígena viene dinamizando, convocando y coordinando los trueques en las comunidades del pueblo kokonuko con el propósito de fortalecer la unidad en las comunidades de los cabildos y los resguardos de este territorio. Llevamos doce años consecutivos con el trueque, recorriendo las diversas comunidades de nuestro pueblo y donde se han ido sumando otros, como los cabildos, los programas ambientales y las instituciones educativas, quienes a través del Proyecto Educativo comunitario PEC, aquí denominado “Jigra pucha”, desde donde se busca seguir hilando saberes y prácticas propias, involucran los estudiantes con las muestras culturales y el intercambio de productos que ellos cultivan en las huertas de las instituciones educativas. Arcadio Aguilar, guardia indígena de pueblo kokonuko. Custodios de semillas ancestrales, cuidadores y protectores de vida, CRC, 5 de mayo, 2015 El 6 de mayo terminó la protesta de la comunidad del barrio Potosí, en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, quienes luego de treinta días de bloqueo y denuncia por la presencia ilegal de una cantera, lograron el sellamiento y fin de la explotación minera que se hacía desde hace veinte años. La acción estuvo impulsada por la mesa ambiental No le Saque la Piedra a la Montaña que venía denunciando ante las autoridades públicas la expansión ilegal de la explotación de Canteras Unidas La Esmeralda y su situación de ilegalidad al hacer extracción a cielo abierto en inmediaciones de una comunidad. Las consecuencias inmediatas de dicha práctica estaban generando afectaciones en la movilidad, el ambiente y el normal desarrollo social de los habitantes. Lo que colmó la paciencia de la comunidad fue la muerte de una mujer aplastada por una volqueta de la cantera cuando transportaba cerca de 20 toneladas de material extraído de la montaña. Ahí se inició un procedimiento de reclamos y acciones jurídicas ante la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Ambiente que dio como primer resultado el cese de actividades extractivas y el sellamiento provisional de la cantera mientras se resuelve la sanción y cierre definitivo. Las acciones jurídicas estuvieron acompañadas de un campamento que impedía el ingreso y salida de vehículos del predio donde se explotaba la mina. Los manifestantes organizaron varios recorridos dentro del predio, vinculando a varias organizaciones sociales de la región, acompañantes internacionales y autoridades de la alcaldía de Bogotá, como la misma secretaría de Ambiente, que pudo constatar las ilegalidades que los vecinos denunciaron. Comunidad de Ciudad Bolívar logra sellar cantera de explotación minera, Colombia Informa, 20 de mayo, 2015 El desplazamiento forzoso de las tierras es el objeto de la protesta de Belinda Márquez y de Asomuproca, asociación compuesta por 75 mujeres. En su lucha no sólo se enfrentan a las FARC y al entramado de la guerrilla sino a la impunidad por parte del gobierno. “La impunidad es lo más preocupante. El gobierno colombiano añade más obstáculos al procesamiento de los autores de las violaciones de derechos humanos”, lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante una rueda de prensa en Madrid. Para Beltrán, la restitución de las tierras debe ser uno de los principales puntos del proceso de paz. El 80% de la tierra está en manos del 14% de los propietarios. El problema se endureció a mediados de los años 90. Belinda Márquez, al igual que muchas otras mujeres, recibió una tierra del Estado, al norte de Colombia, que pronto comenzó a recibir “visitas” por parte de las guerrillas y de los grupos paramilitares. En su intervención en el acto organizado por AI y la Fundación Abogacía Española, dijo que en aquel momento se impuso la ley del silencio: “Teníamos que hacer lo que ellos nos decían. Compañeras fueron violentadas sexualmente. Salíamos y entrábamos… cuando denunciamos los engaños y las estafas, mataron a nuestra lideresa, Luisa”. Al cabo de tres años, entre amenazas y homicidios, tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras. El Estado todavía no ha reconocido el despojo. Muchas mujeres se fueron a sus municipios, pero otras persistieron en la lucha por recuperar las tierras. Han pasado varios años desde que la Asociación de Mujeres Productoras del Campo empezara a reclamar los territorios y desde entonces han visto casas quemadas, asesinatos colectivos. Alberto Ortiz, Mujeres sin tierra en Colombia: Contra el Gobierno, las guerrillas y las multinacionales, 26 de mayo, 2015 La Ruta Pacífica de las Mujeres entregó en Medellín un primer informe de 73 páginas sobre los avances de la Ley de Restitución de Tierras y el acceso de las mujeres a la propiedad rural, una información de sumo valor, pues se ocupa de una situación compleja para las mujeres del campo en cuanto a la inseguridad jurídica de las mismas con respecto a la tierra, un asunto del que poco se sabe y en donde el gobierno nacional no cuenta con las herramientas para leer y entender las necesidades de las población campesina, en especial las mujeres. Y es que las mujeres rurales no han sido ajenas al conflicto armado colombiano, pues son ellas quienes han sido afectadas directamente por el despojo y el abandono forzado de sus territorios. Como lo señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, son los varones quienes han perdido la vida en la guerra colombiana, pero dentro del informe de la Ruta Pacífica son mayoritariamente las mujeres quienes se han desplazado. La investigación se llevó a cabo en los departamentos de Santander, Antioquia y Cauca, regiones altamente afectadas por la concentración de la tierra; sólo en Urabá se han presentado 5 mil 912 solicitudes de restitución, y donde los programas de desarrollo rural del Estado han hecho algunos avances como las restituciones colectivas a cuatro comunidades indígenas del Chocó. La investigación también arrojó la poca o nula información que tienen las mujeres rurales sobre cómo acceder a la tierra, y la no aplicación del enfoque diferencial, en especial en la ley 1448 según lo ha sentenciado la Corte Constitucional en varias ocasiones. Las voceras de la Ruta Pacífica hicieron un llamado a las instituciones y a los funcionarios encargados de aplicar la ley, para que la política rural y de víctimas responda a las necesidades reales de las mujeres rurales y no a enfoques familistas que lo que hacen es invisibilizar a las mujeres dentro del grupo familiar. La abogada Alejandra Coll, quien presentó el informe ante cerca de 150 mujeres de organizaciones sociales de Medellín, señaló que según la investigación, “en Colombia hay 3 millones 480 mil mujeres registradas como víctimas del conflicto armado. De ésas, mil 704 han solicitado en nombre propio predios despojados y no hay claridad sobre las mujeres que pueden estar incluidas en otros núcleos familiares en procesos de restitución de tierras”. La situación se agrava pues al no ser propietarias las mujeres, no les es posible acceder a créditos como lo exige el sistema financiero para apoyar proyectos productivos, lo que significa que además de la restricción para el acceso a la tierra en razón del conflicto armado, las mujeres también encuentran obstáculos para acceder a los servicios de las entidades financieras. Catalina Vásquez Cárdenas, Colombia: El acceso a la tierra para las mujeres, un reto para alcanzar la paz, 3 de junio, 2015 Varias organizaciones sociales solicitan la revocatoria inmediata del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato (PECIG) y desaconsejar el uso de otros herbicidas. La solicitud se realiza después de recibir la respuesta del ministro de Justicia a la petición formulada al Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos. La petición está respaldada con más de 25 mil firmas. Las organizaciones firmantes han denunciado la poca efectividad de la erradicación aérea en la guerra contra las drogas, y los altos costos en la salud humana, el ambiente, la seguridad alimentaria, el desplazamiento y la pérdida de confianza en el Estado. Estos argumentos soportan las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, presentadas al ministro de Justicia un día antes que el CNE decidiera “suspender el uso del glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea”. La determinación de siete de los ocho miembros del Consejo se fundamentó en el estudio de la IARC de la OMC que calificó el glifosato como “probablemente carcinogénico”. Grupo Semillas, Exigen revocatoria del Plan Ambiental que permite uso de herbicidas en las fumigaciones contra cultivos de uso ilícito, 8 de junio, 2015 Al menos 40 mil tolimenses se movilizaron en Ibagué para rechazar categóricamente la explotación de la mina La Colosa por parte de la transnacional Anglogold Ashanti, pues coloca en riesgo los ríos, quebradas y riachuelos, lo mismo que la fauna y la flora. Los tolimenses desfilaron por las principales calles de Ibagué (Tolima) en el Día Internacional del Medio Ambiente, en defensa de los recursos naturales, especialmente el hídrico, y contra la política neoliberal de la locomotora minero-energética del presidente Juan Manuel Santos Calderón, que se expresa en las multinacionales y transnacionales. La consigna que más se escuchó durante el largo y vistoso recorrido fue “agua sí, mina no”. Es un clamor generalizado que va creciendo en todo el departamento del Tolima, en la medida en que las comunidades rompen la maraña de mentiras de los medios de comunicación y descubren los efectos que genera la megaminería a cielo abierto. Hubo presencia de juventud, mujeres, campesinos, indígenas, niños y citadinos. La gigantesca masa arribó al parque Manuel Murillo Toro, donde fue leída su declaración política en defensa del agua, la vida y el territorio. “Agua sí, mina no”, séptima marcha carnaval en el Tolima. Agencia Prensa Rural, 8 de junio, 2015 Entre 1990 y 2014, las importaciones agrarias costaron a Colombia 76 mil millones de dólares y pesaron 151 millones de toneladas. Todos los productos comprados en el exterior podrían haberse producido en el país, pero terminaron destruyendo el agro nacional. En 1990 se importaba apenas el 10% de los 10 millones 300 mil toneladas que hoy se compran fuera, equivalentes al 27% del total de alimentos que se producen para el consumo interno, con gravísima pérdida de la soberanía alimentaria. Por el libre comercio decidido por los banqueros globales para reemplazar producción y trabajo nacional por foráneo, y promovido por el ex presidente César Gaviria y sus sucesores, desaparecieron más de dos millones de hectáreas de cultivos transitorios. Los hechos demuestran que Colombia sigue vendiendo en el exterior lo mismo que antes de 1990: café, banano y flores, más cantidades insignificantes de productos tan exóticos que muy pocos en el mundo saben que existen. ¿Cuánta ruina y atraso productivo, cuánto desempleo y pobreza significan unas importaciones absurdas? ¿Cuánta capacidad de generar ahorro interno —campesino, indígena y empresarial— han destruido y dilapidado tras la estrategia engañosa de cacarear sobre unas exportaciones que no se han dado en 25 años, ni van a darse, para ocultar que las importaciones sí ocurren indefectiblemente porque poderes descomunales las apalancan con prácticas que de libres no tienen nada? Jorge Enrique Robledo, El libre comercio sí acaba con el agro colombiano, 11 de junio, 2015 El proyecto de ley 223 que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) representa una amenaza, al pretender legalizar la acumulación de baldíos, abrir la posibilidad a la expropiación al considerar las ZIDRES como zonas de utilidad pública e interés social y favorecer la concentración de la tierra. Claro que es urgente garantizar una verdadera seguridad jurídica en torno a la propiedad de la tierra, pero no encaminada a legitimar la expansión del latifundio sino a evitar un mayor detrimento del patrimonio público, preservar la función social de los baldíos, facilitar el acceso progresivo a los pobladores rurales y proteger el derecho al territorio de los pueblos indígenas, las comunidades negras y los campesinos. Al menos en cinco ocasiones el gobierno de Santos ha intentado sin éxito cambiar la ley con el propósito de eliminar los límites a la concentración de la tierra. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 introdujo varios artículos que permitían superar la restricción de la UAF pero en 2012 fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Un segundo intento consistió en el proyecto de ley de inversión extranjera, que pretendía que la Ley 160 sólo aplicase a las tierras baldías adjudicadas después de 1994. Después fueron tramitados tres proyectos de ley (conocidos como Urrutia, Lizarralde y proyecto de ley 133) que no prosperaron. El último fue retirado del Congreso según el gobierno porque desde diferentes sectores se plantea la necesidad de ampliar la discusión de esta iniciativa y buscar los consensos que permitan facilitar su buen suceso en el H. Congreso de la República y, según el representante Arturo Yepes, debido al inconveniente que se presentó por las recusaciones que algunas organizaciones campesinas presentaron contra los miembros de la Comisión que tienen propiedades en la altillanura o que tienen grandes extensiones de tierra en cualquier otro sitio del país. Sin haber transcurrido un mes, el gobierno radica el nuevo Proyecto de Ley 223, cuyo propósito, una vez más, consiste en modificar el actual régimen de baldíos para dejar sin aplicación el límite de la UAF en las denominadas ZIDRES. Éstas se definen como áreas aisladas de los centros urbanos, con baja densidad poblacional, elevados índices de pobreza, que carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización y que demandan altos costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas (artículo 1). Una definición tan laxa y subjetiva que podría aplicarse con arbitrariedad a una buena parte de las áreas rurales de Colombia. El proyecto prevé que personas jurídicas, naturales o empresas asociativas puedan formular proyectos productivos para ejecutar en las ZIDRES, que se verían asistidos por líneas de crédito e incentivos especiales cuando integren como asociado al pequeño o mediano productor. En las ZIDRES estas empresas o particulares podrían solicitar en concesión tierras baldías para llevar a cabo proyectos productivos, o incluso adquirir en propiedad predios con antecedente de baldíos (artículo 9). El límite de extensión de tierra que podría ser adquirida lo determinaría el proyecto productivo, lo que en la práctica significa eliminar la restricción de la UAF. El proyecto vulnera los derechos a la tierra de los propietarios ya que al considerar las ZIDRES de utilidad pública e interés social (artículo 1), existe la posibilidad de que sean expropiadas de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. La Contraloría General de la República ya se pronunció contra el proyecto de ley antes presentado por el ministerio de Agricultura (cuyo contenido básicamente se retoma en el actual proyecto) al considerar que “legaliza una tipología de detrimento patrimonial en relación con la apropiación y acumulación indebida de baldíos”. De aplicarse lo que propone el proyecto de ley, los casos denunciados de acaparamiento de baldíos podrían presentarse como proyectos productivos y la acumulación irregular quedaría legalizada. Esta posibilidad resultaría viable como parte del plan de ordenamiento social de la propiedad, que según el artículo 12 del proyecto de ley permite sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica, en las zonas que se declaren como ZIDRES. Oxfam Colombia, Proyecto de Ley 223 ZIDRES: Vía libre al acaparamiento de tierras en Colombia, 18 de junio, 2015 Los acuerdos de paz con las guerrillas colombianas en 1958 y el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 fueron elementos claves para que el campesinado levantara con fuerza la propuesta de la concreción de una ley de reforma agraria. La lucha campesina se reorganizó y uno de sus grandes líderes levantado en armas y después amnistiado por los acuerdos de paz, Juan de la Cruz Varela, fue elegido senador de la República. Éste presentó el proyecto de ley 74 de 1960 como contrapeso al proyecto del gobierno de ese momento. La ley 135 de 1961 fue el resultado de la presión campesina y de la correlación de fuerzas internacionales favorables a las políticas de reforma agraria en nuestro continente. Resultado de la ley, se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), lo que dio un nuevo auge al movimiento campesino, y permitió la entrega de tierra a cientos de familias campesinas. Pero esta ley fue de carácter marginal y nunca puso en peligro la estructura latifundista del país, aunque sí puso nerviosos a los gamonales de extensas regiones del territorio nacional, lo que finalmente dio surgimiento a una nueva espiral de violencia, al nacimiento de las actuales guerrillas y puso punto final con el Acuerdo de Chicoral en 1972, agenciado por el gobierno godo de Misael Pastrana Borrero, que permitió el desmonte de lo poco alcanzado por el campesinado en materia de política agraria. A partir de ese momento y hasta hoy, no cesan la violencia ni el despojo contra los campesinos. El surgimiento de Fensa en 1976, y Fensuagro en 1997, es la respuesta del campesinado más consciente que ha retomado el legado de la lucha por la reforma agraria, única posibilidad real de encontrar una salida a la crisis estructural que agobia al campo colombiano. La Constitución de 1991 negó el reconocimiento al campesinado como actor social y sujeto de derechos sociales y políticos que por medio de la economía campesina le aporta a la nación una enorme riqueza que se condensa en el abastecimiento del 70% de los alimentos que consumen los colombianos, aun a pesar de las políticas aperturistas y de libre mercado que llegaron de la mano de la nueva carta magna. Los campesinos han mantenido un espíritu de lucha y combatividad, con iniciativas como el Mandato Agrario, en un intento por reagruparse y buscar la unidad como única vía posible para derrotar, para siempre, las políticas opresivas y mercantilistas que condenan al campesinado a la miseria y a su desaparición. El paro agrario de 2013 y la creación de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, son la piedra angular en la edificación del nuevo horizonte, al que corresponde emprender la lucha por la recuperación de la soberanía alimentaria, la desprivatización del agua, la recuperación de los páramos, la defensa del territorio, la custodia de las semillas nativas, el reconocimiento de los derechos campesinos, la democratización de la propiedad de la tierra, la libertad de organización, movilización y expresión, la agroecología y el reconocimiento de la economía campesina, la unidad obrero-campesina y el logro de la paz con justicia social. El XI Congreso de Fensuagro debe asumir estos retos y avanzar en el fortalecimiento y la unidad del movimiento campesino, del movimiento sindical y popular. Vamos con decisión por la paz y el reconocimiento de los derechos campesinos. Eberto Díaz Montes, Perspectivas y luchas del campesinado en Colombia, 19 de junio, 2015