Nadie pone en duda la importancia del trabajo científico que ha realizado el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) desde su fundación en octubre de 1989; pero su tipo de constitución (resumido en esta declaración de 1991: “....nosotros no somos ni privados ni del gobierno.. [sino] una combinación del Estado y del mundo privado”),1 se convirtió en su talón de Aquiles. No se puede servir a dos amos, dice la sentencia bíblica y, ante tal disyuntiva, el INBio atendió más las exigencias políticas y económicas de quienes le aportaban fondos para establecerse como asociación civil y no como un ente estatal (un verdadero instituto nacional), a pesar de que las muestras para su inventario y para la bioprospección provinieran de áreas silvestres protegidas nacionales en su mayoría. Quienes recordamos aquellos años de su constitución, sentimos la necesidad de aclarar varias cosas al señor René Castro, ex-ministro de Ambiente, en su artículo “INBio: un debate ideológico de 25 años”, (La Nación, 5 de diciembre, 2014). Primero, nos referiremos al modelo privado del INBio y su infundado papel en el control de la biopiratería; en segundo lugar al carácter secreto de sus contratos, y por último a su fracaso como institución privada que ahora demanda del rescate estatal. Dice el señor Castro que en los años 90 tanto en los corrillos de la Universidad de Costa Rica como en el Semanario Universidad se hablaba de que “el país sería víctima de la biopiratería y la depredación de su patrimonio biológico por el establecimiento del INBio en 1989. El tiempo demostró que no fue así”. Si bien la biopiratería está un poco más controlada (no estoy segura que la depredación del patrimonio biológico), no es por lo que el INBio hizo o dejó de hacer, sino porque en 1998 fue aprobada la Ley de Biodiversidad. En esta ley, el INBio, como cualquier otro bioprospector, debe cumplir con una serie de obligaciones entre ellas pedir permiso a la Comisión Nacional (ésta si nacional) de Gestión de la Biodiversidad, en la que el INBio no tiene asiento. Así, la ley dio al traste con el papel que este instituto creyó jugar en 1991, según declaraciones de su director general a un investigador en septiembre de ese año, poco después de firmado el contrato INBio-Merck: De hoy en adelante, dice Gámez, tendremos absoluto control sobre aquellos a quienes se les permitirá operar en las áreas protegidas. Los biólogos tendrán que conseguir permisos y entregar muestras al INBio de todo lo que recolectan. 2 ¿Cómo se arrogaba un instituto privado este derecho si para entonces estaba vigente la Ley 4594 de 1970 sobre los duplicados de muestras con fines taxonómicos? La ley señala: Artículo 1º. Todo científico o institución que personalmente o en representación, recoja material botánico, zoológico o mineral con fines taxonómicos, en cualquier zona o lugar del territorio nacional, tiene la obligación de dejar duplicados de sus colecciones a la Universidad de Costa Rica y al Museo Nacional. Unos nueve meses después de la entrevista del doctor Gámez, el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en junio de 1992, y del que Costa Rica forma parte desde 1994, en su artículo 15 sofoca aún más las aspiraciones del INBio al señalar: En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. (Énfasis añadido) De esta manera, la naturaleza del INBio como institución privada pero con intentos de atribuirse derechos fuera de sus potestades, le hizo caer en problemas muy puntuales. Señalo dos ejemplos. El primero con las autoridades del Museo Nacional al pretender custodiar sus colecciones centenarias, específicamente el herbario nacional, por un plazo indefinido, de manera total y directa e incluso proponer absorber bajo su mando a los funcionarios públicos del museo responsables de las colecciones. Esta pretensión se basaba en que la fundación MacArthur, que financiaba al instituto en el proyecto de Prospección Química, “requiere para el logro expedito de sus objetivos, el conocer y disponer de información básica que derive, entre otras fuentes, de las colecciones del Herbario Nacional” 3 Éstas y otras cláusulas de un pretendido convenio INBio-Museo Nacional, fueron totalmente inadmisibles para las autoridades del museo y nunca se firmó. El segundo ejemplo fue el carácter secreto de los contratos firmados por el INBio, como aquel con la empresa farmacéutica Merck Sharp and Dome. El INBio sólo filtró algunas cláusulas pero la información sobre el número de muestras comprometidas provenientes de las áreas silvestres protegidas públicas; si ese contrato era exclusivo o no; el porcentaje sobre las eventuales regalías y si los productos serían patentados, fue celosamente guardada. Numerosos profesores, profesoras y estudiantes de universidades, ONG, funcionarios de instituciones públicas y periodistas —y no sólo “dos jóvenes profesionales”— denunciaron lo anterior en foros y artículos en revistas y periódicos —no sólo en el Semanario Universidad— porque estar interesados en contar con información para poder juzgar el grado en que se había o no hipotecado el patrimonio nacional de la biodiversidad. Nada se consiguió ni entonces ni ahora sobre los resultados de los contratos. Es evidente que lo privado prevaleció sobre lo público. Desde hace casi diez años las finanzas del INBio empezaron a tambalear y la situación fue empeorando. Ahora la única esperanza es el rescate estatal. Recordemos las declaraciones del director, doctor Rodrigo Gámez a un periodista nacional en 1992. La tarea monumental del INBio no puede ser realizada por las instituciones estatales, ya que la agilidad y las posibilidades de captar recursos, son idóneas para las empresas privadas y no para los gobiernos que cada vez recortan más los presupuestos.4 En contraste, en 2013 su mismo director general señaló, luego de la necesidad apremiante del apoyo financiero del Estado y el traspaso de las colecciones del INBio: 5 Estamos por descubrir si funciona este interesante híbrido con el Estado. Lo vemos como una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad de administrar su patrimonio natural Definitivamente su talón de Aquiles fue haber diseñado el instituto nacional de biodiversidad como un ente de halo público pero privado por naturaleza, porque así lo demandaban sus financiadores. No se tomó en cuenta la posibilidad de que, con el correr del tiempo y sin mayores obligaciones legales vinculantes, los aportes privados podrían bajar sustancialmente y los ingresos propios de los productos de la bioprospección y del fracaso económico del INBio, prácticamente no despuntarían. El otro componente de la ecuación inicial, el Estado, al que se había desestimado y sólo se le tenía como un ente pasivo, se convierte ahora en la tabla de salvación al que se le exige su rescate. ¿Quién pondrá ahora las condiciones: el INBio o el Estado con sus limitaciones financieras? Enero de 2015 Notas: 1 Janzen, D. Conferencia a los estudiantes de doctorado de Biología de la Conservación. Universidad de Wisconsin- Madison. Abril de 1991. Madison, WI. EUA. 2 Joyce, Christopher. Prospectors for tropical medicines. New Scientist. 1991, Vol. 132, núm. 189, pp. 36-40. 3 Alfaro, Rita, Coordinadora del Depto. de Bases de Datos del INBio. Carta dirigida al MSc. Pablo Sánchez, Coordinador del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional. 24 de mayo de 1991. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 4 Sánchez V., Aquileo. Patrimonio nacional cae en manos privadas. En: La República, 6 de abril de 1992. San José, Costa Rica,. 5-A 5 Vargas, Alejandra. INBio inició campaña por donaciones. La Nación, 9 de marzo de 2013.