Desde hace décadas, cuando se comenzó a imponer a nivel global el “libre comercio”, las voces de pueblos indígenas y campesinos fueron las primeras que se alzaron para cuestionar este modelo. Y es muy significativo que esas luchas fueron en los últimos 25 años las que más esperanzas despertaron a nivel global de que otro mundo era posible. Hoy esas voces se han multiplicado, se consolidan en experiencias organizativas, comunitarias y políticas que siguen alumbrando futuro. También han sufrido la violencia, la agresión y la descalificación de una parte de esta humanidad que se niega a reconocer la inviabilidad de su proyecto de muerte que el “libre comercio” representa de manera emblemática. Recorramos juntos algunos hitos de estas décadas para refrescar la memoria e inspirarnos para futuros dignos. Presentamos en esta ocasión, de un vistazo y muchas aristas, una cronología de las luchas contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la agricultura y la alimentación de los pueblos, y argumentos para la resistencia y contra la idea de que reformando estos verdaderos instrumentos de tortura, se puede avanzar en la autodeterminación de los pueblos
 

El mismo día que el dogma del libre comercio, impulsado por los lobbys que rodeaban el congreso de Washington, derribaba las barreras comerciales de sus vecinos, en el sur de México nacía un movimiento revolucionario que dijo a su gobierno el “tú no me representas” para empezar un proyecto de autogestión y autogobernanza. Frente a un gobierno que vendía el país y su población mediante un tratado de libre comercio injusto para la población y que beneficiaba a una pequeña élite empresarial, una minoría de campesinos proclamó su celebre “aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”. De aquel 1 de enero salió un movimiento que decidió empoderar al pueblo de Chiapas para que este eligiera su destino de una manera autónoma, sin tener que acatar las leyes de encorbatados ministros con dudosas amistades con los cárteles de la droga y una amistad manifiesta con sus homólogos estadounidenses. Las exigencias del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) eran simples y fáciles de entender, aunque no tanto de conseguir, “trabajo, tierra, techo, comida, salud, educación, independencia, libertad, justicia y paz” y la promesa de formar un “gobierno libre y democrático”. Yago Álvarez, El Salmón Contracorriente.

Una reforma profunda de la OMC, para que responda a los derechos y necesidades de los pueblos, significaría la abolición de la misma. Nosotros no creemos que la OMC permita una reforma profunda, por eso la Vía Campesina como movimiento internacional responsable para el sector agrícola, pide que se excluya la agricultura de la OMC. Quizá es más apropiado decir que sacamos la OMC de la agricultura. Invitamos a otros sectores pedir lo mismo. Nosotros como sociedades, tenemos que crear una alternativa a la politica neoliberal actual y a instituciones como la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que civilizar las politicas internacionales.

Vía Campesina hace un llamado a los movimientos sociales a iniciar un proceso participativo con gobiernos nacionales para desarrollar un modelo alternativo. Hay que establecer alternativas a la politica neoliberal y a instituciones como la OMC, el BM, y el FMI. Continuar movilizando la opinión pública para presionar las transnacionales y los grandes poderes comerciales. Hay que fortalecer las Naciones Unidas y desarrollar nuevos instrumentos dentro de dicha institución para aumentar la transparencia y el control democratico. Estas instituciones tienen que representar los prioridades y las necesidades de los pueblos y garantizar seguridad alimentaria y comercio justo. Via Campesina tiene las demandas siguientes: 1) una moratoria inmediata sobre cualquier negociacion en la OMC, incluyendo las discusiones sobre acuerdos de inversión. 2) anular de inmediato cada obligacion de aceptar una importacion minima de 5% de las necesidades internas (cláusula del acuerdo de Marrakech). Cualquer acceso obligatorio a los mercados tiene que ser suprimido. 3) evaluar los impactos del acuerdo de Marrakech y una corrección inmediata a los existentes injusticias. 4) desechar cualquier negociacion en el área de producción alimentaria y comercializacion de la OMC y los acuerdos regionales y bi laterales. 5) crear mecanismos internacionales realmente democráticos para regular el comercio de alimentos, respetando a la soberanía alimentaria en cada pais. 6) asegurar la soberanía alimentaria en cada pais dando prioridad a la producción alimentaria para su propia población, los aspectos sociales y medio ambientales. 7) otorgar a cada país el derecho de definir sus propias políticas agrícolas para responder a sus necesidades internas. Incluido el derecho de prohibir importaciones para proteger la producción doméstica y la implementación de una reforma agraria donde los campesinos y pequeños y medianos productores tengan acceso a la tierra. 8) frenar toda forma de dumping o comepetencia desleal. Proteger la producción alimentaria doméstica, sobre todo de granos básicos. 9) prohibir la biopiratería y las patentes de vida (animales, plantas y partes del cuerpo humano), incluyendo el desarrollo de variedades estériles a través de la ingeniería genética. 10) permitir a los países, el derecho de establecer criterios para la calidad alimentaria, adecuada a las preferencias de su población. Declaración de la Via Campesina en Seattle, La Vía Campesina, 3 de diciembre, 1999

Al final, las negociaciones fracasaron en un ambiente de rencor mientras los delegados del Sur criticaban ser excluidos de negociaciones a puertas cerradas entre Estados Unidos y otras delegaciones selectas. La rebelión de los delegados del Sur caracterizó los cuatro días de negociaciones que concluyeron acompañados de masivas protestas, algunas violentas, en las calles céntricas de Seattle. La policía y unidades militares impusieron el toque de queda y dispararon balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los activistas, que eran más de 40 mil cuando comenzaron las negociaciones. Varios cientos de personas iniciaron una fiesta frente a una cárcel local tras enterarse del fracaso de la conferencia. “¡Déjenlos ir” coreaban los manifestantes mientras abogados negociaban la liberación de unos 300 activistas detenidos. En total, unos 600 fueron arrestados o detenidos durante esta semana, informaron las autoridades. “Nuestra tarea ahora es luchar por un sistema comercial mundial que sea democrático y dirigido a satisfacer las necesidades de la gente, no sólo de las grandes compañías”, dijo Lori Wallach, directora de la ONG Public Citizen’s Global Trade Watch, de Estados Unidos. COMERCIO: Polémico fracaso de la OMC en Seattle, IPS, 4 de diciembre,1999

El 10 de septiembre de 2003, mientras La Vía Campesina protestaba en las afueras donde se celebraba la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en Cancún, México, el agricultor coreano Kyunghai Lee sacrificó su vida apuñalándose. Ese trágico incidente puso de manifiesto los efectos destructivos de la OMC y sus esfuerzos de liberalización comercial en la vida de millones de campesinos a nivel mundial. En memoria de Lee y las continuas luchas del campesinado por resistir la agenda neoliberal de la OMC, La Vía Campesina conmemora el 10 de septiembre como el Día Internacional de Lucha contra la OMC y los Acuerdos de Libre Comercio. La V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) terminó el 14 de septiembre con un pleno fracaso. Ni siquiera lograron definir el lugar de la próxima Conferencia Ministerial y menos aún una declaración con algún tema de acuerdo común; tampoco les quedó tiempo para consensar una agenda. La retirada anticipada de muchos gobiernos del Sur, creó la confusión y el caos en la Conferencia Ministerial. Las organizaciones del campo, de jóvenes, de mujeres y de otros sectores sociales, pese a la fuerte movilización de las fuerzas policiales y militares, logramos romper los muros impuestos por el gobierno mexicano y la OMC todo con el propósito de invisibilizar nuestra presencia y nuestras propuestas. Del 8 al 14 de septiembre, realizamos en Cancún importantes jornadas de lucha, primero en el marco del Foro Internacional Campesino e Indígena, y luego en diversas manifestaciones callejeras afuera y adentro del centro de convenciones donde se concentraban los negociadores. La marcha campesina e indígena del día 10 de septiembre, marcó la pauta de la resistencia y la lucha de los días posteriores. El día 13 de septiembre, cien mujeres de todas partes del mundo con paciencia pero con mucho coraje poco a poco desmantelaban la malla que impedía el paso al centro de convenciones. A esta acción se incorporaron los campesinos coreanos y gran parte de la multitud que con gruesos lazos derivaron las vallas y el muro, como símbolo de que la OMC se derrumbaría en Cancún. Los miles de policías y militares quedaron al descubierto pero nadie tenía el propósito de confrontarlos; el enfrentamiento con métodos no violentos es con el sistema y la OMC, y no con la policía y los militares. El acto continuó con la quema de dos monigotes simulando la OMC, y se colocaron flores blancas en homenaje al compañero Lee que entregó su vida a la causa de la lucha de los pueblos, contra la OMC y por la construcción de otro mundo justo y humano, el día 14 la OMC había colapsado. La Vía Campesina, 23 de septiembre 2003

Los procesos de privatización, globalización y desregulación de la economía se han impuesto durante la última década y media a través de diversos mecanismos, entre los que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido el más importante. A partir de 1995, Estados Unidos consideró que las negociaciones en la OMC no siempre se movían con la celeridad que ellos deseaban, e impulsó negociaciones para conformar áreas de libre comercio regionales. Las primeras negociaciones que lograron despegar, ese mismo año, fueron aquéllas para formar el ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas. Desde entonces, Estados Unidos intenta, sin mayor éxito, desarrollar iguales negociaciones regionales en África y Asia. El tiempo no pasa en vano. Los pueblos del mundo entero han sufrido los efectos del llamado libre comercio y han ido desarrollando procesos de rechazo al modelo económico imperante. El descontento tuvo una expresión dramática en 1999 en Seattle, donde miles de activistas sociales del mundo entero desarrollaron varios días de protesta en contra de los ministros de más de 80 países de la OMC que se reunían para avanzar en los procesos de globalización. A partir de allí, el descontento se ha expresado de manera cada vez más masiva y múltiple. Durante 2003, los ministros de la OMC se reunieron en Cancún y debieron enfrentar las mayores manifestaciones realizadas hasta el momento, con una fuerte presencia de representantes de movimientos campesinos de diversas partes del mundo.

Las protestas lograron que las negociaciones no pudiesen seguir el cauce planificado por los diversos gobiernos. Muchos países no industrializados entendieron que seguir entregando sus países y economías tan abiertamente podía tener costos políticos importantes, mientras Estados Unidos y Europa no lograron justificar la mantención de sus subsidios codo a codo con la exigencia de eliminar cualquier protección a la agricultura campesina de los países en desarrollo. El resultado fue que la reunión terminó en forma adelantada y sin lograr acuerdos. Unas pocas semanas después se reunieron los ministros que negocian el ALCA en Miami. Las protestas se repitieron, a pesar de un despliegue policial pocas veces visto. Una vez más, el espacio de maniobra y entrega por parte de los gobiernos latinoamericanos se vio reducido por la presión social y especialmente Brasil defendió algunas condiciones mínimas para su industria y agricultura, imposibilitando llegar a acuerdo. Al igual que la OMC en Cancún, la reunión del ALCA en Miami terminó de manera adelantada y sin consenso posible. La enfermedad del momento: Trataditis aguditis, GRAIN, 05 de mayo, 2004

Las y los delegados de los distintos pueblos de América estamos aquí no sólo para denunciar, estamos acá porque venimos resistiendo las políticas del imperio y sus aliados. Pero también venimos construyendo alternativas populares, a partir de la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, construyendo tejido social desde abajo, desde la autonomía y diversidad de nuestros movimientos con el propósito de alcanzar una sociedad inclusiva, justa y digna. Desde esta III Cumbre de los Pueblos de América declaramos: 1) Las negociaciones para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben ser suspendidas inmediata y definitivamente, lo mismo que todo tratado de libre comercio bilateral o regional. Asumimos la resistencia de los pueblos andinos y de Costa Rica contra el Tratado de Libre Comercio, la de los pueblos del Caribe porque los acuerdos económicos no signifiquen una nueva era de colonialismo disfrazado y la lucha de los pueblos de América del Norte, Chile y Centroamérica por echar atrás los tratados de esta naturaleza que ya pesan sobre ellos. 2) Todo acuerdoTodo acuerdo entre las naciones debe partir de principios basados en el respeto a los derechos humanos, la dimensión social, el respeto a la soberanía, la complementariedad, la cooperación, la solidaridad, la consideración de las asimetrías económicas favoreciendo a los países menos desarrollados. Rechazamos el Tratado de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con los Estados Unidos. 3) Nos empeñamos en favorecer e impulsar procesos alternativos de integración regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). 4) Asumimos las conclusiones y las acciones nacidas en los foros, talleres, encuentros de esta Cumbre y nos comprometemos a seguir profundizando nuestro proceso de construcción de alternativas. 5) Hay que anular toda la deuda externa ilegítima, injusta e impagable del Sur, de manera inmediata y sin condiciones. Nos asumimos como acreedores para cobrar la deuda social, ecológica e histórica con nuestros pueblos. 6) Asumimos la lucha de nuestros pueblos por la distribución equitativa de la riqueza, con trabajo digno y justicia social, para erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión social. 7) Condenamos la inmoralidad del gobierno de Estados Unidos, que mientras habla de luchar contra el terrorismo protege al terrorista Posada Carriles y mantiene en la cárcel a cinco luchadores patriotas cubanos. ¡Exigimos su inmediata libertad! 8) Rechazamos enérgicamente la militarización del continente promovida por el imperio del norte. Denunciamos la doctrina de la llamada cooperación para la seguridad hemisférica como un mecanismo para la represión de las luchas populares. Rechazamos la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro continente, no queremos bases ni enclaves militares. Condenamos el terrorismo de Estado mundial de la Administración Bush, que pretende regar de sangre las legítimas rebeldías de nuestros pueblos. Nos comprometemos en la defensa de nuestra soberanía en la Triple Frontera, corazón del Acuífero Guaraní. Por esto, exigimos el retiro de las tropas estadounidenses de la República del Paraguay. Exigimos poner fin a la intervención militar extranjera en Haití. 9) Acordamos promover la diversificación de la producción, la protección de las semillas criollas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, la soberanía alimentaría de los pueblos, la agricultura sostenible y una reforma agraria integral.10) Repudiamos la presencia en estas dignas tierras latinoamericanas de George W. Bush, principal promotor de la guerra en el mundo y cabecilla del credo neoliberal que afecta incluso los intereses de su propio pueblo. Desde aquí mandamos un mensaje de solidaridad a los dignos hombres y mujeres estadounidenses que sienten vergüenza por tener un gobierno condenado por la humanidad y lo resisten contra viento y marea. Declaración Final de la III Cumbre de los Pueblos de América Mar del Plata, Argentina, 3 de noviembre de 2005

La profundización de la reforma neoliberal en Costa Rica tuvo su punto alto con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Centro América, República Dominicana y Estados Unidos que fue aprobado por medio de un referéndum en 2007. El sector político-empresarial engañó a la población en general. En un texto escrito altos jerarcas del gobierno de Oscar Arias Sánchez, y con chantajes y mentiras como eje de la campaña, materializaron su estrategia en el llamado “Memorándum del Miedo”.

La clase empresarial prometio básicamente mayor dinamismo de economía y aumento en el empleo. Pero la realidad es que creció el desempleo en general, sobre todo en el ámbito rural. Incrementó el empleo informal y el sub-empleo. Muchas personas trabajadoras quedaron en condiciones de semiesclavitud en plantaciones agrícolas.

La expansión de los monocultivos alcanza ya dimensiones descontroladas. El cultivo de la piña ronda las 56 mil hectáreas, casi dos veces la cantidad de hectáreas que hace diez años. La caña de azúcar y la palma aceitera incrementaron la superficie sembrada y alcanza las 65 mil hectáreas cada uno de estos cultivos. Los granos básicos han dejado de sembrarse, en 30 años de políticas neoliberales, el área ocupada por arroz, frijoles y maíz han disminuido a menos de la mitad. Es un claro fortalecimiento del agronegocio vinculado a la exportación a costa del desplazamiento de la agricultura campesina dedicada al abastecimiento nacional.

La importación de plaguicidas se ha incrementado en tres veces su volumen desde 2007 a la fecha. No es casualidad que se ha reportado un promedio de aplicación de plaguicidas de 18kg /ia por hectárea, el más alto del mundo según datos del Instituto Regional de Investigación en Sustancias Tóxicas.

Las resistencias se incrementan. La disconformidad social organizada está presente en el país y es parte visible de la reacción a las políticas neoliberales. Desde 2014 a la fecha se reportan más de 2 mil 398 acciones colectivas desarrolladas que van desde marchas de trabajadores y trabajadoras, mitines, paros, tomas de tierras, protestas, como parte de una resistencia a estas políticas de exclusión que vivimos. Henry Picado: 10 años de aplicación del TLC-CA-DR profundizó desigualdades y resistencias en el campo

La OMC ha vuelto a demostrar que es una organización para los países desarrollados y las multinacionales, que impulsa normas de libre comercio que sólo favorecen a los ricos e incluso concentran aun más la riqueza en menos manos. Hasta la fecha, la organización no ha llevado el desarrollo a la gente, ni lo hará en el futuro. La OMC es una institución fracasada y sin legitimidad que intenta revivir desesperadamente con el Paquete de Bali, a expensas de la soberanía alimentaria, los medios de subsistencia, el empleo y el futuro de las personas. Reiteramos nuestra petición para la finalización de la OMC y la tiranía del régimen de libre comercio. Doblamos nuestros esfuerzos luchando contra el sistema e impulsando alternativas para los pueblos. Continuaremos con nuestra lucha para lograr un mundo sin la OMC y los acuerdos de libre de comercio y gozar, en su lugar, de una economía para la vida. Gerak Lawan y La Vía Campesina, Nota de prensa de los Movimientos Sociales para una Asia Alternativa (SMAA), 7 de diciembre de 2013

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito es la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EUA, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la liber-tad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias. Comprendemos también que veinte años de tratados de “libre” comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente. También es necesario revertir el desguace de las políticas e instituciones, como el ALBA-TCP, el CELAC, la UNASUR, que de diversos modos intentaron favorecer una mayor integración y complementariedad regional. Rechazamos la agenda de “libre” comercio y protección de inversiones en todas sus formas, sea mediante acuerdos bilaterales o inter-regionales (como el tratado entre la UE y el Mercosur, que se intenta cerrar para diciembre de este año) por medio del ámbito multilateral como la OMC o por decisión de grupos como el G-20. Proponemos avanzar en la re-articulación de las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a nivel global.

Es por esto que, desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento a todas las organizaciones y pueblos de Argentina y del mundo, a participar activamente en la organización y desarrollo de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017, para oponernos al régimen que la OMC impulsa a nivel global y pensar y discutir alternativas al capitalismo desde nuestros pueblos. Juntos/as, podemos construir esos otros mundos posibles. ¡La lucha es global! ¡Abajo los tratados de libre comercio que someten a los pueblos! ¡Exigimos acuerdos solidarios para el comercio entre los pueblos! En 2017, ¡hagamos un nuevo Seattle en Buenos Aires! Declaración de la Confluencia Fuera OMC, Buenos Aires, octubre 2017

Casi todos los tratados de libre comercio son una renuncia grave y peligrosa de la soberanía nacional y plantean una renegociación constante para cada vez dar más garantías a las grandes empresas y capitales. Los países pierden su libertad para legislar, desarrollar políticas públicas, impulsar programas gubernamentales, definir prioridades de inversión o desarrollo local.

Cada vez que un gobierno tenga un proyecto (ley, programa, etcétera) es obligado a publicarlo para que los gobiernos y empresas de otros países firmantes puedan estudiarlos y dar su opinión, opinión que debe tomarse en cuenta.

Los firmantes son obligados a adherir a diversos tratados, aun si una mayoría del parlamento o de la ciudadanía está en contra.

Los países se ven obligados a eliminar leyes, reglamentos y programas que las empresas extranjeras consideren innecesarias y agregar las que tales empresas consideren importantes. Los cambios deben hacerse pasando por encima de la opinión de autoridades y parlamentarios.

Hay un proceso continuo de “cooperación” legislativa. Las leyes de los distintos países deben ser cada vez más parecidas adoptando las leyes que más favorezcan a las empresas.

Los países quedan sujetos a tribunales privados en el extranjero y se obligan a pagar indemnizaciones de miles de millones de pesos a las empresas si éstas no están satisfechas con las garantías otorgadas.

Se impone una apertura a procesos de privatización del Estado, mediante la “tercerización” (privatización) de sus funciones.

Se introducen normas jurídicas que atropellan y suspenden derechos humanos básicos: reglas sobre propiedad intelectual, con exigencias violatorias de principios de justicia y derechos fundamentales. Hay la obligación de inculparse, y la delación, el allanamiento y la confiscación por la mera sospecha sin orden de algún juez.

Se fomentan formas extremas de monopolios y concentración empresarial. Un compromiso central es fomentar y facilitar las llamadas “cadenas de suministro transfronterizas” (grandes redes corporativas propiedad de grandes capitales, que controlan y concentran procesos productivos completos, de la producción de materias primas, a la fabricación, la distribución y la venta).

Quienes deben venderle a los supermercados, a las empacadoras, o a las plantas de leche saben que la integración a cadenas implica precios bajos, pagos demorados hasta seis meses y “castigos” impuestos por las empresas de manera arbitraria. Implica endeudamiento, abusos laborales, y la quiebra y cierre para muchos pequeños productores.

Se abre la puerta para perder los pocos derechos laborales existentes. Los cambios repercuten con gravedad en los pocos derechos laborales existentes.

Se expanden varios años las patentes a los medicamentos y productos farmacéuticos, haciéndolos más caros e inaccesibles y bloqueando alternativas más baratas.

Se criminaliza la copia de música, películas o programas de computación para uso personal; criminalizan las fotocopias para uso personal.

Se restringen la capacidad del Estado para administrar las empresas estatales, especialmente si su producción es importante. Es vetada cualquier medida de protección o fortalecimiento de una empresa estatal si disminuyen los mercados o las ganancias de otras compañías productoras.

Los TLC obligan a privatizar semillas y plantas (cultivadas o silvestres), los microorganismos y los productos derivados de ellos. Abren la puerta al patentamiento de animales y genes. Los nuevos tratados obligan a aprobar leyes de privatización de semillas concordantes con UPOV 91. Las nuevas leyes exigen que sea delito punible con cárcel guardar semilla de variedades privatizadas para el año siguiente, aun para uso propio, y se puede confiscar semillas, cultivos, cosechas y productos derivados de la cosecha, hasta las herramientas y maquinaria usadas en cultivar o procesar las semillas. Queda totalmente prohibido todo tipo de intercambio, incluso regalos o trueque.

Las empresas podrán privatizar las semillas campesinas mediante procesos simples de selección de poblaciones de plantas, para luego ser aceptadas como variedades “descubiertas”. Tras privatizar estos “descubrimientos” podrán volver al campo y reclamar como propias todas las variedades similares, impidiendo que las comunidades campesinas o indígenas las sigan cultivando.

Se pretende permitir el patentamiento de genes, con lo que habrá empresas dueñas exclusivas de componentes esenciales de seres vivos, incluidos los seres humanos, y en revisiones futuras el patentamiento de animales.

Varios tratados afirman de modo indirecto pero innegable que los saberes tradicionales, en especial los relacionados con plantas, animales y microorganismos, pueden privatizarse mediante diversas formas de propiedad intelectual.

El flujo libre de saberes tradicionales de las comunidades, tejido históricamente, será restringido, alterado y tal vez prohibido, con amenaza de penas de cárcel, demandas, órdenes restrictivas, etcétera. La propiedad intelectual de saberes tradicionales de los pueblos ha servido para dividirlos, reprimirlos, corromper dirigentes y sembrar la cizaña al interior de las organizaciones, las comunidades e incluso las familias.

Los nuevos tratados pretenden que los cultivos transgénicos para el consumo humano y animal se acepten.

Los TLC agravan de manera irresoluble el problema de la tierra, del mar y del agua al dictaminar que la propiedad es intocable. No se puede limitar la concentración de riqueza y propiedades, no se puede expropiar y no se puede dañar las ganancias. La concentración de la propiedad del agua; las concesiones marinas y la misma orilla costera serán entregadas a un puñado minúsculo de empresas; el acaparamiento de tierra, los procesos de contrarreforma agraria y el subsidio a la agro-exportaciones recrudecerán. Resumen de “Doce razones contra el libre comercio, Biodiversidad, sustento y culturas, número 91, febrero de 2017

Los tratados confieren a las transnacionales (TNCs) derechos especiales para someter a los gobiernos extranjeros a un arbitraje vinculante toda vez que se sientan maltratadas. Las TNCs pueden “demandar” gobiernos cuando adopten políticas que restrinjan sus inversiones y beneficios. A compañías locales no se les confieren estos derechos: la mera amenaza de una demanda puede conducir a cambios en políticas.

Las disputas internacionales de inversión se llevan a paneles especiales de arbitraje. Esto les permite evadir los juzgados nacionales, invocando posibles sentencias sesgadas. Los procesos los llevan abogados privados, por lo común en secreto, y sin derecho de apelación.

En los últimos 15 años, las disputas con arbitraje inversionistas-Estados (conocidas como ISDS en inglés) se han acrecentado. En casi todos los casos, las demandas de los inversionistas son plena o parcialmente satisfechas. Los gobiernos han pagado compensaciones millonarias, o multimillonarias, en dólares: dinero de los contribuyentes que podría usarse en beneficios públicos. Los ISDS afectan la soberanía alimentaria de muchas formas. Le brindan a las compañías gran apalancamiento legal para derribar políticas locales que apoyen a los campesinos, los mercados locales o el ambiente. Iniciativas que combatan el cambio climático en el sector alimentario —como promover circuitos cortos al subsidiar o preferir a productores locales— pueden ser impugnados por las TNCs si sienten que les afectarán. Los ISDS otorgan a corporaciones extranjeras instrumentos para garantizar que la competencia con las naciones se apoye en estas políticas y no amenace sus intereses. Extracto del Boletín Nyeleni, número 29, 2016, https://nyeleni.org/spip.php?page=Nwrub.en&id_rubrique=180

Para el caso de México resulta muy grave el acelerado desmantelamiento de la Constitución Mexicana, aprobada en 1917 al término de la Revolución que constituyó un ejemplo significativo para otros países ya que fue la primera que introdujo los derechos sociales y subordinó el derecho privado de la propiedad al interés común.

La impunidad transnacional que el TLCAN [y todos los otros TLC conocidos] regula[n] permite afirmar que es [son] tratado[s] tremendamente violento[s]. La violencia estructural del sistema capitalista —que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos— se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado.

[Los tratados]... colisionan frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, así como otros tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de derecho internacional general.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Se debe restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares, haciendo cumplir las normas internacionales para revertir la fuerte asimetría existente entre las normas de comercio e inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos, poniendo los derechos de las personas y los pueblos por encima de los intereses de las grandes empresas. Fragmento de la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, 12-15 de noviembre, 2014

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