Vivimos tiempos difíciles, una crisis económica mundial que cada día estrangula más la economía brasileña y aumenta las dificultades para mantener las políticas neodesarrollistas implementadas en los últimos 14 años por los gobiernos petistas, que por un lado apoyaban a los dueños del capital y, por otro, distribuían renta a través de programas y políticas sociales. El problema es que, en periodos de crisis económica, falta dinero para atender ambas puntas. Así, se intensificaron los conflictos. Como dice el refrán, “primero mis dientes que mis parientes”. Se intensificaron las disputas políticas y la lucha de clases. Fue en este contexto de crisis económica y política, de disputas acerca de cuál clase sería la atentida por el Estado brasileño, donde ocurrieron las últimas elecciones y después un conjunto de disputas políticas que desembocaron en el actual escenario, con el alejamiento provisorio de la presidenta Dilma Roussef, en un proceso delictivo ejecutado por el Congreso Nacional, anclado en el Poder Judicial, la Policía Federal, el Ministerio Público y los grandes medios de comunicación. Al día de hoy, no se han demostrado los delitos que justificarían la destitución de la presidenta de la República. Destitución sin crimen que lo justifique, es Golpe. Es por eso que no reconocemos a este gobierno golpista y a su banda de corruptos, de los cuales tres ministros ya cayeron por corrupción, incluyendo el “ministro de transparencia”, que no parece ser tan transparente. Está en curso la famosa operación “Lava Jato” [Operación Lavado a Presión] que investiga los procesos de corrupción en Brasil. Es una mega-operación “anti-corrupción” que arrastra el vicio de la selectividad, pues todo aquello que involucra al PT (Partido de los Trabajadores) es considerado importante y se convierte en noticia, mientras que aquello que involucra a los partidos de la derecha es ignorado por la justicia y no se convierte en noticia para los grandes medios. Todos estos elementos nos indican lo que está en juego: 1) la toma del poder político por parte de la derecha a través de un golpe parlamentario, al no haber tenido éxito el voto; 2) el realineamiento de la política brasileña con el neoliberalismo y en consecuencia con las políticas estadounidenses; 3) la entrega del capital brasileño al capital extranjero a través de las privatizaciones de Petrobras, del Présal, del sector eléctrico, de los minerales y de los bancos públicos, entre otros; 4) la pérdida de los derechos de los trabajadores, conquistados a lo largo de muchos años; 5) el fin de las políticas sociales, tales como la política habitacional, la renta mínima, el acceso a la educación, la salud universal, la producción campesina, la seguridad alimentaria, la seguridad social. El discurso del combate a la corrupción no es más que una cortina de humo para esconder los verdaderos intereses de la élite brasileña, subalterna de los intereses internacionales y entreguista del patrimonio brasileño. La Agenda del Agronegocio Brasileño La clase dominante del campo, los latifundistas y las transnacionales del agronegocio fueron actores principales en el acuerdo golpista para interrumpir el proceso democrático y de distribución de la renta que avanzaba a pasos lentos en el país. Y fueron claros en sus propuestas: Extinción del ministerio de Desarrollo Agrario, extinción de la Conab (Compañía de Abastecimiento), expulsión de los pueblos originarios y quilombolas (afrodescendientes) de sus tierras, fin de los programas de apoyo a los campesinos, fin del programa de Reforma Agraria, venta de tierras a grandes grupos extranjeros y represión a los movimientos sociales mediante la fuerza militar. En la última semana, el presidente golpista Michel Temer firmó la ley 13.301 que autoriza la pulverización aérea en las ciudades para combatir el mosquito Aedes aegypti, autorizando el derrame de veneno sobre las cabezas de la población. Pero todos nosotros sabemos que el mosquito se combate con saneamiento básico, no con veneno. Estamos ante una clara opción dictatorial que tiene el objetivo de desmontar las organizaciones populares campesinas. Consecuencias para los Campesinos Desprecio por los campesinos, expresado en el cierre del Ministerio de Desarrollo Agrario que atendía a los pequeños agricultores. Aumento de la edad mínima de jubilación con la amenaza de aumentarla a los 65 años, para mujeres y hombres. Hoy en día, la edad de jubilación para los campesinos es de 55 años para las mujeres y de 60 años para los hombres. También existe la amenaza de eliminar la paridad de las jubilaciones rurales con el salario mínimo, tal como existe hoy. Amenaza de corte de subsidios de energía al campo y liberación de tarifas —la luz se tornará más cara. El gobierno golpista eliminó el subsidio del Programa “Mi casa, mi vida” para los campesinos. Quien quiera casa, deberá pagar. Con esto, los más pobres se quedarán sin acceso a la vivienda en el campo. Crédito rural para aquellos que puedan pagar intereses altos, con la exclusión de los pequeños, que venían teniendo acceso durante los últimos años. Reducción de los gastos en salud, reduciendo la atención en el Sistema Único de Salud, desmontando los programas de salud popular como el programa “Más Médicos” con la participación de médicos cubanos. Reducción de los gastos en educación, impidiendo a los pobres el acceso a la enseñanza técnica y a la enseñanza superior. Disminución de las familias atendidas por el programa “Beca Familia” [Bolsa Familia], que garantiza la renta mínima para las familias más pobres. El cierre del MDA Como una de sus primeras medidas, el gobierno provisorio, ficticio e ilegítimo de Temer, prestando oídos a la bancada ruralista, eliminó el Ministerio de Desarrollo Agrario (que se encarga de los asuntos de la agricultura familiar, campesina y de la reforma agraria). Este ministerio no fue creado por Lula, sino por Fernando Henrique, teniendo a Raul Jugmann (hoy ministro de Defensa del gobierno golpista) como el primero de sus ministros. Es claro que el papel del MDA cambió radicalmente a partir del 2003 con el gobierno de Lula, ampliando profundamente sus bases de actuación y construcción de políticas públicas. Además de generar innumerables programas enfocados al desarrollo de la agricultura campesina, de pequeña escala, y al abastecimiento popular —como crédito, seguro agrícola, asistencia técnica, apoyo al cooperativismo, reforma agraria, promoción de la agroecología, producción de semillas y tantos otros—, este ministerio era el responsable del estímulo y apoyo a la producción del 40% del Producto Bruto Interno de Brasil (PIB agropecuario) y del 70% de los alimentos básicos que están todos los días en las mesas del pueblo brasileño. El agronegocio latifundista produce 60% del PIB agropecuario, pero está concentrado en la caña para alcohol combustible y en la soja y el café para exportación. Quienes producen comida son los pequeños agricultores que sienten, con el cierre del MDA, el primer golpe del desgobierno “temerario” (de Temer). El Ministerio de Desarrollo Agrario fue abatido en pleno vuelo cuando estaba siendo presionado para construir una nueva generación de políticas públicas para el campesinado, superando los límites expuestos con los avances reconocidos de los gobiernos Lula/Dilma; cuando estábamos en proceso de nacionalización de una experiencia construida en el estado de Río Grande do Sul, en asociación entre los movimientos de la Vía Campesina, el gobierno estatal y los movimientos urbanos, con el apoyo del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), que aplicaba la lógica del Plan Campesino, elaborado por el Movimiento de Pequeños Agricultores, convirtiéndola en directrices para un Programa Campesino como política pública de abastecimiento popular de alimentos, fortaleciendo la alianza obrero-campesina por soberanía alimentaria. Y llegó el retroceso cuando construíamos avances en las parcelas y en las calles, en lucha y resistencia para garantizar los derechos conquistados y recuperar el derecho a soñar con un Brasil mejor y más justo, con un campesinado fuerte produciendo comida saludable para todo el pueblo brasileño. Por todo eso, el Movimiento de Pequeños Agricultores, la Vía Campesina Brasil, y el Frente Brasil Popular no reconocen al gobierno golpista y luchan por el retorno de la democracia. ¡No al Golpe!, ¡Fuera Temer! y ¡Ningún Derecho Menos! Frei Sergio Görgen y Valter Israel da Silva son Militantes del Movimiento de Pequeños Agricultores – MPA Brasil