El proceso de concentración y privatización de tierras, que es un componente estructural de los procesos coloniales de los últimos 500 años, ha tenido un agravamiento y crecimiento exponencial durante los últimos 6 años con el llamado acaparamiento global de tierras. En un principio parecía que estábamos ante una situación en que “los gobiernos de países con ‘inseguridad alimentaria’, que dependen de las importaciones para alimentar a sus pueblos, buscaban allegarse tierras agrícolas por todo el mundo donde pudieran producir sus propios alimentos fuera del país”. Sin embargo, muy pronto constatamos que detrás de este discurso se escondía una nueva oportunidad para que las corporaciones y los capitales financieros especulativos se lanzaran a esta nueva “conquista” que ya no tenía las dimensiones norte-sur de las anteriores, si no que en ambos espacios tenía a conquistadores y conquistados. En este vistazo damos cuenta de algunos de los muchos casos que existen y de las luchas que desde lo local y lo global se están dando para frenar este acaparamiento y mantener los territorios vivos en manos de las comunidades. La apropiación de tierras es un proceso que ha venido ocurriendo por siglos. Basta con pensar en el “descubrimiento” de América por Colón y en la brutal expulsión de las comunidades indígenas que desencadenó, o en los colonialistas blancos que se adueñaron de los territorios ocupados por los maoríes en Nueva Zelanda y por los zulúes en Sudáfrica. Es un proceso violento muy vivo hoy en día, de China a Perú. No pasa ni un solo día sin que la prensa nos informe de las luchas por la tierra —y empresas mineras como Barrick Gold invaden las montañas de América del Sur, o corporaciones de alimentos como Dole o San Miguel estafan a los campesinos filipinos para quedarse con sus derechos sobre la tierra. En numerosos países los inversionistas privados están comprando grandes extensiones para disponer de ellas como parques naturales o áreas de conservación. Y a dondequiera que uno mire, la nueva industria de los agrocombustibles, promovida como respuesta al cambio climático, parece basarse en expulsar a la gente de su tierra. No obstante, algo más peculiar está ocurriendo. Las dos grandes crisis globales que estallaron en los últimos 15 meses —la crisis alimentaria mundial y la crisis financiera, más vasta, de la cual la crisis alimentaria es parte — están engendrando una nueva y preocupante tendencia a comprar tierras para la producción dislocada de alimentos. Son dos las agendas paralelas que impulsan a dos tipos diferentes de acaparadores de tierras. Pero aunque sus puntos de partida difieran, sus pasos terminan convergiendo. El primer tipo de especuladores está vinculado a la seguridad alimentaria. Varios países que dependen de la importación de alimentos y están preocupados por lo competido de los mercados, aun cuando tienen dinero en efectivo para repartir, buscan dislocar su producción interna de alimentos, es decir producirlos fuera del su país adueñándose y controlando tierras agrícolas en otros países. Consideran esto como una innovadora estrategia de largo plazo para alimentar a sus pueblos a buenos precios y con mucha mayor seguridad que hasta ahora. Arabia Saudita, Japón, China, India, Corea, Libia y Egipto están en ese camino. Desde marzo de 2008, funcionarios de alto rango de muchos de esos países han estado activamente en la búsqueda diplomática de tierras fértiles en lugares como Uganda, Brasil, Camboya, Sudán y Pakistán. Dada la continuada crisis de Darfur, donde el Programa Mundial de Alimentos intenta alimentar a 5 millones 600 mil refugiados, podría parecer disparatado que haya gobiernos extranjeros que estén comprando tierras en Sudán para producir y exportar alimentos a sus propios ciudadanos. Lo mismo ocurre en Camboya, donde 100 mil familias (medio millón de personas), carecen actualmente de alimentos. Y sin embargo eso es lo que está ocurriendo hoy. Convencidos de que las oportunidades agrícolas son limitadas y de que no es posible confiar en el mercado, los gobiernos con “inseguridad alimentaria” están comprando tierras en todos lados para producir sus propios alimentos. Por otro lado, los gobiernos que están siendo “cortejados” para hacer uso de sus tierras agrícolas, generalmente dan la bienvenida a esos ofrecimientos de nuevas inversiones extranjeras. El segundo grupo de especuladores va por las ganancias financieras. Frente al desplome financiero actual, toda suerte de actores de las finanzas o la industria alimentaria —las casas de inversión que manejan las pensiones de los trabajadores, los fondos de capitales privados que buscan ganancias rápidas, los fondos de cobertura que huyen del mercado ahora derrumbado de los instrumentos derivados, los comerciantes de granos que buscan nuevas estrategias de crecimiento— están recurriendo a la tierra para producir alimentos, para combustibles, y como nueva fuente de lucro. La tierra misma no es una inversión típica para gran parte de esas empresas transnacionales. De hecho, es tan fácil que la tierra se vea envuelta en conflictos políticos que muchos países ni siquiera permiten que pueda ser propiedad de extranjeros. Y la tierra no se valoriza de la noche a la mañana, como los cerdos cebados o el oro. Para tener rentabilidad los inversionistas necesitan aumentar las capacidades productivas de la tierra —y a veces incluso ensuciarse las manos dirigiendo en los hechos un establecimiento agropecuario. Pero las crisis alimentaria y financiera, juntas, han convertido las tierras agrícolas en un nuevo activo estratégico. En muchos lugares de todo el mundo los precios de los alimentos son altos y los precios de la tierra son bajos. Y la mayoría de las “soluciones” a la crisis alimentaria hablan de extraerle más alimentos a la tierra con que contamos. Así que queda claro que va a ser negocio el tener el control de las mejores tierras, cerca de suministros de agua disponibles, cuanto antes. Lo que ambos grupos de especuladores tienen en común es que el sector privado tendrá el control. En la búsqueda de la seguridad alimentaria, los gobiernos son los que llevan la delantera a través de una agenda de políticas públicas. En la búsqueda de ganancias financieras, son estrictamente los inversionistas quienes hacen sus negocios como de costumbre. Pero no nos engañemos. Si bien son los funcionarios públicos quienes negocian los contratos de apropiación de tierras destinadas a proporcionar “seguridad alimentaria”, explícitamente se espera que el sector privado se adueñe de la tierra y entregue productos. Así que ambos carriles del acaparamiento señalan en una misma dirección: las empresas privadas extranjeras obtienen nuevas formas de control sobre tierras agrícolas para producir alimentos, no para las comunidades locales sino para otros. ¿Alguien dijo que el colonialismo era una cosa del pasado?. GRAIN, ¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008 No se puede cultivar alimentos sin agua. En África, una de cada tres personas sufre de escasez de agua y el cambio climático empeorará la situación. El desarrollo en África de sistemas indígenas de manejo de aguas, altamente sofisticados, podría ayudar a resolver la crisis, pero son estos mismos sistemas los que son destruidos por los acaparamientos de tierra a gran escala, en medio de afirmaciones de que el agua en África es abundante, que está subutilizada y que está lista para ser aprovechada por la agricultura para la exportación. Tras la fiebre por las tierras en África se revela una lucha mundial por algo que, cada vez más, es considerado una mercancía más preciosa que el oro o el petróleo: el agua. El río Alwero en la región de Gambela, en Etiopía, proporciona sustento e identidad a las comunidades anuak, quienes han pescado en sus aguas y cultivado sus riberas y las tierras colindantes durante siglos. Algunos anuak son pastores, pero la mayoría son agricultores que se trasladan hacia las áreas más secas en la temporada de lluvias antes de retornar a las riberas del río. Este ciclo agrícola estacional ayuda a nutrir y mantener la fertilidad de los suelos. También ayuda a estructurar la cultura en torno a la repetición de las prácticas de cultivo tradicionales, relacionadas con las lluvias y las crecidas de los ríos, en la medida que cada comunidad se preocupa de su propio territorio y del agua y tierras agrícolas a su interior. Una nueva plantación en Gambela, de propiedad del multimillonario árabe, Mohamed al-Amoudi, es regada con agua que se extrae del rio Alwero. Miles de personas dependen, para su sobrevivencia, del agua del río Alwero y los planes de riego industrial de Al-Moudi podrían acabar con el acceso que tienen a ella. En abril de 2012, la tensión provocada por el proyecto explotó cuando un grupo armado emboscó las instalaciones de la compañía de Al-Moudi, Saudi Star Development Company, dejando cinco personas muertas. La tensión en el sur oeste de Etiopía ilustra la importancia central que tiene el acceso al agua en la fiebre global que existe por la tierra. Oculta detrás de la disputa actual por la tierra, existe una lucha a nivel mundial por el control sobre el agua. Aquellos que han estado comprando extensas superficies de tierras agrícolas en los años recientes, ya sea que residan en Adís Abeba, Dubai o Londres, entienden que el acceso al agua que ellos obtienen, muchas veces gratis y sin restricciones, puede tener a largo plazo un mayor valor que las tierras mismas. En años recientes, compañías de Arabia Saudita han estado adquiriendo millones de hectáreas de tierra en el extranjero para producir alimentos para enviar de vuelta a su país. A Arabia Saudita no le falta tierra para producir alimentos. Lo que le hace falta al Reino es agua y sus compañías la buscan en países como Etiopía. Empresas de India como Karuturi Global, con su sede en Bangalore, están haciendo lo mismo. Los acuíferos a lo largo del sub-continente indio han sido vaciados durante décadas de riego no sostenible. Se asegura entonces que la única forma de alimentar a la creciente población de India es mediante el abastecimiento proveniente de la producción de alimentos en el extranjero, donde el agua tiene mayor disponibilidad. “Lo valioso no es la tierra”, dice Neil Crowder de Chayton Capital, con sede en Reino Unido y que ha estado adquiriendo tierras agrícolas en Zambia. “El real valor está en el agua”. Y las compañías como Chayton Capital piensan que África es el mejor lugar para encontrar esa agua. El mensaje que se repite en las conferencias de inversionistas en tierras agrícolas alrededor del mundo, es que en África el agua es abundante. Se dice que los recursos de agua de África están considerablemente subutilizados y listos para ser explotados por proyectos de cultivos para la exportación. La realidad es que un tercio de los africanos ya vive en ambientes con escasez de agua y es probable que el cambio climático aumente estos números significativamente. Los acuerdos masivos de cesión de tierra pueden robarle el acceso al agua a millones de personas y se corre el riesgo de agotar los recursos de agua más valiosos del continente. Todos los tratos por tierras en África involucran operaciones de agricultura industrializada a gran escala, que consumirán cantidades masivas de agua. Casi todos ellos están ubicados en las cuencas de los ríos más grandes, con acceso al riego. Ocupan tierras fértiles y frágiles en los humedales o se ubican en áreas más áridas donde pueden extraer agua de los grandes ríos. En algunos casos las fincas tienen acceso a aguas subterráneas a través del bombeo. Estos recursos de agua son vitales para los agricultores, pastores y otras comunidades rurales locales. Muchos ya no tienen un acceso adecuado al agua para su sustento. Si hay algo que aprender del pasado es que estos mega sistemas de riego no sólo pueden poner en riesgo el sustento de millones de personas de comunidades rurales, sino que son una amenaza para las fuentes de agua dulce de toda una región. GRAIN, Exprimir África hasta la última gota: Detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua, julio 2012 Las transnacionales siempre han mostrado interés por poseer tierras colombianas. Este fenómeno beneficia la seguridad alimentaria de los países que adquieren los terrenos y va en detrimento de la soberanía nacional. En la actualidad se presentan varios ejemplos de esta situación, como lo denunció Wilson Arias, representante a la Cámara, durante su intervención en la Cátedra Manuel Ancízar. Entre otros, Arias presentó los casos de los brasileños con Mónica Semillas (productora de soya y maíz) en el Meta; los italianos y españoles con Poligrow (cultivadores de palma) en Mapiripán (Meta); y los estadounidenses con Cargill (cereales) en el Vichada. De acuerdo con el político, lo que pretende China es quedarse con nuestra tierra para sembrar el arroz de esta nación. Y aunque esto lo pueden realizar empresarios o transnacionales de dicho país, también lo podría hacer Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tomar la decisión de sembrar el mismo arroz y vendérselo a China en el mercado de valores futuros. “Estos factores, sumados a la política que se diseñe al respecto pueden determinar gravísimas causas para la seguridad y la soberanía alimentaria colombiana”. Así, Arias recalca que a pesar de que en África existen países cuyas poblaciones viven en medio de grandes plantaciones, éstas mueren de hambre porque son tierras manejadas por extranjeros que no benefician en nada el lugar donde se siembra. De esta manera, países como China deciden no comprar alimentos a escala en los mercados mundiales, sino adquirir la tierra para sembrarlos y, por ello, se desata este fenómeno que beneficia su propia seguridad alimentaria y va en detrimento de la soberanía de terceros. Es así como el África Subsahariana está casi extranjerizada. En América Latina esto se proyecta principalmente en cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia), a través de dos problemáticas que coinciden en el tiempo y posibilitan la explosión de ese fenómeno. Se trata de la crisis alimentaria que se viene presentando y de la inconstancia de los precios de los alimentos que surgió a raíz de las revueltas que hubo en México en el 2008 (por el problema de las tortillas de maíz), y en África. Esa volatilidad en los precios de los alimentos también produce inestabilidad en la proyección de los propios países que cuentan con muchos recursos e invierten grandes cantidades en la compra de alimentos. Según el representante a la Cámara, en otras épocas también surgieron grandes colonizaciones para ampliar la frontera agrícola en Colombia. En unos casos esto se dio porque los campesinos fueron expulsados o porque se presentó lo que se denomina “la feria de los baldíos”. La presión de grandes compañías nacionales y extranjeras versus la realidad política social, económica y jurídica han creado un conflicto. “Por disposición legal y constitucional las tierras baldías deben entregarse a manos campesinas y mantenerse en el mercado campesino”. Aumenta interés de transnacionales por poseer tierras colombianas, mayo 2014, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/aumenta-interes-de-transnacionales-poseer-tierras-colom-articulo-493451 Karuturi Ltd entró en colapso financiero y fue puesta bajo administración judicial. La unidad de producción florícola de Karuturi Global en Kenya, uno de los acaparadores de tierras más infames del mundo, está sumido en los más grandes problemas que haya tenido jamás. El 11 de febrero de 2014, el CfC Stanbic Bank en Nairobi asumió el control de la granja Karuturi en Naivasha mientras que su administración quedaba a cargo del Business Advisory Group Ltd. Los nuevos administradores evaluarán la verdadera situación financiera de la firma (que dejó de pagar a sus empleados, y a los proveedores de bienes y de servicios desde hace muchos meses) y establecerá el monto de las deudas relevantes, que se dice exceden los 5 millones de dólares. Hasta ahora, la granja florícola en Naivasha era la gallina de los huevos de oro, responsable de tres cuartas parte de las ganancias globales anuales del emporio Karuturi. Karuturi Global Ltd, con sede en Bangalore, es uno de los conglomerados extranjeros de agronegocios más grandes de África. En 2007, comenzó a expandir sus operaciones a Kenya y Etiopía para sacar ventaja de los generosos recortes fiscales y lo barato de la tierra, el agua y la mano de obra. Muy pronto se convirtió en el exportador de rosas cortadas más grande del mundo y adquirió más de 31 mil hectáreas de tierra fértil en el sur de Etiopía con el fin de producir alimentos. Ahora, este ejemplo de inversión extranjera directa en la agricultura africana está al borde del colapso —y los africanos pagan el precio. Los proyectos empresariales de Karuturi en el extranjero están ocasionando sufrimiento indecible. En Kenya, los trabajadores han estado viviendo en condiciones infrahumanas sin paga, sin agua y sin electricidad durante meses. Durante los últimos seis meses, clausuraron los servicios médicos y cerraron la escuela para los niños. Por encima de todo, Karuturi le debe al gobierno de Kenya millones de dólares en impuestos no pagados que escondió en facturas manipuladas y alterando los precios de transferencia. En Etiopía, los anywaa y otras comunidades que fueron violentamente desplazadas de sus tierras sin consulta alguna con tal de abrirle espacio a las operaciones de cultivo de Karuturi, han perdido sus modos de subsistencia y están viviendo en el exilio sin las compensaciones apropiadas. Sin embargo, Karuturi no ha podido cultivar sino una porción pequeña de esas tierras y las fuentes locales informan que las granjas han detenido su funcionamiento. Este último mes, el gobierno etíope dio aviso a Karuturi para que clarificara la situación de su proyecto de inversión agrícola o se le retiraría el permiso. Entre el fraude fiscal y las violaciones laborales, Karuturi debe pagar por sus crímenes, de inmediato. Y la comunidad internacional debe dejar de respaldar en nombre de “la inversión extranjera” o, peor, en nombre del “desarrollo”, a estas corporaciones, egregias en la malversación de fondos. Se hunde Karuturi, icónico acaparador de tierras. Tax Justice Network Forum Syd Kenya GRAIN Anywaa Survival Organisation South Indian Coordination Committee of Farmers Movements, febrero, 2014 Benjamin Dummai, director-general de Senhuile SA, un proyecto de agronegocios italo-senegalés que ocupa ilegítimamente 20 mil hectáreas en el norte de Senegal, fue despedido por su junta directiva y arrestado por las autoridades senegalesas la semana pasada. Según los medios locales, está acusado de malversar casi medio millón de dólares. Las comunidades locales y los grupos de la sociedad civil que luchan por expulsar este controvertido proyecto, reaccionaron de inmediato ante las noticias. “El arresto y el despido de Dummai confirman nuestra preocupación en torno al turbio conglomerado internacional que está detrás de Senhuile. Queremos que este proyecto sea clausurado de inmediato”, dijo Ardo Sow del Colectivo de 37 comunidades de la región de Ndiaël afectadas por el proyecto. Los grupos internacionales que respaldan a las comunidades publicaron recientemente una avalancha de informes que apunta al dudoso pasado de Benjamin Dummai, que con anterioridad fue convicto por evasión fiscal y fraude en Brasil y que en secreto manejaba una empresa fantasma tras el proyecto, en Nueva York. Justo dos semanas antes del espectacular arresto de Dummai, la junta directiva de Senhuile revocó sus credenciales y lo sustituyó por el gerente financiero procedente de la sede italiana del Tampieri Financial Group, que controla el mayoritario 51% de las acciones de Senhuile. “El arresto del administrador clave de Senhuile le da la razón a los reclamos de la sociedad civil y a su oposición al proyecto. Es tiempo de que Tampieri explique públicamente qué es lo que está ocurriendo en realidad y por qué la compañía insiste en proseguir con el proyecto”, dijo Giulia Franchi de Re:Common, una asociación italiana que impulsa una campaña para que Tampieri se salga del proyecto. “El proyecto parece tener cada vez más problemas. A la destitución del director general le ha seguido la reducción de personal y de actividades del proyecto en la zona de Ndiaël. Los planes de Senhuile se están desmoronando. Pero el verdadero escándalo es que Senhuile-Senethanol sigue amenazando los modos de subsistencia y los derechos de 9 mil mujeres y hombres en el norte de país, aunque más de 52 mil personas de todo el mundo hayan escrito personalmente a Tampieri exigiendo el cierre de este proyecto”, dijo Frédéric Mousseau del Oakland Institute, que en enero publicó una filosa revisión del proyecto. GRAIN, Ndiaël Collective, Oakland Institute y Re:Common, El director de Senhuile es arrestado por presunto delito financiero, mayo 2014, http://www.grain.org/es/article/entries/4944 Macrocultivos de soja que expulsan a los campesinos del campo hacia la los barrios pobres de la periferia de las ciudades o emigración. Reparto de tierras a empresarios y políticos afines durante la dictadura. Pago casi inexistente de impuestos por parte de los grandes terratenientes. Éste es el panorama que dibuja el director de Oxfam Intermón en Paraguay, Óscar López, quien asegura que “en términos de acaparamiento de la tierra tenemos probablemente el índice más alto: el 2% de los propietarios acumula el 80% de las tierras en Paraguay”. En los últimos diez años, denuncia la ONG, más de 900 mil personas han sido expulsadas del campo, 585 mil de ellas, jóvenes menores de 30 años. “Éste es un problema antiguo, que se agravó con la expansión de la soja de los últimos 15 años. El uso intensivo de agrotóxicos obliga a las familias a abandonar sus tierras, dejar de producir alimentos y buscar alternativas ya sea en las ciudades o incluso en la emigración. La emigración más fuerte a España se dio en este periodo de expansión de soja”, explica López. Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, y dedica al cultivo de este producto el 92% de su tierra cultivable. El problema asociado a la expansión de este tipo de cultivo reside principalmente en la toxicidad de los productos que se utilizan para mantenerlo a salvo de las plagas. Las fumigaciones de los macrocultivos, que en muchos casos se realizan con aviones, someten a una gran presión a los campesinos que viven de la tierra. Se calcula que en cada ciclo productivo se utilizan alrededor de 30 millones de litros de agrotóxico en todo el país. “Primero, las plagas de la soja que no mueren vienen a tu propiedad. Después empiezan a afectar a tu cultivo. Si plantabas maíz, mandioca, tanto el agrotóxico mismo como los bichos que huyen del agrotóxico vienen y destruyen tu cultivo. Después empiezan a matar a tus pequeños animales…”, señala López. El aumento del precio de la tierra aparejado a la llegada de una gran plantación de soja, añade, acaba por provocar que los campesinos vendan su propiedad y busquen fortuna fuera del campo. “Si empiezan a fumigarnos todo el día y después vienen a ofrecernos un precio alto por nuestra tierra, terminamos vendiendo, y con ese dinero pensamos que vamos a sobrevivir en la ciudad, pero ese dinero se acaba en pocos meses…”. El resultado de todo esto son miles de familias desplazadas que acaban malviviendo en la periferia de Asunción, la capital, sin acceso a los servicios básicos ni a su forma tradicional de ganarse la vida: el campo. Por otro lado, una extraordinaria expansión del cultivo de la soja, que pasó de ocupar 400 mil hectáreas en 1994 a cerca de 4 millones 15 años después. Los cultivos de soja, casi toda transgénica, se destinan además a la exportación. “El volumen mayor pertenece a grandes empresas, especialmente inversores brasileños, también paraguayos, y es un negocio muy centralizado en transnacionales alimentarias que son las que compran la producción y exportan, como Cargill, Bunge ADM, Dreyfus”, señala López. “La propaganda oficial dice que con el desarrollo del complejo soja producimos alimento para alimentar a 70 millones de personas. Paraguay tiene una población de siete millones y hay un millón 300 mil personas que pasan hambre”, afirma el director de Oxfam Intermón en el país. Gran parte de las tierras acabó en manos de empresarios y políticos cercanos al dictador Alfredo Stroessner durante la dictadura paraguaya que dominó el país entre 1954 y 1989. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación realizada tras el periodo dictatorial, subraya López, “documentó que de los 12 millones de hectáreas que se repartieron, alrededor de ocho millones que debían haber sido entregadas a campesinos terminaron en manos de empresas o personas muy influyentes cercanas al régimen”. Uno de ellos fue el ex-senador Blas Nicolás Riquelme, ya fallecido, dueño de la empresa Campos Morumbí SA. Doscientas familias campesinas del municipio de Curuguaty llevan una década luchando contra esta empresa reclamando el derecho a ocupar 2 mil hectáreas de la región conocida como Marinakue. Y es que la ley paraguaya obliga a que todas las tierras públicas en manos del Estado, excepto si están destinadas para reservas, se repartan a familias campesinas para que las trabajen. Los terrenos que reclaman las familias fueron ocupados durante décadas, hasta 1999, por la marina paraguaya. En 2004, un decreto presidencial entregó las tierras al Instituto de Desarrollo Rural, el organismo estatal encargado de distribuir las tierras. Pero Campos Morumbí SA consiguió que un juez local le concediera la propiedad de los terrenos, colindantes a otros cultivos de soja de la empresa. El proceso constituyó, denuncia López, “un caso evidente de corrupción”. “Cuando yo ocupo una tierra durante más de 20 años y la cultivo, la ley me reconoce el derecho a reclamar la propiedad, en una figura que se denomina usucapión. Esta ley en general se usa para pequeños propietarios, y es la que usó el juez para concedérsela a la empresa. Es evidente que no llevaban 20 años ocupándola porque estaba el ejército allí”, cuenta López. Decenas de campesinos ocuparon los terrenos, un hecho habitual y, señala López, imprescindible para que se entreguen finalmente los terrenos solicitados a las familias. “No hay un solo caso en más de 30 años de experiencia de distribución de tierras en que si no se ocupa antes esa tierra, además de realizar los trámites pertinentes, se la hayan entregado a los campesinos”. El 12 de junio de 2012, sin embargo, las familias fueron desalojadas en un episodio de gran violencia que acabó con 11 campesinos y 6 policías muertos. El litigio aún sigue en marcha en los tribunales. El caso de Marinakue se ha convertido en la bandera del reclamo de una distribución equitativa de las tierras en Paraguay. La Campaña de Oxfam Jóvenes sin tierra: tierra sin futuro, tiene el objetivo de apoyar a estas comunidades en sus demandas al presidente “para que use todas su atribuciones, y a través del Instituto de la Tierra y del Procurador General de la República, se mueva y se pronuncie hasta lograr que estas tierras sean devueltas al Estado y las entreguen a las familias”. Oxfam denuncia que un 2% acapara el 80% de las tierras en Paraguay, http://www.kaosenlared.net/america-latina/88160 En mayo de 2013, más de 20 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, campesinos, ambientales, religiosos, familias y comunidades del Corredor de Desarrollo de Nacala, firmaron y presentaron a los Presidentes de Mozambique, Brasil y el Primer Ministro de Japón una Carta Abierta para detener y replantear el Programa ProSavana de manera urgente. El ProSavana es un programa de cooperación triangular entre los tres gobiernos que permite a Brasil y a Japón la adquisición de más de 14 millones 500 mil hectáreas de tierra junto a las autoridades de Mozambique para concesionarlas a grandes compañías de agronegocios de Japón y Brasil (para monocultivos de soja, maíz, girasol y algodón) en el norte del país, a lo largo del llamado Corredor de Desarrollo de Nacala, con un fuerte enfoque en 19 distritos de Nampula, Niassa y Zambezia. La carta abierta a los líderes de los tres países responsables de este mega alianza tenía como objetivo principal la detención urgente y parálisis de ProSavana para proporcionar espacios para el debate público profundo, amplio, transparente y democrático en el ejercicio del derecho a la información, la consulta y la participación del público en un proceso de gran trascendencia social, económica y ambiental, con impactos potenciales adversos y efectos nefastos para la vida de millones de ciudadanos y futuras generaciones. El documento también revela la existencia de numerosas discrepancias y contradicciones en las insuficientes informaciones y documentos disponibles, indicios y pruebas que confirman la existencia de vicios insalvables de concepción del programa; graves irregularidades en el supuesto proceso de consulta pública y participación; graves amenazas de apropiación de tierras y expulsión de agricultores y de las comunidades en las áreas que ocupan actualmente. Un año después de la presentación y publicación de la carta abierta para detener y replantear el Programa ProSavana de manera urgente, ésta sigue sin respuesta. Contra todas las críticas y las demandas de los diversos sectores de la sociedad mozambiqueña, ProSavana continúa implementándose de la forma corporativa y perversa en la que fue diseñado. El gobierno de Mozambique, a través del Ministerio de Agricultura, sigue ignorando las demandas y las justas exigencias de mozambiqueñas y mozambiqueños planteadas en torno a este programa. Con mucho temor hemos sido testigos de la permanencia del secreto, la omisión, la manipulación y la tergiversación deliberada y contradictoria de los documentos, la multiplicación de la intimidación y la manipulación de los líderes de las organizaciones campesinas, representantes de los movimientos sociales y la sociedad civil y activistas, encabezada por los proponentes y ejecutores de ProSavana. Para evitar situaciones de neocolonialismo expresadas por el avance de la ProSavana y las multinacionales sobre los territorios campesinos anunciamos públicamente hoy 2 de junio de 2014, la campaña nacional NO A ProSavana como parte de un proceso más amplio de endurecimiento de nuestra lucha en la movilización conjunta de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos campesinos en defensa de los recursos naturales y en contra de la agresión, el robo, la mercantilización y la posible privatización de tierras. Con el lanzamiento de la campaña nacional NO A ProSavana la intención de construir una agenda pública para luchar con el principal objetivo de detener y paralizar todas las acciones y proyectos que se ejecutan bajo ProSavana en los términos y supuestos en que fue diseñado y se ha implementado, lo que reafirma la pertinencia de la Carta Abierta y de todas las demandas e inquietudes de los campesinos que figuran en ella y que no fueron contestadas. Esta Campaña también pretende denunciar y repudiar todas las formas de manipulación, la cooptación, la intimidación y la criminalización de los líderes de las organizaciones de la sociedad civil y los activistas que desafían ProSavana. Por último, reiteramos nuestra invitación y llamado a todos los movimientos campesinos, ambientales y sociales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades rurales y todos los ciudadanos en general para una amplia movilización, la organización y la construcción de un movimiento popular nacional de lucha en defensa de nuestros derechos e intereses relacionados con el acceso y control de la tierra, el agua, los bienes y el patrimonio cultural e histórico común. Hacemos un llamamiento para una resistencia vigorosa y firme de todos los afectados por ProSavana y las víctimas de la mercantilización y la usurpación de tierras y las injusticias, sociales y ambientales. Campaña Nacional no a ProSavana, junio 2014, ver www.viacampesina.org