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Author: GRAIN
Date: 06 August 2013
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GRAIN | 06 August 2013 | Biodiversidad - Jul 2013

En 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja —integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia- A partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.

En 2012 se produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.

Sin embargo, no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo agrícola y producción de alimentos, ni una autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con alto altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, el modelo se va consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que han surgido o se agudizan, tales como los impactos de los agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “Media Luna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la República Unida de la Soja las posiciones, políticas y debates planteados desde el gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la Media Luna que claramente han planteado su intención separatista).

Este avance fue consolidando la imposición del modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. Queremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.

Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.

Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etcétera.

En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de —como mínimo— 500 mil hectáreas por año.

Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos en profundidad. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la región.

Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.

El agronegocio mata. Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años pero fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos recientes. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde —y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal— murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.

Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que —en la nueva etapa— se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco La Conamuri (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez —el 1° de septiembre pasado, en Puentesiño (departamento de Concepción)— y de Vidal Vega —el 1° de diciembre último, en Curuguaty (departamento de Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.

En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.

En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios. En 2013 y hasta principios de junio, ya son tres los dirigentes del MST asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).

Todo en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.

El agronegocio contamina. Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.

Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.

Brasil está al frente de las estadísticas. Desde 2008 es el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y es responsable de 20% de todos los agrotóxicos usados en el planeta. Su consumo per cápita es de 5,2 litros de agrotóxicos cada año. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190% en la última década, es más que elocuente. El 55% de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total. Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.

Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190% con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.

En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.

En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica, las cifras llegan a un mínimo en 2010 de más de 12 millones de litros. Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable.

El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.

El glifosato, ampliamente promocionado por su “baja toxicidad” por Monsanto, está siendo cuestionado por múltiples motivos entre los cuales debemos destacar:

* El impacto en las comunidades ya es imposible de ocultar y son miles las personas que desde los “pueblos fumigados” denuncian los problemas de salud que sufren por su aplicación: nacimientos con malformaciones en aumento, intoxicaciones agudas fatales, problemas respiratorios, enfermedades neurológicas, aumento de los casos de cáncer, abortos, enfermedades de la piel.

* Las investigaciones científicas independientes lo confirman. En los últimos años los estudios que vinculan al glifosato con desarrollo de tumores y malformaciones en el desarrollo de embriones se han publicado en las más prestigiosas revistas científicas.

* Los efectos sobre la salud de los “coadyuvantes” usados en la preparación del Roundup, principalmente el surfactante Poea (polioxietilamina), también están demostrados y se lo asocia con daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.

* Los daños ambientales del glifosato también se encuentran ampliamente confirmados en la realidad de los territorios y en las investigaciones realizadas: su vínculo con la destrucción de biodiversidad es innegable al mismo tiempo que su efecto tóxico sobre anfibios está demostrado y publicado.

Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos asociados al glifosato para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1 millón 200 mil litros en Argentina y 3 millones 320 mil litros en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en 2003.

Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.

El agronegocio impone los transgénicos. La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.

El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.

En agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad acumular la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. La única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.

Además existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D.

Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba la problemática con claridad hace pocos meses: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina: 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.

En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue que en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta. Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.

En Brasil la escalada comenzó a fines de 2011 con la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro-transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”. Sin embargo, su aprobación es fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. “Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional”, lamentó. Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que “fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad”.

El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se intensificó y en la mayoría de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato sobre todo) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril de 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D (17). Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.

El agronegocio se propone el control absoluto de las semillas. La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina uno de los focos de acción más visibles y activos, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.

El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, pero fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.

La movilización de diversos sectores logró postergar su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza permanece latente.

Controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para apoderarse de todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Es claro que este control impacta de manera directa a los pueblos, impidiéndoles ejercer la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.

El agronegocio destruye los bosques. La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aun con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones generadas en Brasil) no sólo no se ha detenido sino que en los últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia).

Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el periodo 2000-2010 con una desaparición de 641 mil 800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201, festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.

Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2 millones 501 mil 912 hectáreas, equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de ONG. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el periodo 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1 millón 779 mil 360 hectáreas de monte nativo”.

En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria. Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286 mil 742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232 mil hectáreas deforestadas durante 2010 (23).

Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de lo que ocurre: un estudio publicado por la FAO en 2011 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de unos 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.

Aquí el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.

El agronegocio concentra la tierra en pocas manos. La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que caracteriza la implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años que esa concentración se profundizaba y reducía el número de manos que la controlaban.

Fue en Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos —fundamentalmente Brasil, pero también Argentina— se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.

El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma de la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte ésta no es adquirida sino arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.

Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos mediante el uso directo de la violencia.

Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para 2007 ya suponía la expulsión de más de 200 mil agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino. En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2 millones 500 mil personas en Paraná y a 300 mil en Río Grande do Sul.

El agronegocio como dictador en la República Unida de la Soja. El golpe institucional en Paraguay demuestra que el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.

En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aun con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.

Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.

La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar —de la mano de sus aliados parlamentarios— al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.

Junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etcétera.

La elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.

Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación —si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay— también es evidente que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.

Todo esto confirma algo que a nivel global se hace evidente y se denuncia: la democracia es incompatible con el dominio corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.

El agronegocio somete las instituciones que regulan la ciencia y tecnología nacionales. Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.

En 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa. La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).

Tras el golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo, anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.

Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. Muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.

El agronegocio es una forma más de extractivismo que saquea los territorios. La agricultura industrial es extractivista porque sus principios se basan en considerar los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.

Este extractivismo se expresa de modo brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.

Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se degradan los suelos y se extraen millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.

El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación. Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).

Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:

* La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.

* La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.

* La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.

* La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.

Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP (28).

El agronegocio cambia el clima. El vínculo entre la crisis climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.

Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.

Consideraciones finales. Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.

Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.

Una versión completa con citas está disponible en http://www.grain.org/es/article/entries/4739

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