En el nombre de la conservación de la biodiversidad

La región latinoamericana contiene el mayor porcentaje de biodiversidad del planeta. El papel que han jugado los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones locales en conservar, recrear y mantener esa biodiversidad es indiscutible, como señala Elizabeth Bravo. No obstante, tanto los derechos colectivos de estos pueblos como la biodiversidad ambos indisolublemente ligados_ han estado históricamente jaqueados por los intereses de lucro empresarial, nacional e internacional. Hoy las nuevas estrategias corporativas para mantener sus ganancias están significando nuevos y más profundos peligros para esas comunidades locales que han sido custodias de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

Son varias las "nuevas" formas, mecanismos y vías que son utilizadas por el capital transnacional y sus aliados locales para tener el control de recursos estratégicos y mercados. Entre otras, dos estrategias de apropiación, control y dominación de la biodiversidad y los territorios se están haciendo visibles: las propuestas privatizadoras de la conservación de la biodiversidad y los ejes de integración de infraestructura en América Latina.

Presentamos dos trabajos que abordan el tema: uno sobre la región andina, de Elizabeth Bravo, de Ecuador, con énfasis sobre los mecanismos de control del territorio mediante la privatización de la conservación de la biodiversidad; y el segundo, focalizado sobre la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional para América del Sur (IIRSA) y en particular su incidencia en Bolivia, por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).

En el nombre de la conservación de la biodiversidad
La conquista del espacio andino

Por Elizabeth Bravo (*)

Los países son soberanos sobre su biodiversidad; así lo reconoce el Convenio sobre Diversidad Biológica. Esta soberanía debe entenderse como aquella ejercida por un Estado que, en representación de toda la Nación, obedece a los intereses colectivos, incluyendo los derechos de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la salud pública, el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales.

El Convenio de Diversidad Biológica reconoce y exhorta a los países miembros a respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad (Art. 8j, ver recuadro).

(*) Bióloga, integrante de Acción Ecológica, Ecuador.
Casilla 17-15-246-6, quito Ecuador.
C.e.: [email protected]
www.accionecologica.org

Sin embargo, son muchas las amenazas que pesan sobre la biodiversidad y sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades locales en la región latinoamericana, como son:

• extracción intensiva de recursos naturales no renovables (petróleo, gas y minerales);
  
• la deforestación llevada a cabo directamente o impulsados por la industria maderera;
  
• la conversión de zonas ricas en biodiversidad en otras formas de uso como la palmicultura, acuacultura, monocultivos de soya y agroindustrias en general;
  
• obras de infraestructura como carreteras y represas; y
  
• operaciones militares como el Plan Colombia.

Existen además una serie de causas subyacentes, de carácter estructural, que obligan a las poblaciones rurales a asentarse en zonas boscosas, ricas en biodiversidad. Esto podría agravarse con la profundización, extensión, y las cada vez más agresivas estrategias de globalización. Por lo tanto, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad es una necesidad impostergable para la región; sin embargo, es necesario preguntarse a qué costo, cómo, para quién y para qué. Estas preguntas son pertinentes, porque estamos asistiendo a un proceso mediante el cual, en nombre de la conservación, se está privatizando la biodiversidad y los ecosistemas. La privatización de los ecosistemas no se limita ya a las fronteras nacionales, sino que cubre inmensas áreas en varios países, en la que los estados nacionales y las poblaciones locales tienen poco que decir.

En América Latina se están impulsando distintos mecanismos para cambiar el concepto de ocupación del espacio territorial, y entre ellos se destacan dos. Por un lado, tenemos la agresiva implementación de infraestructura a nivel regional, con fines industriales y de extracción de recursos naturales, a través del Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Por otro, está la ocupación del espacio a través de la privatización de la conservación de la biodiversidad. En los últimos años hemos asistido a una ola de privatización de áreas estratégicas desde el punto de la biodiversidad por medio de la compra de tierras para establecer reservas privadas y un nuevo modelo de manejo del territorio a través de corredores biológicos, que son manejados por -y cuyas decisiones provienen de- organizaciones conservacionistas internacionales. Este es el caso del Corredor Biológico Mesoamericano y una serie de planes de conservación con menor grado de organización que éste en Sudamérica.

La propuesta de industrialización es acompañada por la creación de corredores de conservación. Y es que los ecosistemas que se quieren conservar tienen un valor estratégico dentro de la lógica del capital transnacional y la globalización: ser proveedores de servicios ambientales entre los que se incluye la bioprospección, el ecoturismo, los sumideros de carbono y el agua. Aunque a primera vista estas dos estrategias puede resultar contradictorias, es posible que esta nueva concepción de manejo de nuestro espacio esté bien planificado y que pretenda usar el territorio latinoamericano para favorecer las necesidades de las grandes corporaciones internacionales. Ambos tipos de estrategias son financiadas, en parte, por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento.

1. Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA)

El BID, la Corporación Andina de Fomento y Fonplata están impulsando el plan IIRSA de integración a 10 años, que es la versión sudamericana del Plan Puebla-Panamá mesoamericano. Ambos proyectos intentan crear toda una red de carreteras, hidrovías, ejes de integración multimodal, energéticos, de telecomunicaciones, de puertos aéreos y marítimos1, asociados con homologación de legislaciones; todo esto con el fin de organizar de manera más eficiente un mayor robo de nuestros recursos, y para establecer en nuestros territorios, industrias contaminantes que no podrían ser colocadas en países con normas más estrictas y con sistemas de control más rigurosos. Los promotores del IIRSA declararon que con esta iniciativa pretenden conquistar el espacio geográfico suramericano. Buscan intensificar las actividades económicas, el desarrollo regional, la integración física y económica de los países de la región.

La construcción de toda la infraestructura propuesta generará una gran pérdida de biodiversidad, primero de manera directa durante la ejecución de las obras, y luego indirectamente con impactos más a largo plazo. Estas se abrirán paso en medio de las zonas de mayor porcentaje de biodiversidad de Planeta, y de altísima vulnerabilidad, como son los bosques amazónicos y El Chocó.

2. Privatización de la conservación

Entre las propuestas de conservación de la biodiversidad se considera a la privatización de áreas con importancia biológica, como un instrumento viable. Abundan las campañas en las que se pide a individuos preocupados de la conservación que adopten una hectárea de bosques tropicales o de páramos. Gran parte de las organizaciones que llevan a cabo estas campañas son extranjeras (de Estados Unidos y Europa) y la mayoría de los propietarios de las reservas son también extranjeros. Es posible que la intención, tanto de los que apoyan estos proyectos como de los que los ejecutan sea loable, pero entrañan una serie de conflictos que van desde la problemática de la soberanía nacional, hasta el respeto de los derechos colectivos de los pueblos tradicionales. Quienes apoyan estas estrategias de conservación ignoran que se está comprando tierras de poblaciones que han protegido adecuadamente su territorio, hasta que llegaron fuerzas externas ligadas a intereses madereros, mineros y de bioprospección para acabar con sus tierras y sus costumbres.

Muchas de estas tierras son parte del territorio tradicional de pueblos indígenas o afroamericanos, estén adjudicadas legalmente o no. Esto, además de constituir una violación a los derechos colectivos de esos pueblos, y al Convenio 169 de la OIT, puede ser fuente de conflictos, como los que existen, por ejemplo, con las poblaciones tradicionales especialmente asociadas con el movimiento zapatista en la región de la reserva natural "Biosfera Integral Montes Azules" manejada por Conservación Internacional en la selva Lacandona.

Varias de las áreas compradas se encuentran dentro del patrimonio forestal del Estado. En Ecuador, la tendencia en la legislación forestal es que desaparezca esta figura legal porque consideran que es ineficiente. La estrategia debería ser el fortalecer a la autoridad forestal y no el permitir que este patrimonio esté en manos de organizaciones conservacionistas internacionales. La aproximación que hacen a la conservación de la biodiversidad no considera las verdaderas causas de destrucción de la biodiversidad, que son de carácter estructural, y por ello pueden ser ineficientes a largo plazo.

Ante estas estrategias surgen algunas interrogantes como las siguientes:

• ¿No constituye esto un atentado a la soberanía territorial y patrimonial?
  
• ¿No constituye esta una nueva forma de apropiación de nuestros recursos?
  
• ¿Están habitadas estas inmensas áreas que son compradas para la conservación?
  
• ¿Qué sucede con las poblaciones que son desplazadas? ¿No constituye su desplazamiento una violación a la norma constitucional mencionada antes?
  
• ¿No van a ocupar nuevas zonas boscosas?
  

Puesto que han sido desarraigados de sus tierras tradicionales y de su cultura, ¿podrían desarrollar prácticas que causan mayor pérdida de biodiversidad?

• En muchos proyectos se incluye un componente de concientización y educación ambiental a las poblaciones locales. ¿No es acaso esta una violación al derecho de los pueblos a mantener sus prácticas, tradicionales y cultura? ¿Han sido consultadas las comunidades que quieren ayudar? ¿No es esto un acto de arrogancia?
  
• ¿A quién pertenecen estas tierras? ¿No se está creando una nueva generación de terratenientes conservacionistas extranjeros?
  
• Tomando en cuenta que la biodiversidad es patrimonio de la Nación ¿Cuáles son los derechos de aquellos que compran estas tierras sobre la biodiversidad que ahí se encuentra?
  
• ¿A quién rinden cuentas los dueños de las reservas?
  
• En una de las campañas de compra de tierras se ofrece a las personas que apoyan la adquisición de tierras la calificación de "Guardián del bosque tropical".Por el hecho de haber desembolsado dinero ¿Están calificadas estas personas para ser guardianas de un bosque que no conocen?

Hay que señalar que muchas de las organizaciones que han comprado tierras, o que apoyan estas estrategias, nunca han participado en acciones frontales de defensa de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad ni han encarado a sus responsables, sobre todo cuando se trata de empresas transnacionales o el sector privado en general. Se limitan a comprar tierras, y en muchos caso, culpan a los pobres de la destrucción de los bosques y otras áreas ricas en biodiversidad. En algunos casos, han colaborado con empresas que desarrollan actividades que atentan contra la biodiversidad, los derechos colectivos y ambientales de las poblaciones locales. Ellos participan en la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de monitoreo, etc., debilitando las estrategias de las organizaciones y comunidades afectadas que sí resisten.

La vía de los corredores biológicos

Dentro de esta nueva concepción del manejo del espacio, se están implementando en América Latina una serie de iniciativas con fines de conservación a través de los corredores biológicos.

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)
integra áreas reservadas y corredores desde elsur de México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras Nicaragua y Panamá2. Está financiado por el Banco Mundial y ha sido ampliamente criticado por diversos actores, pues se percibe que el interés del Banco es apoyar proyectos que propicien la bioprospección, el aprovechamiento de los recursos forestales y no forestales tales como fibras, plantas ornamentales, resinas, plantas medicinales y sus conocimientos asociados, la enorme diversidad agrícola de la región, y sobre todo del agua. Es visto, además, como la "versión verde" del Plan Puebla Panamá, que es abiertamente atentatorio contra la biodiversidad, y que también es financiado por la banca multilateral.

Una característica del CBM es el desarrollo descentralizado del manejo del medio ambiente, propuesta que también es hecha en el caso de los corredores biológicos de América del Sur. En las condiciones actuales de nuestros países esto es un problema, pues serán autoridades locales generalmente débiles y en algunos casos muy vulnerables a la presión externa, quienes tendrán que tomar decisiones sobre el manejo de fracciones del corredor, sin que nadie, excepto las organizaciones internacionales, tenga una visión completa del manejo de los corredores. Hay que señalar que muy pocos gobiernos locales, sobre todos aquello ubicados en zonas de alta biodiversidad, tienen la capacidad técnica en el área ambiental.

El CBM propone la armonización de las legislaciones para que las empresas interesadas en estos negocios funcionen todas bajo la misma norma, tendencia que se agudizará con la entrada de vigencia del ALCA o de convenios sobre libre comercio bilaterales.

Se ha establecido una asociación que crea un fondo para salvaguardar ecosistemas críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund, CEPF). Está formada por Conservación Internacional, el gobierno de Japón, la Fundación McArthur y el Banco Mundial. La CEPF pretende trabajar con grupos comunitarios, ONGs, gobiernos, instituciones académicas y el sector privado para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, sin tomar en cuenta fronteras políticas nacionales, sino usando una perspectiva de corredor biológico. En América del Sur existen varias propuestas de corredores biológicos, que están menos "integradas" que la propuesta del CBM. Aquí vamos a analizar tres.

Una propuesta de manejo del Chocó

En el Ecuador se ha planteado establecer el corredor de conservación "Chocó-Manabí" y el punto de biodiversidad Chocó-Darién-Ecuador Occidental. Este punto incluye la zona sureste de Panamá, las regiones occidentales de Colombia y Ecuador y el noroccidente de Perú. La región del Chocó constituye una de las zonas del mundo con mayor biodiversidad y endemismo. El Corredor de Conservación Chocó Manabí comprende más de 60.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa numerosas zonas de vida que van desde la zona costera hasta Los Andes.

El CEPF integrará un fondo de 45 millones de dólares americanos para la porción del Ecuador, provenientes de distintas fuentes tales como: un proyecto de la Fundación Maquipucuna, un proyecto de Carbon Trust de Jatun Sacha3, un proyecto de Conservación Internacional, un proyecto del BID para manejo de zonas costeras y un proyecto nacional para el desarrollo de la frontera norte.

Para establecer el grado de participación, World Wild Foundation (WWF) y Conservación Internacional han realizado algunas consultas. Al igual que en el CBM, para la porción del Ecuador, el CEPF propone apoyar actividades de descentralización a través de gobiernos locales.

Dados los impactos en la biodiversidad que ocasionará el eje multimodal amazónico del IIRSA en la zona de influencia del CEPF, cabe preguntarse si éste se ha pronunciado contrario a su implementación.

Una propuesta de manejo de los Andes

El Complejo Ecorregional Andes del Norte (CEAN) es parte de la nueva forma propuesta por WWF. La esencia de esta aproximación son las ecorregiones, áreas distintivas que contienen conjuntos de especies, condiciones climáticas y características geográficas únicas. El CEAN está formado por 14 ecorregiones: siete de bosques montanos, cuatro de páramos y tres de bosques secos interandinos.

WWF y sus asociados tratan de facilitar y articular la participación de todos los actores relevantes en una serie de procesos orientados al incremento y consolidación de las áreas protegidas en los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, de tal manera que conserven la mayor cantidad posible de ecosistemas presentes en el complejo ecorregional. Dentro de estas acciones están:

• La creación y/o expansión de áreas protegidas;
  
• El establecimiento de corredores ecológicos conectando relictos de hábitat con las áreas protegidas;
  
• La creación y fortalecimiento de reservas naturales de la sociedad civil;
  
• La designación de nuevos humedales de importancia internacional (sitios Ramsar); y
  
• La promoción y mejoramiento del manejo efectivo en áreas protegidas existentes.

La propuesta de trabajo, para cinco años, incluye:

• Crear, por lo menos, un millón de hectáreas de áreas forestales protegidas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú;
  
• Establecer al menos tres sitios Ramsar que cubran un extensión de 500.000 hectáreas en los páramos;
  
• Restaurar paisajes forestales de tres corredores ecológicos que conecten grandes bloques de vegetación en Venezuela, Colombia y Ecuador;
  
• Desarrollar e implementar zonificación territorial y planes de manejo en seis sitios prioritarios;
  
• Asegurar la certificación voluntaria de 200.000 hectáreas en Colombia y Ecuador;
  
• Mitigar los impactos de desarrollo petrolero e hidroeléctrico en el piedemonte colombiano; y
  
• Estrategias de conservación del oso de anteojos.

El eje andino del IIRSA impactará la zona de influencia del CEAN; éste ¿se ha pronunciado al respecto?

Una propuesta de manejo del Pacífico

Se ha propuesto la creación de un corredor marino con una extensión de 211.000 hectáreas para la conservación y desarrollo sustentable entre los archipiélagos de Galápagos, Ecuador; Gorgona y Malpelo, Colombia; Coiba, Panamá; e Islas de Cocos, Costa Rica.

El proyecto identifica la importancia biológica y comercial de la región que cubre el corredor. Lo apoyan un grupo de organizaciones entre los que se incluye Conservación Internacional(The World Conservation Union), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa del Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, United Nations Enviromental Programme), la Secretaría de la Convención de Patrimonio Natural, la Convención Ramsar sobre humedales, la Comisión Interamericana de atún tropical, la Universidad de Stanford y la Fundación Charles Darwin, junto con los gobiernos de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica.

Entre los aspectos económicos se incluye las pesquerías de atún, el turismo, el movimiento de buques y la creación de nuevas oportunidades económicas para las poblaciones locales. Algunas de las actividades propuestas son:

• el mejoramiento del manejo y la conservación de especies en peligro, endémicas y de importancia comercial;
  
• la consolidación del manejo de las áreas protegidas incluidas en el corredor;
  
• la creación de un marco internacional adecuado que facilite el desarrollo e implementación de tratados, regulaciones y políticas entre los países partes del corredor para utilizar los recursos de manera sostenible;
  
• el desarrollo de las mejores prácticas para mitigar los impactos de las actividades humanas, incluyendo el uso de la tierra, la pesca y el turismo, dando énfasis a especies objetivos y al ecosistema en su conjunto;
  
• la creación de un sitio Ramsar; y
  
• mejorar la conectividad y el manejo del área compartida.

Se han identificado como especies insignia algunas que están en peligro, como tortugas, ballenas, tiburones y aves marinas; y se señala la importancia comercial del atún.

También en este caso, nos preguntamos si los proponentes de este proyecto han evaluado los impactos que ocasionará el eje marítimo del Pacífico.

A modo de ejemplo

A mediados de 2003 el grupo Conservación Internacional y la Comunidad Andina firmaron un acuerdo. En la Sede del Banco Interamericano del Desarrollo, en Washington, el 11 de junio de este año, las autoridades ambientales de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia firmaron un Memorandum de Entendimiento con la transnacional conservacionista "Conservación Internacional". Con sede en Washington, Conservación Internacional opera en unos 25 países, y es uno de los grupos conservacionistas más adinerados del mundo. Administra áreas protegidas en varios continentes y recibe financiamiento de varias corporaciones transnacionales. Tiene además fuertes vínculos con la industria biotecnológica; en México trabaja con fondos del Grupo Pulsar, una de las empresas semilleras más grandes del mundo, con intereses también en biotecnología. En Guyana, donde Conservación Internacional firmó un acuerdo similar con el gobierno, la Asociación de Pueblos Amerindios expresó su profunda preocupación y afirmó que el acuerdo constituye una falta de respeto a las tribus locales.

El propósito del acuerdo es que Conservación Internacional _a través de su "Andes Center for Biological Conservation"_ promueva y facilite la implementación de la Estrategia Andina de Biodiversidad, la que incluye, entre otros temas, establecer políticas y acciones relacionadas con:

• la bioseguridad;
  
• iniciativas subregionales para el manejo transfronterizo de especies y ecosistemas compartidos;
  
• establecer políticas y acciones relacionadas con la agrobiodiversidad subregional y su conservación ex situ;
  
• los impactos de las obras de infraestructura; y
  
• los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y afroamerianos ligados con la biodiversidad.

Sobre Conservación Internacional el Centro de Análisis Políticas e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) de México dice: "Conservación Internacional representa el caballo de Troya de grandes corporaciones trasnacionales y del gobierno estadounidense para intervenir en los recursos naturales de México y de otras naciones, incluyendo los territorios de los pueblos indígenas".

Se está poniendo en manos de esta organización conservacionista la implementación de la estrategia de biodiversidad que es responsabilidad de nuestros gobiernos y de la sociedad civil de los países andinos. ¿No constituye esto un atentado a nuestra soberanía y al derecho que tiene la sociedad civil de decidir sobre su biodiversidad? l

Referencias

Bellinghausen, H. 2003. Conservación Internacional, caballo de Troya de gobierno y transnacionales de EU. La Jornada, México, 8 de junio.

Comunidad Andina. Biodiversity Strategy. Memorandum of Understanding between the General Secretariat of the Andean Community and Conservation International. 11 de junio de 2003.

Convenio sobre Diversidad Biológica. 1992.

Delgado, G.C. 2002. Los proyectos Verde del Banco Mundial: esquema de penetración en vísperas del PPP. El Cotidiano.

González G. Conservación Internacional pide represión contra zapatistas y campesinos. Centro de Desarrollo indígena, Costa Rica.

Ruiz, C. 2003. Controversia Ambiental en Selva Lacandona. Claridad, 23 de mayo.

Ruiz, C. 2003. Espionaje Ambiental. Claridad, 3 de julio.

www.ancientforest.org

www.iirsa.org

Notas

1. Ver el mapa de los ejes de integración en el siguiente artículo.
   
2. Entre otras características de este corredor se incluye el hecho de que el mapeo es hecho por la NASA a través de un Memorando de Entendimiento firmado por la Comisión Centro Americana de Ambiente y Desarrollo y esta institución estadounidense.
   
3. Su participación hace pensar que en esta iniciativa podría haber intereses de captura de CO2.