Cuando los ríos se modifican pierden los pueblos y la biodoversidad

pierden los pueblos y la biodoversidad

por Elba Stancich*¹

* Integrante de Taller Ecologista, Rosario, Argentina. Trabajo conjunto de GRAIN y Ríos Vivos.
La versión completa se encuentra en: www.biodiversidadla.org

El agua es la base de toda la vida, ningún proceso vital puede llevarse a cabo sin ella.

De los 577.000 km cúbicos¹ de agua que se estima llegan a la superficie de la tierra como lluvia o nieve cada año, 119.000 km cúbicos se precipitan en la tierra y 458.000 km cúbicos se precipitan en el mar. Menos del 0,001% del agua libre de la Tierra se encuentra en la atmósfera, sin embargo este diminuto depósito atmosférico de agua mantiene la mayor parte de la producción primaria y se renueva unas 34 veces al año. En otras palabras, como promedio el vapor de agua en el aire se renueva completamente cada 10,5 días. La mayor parte del agua libre (accesible para los ecosistemas) se encuentra en los océanos (97,2%), una parte está congelada (2,16%), otra es agua subterránea (0,62%) y el resto es parte de cursos superficiales (0,02%).

Actualmente se están extrayendo unos 3.800 km cúbicos anuales de agua dulce de los lagos, ríos y acuíferos del mundo, el doble de volumen que se extraía hace 50 años². Esta cantidad distribuida equitativamente entre la población actual, nos da una cifra de unos 615 m³ de agua por persona por año, unas 34 veces más de lo que una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas de agua para beber, alimentarse e higienizarse, que se estiman en 50 litros diarios variables según clima y cultura. Mientras que en los hogares de los países desarrollados, y en los hogares de altos ingresos de los países pobres, se consume entre 4 y 14 veces más que el límite de 50 litros diarios por persona, mil millones de personas no acceden a ese mínimo según Naciones Unidas. La explotación del agua es tan intensa en relación a los recursos disponibles que las reservas subterráneas se están agotando a un ritmo más acelerado que el de la cantidad recibida por las precipitaciones.

El aumento de la población y las actividades económicas aumentan la demanda de agua y la degradación del recurso. Hay una competencia creciente entre los usuarios de agua para satisfacer la demanda: la agricultura es responsable de un 67% de las extracciones, la industria utiliza el 19 % y los usos municipales y domésticos un 9%. Las tendencias regionales varían mucho, en América Latina la agricultura consume un 85% de toda el agua utilizada, y las extracciones anuales de agua dulce son de unos 500 m³ por persona³.

La región latinoamericana tiene abundancia de recursos hídricos, sin embargnea y hay gran variabilidad entre subregiones y localidades, así como en términos estacionales. Dos terceras partes del territorio regional se clasifican como áridas o semiáridao la distribución no es homogés. En la última década los problemas ambientales relacionados con el agua han afectado tanto zonas urbanas como rurales. La contaminación del recurso por sobreexplotación, descargas domésticas e industriales, sustancias químicas y actividades mineras han ocasionado innumerables problemas de salud. Estos hechos, sumados a las actividades humanas que han modificado ecosistemas y alterado estructuralmente los cursos de agua, han contribuido a un deterioro progresivo de la biodiversidad.

Los mega proyectos de desarrollo, como hidrovías industriales y proyectos hidroeléctricos han tenido impactos devastadores, particularmente sobre los peces, en la calidad y disponibilidad de los recursos de agua dulce, en los ecosistemas y en los medios de sustento de las comunidades afectadas por ellos. A continuación se describe la situación actual en América Latina con respecto a cómo la construcción de megarepresas ha contribuido a degradar los recursos hídricos, además de causar graves problemas sociales. Otra amenaza para la región es el propósito de los gobiernos de modificar los ríos para transformarlos en vías rápidas y baratas de transporte de materias primas. Estas propuestas han generado una gran controversia en la sociedad, la que se ha organizado en diferentes movimientos en defensa de sus derechos y su ambiente.

La manipulación de los recursos hídricos es tan antigua como la historia del hombre. Las primeras civilizaciones se desarrollaron cerca de los ríos y han dependido de ellos para su subsistencia. La primera evidencia de ingeniería en ríos son los restos de canales de irrigación de hace más de 8000 años en Mesopotamia. El Nilo fue cuna de los egipcios hace unos 6000 años. La historia de la Mesopotamia está ligada al riego. El surgimiento y caída de los grandes imperios de la región tiene más explicaciones edafológicas que militares. El crecimiento era consecuencia de la expansión de su área de riego y de la posibilidad de mantener el rendimiento agrícola. En el transcurso de 2000 años las prácticas de irrigación utilizadas extenuaron el suelo de esta región de tal manera que no volvió a recuperarse⁴.

Alrededor de 1890 por primera vez se utilizaron represas para generación hidroeléctrica. Para 1900 ya se habían construido varios centenares de grandes represas en diferentes partes del mundo, en su gran mayoría para abastecimiento de agua e irrigación⁵. Las grandes represas, según los criterios de la Comisión Internacional de Grandes Represas, son las que cumplen alguno de estos requisitos: una altura superior a 15m; las represas de 10 a 15m de altura cuya longitud de coronación sea superior a 500m o que embalsen más de 1 hectómetro cúbico de agua, o aquellas con capacidad de aliviadero superior a 2000m³/segundo. Hay aproximadamente 850.000 represas en todo el mundo, de todos los tamaños y propósitos, de las cuales unas 300 son represas mayores. A fines del siglo XX había más de 45.000 grandes represas en más de 140 países. Cinco países reúnen el 80% de todas las grandes represas del mundo y en orden decreciente son China, Estados Unidos, India, Japón y España. Sudamérica no es ajena a este crecimiento que se dio en la segunda mitad del siglo pasado. En los años 70 se inauguraban en el mundo, en promedio, dos o tres grandes represas por día.

Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), casi dos terceras partes de las 979 represas en Sudamérica están en Brasil. El pico de la construcción de represas se alcanzó en 1960-79, cuando entraron en operación un promedio de 17 represas anuales. Brasil genera más del 93% de su capacidad con hidroenergía, Venezuela el 73%, Ecuador el 68%, Chile el 57% y Colombia el 68%. Casi el 100% de la generación eléctrica en Paraguay y el 74% en Perú es por hidrogeneración⁶. Las 101 represas de Argentina aportan el 40% al subsector eléctrico.

Las represas son vistas por muchos como la demostración de la supremacía del hombre sobre la naturaleza y su capacidad para dominarla. El transcurso del tiempo corrió el velo de lo que nunca se había dicho o previsto: la aniquilación de los ríos y sus ecosistemas asociados, la pérdida de sustento para muchos pueblos, la destrucción de culturas, el incremento de miseria y pobreza. Se inició un debate mundial con respecto a si los objetivos de mayor producción de alimentos, generación de energía y control de inundaciones habían sido alcanzados por la construcción de represas, y si no existían otros caminos menos destructivos para el entorno y la sociedad. Por pocos años de supuestos beneficios de una represa, es mucho lo que se pierde para siempre, contradiciendo la misma definición de desarrollo sustentable.

Los argumentos a favor de construir grandes represas se basan en que son instrumentos de desarrollo para satisfacer necesidades de servicios de agua y energía, promover industrias con capacidad de exportar, crear empleos y brindar múltiples beneficios a largo plazo.

Sin embargo, para el investigador Patrick McCully, de International Rivers Network (IRN), "el monstruo de la industria internacional de las represas continúa funcionando (aunque a un ritmo inferior que en el pasado) sólo porque la construcción beneficia a poderosos intereses políticos y económicos, y porque el proceso de planeamiento, de promoción y de construcción de represas es invariablemente sigiloso y se encuentra aislado de la crítica y de la responsabilidad democráticas". McCully analiza que existen tres grupos principales de interés que promueven, diseñan y construyen represas alrededor del mundo, y cada una de las partes de este triángulo trabaja para asistir a la otra⁷:

A los gobiernos del Norte les conviene proporcionar fondos para construir represas en los países en desarrollo, ya que dan fuentes de trabajo a las compañías de sus propios países. A su vez a los políticos locales les conviene conseguir fondos para construir estas obras, debido a que las promocionan como grandes beneficios para la región, generadoras de empleo y les permite una ventaja electoral y continuidad en sus puestos. Aunque debido a la mayor concientización de las personas con respecto a los perjuicios de las represas, en muchos sitios este estilo de hacer política, que funcionó varias décadas, ahora suele tener un efecto boomerang.

Las agencias multilaterales tales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Asia, son responsables de financiar muchos proyectos que han sido destructivos tanto para la naturaleza como para las poblaciones locales. De ellas, el Banco Mundial es la institución pública más importante en la industria de la construcción de represas. Entre 1944 y 1994 sus créditos respaldaron la construcción, la expansión o rehabilitación de más de 600 represas en 93 países, incluyendo la mayoría de los proyectos más polémicos de todo el mundo. Los préstamos del Banco Mundial para las represas alcanzaron su pico a fines de la década del '70 y a principio de los '80 a un promedio de más de U$S 2 mil millones al año. Si bien en la actualidad tanto el BID como el BM han disminuido la financiación hacia grandes represas, debido fundamentalmente a la oposición pública y a sus propias políticas de medio ambiente, aún continúan financiando algunos proyectos.

En América Latina el BM, el BID y el Fondo Monetario Internacional fueron los principales impulsores de los procesos de privatización del sector energético. Alentaron a los gobiernos para atraer inversiones privadas que financien obras en el sector energético. Uno de los argumentos que abonaba esta política era que el sector público iba a disponer de más fondos para invertir en la población latinoamericana de bajos recursos. No sólo que esto no sucedió, sino que tuvieron que destinar fondos públicos para asegurar condiciones atractivas para la inversión privada. El fracaso de las privatizaciones quedó claramente demostrado en Brasil, cuando en mayo de 2001 se vio ante una crisis energética sin precedentes⁸. Representó un gigantesco proceso de transferencia de rentas, utilizándose dinero público para beneficiar a grupos empresariales y garantizar el propalado "éxito" de las privatizaciones⁹. El 90% del suministro de energía eléctrica de Brasil está generado por centrales hidroeléctricas, con 823 grandes represas construidas. Y se siguen proyectando nuevas represas, a pesar que se demostró la vulnerabilidad del sistema.

Desde 1999 el BID financió la construcción de 140 represas en América Latina, 82 de las cuales califican como grandes represas, proveyendo un total de 9.400 millones de dólares. Ayudó a financiar Itaipú (río Paraná) y Sobradinho (río San Francisco), que juntas expulsaron a 114 mil personas, además de perjudicar a pescadores, agricultores e isleños que perdieron sus medios de sustento, sin posibilidad de compensación justa. El BID y el BM aportaron más de 1.740 millones de dólares para la represa de Yacyretá (río Paraná), que afectará a más de 75.000 personas si se completa la elevación del embalse. El BID también financió la represa de Chixoy en Guatemala, y cuando el gobierno militar asesinó a quienes se oponían, no quiso enterarse de ello.

 

A río revuelto…

En lo que ni la CMR ni los Bancos han puesto real empeño en investigar es en la corrupción que atraviesa estos proyectos. En América Latina hay dos casos paradigmáticos, donde la investidura presidencial no se ha salvado de acusaciones: las represas de Itaipú y Yacyretá. Refiriéndose a Yacyretá, varias Organizaciones No Gubernamentales que constituyeron un equipo de trabajo internacional sobre represas, expresan que "La falta de voluntad política para afrontar costos sociales y ambientales, es aún más ofensiva cuando se sabe de los escandalosos hechos de corrupción denunciados en esta obra. Solamente en materia de pago indebido de reembolsos impositivos hubo una fuga del orden de los 2.000 millones de dólares, entre los años 1983 y mediados del 90"¹⁰.

La represa de Yacyretá generó una deuda de unos 12.000 millones de dólares y la de Itaipú de 20.000 millones de dólares. La Entidad Binacional Itaipú (EBI), la empresa estatal brasileño-paraguaya que construyó y opera la represa de Itaipú, financió el proyecto con créditos de bancos privados extranjeros, cuya garantía fue el gobierno brasilero.

En distintas partes del mundo comenzó a crecer la oposición a la construcción de grandes represas, protagonizada fundamentalmente por la población directamente afectada como pescadores e indígenas, a los que se les han sumado organizaciones de la sociedad civil y poblaciones urbanas concientes de que los impactos repercuten en toda la cuenca. Se estima que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en el mundo a causa de represas y que un 60% de los ríos se han visto afectados por represas o desvíos. El empobrecimiento general de las comunidades y la perturbación social, los traumas y los impactos en la salud que ocasionan los desplazamientos han tenido normalmente impactos más graves en las mujeres¹¹.

En los países más pobres las comunidades han sufrido represión y hostigamiento por resistirse a ser trasladadas y muchas personas continúan desaparecidas. El caso paradigmático en América Latina de violación de los derechos humanos por la construcción de una represa es el de Guatemala. Allí fue construido el proyecto hidroeléctrico Chixoy durante la dictadura militar, en la zona donde ha vivido el grupo indígena Maya Achi durante cientos de años. Las obras se iniciaron en 1976 y afectaba directamente a unas 3.445 personas que vivían a lo largo del Río Negro de la pesca, de la agricultura de subsistencia y de arte sanías producidas con vegetales del lugar. Cuando el proyecto fue planificado se ignoró totalmente a las comunidades y no se contempló ninguna consulta con los pueblos indígenas locales. Una vez iniciada la represa se les informó que la misma inundaría sus terrenos. La campaña de intimidación contra los indígenas Maya Achi comenzó en 1980, cuando la comunidad se negó a trasladarse a los nuevos asentamientos, y fueron asesinadas nueve personas. Entre febrero y septiembre de 1982 los escuadrones de la muerte y el ejército torturaron y mataron aproximadamente 400 mujeres, hombres y niños del pueblo de Río Negro, durante masacres individuales o colectivas. Quince mujeres continúan desaparecidas. Los ataques fueron calificados oficialmente por el gobierno como actividades contra los insurgentes¹².

La oposición a las represas en Brasil se inició primero en el sur, cuando la compañía Eletrosul diera a conocer en 1977 sus planes de construir 22 represas en el río Uruguay y sus tributarios. A lo largo de los años, agricultores, pueblos indígenas y ribereños, remanentes de quilombos (descendientes de esclavos africanos fugitivos) y poblaciones urbanas afectadas protagonizaron una historia de resistencia y lucha por la tierra, por la preservación de la naturaleza, por una política energética justa, que atienda las necesidades de las poblaciones involucradas de manera de que éstas tengan participación en las decisiones sobre el proceso de la construcción de represas. La población se comenzó a organizar luchando por reasentamientos, indemnizaciones y por la no construcción de nuevas represas. De este proceso nació el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), en marzo de 1991¹³.

En Argentina, 1996 fue un mal año para los impulsores de represas. El pueblo de Misiones mediante un plebiscito vinculante dijo "NO a la Construcción de la Represa Hidroeléctrica de Corpus cualquiera sea su lugar de emplazamiento sobre el Río Paraná". La votación se llevó a cabo el 14 de abril de 1996, y votó el 63% de los electores de la provincia de Misiones. El 89% (es decir, 9 de cada 10 ciudadanos) dijo NO a Corpus.

La cuenca de los ríos Paraná y Paraguay es la más importante del sistema del Plata, con un área de drenaje de 2.605.000 km² que representa el 84% del total de la Cuenca del Plata, constituyendo la cuarta mayor cuenca del mundo y la segunda mayor de Sudamérica. El Paraná es el principal río de esta cuenca y reservorio de una rica diversidad biológica. El litoral fluvial argentino del río Paraná está compuesto por extensas áreas de ribera y humedales y tiene 1927 km hasta su desembocadura en el río de La Plata. Desde la confluencia del río Paraguay con el Paraná hasta la altura del río Coronda se extiende, a lo largo de 700 km, el tramo medio del valle aluvial del río Paraná, que se conoce como Paraná Medio. El aprovechamiento integral del Paraná Medio consistía en una central hidroeléctrica de 3.000 MW de potencia. El lago que se formaría sería uno de los más grandes del mundo, 760.000 hectáreas, cinco veces más grande que el lago de Yacyretá; quedarían bajo 14 metros de agua más de 400.000 hectáreas de islas y bosques insulares¹⁴. A medida que el proyecto se fue conociendo y difundiendo entre la población cuáles serían sus impactos, la oposición y movilización generada en las provincias litoraleñas fue creciendo.

Todas estas iniciativas de diferentes puntos de América Latina comienzan a articularse entre sí y con otras similares de otras partes del mundo. Así nace la Comisión Mundial de Represas (CMR) en 1998, después de un año de diálogo y negociaciones con representantes del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, Venezuela, Senegal, India, Pakistán, Filipinas, agencias bilaterales y multilaterales, agencias gubernamentales, ONGs, académicos y la industria de construcción de represas. El objetivo era revisar el desempeño de las grandes represas y formular directrices para proyectos futuros.

El 55% de la superficie territorial de América Latina y el 75% de los recursos hídricos superficiales corresponden a cuencas compartidas por dos o más países. Las cuencas compartidas latinoamericanas son, en orden de mayor a menor, la de Amazonas, Del Plata, Orinoco, Titicaca, Pacífico y otras de menor magnitud, totalizando casi 11 millones de kilómetros cuadrados que involucran doce países. Los grandes proyectos, que cayeron como maldiciones para los latinoamericanos, fueron gestados durante los años 50, 70 y 80, la mayoría durante las sangrientas dictaduras militares. Así pasó con la energía nuclear en Brasil y Argentina y también con las faraónicas represas, como Itaipú, Hurí y Tucuruí.

Las compañías de aluminio en Brasil son responsables de consumir casi un 8% de toda la generación de energía eléctrica del país. La reciente crisis energética hizo que las gigantes industrias transnacionales de aluminio retomen sus planes de construir sus propias usinas hidroeléctricas, principalmente en la región amazónica, para asegurarse su propio suministro. En Argentina, ALUAR es el único productor de aluminio primario. Sus exportaciones están en el orden de los 450 millones de dólares anuales y está embarcada en un proyecto de expandir su producción actual de 270.000 toneladas anuales a 420.000 toneladas. Para ello necesita nuevas fuentes de energía; la represa y central hidroeléctrica de Futaleufú, que pasó a manos de ALUAR, no puede aumentar su generación. Otro megaproyecto de aluminio está siendo resistido en Chile en la XI Región de Aisén. La planta de Alumysa, que se levantaría en la localidad de Puerto Chacabuco, implica para su funcionamiento la construcción de tres centrales hidroeléctricas, con intervención de los ríos Cuervo, Cóndor y Blanco, hasta ahora incontaminados.

No sólo la industria de aluminio impulsa a la construcción de nuevas represas, sino en general el complejo industrial pesado demanda energía vorazmente y ha motivado al gobierno argentino en su empeño por elevar la cota de la represa de Yacyretá y en construir la represa de Corpus, violando la decisión del pueblo misionero que en 1996 había votado en contra del proyecto.

El río Paraná tiene 41 represas construidas en su cuenca que han inundado casi 1.800.000 hectáreas. Las organizaciones de la sociedad civil de ambos márgenes del Paraná, articuladas a través de la Coalición Ríos Vivos, han iniciado trámites de acción legal en ambos países y están dispuestas a luchar para no sacrificar el último tramo libre del Alto Paraná.

El Movimiento de Afectados por Represas propone cinco líneas de acción para resolver la crisis energética: disminución de las pérdidas en el sistema eléctrico que actualmente es de 15%, a un 6%, por ser lo técnicamente recomendable; invertir en la repotenciación de represas con más de veinte años; construcción de mini y pequeñas centrales hidroeléctricas; aprovechar la cogeneración de energía a través de la combustión de biomasa (cáscara de arroz, bagazo de caña, etc.); y aprovechar la potencialidad del viento. Son alternativas viables, baratas, rápidas y sin necesidad de construir nuevas represas, que aumentarían el 40% del potencial instalado de energía.

Caminos de agua e hidrovías

Los caudalosos ríos de América del Sur han sido navegados desde siempre como vías de comunicación e intercambio entre los pueblos originarios. Las políticas de corte neoliberal que se vienen aplicando en las últimas décadas en América Latina, favorecedoras de la explotación de recursos naturales, revieron la necesidad de que estos caminos de agua bien podrían transformarse en una especie de "barcopistas" fluviales, acordes con el vértigo de la época. El objetivo es abaratar fletes de transporte, utilizando como argumento para subir los estándares ambientales el ahorro que significaría en combustibles fósiles y emisiones atmosféricas transportar cargas por agua en comparación con el transporte ferroviario y carretero. Lo que no tienen en cuenta es la amenaza que esta manipulación de la naturaleza significa para estas fuentes de agua dulce y para las comunidades que dependen de ellas.

Lo que caracteriza a una hidrovía es la necesidad de modificaciones en el lecho del río como dragados, voladuras de rocas y rectificación de curvas que cambian inevitablemente sus características hidrológicas. El sustento de pequeñas familias tradicionales y ribereñas, el tránsito de barcos pequeños, la vida acuática y la economía generada por el turismo local se ven afectadas negativamente por la construcción de una hidrovía.

El proyecto de navegación Hidrovía Paraguay-Paraná es considerado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay la columna vertebral de los planes de integración económica regional. El proyecto implica serios impactos ambientales para los humedales del Pantanal y del Chaco -localizados sobre los límites de Bolivia, Brasil y Paraguay-, reconocidos mundialmente como hábitats críticos ricos en biodiversidad. Las regiones pobres y las comunidades indígenas serán poco beneficiadas por este proyecto. Alteraciones hidrológicas, cambios en la calidad del agua, pérdidas en la biodiversidad y disminución de la pesca son algunos de los impactos negativos pronosticados. La Coalición Ríos Vivos¹⁵, conformada por más de 300 organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, científicos, pescadores y movimientos sociales, la mayoría de la Cuenca del Plata, se creó en 1994 para resistir el proyecto Hidrovía. Como resultado se logró parar el proyecto y el BID anunció que se retiraba del mismo. Pero los gobiernos emplearon otra estrategia, que fue intentar hacerla por partes.

Con la misma lógica de abaratar costos de transporte, el programa federal Brasil en Acción 2000/2003, retoma el proyecto de gobiernos anteriores, de realizar la Hidrovía industrial Araguaia-Tocantins. El objetivo es disminuir los costos de exportación de granos del centro de Brasil, y así acelerar la expansión de la frontera agrícola en el Cerrado, aumentando la oferta, particularmente de soja. El proyecto estima en más de 110 millones de toneladas el potencial de producción de soja en el área de influencia del proyecto, y que este grano y sus derivados constituirán el 50% del volumen que se espera sea transportado por esta vía fluvial.

Actualmente, sumando la producción brasileña más la de Argentina (78 millones de toneladas), estos dos países juntos superarían a EE.UU. en el primer puesto de producción mundial de soja.

El proyecto Hidrovía es funcional a este proceso propuesto en la agricultura de los países de la Cuenca del Plata, hacia la intensificación, concentración de riqueza y expulsión de los pequeños y medianos agricultores. El proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná está lejos de haber sido abandonado. La estrategia es dividir el proyecto por partes y los gobiernos están cediendo el control sobre proyectos de desarrollo en la región a empresas privadas transnacionales. Cabe destacar que la Hidrovía es parte del eje multimodal de integración y desarrollo Orinoco-Amazonas-Plata mediante el cual se integra verticalmente a Venezuela con el sur; además, va a servir para interconectar el eje interoceánico que vincula las costas del Atlántico con Brasil y las costas del Pacífico con el sur del Perú y el norte de Chile"¹⁶.

Es necesario, entonces, avanzar colectivamente con respecto a cuáles serían los caminos para alcanzar un desarrollo sustentable con rostro humano para las diferentes regiones de América Latina. Este enfoque debe enfatizar la importancia de los ríos y los territorios que los sustentan como un bien común de las poblaciones, como fuente de múltiples beneficios para las generaciones presentes y futuras.

Biodiversidad, pueblos y represas Las represas ocasionan la pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses. En general, los impactos de las represas sobre los ecosistemas son más negativos que positivos y han provocado, en muchos casos, pérdidas significativas e irreversibles de especies y ecosistemas. No es posible mitigar muchos de los impactos causados en los ecosistemas y en la biodiversidad por la creación de embalses, y los esfuerzos realizados para "rescatar" la fauna y flora han tenido, a largo plazo, poco éxito. Entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por las represas. Millones de personas que viven río abajo de las represas _en particular aquellas que dependen de las planicies de inundación naturales y de la pesca- han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y se ha puesto en peligro la productividad futura de sus recursos. Los grupos indígenas y tribales y las minorías étnicas vulnerables han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado y han experimentado impactos negativos en sus medios de subsistencia, cultura y espiritualidad. Entre las comunidades afectadas, las diferencias entre los sexos se han incrementado y las mujeres han soportado con frecuencia de un modo desproporcionado los costos sociales, y a menudo se las ha discriminado a la hora de participar de los beneficios. Más concretamente, al no considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse los compromisos adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, dando lugar a que las comunidades afectadas de todo el mundo muestren una oposición creciente a las represas. Fuente: Represas y Desarrollo: Un nuevo marco para la toma de Decisiones. Informe de la Comisión Mundial de Represas. Una Síntesis. Noviembre de 2000. www.dams.org

Por mayor información, dirigirse a:

- Coalición Rios Vivos ECOA - Ecologia e Ação. 14 de julho 3169, Centro. Campo Grande MS - 79002-333, Brasil
www.riosvivos.org.br