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BIODIVERSIDAD Organizaciones de la sociedad
civil en Nicaragua contra la UPOV Diciembre 1999 * Publicado en BIO-IPR, Grain, Noviembre de 1999. |
| La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 20 de octubre, a pesar de una fuerte oposición por parte de amplios sectores de la sociedad civil nacional, legislación sobre protección de variedades vegetales (PVP) para satisfacer enormes presiones por parte de los EEUU, y cumplir con los requisitos para solicitar adhesión al convenio de la Unión para la Protección de las Variedades Vegetales (UPOV, según siglas en inglés). La PVP ha sido relacionada repetidas veces con la apropiación de la biodiversidad nacional por intereses extranjeros, una menor seguridad alimentaria y como un impedimento al desarrollo agrícola sostenible. |
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Antecedentes Tal como ha sucedido en otros países latinoamericanos, en enero de 1998 se firmó un acuerdo bilateral entre EEUU y el ejecutivo nicaragüense "acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual…a fin de promover relaciones económicas y de otra índole". En el acuerdo el gobierno de Nicaragua se compromete a adherirse sin demora a una serie de convenios sobre la propiedad intelectual, entre ellos al de la UPOV, ya fuese en su versión del 78 o la del 91. De manera incidental, durante una reunión convocada por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) en agosto de 1998, varias organizaciones se enteraron de que el gobierno de Nicaragua tenía la intención de adherirse a la UPOV. Debemos señalar que aunque Nicaragua ya estaba comprometida por su pertenencia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a adaptar su legislación sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) a las normas de los Acuerdos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (TRIPS, según siglas en inglés), disponía de un plazo para estudiar todo tipo de opción hasta 2000. Por lo tanto, estamos antes un caso de presión bilateral que va más allá de los compromisos, ya onerosos, adquiridos bajo la OMC. Primera ronda: no a los transgénicos, sí al CDB El 19 abril de este año el Presidente de Nicaragua, Sr. Alemán Lacayo, envía un proyecto de ley al Secretario de la Asamblea Nacional solicitando que se apruebe bajo trámite de urgencia una ley de PVP, ya que "Nicaragua es Estado Miembro del Convenio de la UPOV y por lo tanto signataria del Convenio". Las ONGs ecologistas, representantes de universidades y organizaciones indígenas, a través del Foro Nacional de Biodiversidad (FOROBIO), reaccionan con un comunicado ante la obvia falsedad de algunos de los argumentos presentados a los diputados -Nicaragua no era ni es todavía miembro de la UPOV- y la pretensión de aprobar una legislación trascendente sin ningún tipo de discusión pública. Esa intervención detuvo la tramitación urgente de la legislación, y FOROBIO presentó versiones alternativas sobre muchos de los artículos ante la Comisión de Medio Ambiente. El resultado fue un dictamen favorable a una versión de ley que incluía algunas de las propuestas de la sociedad civil. Entre los elementos introducidos destacan: la exclusión de las variedades transgénicas (explícitamente mencionadas en la versión presidencial, aunque Nicaragua carece de comisión de bioseguridad), ampliación del derecho de los agricultores al uso de la cosecha, registro ante el ministerio de agricultura para garantizar la soberanía nacional sobre el recurso genético, la sintonía con el desarrollo de normas sui generis para la protección de variedades vegetales bajo el artículos 27.3(b) de los TRIPS, y la subordinación de la legislación sobre PVP al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Segunda ronda: EEUU y UPOV no permiten vacilaciones A pesar de las mejoras introducidas al proyecto de ley sobre UPOV, crece en Nicaragua la preocupación ante lo que ya se entiende es una estrategia para permitir la privatización de los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales del país. Otros actores, tales como organizaciones religiosas, representantes de la medicina tradicional, cooperativas agropecuarias, federaciones de mujeres, los consumidores y científicos sociales, comienzan a movilizarse para detener la aprobación de la ley de PVP. La prensa del país se hace eco de la discusión. Por otro lado, los defensores de los intereses pro UPOV comienzan una contraofensiva a favor de la ley según fue presentada por el ejecutivo, la cual estaba redactada para cumplir con la versión más restrictiva de UPOV 91. La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional se apoya en sectores científicos y técnicos cercanos al gobierno que utilizan argumentos retóricos sobre la necesidad de aumentar la producción agrícola y propiciar una capacidad técnica "de punta". Ante la misma Comisión el Director de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC) informó sobre amenazas recibidas de parte de los EEUU sobre una posible exclusión de Nicaragua de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, si no se cumplía con la aprobación de la legislación tipo UPOV. También aparece en escena un asesor sobre propiedad intelectual actuando a nombre del MIFIC, pagado por la USAID, además de la asesoría de otros `expertos' traídos de Colombia, Uruguay y EEUU. La embajada de los EEUU invitó a los legisladores miembros de la Comisión de Medio Ambiente a una reunión para discutir la legislación pendiente. Además, según el asesor especial sobre propiedad intelectual del MIFIC, la oficina de la UPOV había indicado que no sería aceptada una ley -como la dictaminada en julio- con artículos que excluyeran a los transgénicos ni que planteara una subordinación explícita al CDB. En un documento distribuido a los diputados por funcionarios del MIFIC en la Asamblea Nacional se argumentó falsamente -los PVP de por sí son una modalidad de derechos de propiedad intelectual- que "los derechos de propiedad intelectual nada tienen que ver en cuanto al uso y comercialización de semillas". El documento continua diciendo que "…en cuanto a técnica jurídica si mañana un artículo se opone a otros artículos de una nueva ley, entonces ese artículo queda derogado", en una muestra de poca seriedad hacia los compromisos internacionales previamente adquiridos por Nicaragua bajo el CDB. Entre el 19 y el 20 de octubre se debate en el pleno de la Asamblea Nacional la legislación de PVP, siendo la misma aprobada en su versión más dura, a pesar de una fuerte y bien argumentada oposición parlamentaria. Tercera ronda: a buscar justicia en los tribunales Ante lo que muchos sectores civiles consideran un atropello, pronto serán radicados varios recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad, violaciones a la Ley General de Medio Ambiente y contradicciones con los compromisos adquiridos bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Además de las acciones legales, comenzará una amplia campaña de educación de amplios sectores de la sociedad nicaragüense, para así promover la movilización y la resistencia en la defensa de los recursos biológicos y el conocimiento tradicional. Otro aspecto es reclamar la creación de mecanismos legales sobre bioseguridad en el país. Las organizaciones que han estado activas en la campaña sobre la legislación UPOV en Nicaragua han decidido solicitar apoyo internacional. Es imprescindible conseguir la derrota de esta ley y que Nicaragua retire su solicitud, aún pendiente, de entrada a la UPOV. Para mayor información: Magda Lanuza
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