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BIODIVERSIDAD
SUSTENTO Y CULTURAS

La UPOV en pie de guerra por el control de los cultivos
por GRAIN*

Septiembre 2000

* Traducido por Alberto Villarreal del original en inglés publicado en 'Seedling', junio de 1999.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha aliado con la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) para convencer a los gobiernos del Tercer Mundo de que ésta constituye el marco jurídico más apropiado para ajustarse a los requisitos de la OMC sobre protección de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales. Los gobiernos están siendo inducidos a pensar, incluso, que para formar parte de la OMC tienen que ser miembros de la UPOV. Es imprescindible que los países en vías de desarrollo opongan resistencia a este ataque compuesto de falacias normativas y forcejeo agronómico, ya que el sistema UPOV está marcadamente sesgado contra la biodiversidad y los agricultores. Las nuevas reglas de la OMC sobre patentamiento de variedades vegetales están siendo revisadas este año, aún antes que los países en vías de desarrollo estén obligados a aplicarlas. En lugar de sumarse a la UPOV, los países del Sur deberían aprovechar el proceso de revisión para lograr que la biodiversidad en su conjunto quede totalmente excluida del régimen mercantil de la OMC.

La Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV, según siglas en inglés) fue creada en 1961, en Europa, para cederle a los fitomejoradores el monopolio legal sobre las semillas y permitirles, por lo tanto, cosechar mayores ganancias por concepto de innovaciones genéticas. Fue específicamente diseñada para promover la agricultura industrial en los países industrializados mediante una serie de requerimientos fijos. En realidad, el sistema de la UPOV para la Protección de Variedades Vegetales (PVV) no hace nada para proteger las variedades vegetales. Protege, en su lugar, a los fitomejoradores y sus cuotas de mercado, concediéndoles derechos similares a los que brindan las patentes. Hay problemas muy serios vinculados a la propiedad intelectual sobre variedades vegetales (como que atenta contra la seguridad alimentaria y los derechos humanos) y, particularmente, con la propia Convención UPOV. Algunas de las preocupaciones más importantes en este sentido, se encuentran sintetizadas en el recuadro '¿Qué hay de malo en la UPOV?'

¿Qué hay de malo en la UPOV?

Hay dos leyes distintas en vigencia para los estados miembros de la UPOV. La Ley de 1978 le otorga a los fitomejoradores derechos de propiedad exclusivos sobre el uso comercial de sus obtenciones para fines de producción y venta de variedades vegetales. Esta ley impone dos limitantes explícitas sobre los derechos monopólicos del obtentor. Primero, que permite que otros fitomejoradores puedan emplear libremente variedades protegidas por la UPOV para fines de investigación. En segundo lugar permite, bajo ciertas condiciones, que los agricultores guarden semilla 'protegida' de sus cosechas para la siembra del año siguiente. Cuando revisó su tratado en 1991, la UPOV restringió la exención para otros fitomejoradores con fines de investigación y eliminó el llamado 'privilegio' de los agricultores. Además, la Ley de 1991 amplia los derechos monopólicos del fitomejorador, abarcando los productos de la cosecha del agricultor. Cualquier país que hoy quiera unirse a la UPOV deberá ahora firmar el tratado de 1991. Las consecuencias de esto son verdaderamente graves y profundas.

Impactos sobre los productores agrarios

La UPOV, en cuanto tal, introduce restricciones legales y económicas sobre las formas de sustento que practican los agricultores. En el tratado UPOV de 1978 los derechos de los agricultores quedan convertidos en un mero 'privilegio' y en su versión del '91 queda librado a la voluntad de cada gobierno brindarle cierto espacio legal a los agricultores para la reutilización de semillas 'protegidas' mediante este régimen de propiedad intelectual. Como regla general, el acceso a los recursos genéticos se ve restringido bajo la UPOV, ya sea para fines productivos o de fitomejoramiento. Bajo los regímenes de propiedad intelectual sobre variedades vegetales impuestos por la Organización Mundial del Comercio, el abasto de semillas en el Sur se volcará masivamente a manos de empresas privadas, a pesar de ser los propios agricultores quienes responden actualmente por el 80-90% del suministro.

Erosión genética

La UPOV está sesgada hacia las necesidades específicas de la agricultura industrial y su exigencia de uniformidad ha fomentado la pérdida de diversidad genética agrícola. Al permitir que las empresas cobren regalías sobre la venta de semillas, la UPOV estimula el monopolio corporativo sobre el mejoramiento de variedades vegetales, redundando en que haya cada vez menos proveedores de semillas en el mercado, lo cual conduce también a mayor erosión genética. Las compañías fitomejoradoras no están motivadas por la conservación genética (ya que se abastecen en los bancos de genes) y su tendencia es a trabajar con materiales selectos, altamente estabilizados y de amplia adaptabilidad. Fuertes campañas de promoción y mercadeo mediante, estas variedades tienden a sustituir a los materiales genéticos tradicionales, que son más diversos, llevando a que la diversidad genética utilizada por los agricultores sea cada vez menor.

Impactos adversos sobre la investigación y desarrollo científico

Los estudios de impacto realizados en EE.UU. indican una disminución del flujo de germoplasma entre los fitomejoradores, al igual que niveles cada vez más reducidos de intercambio de información científica, e índices cada vez más bajos de desarrollo en el mejoramiento de variedades vegetales. A pesar de contar con 40 años de existencia, son muy escasos los estudios que se han realizado al respecto en otros países con experiencia en la UPOV. Es notable, sin embargo, que en 1991 la UPOV se viera obligada a revisar su tratado, para corregir una importante disfunción en su propio sistema: en lugar de brindar incentivos para la innovación (desarrollando variedades verdaderamente originales), la UPOV estaba incentivando el plagio (operando cambios leves sobre variedades existentes y rotulándolas como "nuevas" y, por ende, merecedoras de protección).

Fuente: GRAIN, "TRIPS vs BIODIVERSIDAD: ¿Que hacer con la revisión del artículo 27.3(b) del TRIPS en 1999?," septiembre 1999. www.grain.org

Hasta hace poco la UPOV nunca había llegado a incluir entre sus miembros más que a países industrializados. Pero en años recientes se ha producido un verdadero movimiento de países del Sur que han caído en sus redes (ver tabla). El motivo de tan frenética actividad está vinculado al controvertido acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por su sigla en inglés). El TRIPS exige que los gobiernos protejan mediante patentes los derechos de propiedad intelectual en todos los campos de la tecnología. El artículo 27 es la sección del acuerdo que define los derechos sobre la diversidad biológica. Hoy por hoy, este artículo obliga a todos los Estados miembros a poner en vigor leyes de protección de la propiedad intelectual sobre microorganismos y variedades vegetales. En el caso de los microorganismos, éstas han de ser regímenes de patentes. Las variedades vegetales, por su parte, que constituyen la base misma del abasto mundial de alimentos, pueden ser 'protegidas' mediante patentes, o bien mediante un "sistema sui generis efectivo" o, incluso, mediante una combinación de ambos. No se brinda, sin embargo, ninguna definición de lo que significa un sistema tal, ni tampoco una descripción de las características que lo harían ser efectivo o eficaz. No obstante, este artículo conmina a los países en vías de desarrollo para que opten por esta alternativa al patentamiento a establecer sistemas legales acordes antes del año 2000, si quieren evitar sanciones a manos de otros miembros de la OMC (ver recuadro "La Revisión del Artículo 27.3.b"). "Sui generis" significa simplemente algo diferente, especial o único: en este caso, diferente al sistema de patentes.

La revisión del artículo 27.3(b) del TRIPs prevista para 1999

El artículo 27.3(b) es uno de los parágrafos más controvertidos de todo el acuerdo TRIPS, ya que obliga a los Estados miembros a conceder derechos monopólicos sobre su biodiversidad agrícola, que constituye la base misma de la seguridad y soberanía alimentarias. Sus consecuencias son inmensas, tanto para los agricultores, los consumidores y los científicos por un lado, como para un puñado de compañías transnacionales que aspiran controlar el abastecimiento mundial de alimentos, por el otro. Es por eso que la agenda de esta próxima revisión del TRIPS constituye un motivo de preocupación inmediata, importante para muchos países en vías de desarrollo.

Algunos países industrializados, bajo el liderazgo de EE.UU., están presionando para que el ejercicio se transforme en un vano intercambio de información sobre implementación, en lugar de encarar las propias disposiciones del artículo. Su verdadero objetivo es eliminar el artículo 27.3(b) por completo, viabilizando así que no sólo las variedades vegetales sino también las plantas y animales como tales deban ser patentables en todos los Estados miembros de la OMC. Suprimir la opción sui generis para obtenciones vegetales del artículo 27.3(b) o, al menos, insertar una referencia a la UPOV en el TRIPS, constituyen las posiciones de recambio con que cuenta el frente pro-patentes.

Entretanto, son cada vez más los gobiernos del Sur que perciben la revisión de 1999 como una oportunidad para encarar el conflicto entre el TRIPS y sus compromisos ante el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Entre los países que reclaman esta discusión sustantiva se encuentran los del Pacto Andino, varios del sudeste asiático, la India y muchos gobiernos del Africa oriental y del sur. La única solución lógica para ellos consiste en excluir del TRIPS al conjunto de la biodiversidad, o prorrogar los plazos de implementación para que los temas puedan ser resueltos adecuadamente. Ya ha pasado medio año y el proceso de revisión ha avanzado muy lentamente, sin que se haya presentado ningún debate sustantivo todavía. Las sesiones pendientes están agendadas para el 15 y 16 de septiembre y el 23 y 24 de noviembre, en Ginebra.

Fuente: GRAIN, "TRIPS vs BIODIVERSIDAD: ¿Que hacer con la revisión del artículo 27.3(b) del TRIPS en 1999?", septiembre de 1999. www.grain.org

No hay ninguna parte del Acuerdo TRIPS en la que conste que el esquema de la UPOV para la protección de variedades vegetales sea apropiado, efectivo o tan siquiera deseable como sistema sui generis a los efectos de la OMC. Los críticos argumentan que la UPOV difícilmente pueda ser considerada sui generis, puesto que realmente no es más que un sistema de patentes aguado para fitomejoradores. A pesar de ello, la UPOV cabildea en forma intensa para que se incluya una referencia a la UPOV en el Acuerdo TRIPS, que la convierta en "la" legislación sui generis efectiva, obligando a todos los miembros de la OMC a implementarla. Por si fuera poco, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) y la propia OMC se han sumado a la UPOV, para presionar a los países en vías de desarrollo para que adopten marcos regulatorios acordes con la UPOV en el curso del presente año. El involucramiento de la OMC en esta campaña es particularmente alarmante. En la medida en que apoya abiertamente esa campaña, la OMC ha tomado partido por un bando: aquel que defiende al sistema UPOV como sui generis. Esto está haciendo rabiar a muchos gobiernos del Sur, ya que no es a la OMC a quien le corresponde el papel de interpretar cual sistema es sui generis efectivo; tal derecho recae exclusivamente en los países miembros del Acuerdo TRIPS.

Los países industrializados y las grandes empresas también maniobran políticamente a los países del Sur para que adopten la UPOV. A pesar de no ser grandes entusiastas de la PVV como sistema de protección de la propiedad [intelectual], estas empresas y aquellos países saben que consiguiendo que el Sur acepte la PVV están dando el primer paso con miras a lograr que se acepte el patentamiento de seres vivos en toda su extensión. Tal es el verdadero objetivo que persiguen las fuerzas que en primera instancia introdujeron la propiedad intelectual en la agenda mundial sobre comercio, lugar donde nunca debería haber sido introducida. Todo ese discurso que pondera la excelente adaptación de la UPOV a la agricultura no es más que una carnada encubierta para preparar psicológicamente a los gobiernos del Sur para la expansión de los derechos de propiedad intelectual del Norte sobre la biodiversidad del Sur.

Miembros de UPOV en agosto de 1999, segun la ley a la que adhirieron

UPOV 1978

Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Ecuador, Finlandia, Hungría, Japón, Kenia, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Slovakia, Trinidad Tobago, Ukranía, Uruguay

UPOV 1991

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Moldovia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Slovenia, Sur Africa, Suecia, Suiza

Nuevos aires para la UPOV

Los funcionarios de la UPOV han pasado más de tres décadas viajando por el mundo, tratando de enrolar nuevos miembros del Sur para su club, cosechando extraordinariamente pocos éxitos (ver Seedling, junio de 1996, pág. 21) hasta que apareció en escena el TRIPS. En enero de 1995, cuando entró en vigencia el TRIPS, la UPOV estaba compuesta por 27 miembros -todos ellos países industrializados, excepto tres. Pero gracias a la confusión creada por el TRIPS, en mayo de 1999 la membresía había aumentado a 43, de los cuales 11 eran países en vías de desarrollo.

Algunos de estos países se apresuraron a firmar la Convención UPOV de 1978 justo a tiempo, antes que la posibilidad de ingresar se cerrara definitivamente en abril de 1999. En ese mes, Bolivia, China, Kenia, Brasil y Panamá pasaron a engrosar las filas de la UPOV. Frente a la opción entre el tratado UPOV de 1978 y su versión degradada de 1991, los funcionarios de esos países juzgaron que la Convención de 1978 constituía el mal menor. Nicaragua y Zimbabwe no llegaron a tiempo para sumarse a la UPOV-78 y han pedido una prórroga del plazo ya vencido en abril. Cuando este año el parlamento nicaragÃ¼ense interrogó al gobierno sobre el motivo de tanta prisa, éste contesto que era necesario unirse a la UPOV para evitar sanciones comerciales a manos de la OMC. A sabiendas que la UPOV no forma parte de la OMC, desde el parlamento entonces se preguntó cuales sanciones recaerían sobre el país, y los representantes del gobierno no pudieron dar ni un ejemplo (ver recuadro "Upov aprieta a Nicaragua").

UPOV aprieta a Nicaragua

En 1998 la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía preparó casi en secreto la "Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales", para que Nicaragua firme el acta de UPOV 1978. La fecha establecida era el 30 de enero de 1999. No obstante, la Ley no llegó a la Asamblea y el Gobierno pidió prórroga ante UPOV para el 30 de abril de 1999. La Ley no se aprobó y el Gobierno solicitó otra prórroga a la UPOV. La respuesta no se conocerá hasta octubre cuando se reúne el Consejo de UPOV. De no ser concedida, Nicaragua deberá firmar la más restrictiva UPOV 1991.

Nicaragua se comprometió a firmar UPOV en enero de 1998 me diante el Acuerdo Bilateral sobre Propiedad Intelectual que firmaron el Presidente de Nicaragua y el Embajador Estadounidense, y que fue ratificado por la Asamblea Nacional. Ese acuerdo es un compromiso vinculante para cumplir a su vez con seis leyes específicas enmarcadas dentro de la dinámica de los tratados de libre comercio.

En junio, la Comisión de Medio Ambiente dictaminó una Ley que recoge capítulos de la Propuesta de Gobierno que elaboraron consultores de Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Costa Rica, pero que incorpora interesantes propuestas de algunas de las ONGs que integran la coordinadora FOROBIO. Entre las novedades se encuentran las siguientes:

• Sólo se podrán proteger variedades que difieran en varias características;

• Las normativas sobre variedades transgénicas se regirán por legislación específica sobre bioseguridad;

• Diferencia explícitamente la legislación de protección vegetal de la propiedad intelectual industrial, excluyendo el patentamiento de variedades vegetales;

• Excluye de la protección otorgada el uso directo en alimentación o resiembra.

• Se requerirá evidencia de cumplimiento con elementos del Convenio de Diversidad Biológica; y

• Para ser registrada una variedad habrá de presentarse evidencia científica de superioridad a los cultivares nacionales durante dos ciclos productivos.

Las discusiones en el plenario de la Asamblea habrían de continuar a fines de agosto, durante las cuales se anticipaban duras confrontaciones entre los sectores dispuestos a cumplir con las exigencias de los EE.UU. y aquellos que pretenden introducir elementos sui generis para proteger la biodiversidad y los derechos nacionales.

Nota preparada por el Centro Humboldt para el Desarrollo local y la gestión ambiental, de Nicaragua, y aportes tomados del documento preparado por GRAIN y publicado el 30 de julio a través de BIO-IPR, "Beyond UPOV: Examples of developing countries preparing non-UPOV Â«sui generisÂ» plant variety protection schemes for compliance with TRIPS," disponible en inglés en: www.grain.org

La campaña de la UPOV para conseguir nuevos miembros adquirió nuevo ímpetu cuando la OMC y la OMPI decidieron unírsele para una gira mundial. Desde principios del año en curso el flamante trío se ha embarcado en una serie de seminarios conjuntos con el propósito de presionar a los países en vías de desarrollo para que éstos adopten marcos regulatorios tipo UPOV, o bien para que se integren a la Unión, como una forma de cumplir con los requerimientos del artículo 27.3(b) del TRIPS. La gira se inició en febrero, con un simposio en Ginebra para todos los países en vías de desarrollo. Seguidamente, realizaron talleres regionales y sub-regionales. Para Asia y el Pacífico fue en marzo en Bangkok. El los países árabes se celebró a principios de mayo, en el Cairo. Luego para el Africa oriental, en Nairobi. Mientras, el Africa francófona en febrero ya había firmado en bloque la Convención. A las organizaciones campesinas y las ONGs les ha sido vedado el ingreso a esos talleres, pero diversos participantes los han descrito como mero "cabildeo". Según declarara uno de los participantes, "los miembros de la UPOV han conseguido confundir exitosamente a los participantes. Muchos piensan que las dos [UPOV y sui generis] son una misma cosa. Algunos creen que hay que unirse a la UPOV para ser miembro de la OMC".

El Africa entre fuego cruzado

Esta táctica de presión ha tomado matices particularmente crudos en el Africa. En febrero pasado, las fuerzas de la UPOV consiguieron que once de los países más pobres del Africa firmaran la Convención UPOV de 1991, como una forma de cumplir con sus compromisos ante el TRIPS. Estos países "gozan" del rango especial de país(es) menos desarrollado(s) (PMDs) ante la OMC y conforman, junto con algunos países en vías de desarrollo, la membresía de la francófona Organización Africana para la Propiedad Intelectual (OAPI). En virtud de su condición como PMDs, no tienen obligación de implementar el artículo 27.3(b) del TRIPS sino a partir del primero de enero del 2006. Sin embargo, parecería que estos países fueron llevados a creer que tenían que renunciar a los siete años de libertad jurídica y política que aún tenían por delante para generar las soluciones más apropiadas para fomentar la innovación agrícola, y que lo único que podían hacer era simplemente alinearse con el monopólico régimen UPOV de los países industrializados.

Hay quienes consideran que haber empujado a los Estados miembros de la OAPI hasta las fauces de la UPOV no fue más que una acción deliberadamente orientada a socavar otros procesos legislativos en curso en el Africa, de corte más pro-campesino. Esta decisión de la OAPI, que aún debe ser ratificada por cada uno de los países miembros, choca frontalmente con la decisión adoptada por la Organización para la Unidad Africana (OUA), de generar sistemas sui generis que garanticen la protección y el desarrollo de los derechos comunitarios, como piedra angular para el desarrollo sustentable del áfrica. El Dr. Johnsson Ekpere, miembro de la Comisión de Investigación Científica y Técnica de la OUA, reaccionó con firmeza ante la inesperada adhesión del Africa francófona a la UPOV. Según Ekpere, "la mayor parte de los países en vías de desarrollo no son miembros de la UPOV porque ésta no refleja sus intereses". También señala que "el sistema UPOV está fundado en la filosofía de los países industrializados que lo concibieron con el objetivo de proteger las inversiones y los intereses de grandes e influyentes empresas semilleristas que dan empleo a fitomejoradores. Sin embargo, la situación de hecho en los países en vías de desarrollo es bastante distinta, donde los pequeños agricultores y las cooperativas agrarias son los mayores productores de semillas y los principales actores del sector. Por lo tanto, la legislación debería estar convenientemente orientada hacia la protección del agricultor… en su condición de productor y consumidor de nuevas variedades vegetales".

Excluir del TRIPs a la Biodiversidad

Esta es la posición más tajante que se viene expresando respecto al temario de revisión del TRIPS: que se derogue el compromiso legal que pesa sobre los países bajo el régimen comercial de la OMC de poner en vigor los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI, ya sean patentes o cualquier sistema sui generis), y que esa medida sea aplicable a todo el conjunto de la diversidad biológica. Tanto las patentes como cualquier sistema sui generis bajo el TRIPS implican monopolio privado excluyente. La implementación de tales regímenes, disfrazados como incentivos para la investigación y desarrollo científico, debe ser opcional, no obligatoria.

Para muchas organizaciones de base en el Sur, al igual que para GRAIN, esta posición no es negociable. Proporcionar incentivos para la innovación en biodiversidad (o "uso sustentable", en jerga ambientalista) no constituye un tema de comercio. En lugar de imponerle a la gente el empleo de paquetes tecnológicos foráneos, el tema es reforzar las capacidades y consolidar derechos a nivel local y nacional. En términos concretos, significa que la revisión prevista para 1999 deberá enmendar el artículo 27.3(b) de manera que brinde a los Estados miembros la opción de excluir de su legislación sobre DPIs a todos los inventos relacionados con la diversidad biológica. "Relacionados con la diversidad biológica", incluye los inventos basados en conocimientos tradicionales que no necesariamente afectan recursos biológicos en sí. Esta excepción también requerirá cambios en el artículo 27.2 en el año 2000, cuando el Acuerdo TRIPS será revisado en su totalidad, puesto que este artículo obliga a patentar microorganismos.

Esta opción reclama una ampliación del régimen de excepciones del TRIPS. Para muchos grupos del Sur que apoyan esta posición, no se trata de imponerle nuevas obligaciones a los países que actualmente otorgan DPIs sobre seres vivos, para que lo prohíban. Se trata, más bien, de aprovechar esta instancia de revisión del TRIPS para adaptarlo a las necesidades de los países en vías de desarrollo y armonizarlo con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Mediante esta ampliación del régimen de excepciones del TRIPS los países gozarán de mejores oportunidades para cumplir con los objetivos de preservación y uso sustentable establecidos por el CDB, y diseñar incentivos más apropiados para la explotación de la biodiversidad según sus intereses nacionales.

Fuente: GRAIN, "TRIPS vs BIODIVERSIDAD: ¿Que hacer con la revisión del artículo 27.3(b) del TRIPS en 1999?", septiembre 1999. www.grain.org

Estas declaraciones tienen mucho sentido, si echamos un vistazo al Africa. Hasta ahora, los únicos países africanos que brindan protección a los obtentores de nuevas variedades vegetales (básicamente, mediante sistemas tipo UPOV-78) son Kenia, Sudáfrica y Zimbabwe. Según un funcionario gubernamental sudafricano, fiel creyente de la UPOV, fomentar el desarrollo de "nuevas y mejores variedades [vegetales]" dando vigencia a los derechos de obtentor, constituye "el único camino para poder alimentar a la población cada vez más numerosa". Desarrollar nuevas y mejores variedades vegetales es, sin duda, un objetivo loable, siempre que éstas, por ejemplo, ayuden a Kenia a alimentar a su población, actualmente azotada por la hambruna en diversas regiones del país. Pero, cabe preguntarse, ¿será que la PVV -o la UPOV, si fuera el caso- están ayudando a los kenianos en el logro de sus objetivos? La respuesta es un "no" rotundo. Kenia aprobó su ley de PVV en 1975. De las 136 solicitudes de PVV que habían sido aprobadas hasta mayo de 1999, solamente una es un cultivo alimentario: una variedad de habas verdes que Kenia exporta a Europa. Más del 90% (123) de los certificados de PVV fueron expedidos para flores y plantas ornamentales, mientras que algunas variedades de café, caña de azúcar y cebada cervecera ocuparon las restantes solicitudes. Será conveniente que los gobiernos analicen con mayor detenimiento los datos que explican cómo este tipo de sistemas de propiedad intelectual ayuda a "alimentar a la población cada vez más numerosa" según alegan los proponentes de la PVV.

Conscientes de la complejidad implícita en su intento de desarrollar un sistema más equitativo, los jefes de Estado de la OUA acordaron en junio pasado, en Ouagadougou, que para cumplir con los requisitos del TRIPS, el Africa debe darle prioridad a los intereses de sus mayorías -los más que 20 millones de pequeños campesinos sobre los que se han volcado todo tipo de tecnologías inapropiadas e insondables programas de cooperación extranjera. Para alcanzar su objetivo, la OUA se ha propuesto generar una respuesta en consonancia con la opción sui generis del TRIPS, que constituya un marco regulatorio que respete los compromisos del Africa ante el Convenio sobre Diversidad Biológica y que tenga en cuenta el prometedor reconocimiento de los Derechos de los Agricultores, consagrado en el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos.

Los gobiernos de la OUA parecen tener bien claro que si el fitomejoramiento depende de la agricultura, y viceversa, entonces cualquier sistema que pretenda fomentar la innovación tecnológica y/o proteger nuevas obtenciones vegetales bajo el régimen del TRIPS, necesariamente tiene que tener en cuenta los Derechos de los Agricultores, aceptados ya desde la década de los '80s por consenso internacional, que reconoce la contribución de los agricultores al mejoramiento de variedades vegetales. Este reconocimiento, sin embargo, aún no se ha materializado en los hechos, debido a que los gobiernos del Norte no quieren que los Derechos de los Agricultores restrinjan el acceso al germoplasma ni que exijan pagarle a los agricultores. En este contexto, la UPOV no constituye una opción válida para los requerimientos del TRIPS, puesto que es completamente ineficaz. Los sistemas basados en la UPOV no le ofrecen nada a los agricultores -ni derechos, ni abundantes cultivos alimentarios- si aceptamos guiarnos por el ejemplo de Kenia.

Resistencia en Asia

La oposición a la UPOV como solución sui generis en cumplimiento del TRIPS, también está cobrando fuerza en otras partes del mundo. En marzo pasado, en Tailandia, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil representando a ONGs, campesinos y científicos de cinco países asiáticos, dejaron constancia de sus objeciones y protestaron contra el seminario organizado por la UPOV, la OMPI y la OMC, al cual se les impidió el ingreso. En su declaración conjunta, las organizaciones de la sociedad civil acusaron a la OMC por "brindarle apoyo a la campaña concertada por la UPOV, el gobierno estadounidense y la poderosa industria semillerista (cuyo comercio ha sido avaluado en U$S 30 mil millones aproximadamente), tendiente a forzar a los países en vías de desarrollo a aceptar los derechos de obtentor como única opción". Según Witoon Lianchamroon, de BIOTHAI, "el sistema UPOV invalida completamente los Derechos de los Agricultores, y las comunidades tailandesas de ninguna manera lo pueden aceptar". Ashish Kothari, de Kalpavriksh, miembro del comité de redacción de la Ley sobre Biodiversidad de la India, agregó que "la opción UPOV no es apropiada ni le conviene a la India… [puesto que hace caso omiso de] los intereses y los derechos de millones de campesinos que durante miles de años han desarrollado y mejorado semillas".

Algunos de los delegados gubernamentales participantes del propio seminario compartieron puntos de vista similares. En palabras del representante de las islas Fiji, "la nueva postura de la UPOV de 1991 parece brindar protección exclusivamente a los fitomejoradores comerciales y a las compañías multinacionales, excluyendo totalmente a los custodios indígenas, a los campesinos y todos los demás". Esto constituye un problema muy serio, puesto que Fiji está muy interesado en que se protejan y fomenten los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, particularmente desde que el país ha sido objeto de biopiratería y sobre-explotación de su singular variedad de cava, que se ha hecho muy popular en Occidente por sus cualidades semejantes a las del ginseng.

Los delegados tailandeses estaban muy molestos por la manera en que se habían desarrollado los debates. "Estoy preocupado por que en la medida en que son cada vez más los países que se unen a la UPOV, el sentido esencial de lo sui generis se irá modificando en favor de la UPOV (…). Tampoco es una buena señal el hecho que la OMC haya co-organizado este Taller", manifestó un funcionario de la Universidad de Kasetart. Tailandia ha invertido gran esfuerzo en redactar una legislación sui generis que equilibre los intereses de sus campesinos con los de las multinacionales semilleristas. Es por esto que Tailandia no puede aceptar que la opción sui generis se vea reducida a algo tan restringido y sesgado como la UPOV.

En las Filipinas, la oposición a la UPOV y a cualquier régimen de propiedad intelectual sobre seres vivos ha sido bastante fuerte. Ya en 1994, cuando el vicesecretario general de la UPOV, Barry Greengrass, visitó las islas promocionando su mercadería, los científicos filipinos y funcionarios de la administración lo presionaron para que respondiera si para cumplir con la normativa del TRIPS se verían obligados a adoptar una ley tipo UPOV. En ese entonces, la respuesta de Greengrass fue "no", admitiendo que "es posible (aunque difícil!) imaginar un sistema nacional de protección [de los dere chos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales] que no se ajuste a la normativa UPOV y que sea reconocido como sistema sui generis efectivo, a los efectos de la [OMC]". Parece que Greengrass cambió de parecer desde entonces.

El ministerio de agricultura filipino ya ultimó su postura de cara a la revisión del TRIPS, y en ella sostiene que los países que optaren por la opción sui generis no tienen la obligación de unirse a la UPOV, ni de adoptar leyes que se ajusten a su normativa. El gobierno está elaborando su propio sistema sui generis, al igual que otros países del Sur como Tailandia y la India. Sin embargo, eso no resuelve el problema predominante que están enfrentando los países en vías de desarrollo, de conflictos, ambigÃ¼edades e incertidumbres respecto al TRIPS. Tal y como quedó consignado en el documento con la posición del ministerio de agricultura filipino, "en los debates en el seno de la UPOV y la OMC aún hace falta una comprensión cabal de los temas relativos a los derechos de los obtentores, los derechos de los agricultores y los derechos de las comunidades. Los acuerdos actuales de la OMC callan sobre el tema de cómo proteger y fomentar los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y otras comunidades locales. Este es un asunto muy serio, que requiere ser discutido y elaborado conjuntamente con cualquier sistema sui generis de derechos sobre variedades vegetales. El Ministerio de Agricultura solicita que la misión diplomática filipina en Ginebra incluya este tema como parte fundamental de la posición filipina ante la Comisión del TRIPS a cargo de su revisión".

Avanzando un paso más, el documento del gobierno filipino propone que "para proteger mejor los derechos de los agricultores y las comunidades locales, el proceso de revisión debería buscar la manera de excluir los seres vivos (plantas y animales) y la biodiversidad (y los conocimientos indígenas) del ámbito de jurisdicción de la OMC".

Sacar a la vida del TRIPS es la solución más tajante (ver recuadro "Excluir del TRIPS a la biodiversidad"). Nadie discute el valor que tiene estimular la innovación y el desarrollo tecnológico. Lo que está en discusión es cómo hacerlo de la mejor manera y qué tipo de tecnologías han de ser fomentadas. Las patentes y los sistemas como la UPOV nos conducen en una sola dirección: hacia el control cada vez mayor de la alimentación y la agricultura en manos de un puñado de grandes empresas de los países industrializados.

Antes que verse forzados a aceptar lo que no necesitan, los países en vías de desarrollo deberían aprovechar la revisión de 1999 para defender lo que quieren. En lugar de rendirse ante la UPOV en busca de ventajas dentro de la OMC, los gobiernos del Sur deben exigir, como es su derecho, que la biodiversidad quede fuera del ámbito legal del acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual.

Fuentes principales:

* Fundación Gaia y GRAIN (1998), "Ten Reasons not to join UPOV". Global Trade and Biodiversity in Conflict, número 2, Londres/Barcelona, mayo. www.grain.org/publications/gtbc/issue2.htm

* GRAIN (1996), "UPOV: Verdad y consecuencia". Biodiversidad 9/10, diciembre 1996, págs. 29-36.

* GRAIN (1999), "TRIPS vs BIODIVERSIDAD: ¿Que hacer con la revisión del artículo 27.3(b) del TRIPS en 1999?, septiembre 1999. www.grain.org

* RAFI (1999), TRIPS Traps for Small Farmers: The Impact of IPRs on sustainable food security and farm families remains to be felt. Genotypes, Winnipeg, mayo. www.rafi.org

* Recortes de prensa y documentos distribuidos en diversas sesiones de la serie de Talleres Regionales organizados conjuntamente por la UPOV, la OMPI y la OMC, sobre "Protección de Variedades Vegetales bajo el artículo 27.3(b) del Acuerdo TRIPS" (Ginebra, febrero 15; Bangkok, marzo 18-19; Nairobi, mayo 6-7, 1999).