Esta vez dedicamos nuestro tapiz, nuestro mosaico de aristas, a la vastedad que implican las luchas por el agua en América Latina, con algunos ejemplos de otras regiones. Nuestro vistazo es necesariamente incompleto, pero comenzar a abrir la superficie del problema podrá, tarde o temprano, llevarnos al pozo desde donde entendamos con detalle la complejidad del agua, la urgencia de las luchas por defenderla y frenar el abuso, el despojo y la devastación.
Lo primero es que “sólo una pequeñísima fracción de las aguas que cubren la tierra puede ser utilizada por las sociedades humanas: 97% es salada, y del 3% restante 99% está fuera de nuestro alcance —congelada en icebergs y glaciares o en las profundidades de la tierra”, nos recuerda Jean Robert en su libro El agua es un ámbito de comunidad.
Siguiendo las cuentas que hace este urbanista y filósofo, el agua orgánica (que hallamos en los organismos vivos) es tan sólo 1% de ese 3% del agua disponible y otro 1% es el agua de ríos y arroyos —lo que significa en realidad “un 0.0003% del agua de la tierra— la misma cantidad que el agua orgánica”. Si “cerca del 80% de nuestra agua de beber viene de estos ríos y arroyos, y la mayor parte del otro 20% se extrae de niveles de aguas subterráneas”, es crucial darnos cuenta de la fragilidad que implica su sobreexplotación, insostenible a todas luces.
Para Camila Montecinos, “si no hubiera nieve o suelo para contener la poca agua que tenemos disponible, no habría siquiera la posibilidad de que existiera un ciclo del agua (que posibilita la vida) como ahora conocemos. Este hecho nos muestra su extrema fragilidad, debida al pequeñísimo porcentaje del agua que en realidad está a nuestra disposición, y nos alerta de la ferocidad del impacto que implica el abuso y acaparamiento, contaminación y desperdicio del agua a manos de empresas y megaproyectos irresponsables y voraces”.
A más de dos años del asesinato de la defensora lenca de los ríos de Honduras, Bertha Cáceres, dedicamos este Vistazo a su lucha y su memoria.
Quien mira con cuidado el interminable curso de los variados ciclos del agua encuentra hilos que permiten entender muchas relaciones que dan unidad a procesos esenciales que el sistema capitalista se esmera en desarticular hasta volverlos incomprensibles e invisibles.
El flujo del agua forma parte de las relaciones entre los territorios de los pueblos y regiones, y entre las tierras ricas y pobres. Relaciones metabólicas que rigen el ciclo social del agua y relaciones humanas que propician su flujo natural.
El agua, en tanto flujo que interconecta una compleja red de relaciones naturales y sociales, permite observar la estructura general de las desiguales relaciones de producción e intercambio entre las clases y los estratos sociales, entre los géneros o entre ciudad y campo.
El agua es un espejo donde puede verse cómo los campesinos del hemisferio sur del planeta padecen una guerra cotidiana que fractura sus prácticas agrícolas y les lleva a la expulsión de sus propias tierras. Cuando ni los mecanismos comerciales y políticos del “libre mercado” le sirven al capital para expulsar a millones de campesinos de sus tierras, llega el momento de emplear el agua misma como arma en el proceso de despojo y así entran en juego las llamadas leyes nacionales de aguas.
La elevación de las tarifas para el bombeo del agua en los pozos rurales acelera la quiebra campesina y la privatización de sus tierras y aguas. Este proceso es más lesivo cuanto más se separa la propiedad del agua respecto de la tierra. Promueve el registro privado, la compra-venta o la expropiación de los manantiales y pozos. El Estado le cobra deudas a los pueblos por un servicio de agua que jamás brindó. Se promueve la formación de mercados del agua, y las instituciones impulsan negocios de embotellado de agua de manantial o el pago por la captura del agua en los bosques que son cabezas de cuenca.
A estas agresiones se suman el envenenamiento industrial y urbano de las aguas, la sobreexplotación de acuíferos que los lleva a descender hasta profundidades inalcanzables para los presupuestos campesinos, o la sequía de ríos perennes, estacionales y transitorios que ya ocasiona el calentamiento global. Este mismo fenómeno ocasiona también precipitaciones catastróficas que, en la temporada de lluvias o huracanes, desbordan los ríos arrasando las tierras, casas, caminos, bosques y playas de los más humildes. Andrés Barreda: “Espejos de agua”, en Voces del agua, Itaca, 2006
Unas posibles cuentas del agua indican que de la cantidad y proporción de las aguas de la tierra capturada para uso humano anualmente a nivel mundial 2 mil 680 km3 son para riego agrícola; usada en los hogares 300 km3; para la industria mil km3, pero esto crece día con día, lo que a 1992 implicaba 3 mil 980 km3 (casi 4 mil km3). Si un kilómetro cúbico son mil millones de metros cúbicos, la cantidad total de agua consumida en el mundo en un año es, en caso de que los números tengan una verdad que decir, cuatro mil billones de metros cúbicos o, en medidas más domésticas, cuatro mil trillones de litros. Jean Robert, El agua es un ámbito de comunidad, Habitat International Coalition, México, 1994
A nivel mundial, la proporción de extracción de agua es un 69% agropecuaria [aunque estos datos no aclaran que casi toda es la agricultura industrial corporativa],19 % industrial y 12% municipal. Este cálculo está dado a partir de la extracción total global para cada uso y está fuertemente influenciado por unos pocos países que tienen una extracción de agua muy alta, en comparación con otros. La siguiente gráfica muestra el crecimiento en la extracción del agua por uso en el último siglo. Datos de FAO-AQUASTAT, 2010
El objetivo de las corporaciones es ejercer un control privado del agua convirtiéndola en fuente de acumulación a escala mundial, generando lucros para las transnacionales y el sistema financiero. Para eso están en curso diversas estrategias que van desde el uso de la violencia directa hasta las formas de captura corporativa de gobiernos, parlamentos, judiciarios, agencias reguladoras y demás estructuras jurídico-institucionales que actúan en favor de los intereses del capital.
Existe también una ofensiva ideológica articulada junto a los medios de comunicación, educación y propaganda que buscan crear hegemonía en la sociedad contraria a los bienes comunes y a favor de transformarlos en mercadería.
El resultado deseado por las corporaciones es la invasión, apropiación y control político y económico de los territorios, de las nacientes, ríos y reservorios, para atender los intereses del agronegocio, hidronegocio, industria extractiva, minería, especulación inmobiliaria y generación de energía hidroeléctrica. El mercado de bebidas y otros sectores quieren controlar los acuíferos. Las corporaciones quieren también controlar toda la industria de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario para imponer su modelo de mercado y generar lucros, transformando un derecho históricamente conquistado por el pueblo en un bien más de consumo. Quieren también los manantiales de Brasil, América Latina y el mundo para generar valor y viabilizar el mercado mundial del agua.
[...] Denunciamos el reciente crimen practicado por la empresa noruega Hydro Alunorte que vertió miles de toneladas de residuos de minería a través de canales clandestinos en el corazón de la Amazonia y el asesinato del líder comunitario Sergio Almeida Nascimento que denunciaba sus crímenes. Ejemplos como estos se reproducen por todo el mundo.
Los pueblos son víctimas de este avance del proyecto de las corporaciones. Las mujeres, pueblos originarios y comunidades tradicionales, poblaciones negras, migrantes y refugiados, agricultores familiares y campesinos, así como las comunidades periféricas urbanas sufren directamente los ataques del capital y las consecuencias sociales, ambientales y culturales de sus acciones. Declaración del Foro Alternativo de las Aguas, Brasil, 2018
Las Grandes Planicies estadunidenses constituyen casi una quinta parte de toda la tierra nacional al sur del paralelo 48. En la segunda mitad del siglo XIX reflejaron las ambiciones expansionistas del capital, con un flujo de colonos empujados por la promesa de 65 hectáreas de tierra gratis. Siendo tierras de temporal dependientes de la humedad de la lluvia para cumplir sus ciclos de cultivo, se les drenó muy pronto de su agua subterránea más superficial, y para principios del siglo XX los colonos las habían extremado, en el monocultivo, mecanizadas casi por completo con tractores, trilladoras y cosechadoras que desde 1837 comenzaran a proliferar en los campos, gracias a John Deere. Tras la Revolución Rusa, con el reducido abasto del trigo y otras materias primas agrícolas más la subida de los precios, el área abierta al cultivo se duplicó entre 1925 y 1930.
Esta reconversión extrema, de vastos pastizales a extensos monocultivos mecanizados, “eliminó los pastos nativos que mantenían el suelo en su lugar y permitían guardar una mínima humedad requerida para la producción”. Junto con las intensas sequías que comenzaron a ocurrir desde el verano de 1930, se provocó un fenómeno conocido mundialmente como Cuenco de Polvo o Dust Bowl, tormentas de tierra suelta arremolinada que literalmente despojaron la materia orgánica de los suelos, haciendo invivible la existencia para el campesinado de la región. El fenómeno fue tan intenso, extenso y prolongado, que el horizonte se volvió negro en todos sentidos.
Las familias comenzaron a huir de sus campos, acicateadas por el hambre, la falta de agua, la miseria, las enfermedades pulmonares y gastrointestinales, y emprendieron así un primer exilio planetario masivo en pos de condiciones materiales para la existencia. Se inauguró el ciclo contemporáneo de trabajo migrante.
Hoy, al constatar el vaciamiento del Acuífero Oglala, el mayor manto de aguas subterráneas estadunidense —que corría unos 404 mil kilómetros cuadrados por debajo de esos mismos territorios devastados— utilizado sin importar nada para irrigar enormes cultivos de trigo y maíz desde la década de 1940 hasta principios del siglo XXI, la gente de la región está urgida por soluciones campesinas y autonomía productiva, hoy llamadas “alternativas”, y por cómo revivir esos mantos subterráneos a punto de secarse. La Balada del Cuenco de Polvo, Desde los fuegos del tiempo, con información de Will. S. Hylton, en Harpers’, desinformémonos.org, 21 de diciembre, 2015
El término acaparamiento de aguas se aplica cuando actores poderosos asumen el control de valiosos recursos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas. La capacidad de hacerse del control de los recursos está vinculada con procesos de privatización, mercantilización y apropiación de bienes comunes. Estos procesos convierten el agua —de un recurso abierto y al alcance de todos y todas a un bien privado cuyo acceso debe negociarse y suele basarse en la capacidad de pago. El acaparamiento de aguas se manifiesta en formas muy diversas, desde su extracción para grandes monocultivos de producción industrial de alimentos y combustibles a la construcción de represas fluviales para energía hidroeléctrica, pasando por la apropiación corporativa de recursos de agua públicos. El fenómeno también forma parte inherente de un modelo de desarrollo que se ve reforzado por el comercio de “agua virtual”.
El acaparamiento de aguas no es un fenómeno nuevo y comparte muchos rasgos con otros acaparamientos de recursos y con lo que suele conocerse como “el cercamiento de bienes comunales”. La nueva dimensión del acaparamiento de aguas contemporáneo es que los mecanismos para apropiarse de los recursos hídricos y convertirlos en bienes privados están mucho más avanzados y cada vez más globalizados, sujetos a leyes internacionales sobre inversiones extranjeras y comercio exterior. Jennifer Franco y Sylvia Kay, Transnational Institute, El acaparamiento mundial de aguas: guía básica, noviembre de 2012
El África subsahariana sufrirá una disminución del 20% de su disponibilidad de agua de aquí al fin del siglo. Y a nivel planetario cerca de 70 importantes ríos están amenazados de secarse por los cambios climáticos y el exceso de consumo. Con esta perspectiva, los conflictos violentos en torno a este recurso vital seguirán aumentando.
Es un escenario ya dramático donde mil 200 millones de personas en el planeta no cuentan hoy con agua potable y 4 mil niños menores de 5 años mueren diariamente a causa de dicha situación. El modelo predominante produce víctimas y cifras escalofriantes. La producción de 1 litro de bio-etanol necesita cerca de 5 mil litros de agua. Un tomate de Marruecos de exportación necesita 13 litros de agua. La producción de un vaso de jugo de naranja demanda 170 litros de agua, y una camiseta de algodón 20 mil litros.
Cada habitante suizo utiliza por día (cocina, higiene, etcétera) 160 litros de agua. Cifra que llega a 4 mil litros por día si se calcula el agua empleada en los alimentos, productos y vestidos importados al país. Sergio Ferrari, Quinto Foro Mundial del Agua en Turquía, “El agua como bien público y no como negocio de las transnacionales”, marzo de 2009
La actual Ley de Aguas Nacionales fue impuesta a México en 1992 como condición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció que el acceso al agua sería a través de un sistema de concesiones, objetos de compra-venta, borrando derechos comunitarios y entregando enormes volúmenes a las empresas mineras, embotelladoras y de fracking. Promueve el control privado sobre el agua a través de trasvases, presas, proyectos de geotermia y la privatización de sistemas de agua en las ciudades.
El 8 de febrero 2012, se logró una reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua. Esta reforma exige contar con una nueva Ley General de Aguas que sentaría las bases para la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. Las reformas a los Artículos 1 y 2 ya exigen que se respete el derecho de los pueblos indígenas a la administración de las aguas en sus territorios. Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, San Salvador Atenco, México, Folleto Básico en Defensa del Territorio, 2018
Se dice que los recursos de agua de África están considerablemente subutilizados y listos para ser explotados por proyectos de cultivos para la exportación. Un tercio de los africanos ya vive con escasez de agua y es probable que el cambio climático aumente estas cifras significativamente. Los acuerdos de cesión de tierra masivos pueden robarle el acceso al agua a millones de personas y hay el riesgo de agotar los recursos de agua más valiosos del continente.
Todos los tratos por tierras en África implican operaciones de agricultura industrializada a gran escala, que consumirán cantidades masivas de agua. Casi todos ellos están ubicados en las cuencas de los ríos más grandes, con acceso al riego. Ocupan tierras fértiles y frágiles en los humedales o se ubican en áreas más áridas donde pueden extraer agua de los grandes ríos. En algunos casos las fincas tienen acceso a aguas subterráneas mediante bombeo. Estos recursos de agua son vitales para los agricultores, pastores y otras comunidades rurales locales. Muchos ya no tienen un acceso adecuado al agua para su sustento. Si hay algo que aprender es que estos mega-sistemas de riego no sólo pueden poner en riesgo el sustento de millones de personas de comunidades rurales, sino que son una amenaza para las fuentes de agua dulce de toda una región. GRAIN: Exprimir África hasta la última gota: detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua
En pocos años la “sequía excepcional” se ha comido planicies enteras de Canadá a México. En otros años los incendios carmesí en los mapas climáticos han reptado desde la costa del Golfo a Luisiana, a las Rocallosas y al Noroeste interior de Estados Unidos. Pero los epicentros semi-permanentes son Texas, Arizona y sus estados hermanos en México. Los ranchitos abandonados en pueblos casi fantasmas por todo Coahuila, Chihuahua y Sonora testimonian la implacable sucesión de años secos —comenzando en los ochenta pero con intensidad catastrófica a fines de los noventa, algo que impulsa a cientos de miles de gente rural a las maquilas de Ciudad Juárez y a los barrios de Los Ángeles. Mike Davis. “La mega-sequía en las fronteras de Estados Unidos-México: Somos los anasazi”, Comunicación personal.
Uno de los proyectos hidroeléctricos que se intentaba instalar en el Territorio Lenca era Agua Zarca. La resistencia de las comunidades al proyecto de Agua Zarca no se hizo esperar, pero a la par de las resistencias creció la militarización del territorio, poniendo en evidencia la complicidad de las fuerzas militares-policiales que actúan defendiendo intereses corporativos.
Berta fue amenazada de muerte en numerosas ocasiones, y fue judicializada, perseguida y detenida tan sólo por ser partícipe de las luchas del pueblo lenca. Días antes de su asesinato Berta denunció el asesinato de cuatro compañeros del Copinh, lo cual prueba que no son incidentes aislados; no son “crímenes comunes” como pretende decir el gobierno hondureño. Es una prueba de lo que Berta decía: es una estrategia por parte de las empresas, bancos y gobiernos para aniquilar a las organizaciones y movimientos hondureños.
El gobierno hondureño ha rehuido asumir su ine-ludible responsabilidad política para esclarecer el crimen de Berta, un crimen claramente político. Diversas estrategias se usan para correr el foco y despolitizar este asesinato, obstaculizando la búsqueda de la verdad y el justo castigo a los autores políticos y materiales —desde hacer pasar el asesinato de Berta como un crimen pasional, hasta los intentos de criminalizar a los propios miembros del Copinh. Los familiares de Berta y distintas organizaciones responsabilizan claramente a la empresa DESA a cargo del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca: “Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca, en contra de toda forma de explotación y despojo” Bertha Vive, La lucha sigue, Alianza Biodiversidad
Las relaciones entre la sociedad nacional y las sociedades indígenas están condicionadas por el modelo económico liberal imperante en Chile desde la dictadura militar. Hoy existen dos conflictos entre la sociedad nacional y las sociedades indígenas: uno general y otro particular y ambos aparecen estrechamente ligados en una representación global. En un plano general los diferentes pueblos originarios (mapuches, aymaras, atacameños y pascuenses) exigen su reconocimiento constitucional, el derecho a la autodeterminación, la restitución de las tierras ancestrales y el desalojo de las empresas forestales del territorio de la Araucanía.
En un plano particular existe un conflicto local, simbólico en nuestra perspectiva fluvial, pues su escenario es la Alta Frontera del Bío-Bío. La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa), se opone —en un combate desigual, está demás decirlo— a las comunidades pehuenches de la cordillera que ocupan las riberas andinas del río. Esta empresa, multinacional española (ironía de la historia), proyectó construir siete centrales hidroeléctricas en el Bío-Bío, en un área donde viven más de cien familias pehuenches. Un grupo importante de estas familias se niega a abandonar sus tierras ancestrales, transformando este conflicto en una agotadora batalla legal entre la ley de protección indígena y la ley de energía aprobada durante la dictadura de Pinochet, que privilegia la prioridad de cualquier proyecto que provea de energía al país.
Al autorizarse el proyecto Ralco se está reconociendo que la ley indígena vigente es letra muerta lo que, significativamente, nos recuerda las disposiciones nunca respetadas de los múltiples parlamentos, parlas o paces de la época colonial. De allí que la situación actual sea crítica y simbólica. Una ley que fue aprobada con la mayor participación de comunidades indígenas, cerca de dos mil, quedaría borrada por intereses económicos. Esto querría decir que todos los acuerdos que pretenden reconocer las culturas indígenas, en orden a valorar la diversidad cultural y reconocer una deuda histórica de la sociedad y el Estado chileno para con los indígenas, serían también letra muerta. Está demás recordar que para los indígenas, de ayer y de hoy, la tierra tiene un sentido de identidad y reconocimiento histórico de pertenencia a un lugar. Francisco Alvizu Labbé, “Indígenas de Chile, entre el río, la ficción y la Nación”, Babel 242, 2009.
El municipio de Guayaquil concesionó el servicio de agua a la empresa Interagua (causante de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia), la misma que elevó las tarifas en un 167% desde el inicio de la concesión. Guayaquil es la ciudad con tarifas más altas en el país. Esta concesión ha sido públicamente defendida por el presidente de la república.
Cada proyecto minero impulsado en el sur del país demandará 600 litros de agua por segundo. Se promueve la siembra de un millón de hectáreas de especies exóticas (eucalipto, pino y teca); cada uno de estos árboles succiona unos 30 litros de agua cada día.
Las operaciones petroleras, mineras, industriales, vierten sus desechos contaminantes, casi sin controles y en total impunidad. Los municipios actúan en la misma manera con los desechos urbanos. En el caso petrolero, las empresas vertieron 567 millones de barriles de aguas contaminadas con metales pesados y sales tóxicas en el 2004. Manifiesto del Frente de Comunidades Urbanas por la Plurinacionalidad y en Defensa del Agua, Ecuador, 14 de mayo, 2010
¿Cuándo cambió la Comarca Lagunera, del cultivo del algodón a la leche? En los años cincuenta, cuando entraron las fibras sintéticas y se empezó a usar la ropa de nylon. El algodón entró en crisis y rápidamente los antiguos hacendados que tenían sus pequeñas propiedades de cien hectáreas de tierras altamente productivas con sus pozos, decidieron cambiar de la producción de algodón a la producción lechera.
Toda esa comarca situada en cinco municipios de Coahuila y cinco municipios de Durango, son una región económica perteneciente a la cuenca baja de los ríos Nazas y Aguanabal. En esa región, para cavar un pozo agrícola donde encontraran agua (porque hay que encontrar los veneros) se cavaban diez, quince, veinte metros y se encontraba el espejo de agua, y desde ahí se bombeaba. Actualmente se bombea a ciento veinte o hasta doscientos metros de profundidad. En Tlahualilo por ejemplo, hay una crisis porque muchos de sus pozos tienen arsénico, y sale el agua contaminada por la profundidad desde donde se bombea. El cambio a producir leche bajó el espejo de agua más de cien metros de profundidad.
La región no se da abasto con el requerimiento de alfalfa. Del sur de Chihuahua se llevan camiones de agua para La Laguna, que está a 300 kilómetros al sur de Chihuahua. A 600 kilómetros está Cuatrociénegas y de allá están llevando agua, metieron establos los señores del Grupo Lala, o plantíos de alfalfa. Pero también están con una obra de desviación de agua. Están llevándose agua de la región de Cuatrociénegas por un tubo —millones de litros— a La Laguna. Eric Quesnel, Frente Auténtico del Trabajo, Taller Popular en Defensa del Agua, 2005
Tan sólo en Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Esmeraldas, regiones ecuatorianas (donde operan las petroleras, madereras, mineras y los planes geopolíticos militares estadunidenses), quitan el aliento al más plantado los restos de breas y crudo más el “agua de formación” usada en los procesos petroleros botados en los brazos de agua y los pozos, las lagunas y los predios; las perennes quemas de gas y detritos de los procesos de extracción; la tala clandestina y la ganadería extensiva que logran una deforestación brutal. En ciudades como Coca, Sacha y Lago Agrio los oleoductos pasan por en medio con el peligro latente de incendios, derrames o explosiones. Hay pozos y estaciones de bombeo al lado de escuelas. La voracidad por el oro, el sílice, el cobre, el molibdeno y su refinamiento tras extracciones a cielo abierto, llenan de tóxicos (cianuro, por ejemplo) aire, ríos, quebradas. El monocultivo de palma africana, secando arroyos y manantiales, agrava la pérdida de fauna. La Amazonía ecuatoriana, botín de las petroleras, Ojarasca núm 100, julio de 2005.
En Cochabamba, una zona donde hay poca agua, nos dijeron: “vamos a privatizar el agua para que los cochabambinos tengamos mucha agua. Vamos a bajar las tarifas, vamos a mejorar el servicio”, fundamentalmente pensando en la zona urbana. Eso nos hizo pelear a los campesinos con los vecinos. Pozos profundos que se perforaban en las zonas rurales, para dar a la ciudad, campos que se secaban, que se deterioraban en las zonas rurales, campesinos que eran obligados a dar el agua, incluso con cerco del ejército para que los campesinos no tomaran los pozos de agua en defensa del ambiente y de sus tierras.
Pero con la privatización toda la gente la fue sintiendo poco a poco. Primero, que en las zonas urbanas elevaron las tarifas entre un treinta y un trescientos por ciento. Esto quiere decir que una quinta parte, hasta una cuarta parte de los ingresos de cada familia en las zonas urbanas estaba destinada sólo a pagar el agua. Los sistemas alternativos, de pequeñas cooperativas, las redes —asociaciones de los valles periféricos que no podían conectarse a las redes centrales porque no había suficiente agua y empezaron a perforar pozos y construyeron sus redes— pasaban con la privatización a manos de la empresa concesionaria sin derecho a ningún tipo de indemnización.
Y en las zonas rurales desde hace siglos las gentes, los campesinos, gestionaban sus sistemas de agua y de riego de manera autónoma. El Estado reconocía que tenían sus propias leyes, sus propias fuentes de agua como propiedad ancestral. Pero la privatización eliminaba esas formas de propiedad, esas formas de gestión, creando el gran mercado de aguas. Oscar Olivera, Cochabamba, Bolivia Taller Popular en Defensa del Agua, México, abril de 2005
Para los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, el agua es un cuerpo, el cuerpo de Atlanchane, identificada también con la Sirena. El agua de los manantiales que proveen a la gente de la sierra se prolonga en el interior de la tierra. Estas fuentes de agua son parte de un cuerpo mayor, pues se tiene la concepción de que lo que se vislumbra en la superficie sólo es una parte del agua subterránea que se prolonga hasta el mar, donde se ubica la casa y el origen de la Sirena. Atlanchane, va y viene del mar a la Sierra, es decir, de tlatsintla a tlakpak (de “abajo” a “arriba”). Eliana Acosta, comunicación personal, 2018
El proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula vendría a destruir este sistema intercomunitario de convivencia, cruzando sin pedir permiso por cerros sagrados de donde nace la vida y el agua. El desconcierto de las comunidades de la Sierra de Puebla-Hidalgo cunde en la medida en que la empresa filial de TransCanada se concentra en comprar supuestos permisos de las autoridades de arriba, en cruzar despiadadamente por los predios y los solares de la gente para señalar la ruta del gasoducto, indiferente ante los manantiales y los espacios de ofrenda y adoración.
Montellano es particularmente importante en este tejido intercomunitario de vida, porque de su montaña mana la mayor parte de los nacimientos de agua que luego forman arroyos y más abajo ríos en estas sierras tan hermosas como intrincadas. Alfredo Zepeda, “Los cuidados del agua”. Ojarasca núm 248, diciembre, 2017
En Chile la privatización del agua es total: los ríos, los ojos de agua. Es importante discutir cómo se va a enfrentar la total privatización. La ley chilena de privatización del mar ha sufrido por lo menos treinta reformas desde 1991. Cada una de ellas le da más poder a las empresas que se están apoderando del agua. En Chile, el mar es propiedad privada.
Hay estudios que muestran que un 95% de las especies de peces en Chile tienen problemas de conservación, algunas digamos de extrema gravedad.
La dictadura, cuando se dio cuenta del problema de agotamiento de los peces, dijo, “no hay problema, vamos a cultivar”, y entonces empezó la privatización del mar entregando concesiones. La palabra “concesiones”, no es más que una forma de disfrazar la entrega, la privatización del mar. Las concesiones de agua para el cultivo de peces son de tipo indefinido, son concesiones para siempre.
La ley dividió el mar en tres franjas y se les dijo entonces a las comunidades pescadoras que no se preocuparan porque sus derechos ancestrales, sus derechos de acceso al mar, iban a ser respetados.
Se les entregó una franja de cinco millas a lo largo del mar de Chile para que las comunidades pescadoras, los pescadores artesanales, pudieran pescar supuestamente de manera exclusiva, es decir en las primeras cinco millas de mar. Ahí se podían meter sólo los pescadores artesanales. Pero como hay una crisis pesquera muy grande, como los peces están desapareciendo, el gobierno dice: “¡Ah! pero ustedes no pueden pescar lo que quieran, tienen que pescar cuotas” y se les fijó entonces a los pescadores una cuota de peces. Las organizaciones afirman que esa cuota de pesca no alcanza para vivir y el pescado sigue desapareciendo porque son las empresas las que se lo llevan.
Lo otro que ocurre es que para ser pescador no basta con haberlo sido toda la vida. Hay que registrarse. Sólo puede pescar aquel que se registra frente a la autoridad.
También hay concesiones para la playa y el agua que está inmediatamente al lado. A los pescadores artesanales se les entregan concesiones para que recolecten mariscos (que es lo que han hecho a lo largo de todo su historia). Pero no cualquiera puede ir y recolectarlos. Tiene que formar una organización y registrarse ante la autoridad y allí se le da un permiso a través de un plan de manejo que no deciden los pescadores. Es la autoridad la que decide. Las formas de manejo de las comunidades que recolectaban durante siglos ya no sirven porque ahora es el gobierno es el que dice cómo, quién y cuándo.
Cuando empezó la privatización las organizaciones de pescadores dieron una de las luchas más fieras, combativas, de la historia reciente de Chile. Y el gobierno utilizó dos estrategias.
Ubicó a los sectores más débiles, a la gente que de alguna forma ha mostrado mayor confusión y empezó a ofrecerles dinero. Les decía: “oye métete, acepta la concesión”, si te metes durante los primeros cuatro años no pagas licencia. Entonces dividieron a las organizaciones.
Lo otro que hicieron es que no aplicaron la ley de una vez en todo el país sino que lo fueron haciendo primero en un pedacito de la costa, luego en otro, y le decían a la gente donde todavía no aplicaban que a ellos no les iba a afectar la ley y dividieron las luchas. Pero la lucha sigue y la historia todavía no termina. Camila Montecinos (GRAIN), en Voces del Agua. Privatización o gestión colectiva: Respuestas a la crisis capitalista del agua. Testimonios, experiencias y reflexiones. Itaca, 2006
Y si algo le faltaba a Salta, era quedarse paulatinamente sin agua, para alimentar al gigante minero, la australiana BHP Billiton, una de las transnacionales del cobre más grande del mundo, que explota la mina La Escondida, en la puna chilena de Antofagasta.
El plan, sacado a la luz por el diario El Tribuno en 2008, prevé bombear a la puna chilena, 6 mil litros de agua por segundo desde pozos subterráneos que ya empezaron a construirse en el 2007, en las zonas de la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar del Río Grande, a muy pocos kilómetros de la línea cordillerana que separa Salta de Antofagasta.
Los 6 mil litros de aguas serán bombeados desde dos acueductos que nacerán en Socompa y Sico, hacia Antofagasta, con destino a las minas La Escondida y Chuquicamata. La construcción del acueducto hasta La Escondida desde Socompa, costaría 203 millones de dólares, y la línea a Chuquicamata desde Sico, 224 millones de dólares. Las empresas asociadas al proyecto cobrarían 1.5 dólares el metro cúbico durante veinte años, lo cual les redituaría 5 mil 700 millones de dólares.
El Tratado Binacional de Complementación Minera entre Argentina y Chile, firmado en la nefasta década de los 90 por Menem y Frei, es el instrumento legal con que las mineras argumentan a su favor, para llevar a cabo el plan de exportación de agua desde Salta para las mineras en Antofagasta.
Los acuíferos Punta Negra y Monturaqui de Atacama en la puna chilena, “secados” por la gigante La Escondida, son los testigos silenciosos de lo que le puede pasar a la puna salteña. R. Gómez Mederos: El estrecho camino del agua en la región. Córdoba sin agua y mucha soja, Rebelión, enero de 2010
“Es deber del pueblo misak y sus autoridades cuidar, proteger y conservar todo nuestro territorio, que es sagrado, incluyendo los páramos, las montañas, las selvas y humedales grandes o pequeños, lagos y nacimientos, fuentes o colchones productores de aguas, las cuencas hidrográficas, las grandes o pequeñas rocas donde están nuestros dioses y los espíritus que nos protegen y nos dan la vida, y las zonas donde habitamos y producimos nuestro sustento, para que siga siendo un patrimonio colectivo bajo nuestra responsabilidad y cuidado. Los misak de Colombia: “La casa de los dioses es la tierra nuestra desde siempre”. Ojarasca núm 128, diciembre, 2007.
El agua es un bien común, fundamental para la vida en todas sus expresiones. Es un elemento ordenador de los diversos territorios, y un eje articulador de las diversas luchas por la justicia social y ambiental.
Las organizaciones de ATALC trabajan por la defensa del agua como bien común, reconociendo que los pueblos deben controlar sus territorios reafirmando los derechos a la tierra y al agua. Han expresado una vehemente oposición a todas las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua, a la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. ATALC resiste los modelos impuestos por el capital corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), cómplices de los gobiernos de turno mediante los tratados de libre comercio y a través de asociaciones e inversiones que promueven el acaparamiento de las aguas.
La conflictividad por el agua en América Latina y el Caribe ha crecido sin precedentes durante los últimos años, llegando a una complejidad que genera diversos impactos en el ámbito político, en las economías de los países, y en la forma como se concibe lo social. El avance del modelo neoliberal, con la promoción de actividades extractivas y de gran envergadura, implica el uso intensivo de los dones naturales —el agua en particular—, lo que impacta las condiciones de vida de las poblaciones y el ambiente. ATALC, Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, marzo de 2017.
Ya desde 2013 las comunidades y las organizaciones habían hecho público su malestar y su voluntad de resistir y establecer vínculos para defenderse ante el complejo proceso de proyectos combinados que en ese corredor tiene por corazón acaparar el agua. Son grandes torrentes de agua los necesarios para producir energía eléctrica, extraer hidrocarburos con fractura hidráulica y activar la nociva minería contemporánea. (Tan sólo seis municipios de la Sierra Nororiental de Puebla alojan ocho concesiones de Minera Gavilán, filial de Almaden, en 42 mil hectáreas acaparadas.) También es necesaria el agua para promover la industria refresquera, la fabricación de automóviles, microcomponentes y un largo etcétera, o para que funcionen los grandes monocultivos industriales. Se privatiza también su servicio municipal y se promueve su embotellamiento. “Quién ambiciona el agua en la sierra”, Ojarasca núm. 230, junio de 2016
La Ley 2029 desencadenó la guerra del agua. En primer lugar un incremento de tarifas —entre el cuarenta y el cien por ciento— a pesar de que el Banco Mundial había establecido un parámetro de incremento de 35% previo a cualquier inversión que realizara la empresa, supuestamente para que pudiera cumplir los compromisos de ampliación de la cobertura. Las tarifas se fijaban en dólares a pesar de que la mayoría de los bolivianos gana sus salarios en moneda local. Los costos de instalación debían correr por cuenta del nuevo usuario —unos 50 dólares. Se prohibió el uso de fuentes alternativas naturales en lugares donde operaba la empresa (lo cual iba en contra de sistemas, de organizaciones, cooperativas, asociaciones de agua), no se respetaban usos y costumbres que las cooperativas habían practicado tradicionalmente, no se incluía la construcción y ampliación del sistema pluvial y no existían metas ni plazos claros en cuanto a lo que la empresa debía cumplir. Esta ley desencadenó un gran conflicto que como uno de sus logros retornó el servicio a la empresa estatal y la conformación de un directorio transitorio que incorporaba el control social. Esto ocurre en la actualidad. Patricia Molina, Fobomade, Bolivia, en Voces del Agua. Privatización o gestión colectiva: Respuestas a la crisis capitalista del agua. Testimonios, experiencias y reflexiones. Itaca, 2006
El desguace y desacreditación de la otrora Empresa Provincial de Obras Sanitarias, en la época de oro del neoliberalismo de los noventa, sólo le sirvió a la poderosa compañía transnacional del agua Suez-Roggio, llamada provincialmente Aguas Cordobesas (que ha hecho de los tarifazos una costumbre aumentando, sólo en el 2008, el sesenta por ciento). Las inversiones de esta transnacional del agua han sido ínfimas, con respecto a las verdaderas necesidades de los cordobeses, siendo su principal objetivo las ganancias por sobre todo.
Es evidente la relación entre la crisis hídrica de nuestros territorios y las compañías capitalistas que administran el recurso. Además de lo ya dicho, la provincia de Córdoba, Argentina, posee 5.7 millones de hectáreas de territorio sembrados con soja transgénica, en manos de su poderoso “complejo agroindustrial exportador”, vinculado a las transnacionales Monsanto y Cargill, y a la aceitera Deheza. Este complejo agroindustrial se lleva un 75% del consumo de agua de la provincia. Hay un vínculo entre crisis hídrica, el modelo extractivo primario y las transnacionales.
Otro grave problema vinculado a la crisis hídrica de Córdoba es la expansión desmesurada sobre la tierra para uso del negocio inmobiliario, lo cual ha colapsado la capacidad de servicio de Aguas Cordobesas, sobrecargado por la falta de inversión en infraestructura.
El 96% de los bosques nativos de la provincia fueron devastados en nombre de la ampliación de la frontera verde, sustentado precisamente, en esta concepción de desarrollo.
Queda claro entonces que el desastre hídrico cordobés reside en todo este esquema extractivo, planteado como modelo de desarrollo. R. Gómez Mederos: “El estrecho camino del agua en la región. Córdoba sin agua y mucha soja”, Rebelión, 27 de enero de 2010.
La privatización del agua en México la han diseñado de forma diferente en las ciudades, en el campo, donde se utiliza el riego, en el campo donde se captura el agua, donde nace el agua para las industrias.
La privatización del agua en las ciudades consiste en entregar a las empresas privadas las infraestructuras del agua, urbanas: ése es el objetivo y para eso no entregan esas aguas como están; primero hay que mejorarlas, “porque están sin mantenimiento, porque son de mala calidad”, dicen. Entonces el requisito es que antes de otorgarlas, los municipios las mejoren. Y los municipios se encargan de subir las tarifas de agua —para que esta tarea tan sucia no le toque a las empresas. A éstas se las entregan ya con tarifas altas.
Previamente, a las empresas se les otorga el manejo del padrón de usuarios —como en la ciudad de México—, para que identifiquen quiénes consumen, hasta dónde llegan las redes de agua, quiénes pagan, quiénes no pagan. Al entregar las redes se les da la capacidad de manejarlas como gusten (no sólo vender el agua a los usuarios de la ciudad, la pueden vender al campo, no sólo pueden distribuir el agua, no sólo la pueden recolectar en drenajes y alcantarillas, también pueden tratarla, purificarla o simplemente quitarle algunas toxinas).
En el campo, el objetivo fundamental de la privatización son las represas y se les entregan a aquellos que las construyan: esto es algo que hay que investigar (es una hipótesis). También hay tratos con quienes puedan elevar las cortinas como en el caso de las presas en Oaxaca: Cerro del Oro o la presa Juárez en el Istmo de Tehuantepec, presas donde se proyecta elevar la cortina, expulsar más gente que vive ahí, mediante algún tipo de ley.
En el campo, no sólo corre la privatización del agua. Es también el registro privado de los pozos, que consiste en romper con la propiedad colectiva del agua y que cada quien registre sus pozos, como ocurre a través del Programa de Certificación de Ejidos (Procede), separando la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Otra manera es involucrar a los campesinos en el mercado del agua diciéndoles que ellos pueden ser empresarios, microempresarios, si reciben pago por captura de agua, pago de servicios ambientales por captura de agua. Todavía no les dicen cómo va a venir el libre mercado, con quién van a tener que competir y cómo (bajo las leyes del libre mercado) se las van a ver negras una vez que hayan legitimado cada uno por su parte, aisladamente, la mercantilización del agua.
Además, los permisos, las nuevas leyes, les permiten a las industrias la perforación de pozos para el uso del agua. Volkswagen, Bimbo, las refresqueras, obtienen de ahí su fuente principal de agua —no de los ríos, no de las tuberías o redes urbanas. Esto beneficia sobre todo a la pequeña y la mediana industria. La gran industria tiene libertad de perforar los pozos que quiera, de sacar el agua que quiera. La Comisión Nacional del Agua se hace de la vista gorda, la Secretaría de Medio Ambiente también. Son las propias industrias quienes reportan lo que sacan y reportan lo que quieren. Además, les han dado un permiso para tratar el agua que ensucian, para purificarla, pero con este permiso hay también un permiso para comercializar el agua que purifican. Es decir: usan el agua, la enmierdan, la tratan y la pueden vender a las ciudades y al campo. O todavía algo más lucrativo: la purifican, la reúsan en su propia industria, y luego empiezan a venderle a la gente agua de sus propios pozos sin siquiera haberla tratado. Así, tienen la capacidad legal de meterse, de manera brutal, al mercado del agua. Esto es lo que la Ley de 2004 dejó listo para privatizar el agua. Y nos afecta en el campo, nos afecta en la ciudad, nos afecta a todos. Andrés Barreda, Voces del Agua. Privatización o gestion colectiva: Respuestas a la crisis capitalista del agua. Testimonios, experiencias y reflexiones. Itaca, 2006
Veamos el agua. Sí, antes de que dejemos de verla. Como si los ensayos privatizadores en Coahuila y Nuevo León no fueran ya un fiasco aterrador. Como si “asignar” los recursos hídricos ayudara al futuro del país. ¿Cuál es la lógica? Ahora que es el nuevo oro, el nuevo petróleo, el agua no tiene por qué ser nuestra, qué anacronismo. Tanta que tenemos. Somos millonarios en agua: humedales, ríos de montaña caudalosos y múltiples, lagunas y, sobre todo, casi portentosos mantos subterráneos. Incluso ahora, dañado como está el ambiente, somos un país de manantiales. El agua brota por muchas partes. Ésa quieren. Ya ven, en el desierto, las grandes empresas “necesitan” mucha agua. Pues a avanzar sobre el río de los yaqui, una cuenca feraz y generosa en el desierto feroz de Sonora. En el extremo sur, Chiapas. Sus selvas no sólo llevan grandes ríos y les abundan los manantiales, sino que además permanecen relativamente limpios, y quizás el único río importante en condiciones vírgenes hasta su desembocadura sea el Tzendales, en Montes Azules, antes de unirse al Lacantún. Hermann Bellinghausen. El agua, o la vida. Ojarasca núm 215, marzo de 2015
Hay una memoria, sumergida bajo cientos de años de martillos neumáticos del mundo industrial, una memoria hambreada con migajas, comida rápida y pobreza colonial: un trauma tras otro y los incesantes comerciales de la televisión. Hay una memoria que se encuentra, como uno se encuentra a sí mismo. Este momento es eso.
Acudimos porque sabíamos que era el momento. Acudimos desde pequeños poblados, grandes ciudades, suburbios, granjas y espacios de privilegio. Venimos porque el río nos llamó para resistir, ese río de la vida. Venimos al comprender que era nuestro tiempo. En las épocas legendarias hubo windigos y monstruos. Y hubo pueblos que se alzaron como el azote de los monstruos. Como el azote de los windigos. Ésa es la gente que hoy regresa. Son aquellos que regresan a nosotros como Guardianes del Agua. El tiempo es ahora.
Convocamos esos recuerdos y esos ancestros. Fuimos llamados a ser el azote de los monstruos, verdugos de los windigos de nuestro tiempo. Recibimos un llamado para ser mejores que nosotros mismos, el llamado de la libertad.
[...] El gran jefe oglala lakota Mathew King dijo: “lo único más triste que un indio sin libertad, es un indio que no recuerda lo que es ser libre”. En Piedra Parada recordamos qué se siente ser libre. Fuimos libres enfrentando la historia y el futuro. Piedra Parada es ese momento, cuando empezamos a desencadenarnos. No nos volvimos a poner la soga. Recordamos nuestra libertad y nuestro poder.
Por todo el continente hay Guardianes del Agua, inspirados por momentos así, probando su ser verdadero, alzándose contra la destrucción, reconstruyendo sistemas de alimentación locales y orgánicos, instalando proyectos de energía renovable y viviendo, no como símbolo de la valentía, sino como líderes del mundo que estamos construyendo: el que restaurará nuestras relaciones.
Recuerdo las palabras de la Organización de Desarrollo Comunitario del Valle del Trueno: “¿Por cuánto tiempo más permitiremos que otros decidan el futuro de nuestros hijos? ¿Acaso no somos guerreros? Cuando nuestros antepasados iban a la batalla no sabían cuáles serían las consecuencias. Lo único que sabían era que, si no actuaban, las cosas no serían buenas para sus hijos. No actuaremos desde el miedo, sino desde la esperanza. Con esperanza todo es posible. Éste es el tiempo”. Sí que lo es. Winona LaDuke, escritora, activista de la nación objiwe de Minnesota. “Ser guardián del agua”, Ojarasca 255, julio 2018
Los motivos de nuestra movilización han sido y son nuestras demandas: la tierra y el agua para la vida, no para las corporaciones transnacionales.
En este quinto día de movilización, una ceremonia de propósito y una misa fortalecieron energéticamente a los marchantes, antes de compartir las palabras de los dirigentes de Ecuarunari, de Conaie y las organizaciones locales. Ahí se expresó con claridad: “La minería es un atentado al agua, a la vida, a las próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad con nuestros hijos y nuestros nietos defender la vida”.
Extraer una onza de oro (un anillo) demanda un promedio de 7 a 8 mil litros de agua; producir una tonelada de cobre emplea de 30 a 500 mil litros de agua y se destruyen los nacimientos del líquido vital. Por ello exigimos el cumplimiento del Mandato Minero, que deja sin efecto las concesiones mineras en fuentes de agua. Con este objetivo 5 mil defensores y defensoras de la Pachamama entraron en Cuenca cosechando la solidaridad de productores y productoras agroecológicos, de las mujeres, de los estudiantes, demostrando que en el austro “por el agua ¡nadie se cansa!”. Multitudinarias jornadas en Saraguro, Cuenca y Nabón: la marcha se ensancha a cada paso como los arroyos alimentan a los ríos Ecuachaski, Reporte Diario de Noticias, 11 de marzo de 2012
Siempre que escuchamos decir que el agua se acaba, que se contamina, lo que se prepara es el escenario de la privatización del agua a escala mundial. Le están poniendo la etiqueta de precio a algo que nosotros estábamos acostumbrados a considerar casi gratuito, de libre acceso a todos.
El primer paso de la privatización del agua es ponerle precio, lo cual se llama mercantilizar, convertir en mercancía algo que considerábamos un bien común, que ahora sale del reino del bien común para ingresar al mercado.
El segundo paso, que viene detrás, es imponer a todos las reglas del mercado capitalista: que el que tenga dinero pueda consumir agua y el que no tenga no podrá hacerlo.
A las comunidades rurales indígenas ya les está ocurriendo que al agua de lluvia que cae del cielo en sus pozos, comienzan otros a ponerle un precio y les cobran por utilizarla. Eso es una violación a derechos fundamentales y finalmente al derecho a la vida. En sus recuentos, la gente de muchos países habla de cinco formas de privatización.
La primera forma es la privatización de un servicio municipal, de la estructura y servicio del agua. En la mayoría de nuestras ciudades y pueblos, la gente obtiene su agua de la red municipal, pero esa red, esa instancia de servicios, está pasando a manos de empresas privadas cuyo primer y único objetivo es ganar más dinero. Tal privatización del agua en zonas urbanas se viene haciendo de diversas maneras: mediante reformas sobre la legislación del agua, mediante reformas de la estructura del manejo del agua. No es sólo en América Latina o América del Norte, ocurre lo mismo en África, Asia y Europa.
La segunda forma de privatización es la contaminación del agua. Las industrias contaminan el agua de todos con simplemente usarla. Ocurre por obra de las empresas mineras, petroleras, por las de electricidad y por la industria del papel. Esto provoca que el suministro de agua potable sea cada vez más escaso y que el precio aumente. La contaminación del agua es una parte inseparable del proceso de privatización del agua.
La tercera forma de privatización es desviar el agua. Trasladar grandes volúmenes de agua de las zonas que son ricas en agua a las que son pobres, construyendo canales y desviando cauces, de ríos. Son los desplazamientos de grandes caudales de agua, también por la construcción de grandes presas. Hay algunos ejemplos en Canadá.
La cuarta forma es la privatización de eco-regiones, ricas en agua. Ocurre en Chile con la privatización de la costa y el mar. Los efectos que tiene sobre las comunidades que vivían de la pesca son brutales. También en Ecuador hay ejemplos en la privatización de las diversas eco-regiones.
La quinta forma de privatización es el agua embotellada. Cuando las compañías toman el agua de manantiales en zonas rurales o toman el agua de un sistema municipal de agua —y le hacen algún tipo de proceso—, nos la vuelven a vender a precios que son en ocasiones diez mil veces lo que costaría esa agua, tomada de una red hídrica. Tony Clarke, Instituto Polaris, Primer Taller Popular en Defensa del Agua, México, abril de 2005
Los lugares donde mayormente se contamina son precisamente los grandes distritos de riego más altamente tecnificados, ésos que están en manos de las grandes empresas dedicadas al campo. El proceso grave de la contaminación no está en las pequeñas unidades de riego, está en los distritos de riego y en otras zonas de explotación intensiva, donde se utilizan grandes cantidades de agroquímicos. Ésta no es la práctica usual en la unidades de riego y en las pequeñas zonas de riego, que están en manos de la mayor parte de los productores agrícolas de medianos y bajos ingresos —sin embargo, en la explicación invocada se barre parejo.
Se nos dice y se reconoce que la industria es otro gran contaminador. Lo que no se dice es que la industria se abastece principalmente de concesiones de agua federales, que no pasan por los órganos locales de control, donde ni los municipios y ni siquiera los gobiernos de los estados tienen injerencia porque estas son enormes concesiones de agua.
Si regresamos cien años atrás, para reconstituir el latifundio no hace falta concentrar la tierra, sólo basta con concentrar los derechos de agua, que hoy es legal comprar, vender y transferir y para eso la nueva Ley de Aguas Nacionales también autoriza la creación de los mercados del agua: sitios donde cualquiera puede llegar a vender su título de derecho de extracción de agua. Si alguien llega a vender, alguien puede llegar a comprar y generalmente los que venden lo hacen por necesidad. Cuando no hay programas de apoyo para el campo, evidentemente la venta de los derechos de agua es una solución, aunque sea efímera, porque es de corto plazo, pero la venta es para siempre. Para darle cuerpo a ello está autorizado un banco del agua. El primer banco del agua lo formó Enron y operó en Houston. Félix Hernández Gamundi, Taller Popular en Defensa del Agua, abril de 2005
En octubre de 1994, alrededor de mil indígenas embera katío navegaron en 42 balsas desde el Resguardo Karagaví en la cuenca alta del río Sinú hasta Lorica, en la Ciénaga Grande (Córdoba), Colombia. Este hecho político para despedir a su río se llamaría: Do Wabura Dai Bia Ozhirada (Adiós río, el que hacía todos nuestros beneficios). Do Wabura fue la primera movilización embera para denunciar las implicaciones que tendría la construcción de la hidroeléctrica Urrá I, logrando así atraer la atención de la opinión pública y motivar la primera visita del Ministerio de Ambiente de Colombia a la zona, e instalar el 2 de noviembre de 1994 una Mesa entre instituciones y afectados.
Cansados de los incumplimientos del gobierno, cientos de embera katío y campesinos-pescadores del Sinú marcharon hacia Bogotá, el 29 de noviembre de 1999. Dos semanas les tomó recorrer 700 kilómetros para llegar a la capital, justo el mismo día que iniciaba el proceso de llenado de la represa. Por más de un año, los indígenas estuvieron asentados en el jardín frente al Ministerio de Ambiente visibilizando y denunciando las implicaciones que la construcción de la represa estaba teniendo sobre su vida y cultura. La movilización a Bogotá generó una sólida e importante solidaridad hacia este movimiento de defensa territorial.
[...] Más de 15 años de lucha lograron juntar a indígenas, pescadores, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, y llevar a decenas de países las denuncias de las afectaciones ocasionadas por las represas. Sin embargo la defensa del Sinú tendría un enorme costo de vidas de gente embera katío e intelectuales que fueron asesinados por los grupos paramilitares, como los indígenas Lucindo y Kimy Pernía Domicó y el profesor Alberto Alzate de la Universidad de Córdoba.
La lucha contra Urrá I será recordada como la más contundente oposición a una hidroeléctrica en Colombia. Aunque si bien no logró frenar el proyecto, sepultó las posibilidades de su segunda fase: Urrá II. En esos mismos años, se realizaron los Paneles por la Energía Sustentable en la que participaban afectados, ambientalistas y académicos. Se hicieron encuentros, talleres y debates que, poco a poco, fueron sumando y recogiendo las denuncias de los pueblos que ya habían sufrido la construcción de hidroeléctricas en otras regiones del país donde también se había resistido a las represas. De esta manera, empezaría a tejerse un fuerte entramado social que propiciaría la articulación de afectadas y afectados por las represas a nivel nacional.
En los años siguientes se fueron sumando otros procesos. En este trasegar la Red se transformó y dio un gran paso al cambiar su nombre y estructura por la del Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectadxs por Represas-Movimiento Ríos Vivos.
Ríos Vivos no sólo ha logrado posicionarse como un movimiento nacional que representa los afectados por las represas, también ha contribuido a la construcción del Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR). Ríos Vivos ha caminado defendiendo los derechos de los pueblos ribereños y visibilizando sus múltiples formas de vida y, denunciando las implicaciones que conllevan las represas. Censat Agua Viva: De 1994 a 2018 tejiendo defensa territorial, Cronología del proceso de construcción de Ríos Vivos
Han pasado más de 15 años, pero por fin se van esclareciendo los atropellos que se cometieron contra seis nahuas de San Pedro Tlanixco, encarcelados y condenados a penas de entre 50 y 54 años de prisión, acusados de asesinar al líder de los floricultores que pretendían, y pretenden, quedarse con el agua de la comunidad. La defensa de su río los tiene en prisión, por lo que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que “no se cuenta con elementos de convicción suficientes, más allá de toda duda razonable, para determinar la condena y existen circunstancias que presumen un incumplimiento de las garantías del debido proceso”.
Luego de consultar el expediente judicial del caso, la Oficina presentó seis observaciones vinculadas con el derecho al debido proceso legal en relación con la presunción de la inocencia, la valoración de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva de los defensores Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, sentenciados en primera instancia el 27 de noviembre de 2017 a 50 años de prisión, así como Teófilo Pérez González, Rómulo Arias y Pedro Sánchez Berriozábal. Gloria Muñoz Ramírez, “Nahuas presos por defender su agua, Ojarasca 259, noviembre 2018
La defensa anticapitalista del agua nos obliga a levantar diversas formas de gestión colectiva de su ciclo metabólico. Nos obliga a la comprensión crítica general de este ciclo y sus problemas nodales. La gestión colectiva de este bien común nos está llevando a defender, recuperar o a recrear (según sea el caso) la gestión comunitaria de los sistemas de riego, de los acuíferos y de la perforación de los pozos, de los sistemas de almacenamiento y tratamiento del agua. Nos lleva al desarrollo de las redes de distribución y a las formas de utilización sensata del agua. La gestión colectiva nos empuja a recuperar o inventar instancias democráticas directas y nuevas en los pueblos, campos, municipios, barrios populares de las grandes ciudades, en las instituciones de manejo de las grandes urbes, así como en las grandes cuencas y los países.
La defensa del agua nos exige recuperar nuestra memoria colectiva en torno a las diversas formas indígenas ancestrales, pasadas, recientes o, incluso, de las formas vivas indígenas y mestizas de manejo colectivo ambiental del agua.
Esta peculiar defensa del agua también nos obliga a la gestión integral de los problemas de la tierra, las semillas tradicionales, los abonos, los saberes, el uso diverso de los bosques, el ambiente, la economía de traspatio y las relaciones comunitarias. Nos obliga a que las ciudades comiencen a promover lo antes posible formas modestas de agricultura urbana que minen desde abajo (y en la vida cotidiana misma) el abismo actual entre la ciudad y el campo.
Sin alternativas que paulatinamente comiencen a revertir el descomunal sometimiento del campo bajo las ciudades —lo que también implica una crítica de la forma material en que el capital ha organizado los usos mismos del campo y las ciudades— va a resultar imposible escapar de las formas autoritarias y catastróficas con que el capital mundial ordena el uso global del agua.
La defensa del agua nos obliga al manejo transparente de la información que se vaya creando; a generar mecanismos democráticos directos de gestión que desarrollen formas transparentes de discusión e inteligencia colectiva que permitan desmantelar los escenarios ideológicos y “científico-técnicos” de chantaje por la supuesta crisis y escasez mundial del agua: se trata de escenarios montados en vistas a legitimar la expropiación mundial de las infraestructuras y servicios de agua, la imposición de tarifas por consumo del agua cada vez más elevadas, así como una fe ciega en las nuevas propuestas científico-técnicas de los grandes capitales del agua.
Por ello, la defensa del agua nos obliga a comprometernos de forma flexible y plural en la reconstrucción de los tejidos sociales comunitarios. No asumir colectivamente el punto ya obliga a las mayorías a tener que escoger entre convertirse en animales de megagranjas, hacinados en las nuevas micro-casas de las megaurbes y alimentados por goteo privatizado, o convertirse en animales libres, pero habitantes del desierto, confinados a vivir entre la sed y el sol, bajo las pocas piedras disponibles. Tal es el prometedor futuro que hoy venden las empresas transnacionales y sus instituciones globales. Andrés Barreda, “Espejos de agua”, abril, 2005
Con la colaboración de Yessica Alquiciras quien recabó y sistematizó parte de la información